CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

El Consell de Transparència ha estimado en su mayor parte la reclamación de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del País Valencià de CC OO e insta a la Conselleria de Sanidad que dirige la socialista Ana Barceló a que aporte una serie de datos concretos sobre el material de protección que trabajan en los hospitales valencianos durante la pandemia.

Reclamación 21/2019

Resolución 24/2020, de 11 de agosto, del Consejo de Transparencia de Aragón, por la que se resuelve la reclamación presentada al amparo del artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, frente a la falta de resolución por el Ayuntamiento de Manchones del acceso a la información pública solicitada

"Si no se plasman las deliberaciones, actuaciones o decisiones de las instituciones públicas en un documento escrito, gráfico o audiovisual, la transparencia y el acceso a la información pública es imposible. Así de claro.
Es una de las mejores maneras de vaciar absolutamente de contenido el derecho a saber que tenemos las personas, convirtiéndolo en un “brindis al sol”.
Si es grave que las instituciones públicas no documenten sus diligencias o actuaciones cuando tienen la obligación de hacerlo, todavía lo es más que no pase nada ante este incumplimiento.
Vamos a analizar un caso real. (...)"

España redujo la inmigración irregular a la mitad en 2019. Las cifras de Andalucía cayeron en picado, pero la ruta desde Argelia disparó las llegadas en Alicante y Baleares; Canarias comenzó a despuntar.

El ministerio solo ha entregado el detalle de las entradas por provincia, nacionalidad y género cuando le ha instado a ello el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a quien recurrió EL PAÍS.

Por María Martín y Danielle Grasso.

El Consejo de Transparencia obliga al Ministerio de Justicia a facilitar todos los informes de los que disponga y en los que se recoja el procedimiento por el que se llevó a cabo el traslado de los restos mortales de Francisco Franco desde El Valle de los Caídos hasta el cementerio de Mingorrubio (El Pardo, Madrid) el pasado mes de octubre de 2019.

Resoluciones a las reclamaciones de la Administración General del Estado de julio de 2020

• Estimadas: Descarga todas las resoluciones estimadas (6527  KB)
• Desestimadas: Descarga todas las resoluciones desestimadas (5855  KB)
• Inadmitidas: Descarga todas las resoluciones inadmitidas (1614  KB)
• Archivadas: Descarga todas las resoluciones archivadas (537  KB)

Incluye los textos de cada una de las resoluciones y tablas resumen con la siguiente información: :

Número de expediente

Ministerio u organismo competente de la solicitud

Asunto de la solicitud de información

Motivo por el que se denegó la información

Acuerdo 45/2020/PS, de 30 de julio de 2020, por el que se requiere la incoación del procedimiento sancionador en relación con el incumplimiento de la Resolución 45/2020, de 23 de enero.

Administración reclamada: Ayuntamiento de Ullastret

Información reclamada:Documentos de la Comisión especial de cuentas y actas de la Junta de Gobierno.

Antecedentes

El 26 de noviembre de 2019 entra enla GAIP la Reclamación 729/2019, planteada por un regidor contra el silencio del Ayuntamiento de Ullastretquese resolvió por estimación parcial.

Resolución 382/2020, de 23 de julio

Número de expediente de la Reclamación: 217/2020
Descargar en versión PDF

Administración: Consell Comarcal del Baix Penedès
Objeto de la reclamación: Informes y facturas relacionadas con una estafa
Resumen:
El objeto y la finalidad de la protección (conducir a buen término las actuaciones judiciales que investigan los hechos que pueden ser constitutivos de delito y determinar eventuales responsabilidades) parecen bastante consistentes para proteger debidamente los intereses del CCBP y de las otras Administraciones que hayan podido ser víctimas de la misma o similar estafa. Por otro lado, la entidad reclamante señala únicamente como motivación o finalidad de la Reclamación su voluntad de conocer la magnitud de la estafa de que habría sido víctima el CCBP y el ámbito afectado; pues bien: la nota de prensa difundida por el mismo CCBP sobre este asunto indica tanto la magnitud de la estafa, como el ámbito del Consejo Comarcal afectado (antecedente 10), lo cual permite afirmar que la finalidad de la Reclamación señalada por la entidad reclamante ya habría sido satisfecha con la difusión de la nota de prensa del Consejo Comarcal, de forma que su acceso a la información solicitada tendría poca relevancia en relación con la finalidad indicada. A la vista de estas consideraciones, y en aplicación del criterio de proporcionalidad establecido legalmente, debe concluirse que es procedente aplicar el límite legal invocado y, en consecuencia, desestimar la Reclamación.

