Get Started for FREE
Sign up with Facebook Sign up with X
I don't have a Facebook or a X account
El Consejo de Transparencia acepta la reclamación de un particular, que exigía conocer cuántas causas judiciales y expedientes disciplinarios se abrieron y cuántos archivaron en los últimos cinco años
El área de Grande-Marlaska cambió los criterios y ahora califica estos documentos como «internos». Ahora, Transparencia le da diez días para facilitar la información
El Ministerio del Interior oculta los informes diarios de incendios forestales, que desarrolla en cada campaña la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, desde el verano pasado. Una época estival en la que el fuego acabó con 245.061 hectáreas del país, según los datos recopilados por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFIS, por sus siglas en inglés). Y que marcó récords, situando a 2022 como el peor año de las últimas décadas, y a España, a la cabeza de los países europeos más afectados por las llamas.
El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska dejó de hacer públicos estos balances el año pasado y pasó a calificarlos como «informes internos», según se desgrana en una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), en la que este organismo da un plazo de diez días a Interior para facilitar esta información a un reclamante, al que se le ha negado desde hace nueve meses.
Entre sus motivos, la Sareb sostiene que no está obligada a cumplir con la ley 19/2013, pero en sus estatutos señala que debe de actuar siguiendo el principio de transparencia
Por Alejandro Mata
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) no revela el precio de venta de todos sus activos, entre los que se incluyen inmuebles y acciones que ha vendido desde que fue creada en 2012 hasta la actualidad. En una respuesta a una petición de información de Newtral.es, destaca que revelarlo “le ocasionaría perjuicio comercial”.
De los datos públicos tan sólo se sabe que la Sareb dispone de un parque con más de 46.500 inmuebles, de las cuales cerca de 13.500 están en Cataluña, unas 9.000 en Comunidad Valenciana y más de 4.500 en Andalucía, entre otras. Pero se desconoce cuáles y cuántas ha vendido con anterioridad, así como el precio de venta de estos activos y sus adjudicatarios.
Nuevo toque de atención al Gobierno sobre la opacidad en relación con los rescates del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, en manos de l a Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) le pide explicaciones por segunda vez sobr el apoyo financiero a Air Europa.
Fue a principios del año pasado cundo el organismo independiente reclamó al Ministerio de Hacienda y Función Pública que publicara los detalles de los contratos firmados con Air Europa, aunque éste recurrió ante la Audiencia Nacional para que no trascendiera la información. La autoridad encargada de promover la transparencia en las entidades públicas estimó la reclamación presentada por un ciudadano que intentaba acceder a la documentación desde mayo de 2021.
Estadísticas de marzo de 2023 del Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado
Variables: Resolución, Ministerio, Asunto, .Motivo
Ordenadas según han sido:
Estimadas
Estimadas por motivos formales
Estimadas: Retroacción
Desestimadas
Inadmitidas
Archivadas
Levantamiento de suspensión
El Consejo de Transparencia ha obligado a Interior, tras dos años de recursos a entregar los datos sobre la licitación de la prenda, a lo que el departamento de Grande-Marlaska se había negado
Interior rechazó la petición de Transparencia al saber que el firmante era un sindicalista
La tensión comenzó porque la AUGC alertó de que las prendas que pensaba comprar la Guardia Civil por más de 100.000 euros, a su juicio, no eran reglamentarias
El Benidorm Fest de 2023 tuvo un coste para RTVE un 42% mayor al del año pasado. Aumentaron los gastos en casi todas las partidas, incluida la de presentadores. Según la respuesta de RTVE a una solicitud de información de Público, Inés Hernand cobró 15.000 euros y Mónica Naranjo, 50.000. La corporación en un primer momento indicó que Rodrigo Vázquez también cobró 50.000; ahora rebaja la cifra a 25.000.
Por Sergio Sangiao
La celebración del Benidorm Fest este año, que acabó con la victoria de Blanca Paloma y su Eaea, costó 4.069.328 euros a Radio Televisión Española (RTVE). La mayor parte de ese desembolso —el 81,28%— fueron gastos en recursos externos. 90.000 euros se destinaron a pagar a los presentadores. Aunque con sueldos desiguales entre ellos. Mónica Naranjo cobró 50.000 euros. Inés Hernand, 15.000. El Benidorm Fest 2023 estuvo producido por Boomerang TV, igual que en la anterior edición.
