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Tanto el Reglamento general de protección de datos (RGPD) como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que complementa al RGPD, introducen importantes cambios en cuanto a las obligaciones y requisitos que deben cumplir los responsables del tratamiento en general y las Administraciones Públicas en particular.

El Reglamento y la Ley Orgánica consideran que la función de delegado de protección de datos debe proporcionar la debida asistencia y supervisión que permita al responsable del tratamiento y, en su caso, al encargado estar en situación de cumplir con las obligaciones que dicha normativa impone y poder demostrarlo.

Esta sección dedicada a los tratamientos llevados a cabo por las Administraciones Públicas tiene como objetivo agrupar, en los enlaces que figuran a continuación, todos aquellos recursos que se encuentran disponibles en la web de la AEPD para que puedan ser utilizados por los responsables, y especialmente, por las personas que tienen asignada la función de delegado de protección datos y sus equipos, facilitando así el ejercicio de su labor.

Autoras: Anna M. Palau Roque y Yaiza Moreno
La literatura enfatiza la importancia de reforzar la capacidad administrativa de los Estados para garantizar un uso eficiente de los fondos europeos. En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado en España para distribuir los fondos europeos del programa Next Generation EU, este artículo analiza cómo puede el Parlamento español contribuir a mejorar esta capacidad administrativa. Se argumenta que puede contribuir en dos aspectos. En primer lugar, reforzando los mecanismos de rendición de cuentas del aparato administrativo. En segundo lugar, fomentando la participación de autoridades y funcionarios en el diseño y análisis de políticas públicas.

El artículo se publicó en el número 29 de la Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas, dedicado monográficamente al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (INAP, Julio 2022)

Las administraciones públicas, como las corporaciones locales, poseen actualmente modelos excesivamente fragmentados y especializados dominados por unas lógicas transversales interorganizativas obsesionadas por el uniformismo y el control formal. Por tanto, en el modelo actual dominan dos fuerzas antagónicas: la diferenciación y la homogeneidad dando como resultado un modelo matricial de doble entrada en el que los distintos ámbitos de gestión manifiestan lógicas conservadoras y autistas que bloquean las posibilidades de innovación y de lograr una mirada integradora de carácter multisectorial. A todo ello hay que añadir la falta de estímulos de un sistema de gestión de recursos humanos obsesionado por el uniformismo y el control formal que no se preocupa por los incentivos vinculados al rendimiento, a la aportación de valor y a la innovación. El resultado de estos ingredientes perversos son organizaciones incapaces de adaptarse, de trabajar de manera colaborativa y también impermeables a la gestión del conocimiento, a alentar la inteligencia colectiva e ineptas para gestionar la información para poder introducir en condiciones los ingredientes necesarios para implementar la inteligencia artificial.

Según el último análisis realizado por Gartner en septiembre de 2021, sobre las tendencias en materia de Inteligencia Artificial, los Chatbots son una de las tecnologías más cercanas a ofrecer una productividad efectiva en menos de 2 años. En la Figura 1, extraída de dicho informe, se observa que existen 4 tecnologías que han superado ampliamente el estado de sobre-expectativa (peak of inflated expectations) y comienzan ya a salir del canal de desilusión (trough of disillisionment), hacia estados de mayor madurez y estabilidad, incluyendo chatbots, búsqueda semántica, visión artificial y vehículos autónomos.

Contenido elaborado por José Barranquero, experto en Ciencia de Datos y Computación Cuántica.

Como bien es sabido, y bien que lo sufrimos en nuestras propias carnes, todo lo nuevo (o incluso lo no tan nuevo) genera sus resistencias. Con la introducción de la inteligencia artificial en el ámbito de la actuación administrativa no estamos viviendo nada que no viviéramos con la informática hace tres décadas o con la administración electrónica más recientemente. Valga esta experiencia acumulada para desmontar los 10 principales mitos falsos o prejuicios que hemos detectado sobre la inteligencia artificial aplicada a la Administración.