El organismo recuerda a Casa Real y al Ejecutivo que los datos de sus viajes no son materia reservada. 
Entre 2015 y 2019, Casa Real organizó 38 viajes oficiales cuya comitiva se desconoce al detalle.

Las tesis doctorales no pueden ser públicas sin el consentimiento expreso del autor. Así lo ha determinado la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, al desestimar un recurso presentado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Todo empieza cuando, para el desempeño de cargos académicos, un particular pidió tener acceso a la tesis doctoral de un alto miembro de la UPM, por sospechas de plagio. La universidad no le entregó el documento y presentó una queja en el Consejo de Transparencia. Como ha podido comprobar este medio, el organismo le dio la razón a través de una resolución, pero la institución académica se opuso. Tras eso, el asunto pasó a los juzgados, la Justicia dio la razón a la universidad y desestimó el recurso presentado por los demandantes.

La Cofradía de Pescadores de Vélez-Málaga tendrá que facilitar sus presupuestos y cuentas anuales, así como los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización, dando cumplimiento a la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Éste es el sentido de una resolución dictada por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ante la reclamación de una entidad que solicitó determinada información económica.
La Cofradía mostró su desacuerdo con la resolución emitida y presentó recurso ante el Juzgado Contencioso-Administrativo, recurso que fue desestimado “al ajustarse al ordenamiento jurídico” la resolución del órgano de control. Pero también expresaron su disconformidad con esta sentencia e interpusieron recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que desestimó el recurso y falló a favor del Consejo, avalando su dictamen.

Si Juan Ignacio Zoido desveló en el Senado cuánto costó la ‘Operación Copérnico’ de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña en otoño de 2017, Fernando Grande-Marlaska tendrá que dar el mismo dato del despliegue de seguridad en la misma comunidad de octubre a diciembre de 2019, la llamada ‘Operación Ícaro’.
Así lo ha decidido el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en una resolución consultada por Confidencial Digital, en la que estima la reclamación de un particular al que el Ministerio del Interior denegó los datos que pedía sobre este asunto.
El Consejo de Transparencia estimó la reclamación y decidió instar a Interior a remitir al reclamante la información que había solicitado.

Resoluciones de junio de 2020 del CTBG. Derecho de acceso a lainformación pública.
Estimadas: Descarga todas las resoluciones estimadas (16579  KB)

Desestimadas: Descarga todas las resoluciones desestimadas (10495  KB)

Inadmitidas: Descarga todas las resoluciones inadmitidas (5338  KB)

Archivadas: Descarga todas las resoluciones archivadas (537  KB)

Un fallo del TSJA apoya que se difunda el expediente que le multó con 1,6 millones por sobrefacturar la luz a 400.000 andaluces con 400 millones de beneficios no devueltos.

El denunciante asegura que puede demostrar que la multa no se ajustaba a lo que dicta la ley ni a la gravedad de las irregularidades cometidas. Quiere todos los papeles. La última victoria la ha conseguido de la mano del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Consejo de la Transparencia de Andalucía. Ambos le dan la razón en su petición de acceder al expediente en papel por el que la Junta sancionó a Endesa con 1,6 millones de euros, en 2017, por ese recargo en la factura de la luz.

La Audiencia Nacional ha fallado por partida doble a favor del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y desestima dos recursos de apelación, uno del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y otro, de la Autoridad Portuaria de A Coruña. En ambos casos los organismos denegaron la información y los solicitantes de la información fueron amparados en su pretensión por el Consejo de Transparencia

(....)

Más información y archivos de las sentencias

La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur) ha conseguido que el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia le dé un tirón de orejas a la Consejería de Cultura y a su Dirección General de Bienes Culturales, ante la falta de transparencia a la hora de facilitar una serie de documentación e información relacionada con el estado del patrimonio histórico y cultural de Murcia.
El Consejo da un plazo de 15 días a la consejería para que remita a Huermur entre otros asuntos, los listados de obras, intervenciones y autorizaciones realizadas sobre monumentos BIC, bienes catalogados e inventariados de la Región de Murcia en los años 2015 a 2017. Así como el listado de las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos, en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos, todo ello en lo referente a los bienes culturales de la Región de Murcia, su conservación, protección, inspección, inscripción así como a la incoación y tramitación de los expedientes de bienes de interés cultural, bienes catalogados y bienes inventariados.

