La sociedad actual viene reclamando y exigiendo a las Administraciones Públicas un cambio profundo en su proceder, en sus sistemas y procedimientos, así como en la forma en la que se relaciona con sus administrados. Y es que en las últimas décadas han salido, y siguen saliendo, a la palestra casos de corrupción, prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias etc. que dejan en clara evidencia los sistemas de prevención, detección y control en el ámbito de la actividad pública, fuera quien fuere el que las llevaba a cabo, menoscabando la imagen que los ciudadanos tienen de nuestras administraciones.