Hay cosas que en pleno siglo XXI resultan difíciles de creer. Por ejemplo, una Administración pública rápida, eficiente y digital. ¿Quién no se ha perdido alguna vez en la jungla de requisitos online para obtener un documento?, o ¿no se ha dado de bruces en la web porque la información ofrecida es compleja? A pesar de lo que piensa una buena parte de la opinión pública, la Administración española está bien dotada y cuenta con un nivel tecnológico superior al de otras economías de la Unión Europea: ocupa el séptimo puesto en materia de servicios públicos digitales en la eurozona, según el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) de 2021, elaborado por la Comisión Europea. Los indicadores muestran un nivel alto de interacción online entre autoridades públicas, ciudadanos y empresas. A pesar de ello, aún hay gran trecho por avanzar.

El Plan de Recuperación dedicará 1.000 millones a digitalizar las comunidades autónomas y entidades locales para acercar la Administración a los ciudadanos.
Nadia Calviño 
La transformación digital es sin duda una de las palancas principales para impulsar el crecimiento y el empleo, un proceso de cambio tecnológico que se ha visto acelerado exponencialmente como consecuencia de la pandemia.
Por ello, el Plan de Recuperación la incorpora como uno de sus cuatro ejes principales, junto con la transición verde, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. 

En su afán por identificar los retos que el Sector Público debe afrontar en su proceso de digitalización, la comunidad NovaGob publica un nuevo informe: “Misiones de la Administración Pública. Hacia una transformación radical con personas y valores”.
Tras, desde 2018, analizando los principales desafíos a los que la AA.PP. debe responder en su transformación y digitalización, las misiones son una novedad introducida por el programa de investigación e innovación Horizonte Europa para abordar algunos de los principales retos sociales de la Unión Europea en esta década, por parte de NovaGob.
Un análisis, a partir de las 50 aportaciones de innovadores e innovadoras del sector público, del que NovaGob ha identificado cinco grandes misiones en torno a la accesibilidad, la tecnología, la apertura y la integridad, la gestión y atracción del talento y, finalmente, el cambio cultural como misión transversal.

La automatización y la inteligencia artificial (IA) han traído nuevos desafíos para los gobiernos y países, entre los que se encuentran desarrollar una fuerza de trabajo con los perfiles y habilidades adecuados para adaptarse a la transformación que tendrán los empleos en los distintos sectores hacia el futuro.
De acuerdo con un estudio realizado por CAF “Impacto potencial del uso de la inteligencia artificial en el empleo público en América Latina” si bien ciertas tareas dentro de las ocupaciones pueden ser automatizadas, lo que implicaría un desplazamiento del trabajo humano, efecto de la automatización, existen otras para las que la tecnología, en vez de sustituir, complementa o potencia el trabajo humano y permite incrementar la productividad de los trabajadores.

La transformación digital que también protagoniza la Administración Pública tiene como fin último una mejor atención al ciudadano. Un reto en el que la incorporación de nuevos canales de comunicación digitales y la automatización de tareas se erigen como prioridades para la AA.PP.

Sin duda, la Administración afrontar un proceso de cambio en el que la tecnología es uno de los pilares estratégicos.
Modernizar sus infraestructuras, agilizar sus procesos o digitalizar su funcionamiento son algunos de los desafíos que, gracias a la creciente inversión en TIC y a la llegada de los Fondos Europeos marcan el camino de la AA.PP. de nuestro país.
Sin embargo, en ese reto, no sólo es necesario optimizar y modernizar el propio funcionamiento de los organismos públicos sino también generar la confianza del ciudadano en los servicios que, ahora, debe comenzar a ofrecer con la digitalización como base.
Así, según el informe “Retos y Prioridades del Sector Público en España ante la llegada de los Fondos Next Generation EU” realizado por la consultora IDC Research España generar confianza digital entre los ciudadanos es una de las grandes prioridades de la Administración Pública actualmente.