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO) Región de Murcia solicita a la Dirección General de Función Pública la publicación de los actos de adjudicación de carácter urgente vía telefónica a través de su página web de BICI-CARM, tal como ha resuelto el Consejo de Transparencia de la Comunidad tras consulta del sindicato.
A partir de las numerosas quejas de la afiliación, CCOO Enseñanza constató que hay una serie de llamamientos de carácter urgente de Función Pública que no se publican a través de ningún medio oficial para que la ciudadanía tenga conocimiento del proceso íntegro. (...)
La respuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, expresada en la Orden de 28 de abril de 2017, resalta (en interpretación del Consejo de la Transparencia) que "aquellos actos o nombramientos que no han de publicarse no gozan o tienen la posibilidad de derecho de acceso. Es decir, que aquello que no hay que publicar tampoco hay que informar".

La familia real debía informar de todos sus viajes oficiales entre 2015 y 2019. Así lo resolvió el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CBTG) en una resolución del pasado 1 de junio, tras una reclamación de Maldita.es. El CTBG dio de plazo hasta este 22 de junio para que se hiciera público el listado de sus viajes, pero Moncloa ha ignorado la resolución.
El hecho de que Moncloa sea la responsable de responder a esta solicitud de información pública se debe a que la Secretaría General de Presidencia del Gobierno es el órgano que se encarga de las peticiones que afecten a la Casa de Su Majestad el Rey, según recoge la Ley de Transparencia.(...)

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha fallado a favor del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y en contra de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), ambos organismos dependientes del Ministerio de POlítica Territorial y Función Pública, y éste tendrá que hacer públicos los nombres de los altos cargos que no presentaron su declaración de bienes, algo a lo que están obligados por ley.

"El Consejo de Transparencia considera que no existen argumentos que permitan inadmitir la solicitud para acceder a los informes de expertos y autoridades sanitarias en los que se basó el Ministerio de Igualdad para continuar con la movilización del 8 de marzo (8M), convocada por diversas organizaciones.
En el día de ayer me notificaron la resolución R-0241-2020, por la que se resuelve una reclamación que interpuse en el Consejo de la Transparencia ante la inadmisión por parte del Ministerio de Igualdad de una solicitud de acceso que pedía lo siguiente: (...)"

El Tribunal Supremo sostiene que el Estatuto Básico del Empleado Público no contiene un régimen específico y alternativo que desplace el régimen general de acceso a la información contenido en la Ley de Transparencia ni condiciona el acceso a la información que las Juntas de Personal pueden tener en relación con aquellas materias relativas los empleados que representan y la información que les atañe.

Todas las entidades que conforman la Administración local están obligadas a publicar en sus sedes electrónicas, portales o páginas web determinada información de carácter institucional y organizativo, tales como ofertas de empleo público, procesos selectivos de personal o relaciones de puestos de trabajo (RPT).
El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha subrayado en una de sus últimas resoluciones las exigencias de publicidad activa a las que están obligados los ayuntamientos, diputaciones, comarcas, áreas metropolitanas o mancomunidades para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.

Consulta la resolución: https://www.ctpdandalucia.es/sites/default/files/denuncias/res-pa-111-2020.pdf

El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía Nacional ocultan el listado de migrantes muertos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) desde el 2000 hasta la actualidad y qué ocurrió con sus cuerpos. Interior debería haber entregado esta información a Maldita.es tras una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que daba la razón a este medio de comunicación, pero no lo ha hecho. (...)
Interior tenía que haber entregado la información antes del 4 de marzo según la resolución del Consejo, pero el ministerio sigue ocultándola tres meses después.

Resolución 246/2020, de 9 de abril
Administración: Departament de Territori i Sostenibilitat
Objeto de la reclamación: Las comunicaciones que se hayan producido entre la Generalitat y la Unión Europea en el seno de la Queja EU-Pilot 5866/13/ENVI sobre el Delta del Llobregat.

Ponente: Elisabet Samarra i Gallego

Número de expediente de la reclamación: 50/2020

Resumen:
El régimen jurídico aplicable al acceso es el establecido en el Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (en adelante, RE). No es obstáculo para la admisión a trámite de la reclamación y para la competencia de esta Comisión para resolverla, el hecho de que el acceso a la documentación que integra un expediente EU Pilot esté sometido a un régimen jurídico especial y diferente de acceso del régimen general previsto en la LTAIPBG.

Estimadas: Descarga todas las resoluciones estimadas (4754 KB)

Desestimadas: Descarga todas las resoluciones desestimadas (4279 KB)

Inadmitidas: Descarga todas las resoluciones inadmitidas (1086 KB)

Archivadas: Descarga las resolución archivada (185 KB)

Suspendidas: Descarga todas las resoluciones suspendidas (414  KB)