"Informe sobre el uso de la verificación de datos y registros de entrada en los distintos niveles de las administraciones españolas en 2020. Estimación de las cargas administrativas aún pendientes"

Estudio realizado por Máximo Fraile, experto en evaluación de políticas públicas y vicepresidente de la Fundación NovaGob. En el trabajo se analiza la utilización de la Plataforma de Intermediación de Datos, así como los datos de registros de entrada por parte de ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos.

El presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, ha afirmado este lunes que "el nivel de cumplimiento e implantación de las recomendaciones que se han formulado a las administraciones públicas se sitúa en un 68 por ciento" en 2020 y 2021. "Este porcentaje indica que hay margen de mejora, pero también que hay una voluntad clara en los gestores de las administraciones", ha apuntado.
Peña ha comparecido en Comisión de las Cortes de Aragón para presentar el informe anual de 2020 y 2021

Webinar sobre presente y futuro de la verificación de datos en las administraciones públicas españolas
Disponible informe para descarga
Este miércoles, 6 de abril, a las 17h, presentamos junto a su autor, Máximo Fraile, experto en evaluación de políticas públicas y vicepresidente de la Fundación NovaGob, el Informe sobre el uso de la verificación de datos y registros de entrada en los distintos niveles de las administraciones españolas en 2020, un trabajo en el que se analiza la utilización de la Plataforma de Intermediación de Datos, así como los datos de registros de entrada por parte de ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos.
Tras la presentación del informe, intervendrán personas expertas para exponer sus experiencias en formato de ponencias breves:
José Antonio Beltrán y Raquel Garay, Dirección de Atención a la Ciudadanía y Servicios Digitales del Gobierno Vasco.
Lidia Muñoz, responsable del servicio de Interoperabilidad Via Oberta del Consorci AOC.
José Antonio Eusamio, Vocal Asesor en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

EGEO es un servicio común ofrecido por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a todas las Administraciones Públicas, fácil de usar y sin coste alguno, que permite la creación de mapas interactivos para su presentación en portales web, cuadros de mando y otras aplicaciones sin necesidad de conocimientos de georreferenciación ni desarrollos adicionales. Dispone de un entorno para la gestión de dichos mapas basado en una parametrización sencilla y plantillas de datos con una estructura simple (Excel, CSV o XML).
Pasamos a enumerar las nuevas funcionalidades que se han incorporado recientemente en el entorno de Producción:

Los países miembros se comprometen a construir una función pública atractiva, moderna e innovadora que sea la base de unos servicios públicos de alta calidad transparentes y resilientes que respondan a las expectativas de la ciudadanía y a los retos del siglo XXI.
La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, ha firmado la Declaración de Estrasburgo sobre los valores y retos comunes de las Administraciones Públicas Europeas, junto con el resto de responsables de Función Pública de los países miembros de la UE, que se han reunido esta semana en Estrasburgo en el marco de la Conferencia Ministerial del ramo, como parte de la Presidencia Francesa del Consejo de la Unión Europea.

En marzo de 2021, durante varios días, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) estuvo inoperativo por un ciberataque. Tan solo tres meses después, el Ministerio de Trabajo y Economía Social era víctima de nuevo ataque informático.  
Si hay algo que ha traído consigo la digitalización, además de bondades, también es una mayor exposición de los servicios públicos a los ciberdelincuentes. 
De hecho, según el último informe de Deloitte, durante el pasado año, el 94% de las empresas españolas sufrió, al menos, un incidente grave de ciberseguridad.  
En este sentido, casi el 69% de las empresas afirma que ha sufrido entre 1 y 2 ciberincidentes de gravedad durante este último año, agravándose la situación para el 25% de las empresas que afirma haber sufrido más de 2 ciberataques en 2021. 
Y, junto a sectores cómo Seguros, TMT (Telecomunicaciones, Medios de comunicación y Tecnología), Fabricación, Banca, la Administración Pública se encuentra por encima de los dos incidentes de media al año.  

Una organización ética es aquella que está diseñada para que su estructura y funcionamiento se correspondan totalmente con el interés general, así como con los principios de legalidad, objetividad, transparencia, eficacia y eficiencia. Además de lo anterior, y también en consecuencia, en una organización ética se fomenta el desempeño público ético, la cultura de la integridad pública y el desarrollo de los valores que le son propios, proyectando esos valores hacia el exterior. Destacamos diez elementos de las organizaciones éticas:

Lo que aquí pretendo exponer es una epidérmica reflexión sobre dos cuestiones que me preocupan desde hace tiempo. La primera tiene que ver con la importancia de la gestión a la hora de hacer política, pero particularmente sobre la necesidad de que, para que una gestión política sea mínimamente exitosa, requiere basarse sobre una buena gestión pública. Y ello, aparte de asentarse en unas condiciones específicas de liderazgo político, solo puede descansar sobre una Administración profesional, efectiva e íntegra. Lejos estamos de ese ideal.

Publicación del Ararteko de las ponencias y materiales del XL Curso de Verano celebrado en septiembre en Donostia-San Sebastián
Esta publicación recoge las ponencias presentadas en el curso organizado por el Ararteko, dentro de los XL Cursos de Verano de la UPV/ EHU, el pasado mes de septiembre en el centro Carlos Santamaría de Donostia/San Sebastián.
La Administración pública alcanza su máximo sentido en el servicio que presta a la ciudadanía, de ahí que el art. 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, señale entre los principios que debe respetar en su actuación el del servicio efectivo a la ciudadanía, la simplicidad, claridad y proximidad a las personas, o la cooperación, colaboración y coordinación entre las administraciones públicas.

La Orden TFP/967/2019, de 18 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de Reconocimiento del Marco General para la Mejora de la Calidad en la Administración General del Estado establecido por Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, persigue dotar de coherencia interna y mejorar la capacidad de gestión de dicho programa, previendo en una norma conjunta las bases reguladoras para participar en sus dos subprogramas:

1) Subprograma Reconocimiento a la Excelencia.

2) Subprograma Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública.

a) El Premio a la Excelencia en la Gestión Pública.

b) El Premio a la Innovación en la Gestión Pública.

c) El Premio Ciudadanía.

Los datos de contexto más inmediato nos muestran algunas señales de alarma. Pero, no les oculto que no me interesan demasiado ahora: son mera sintomatología de una enfermedad mucho más profunda. Que el Índice de Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción en 2021 nos haga bajar dos escalones y nos sitúe en el puesto 14 de la UE, es preocupante (por debajo de la media); pero no pasa tampoco de mero síntoma. Lo mismo se puede afirmar del reciente Democracy Index editado por The Economist que, sin perjuicio de las inteligentes objeciones que plantea Carlos Sánchez en su artículo dominical en El Confidencial, desciende a la democracia española al segundo escalón, fuera ya de los sistemas políticos más consistentes. Estas son noticias de inmediatez, siempre interesantes y que tantos comentarios mediáticos levantan, pero ofrecen solo una parte del problema.

Es ya un lugar común la afirmación de que la digitalización y el uso de la inteligencia artificial constituyen en estos momentos el principal factor de cambio o innovación, tanto en el ámbito privado como en la actividad administrativa, y que de él se esperan grandes avances en términos de eficacia y eficiencia. También es un lugar común exponer las posibilidades de esta tecnología, para pasar a continuación a destacar los riesgos que su empleo conlleva y postular finalmente un régimen jurídico que les ponga coto. Tanto en el plano doctrinal como en el de los informes de organismos internacionales son ya muy abundantes los textos que tienen esta plantilla. En este trabajo recorreremos críticamente este camino, aunque con especial atención a la utilización de IA por los reguladores y supervisores económicos y, a la vez, abordaremos la relación de la IA con la discrecionalidad, al tratarse del tema central de este número de la Revista.

Alejandro Huergo Lora es Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo
El artículo se publicó en el número 96-97 de El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho (Iustel, octubre-noviembre 2021)

Es precisa una reforma que aumente la capacidad de movilizar todos los recursos públicos y privados disponibles, lo que requiere que la nueva arquitectura sea más inclusiva, más profesional y más orientada a la satisfacción de los intereses generales