La autoridad independiente de control en la materia aboga por que los municipios se refuercen en transparencia y “no aceptar la excusa de que no se tienen medios”, proponiendo con más frecuencia el inicio de un procedimiento sancionador o disciplinario
El Consejo de Transparencia recalca que revelar el destino de los gastos en publicidad institucional posibilita que la ciudadanía pueda conocer cómo se manejan los fondos públicos
Por Alejandro Mata
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) instó este lunes 17 de abril a Moncloa a informar sobre los medios de comunicación que reciben dinero público a través de publicidad institucional. Una información que sí hacen pública algunas comunidades autónomas como Cataluña y Castilla y León.
Hasta el momento no es posible conocer el nombre de todos y cada uno de los medios que reciben dinero público ni la cantidad percibida en materia de publicidad institucional. En su escrito, el CTBG resolvió dar al Ministerio de la Presidencia 20 días para facilitar el listado de medios. En su escrito recalca que “revelar el destino de los gastos en publicidad institucional posibilita que la ciudadanía pueda conocer cómo se manejan los fondos públicos”.
El Informe de balance de 2022, aprobado por el Consejo de Gobierno Vasco, confirma el afianzamiento de los mecanismos de acceso a la información pública y las herramientas de publicidad activa
La implantación de la transparencia en la Administración general de la Comunidad Autónoma Vasca y su sector público mantiene su tendencia alcista un año más. El informe de balance del año 2022 elaborado por la Dirección de Gobierno Abierto revela que tanto el derecho de acceso a la información pública como la publicidad activa han mejorado el último año. De este modo, se refuerza el modelo de transparencia que garantiza el derecho de toda persona a acceder a la información pública en poder de las Administraciones públicas. Así lo evidencian los datos de visitas a, entre otros, el portal de transparencia Gardena, la web Legegunea, Open Data Euskadi (que ofrece datos abiertos y reutilizables) o el perfil del contratante.
La única edil del GIS lleva año y medio esperando a que su ayuntamiento le envíe una documentación. El Consejo de Transparencia resolvió contra el consistorio, que no ha iniciado aún el procedimiento sancionador contra sí mismo
Resulta un poco extraño que un representante municipal tenga que acudir al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía para solicitar información de su propio ayuntamiento. Más raro es que el Consejo respalde su solicitud y tenga que obligar al propio consistorio a facilitarle la información que, por silencio administrativo o por otra circunstancia, no se le ha hecho llegar. Pero lo más rocambolesco quizás es que el ayuntamiento no termine de remitirle la información pese a los requerimientos del propio Consejo de Transparencia, incluida una resolución en la que le insta a incoar un procedimiento sancionador por “incumplimiento” en materia de transparencia, y que todo ello no tenga consecuencia alguna por el momento puesto que el ayuntamiento es la única entidad que puede sancionar, es decir, sancionarse a sí mismo, y todavía no lo ha hecho. Es lo que está pasando durante el último año y medio en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor.
Una empresa, que no había participado en el proceso de adjudicación de un contrato público, pide acceder a determinada información con la finalidad de estudiar la posibilidad de solicitar la revisión de oficio del acuerdo de adjudicación de dicho contrato.
La información solicitada al Ministerio de Defensa, quien no contestó en el plazo máximo de un mes, era la siguiente: una relación nominal de trabajadores que fueron consignados en la oferta de la única empresa que se presentó a la licitación, las certificaciones que demuestren su cualificación profesional y la fecha de contratación por la empresa.
El 19 de mayo de 2022 el rey emérito regresó a España en un Gulfstream G450, el birreactor más apreciado por las grandes fortunas. Los detalles de aquel lujoso viaje del rey emérito, Juan Carlos I, en jet privado la primavera del pasado año para asistir a las regatas en Sanxenxo siguen siendo una incógnita casi un año después .
Aún persisten las sombras de la financiación de aquellos costosos vuelos entre Abu Dabi y Vigo, entre la localidad gallega y Madrid -donde el emérito se entrevistó con Felipe VI en Zarzuela-, y desde la capital de España a la ciudad emiratí en el viaje de regreso. ¿Quién pago ese periplo aéreo entre el 19 y el 23 de mayo de 2022? ¿Fue un regalo? Incluso Moncloa y Zarzuela dicen desconocer la respuesta a estas dos preguntas.
La Secretaría General de Presidencia del Gobierno, en un documento remitido a principios de año al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), asegura que la Casa Real "actualmente no tiene información" sobre si aquel viaje fue un "regalo" al exjefe del Estado.
El Ministerio de Sanidad sólo había divulgado el precio máximo que estaba dispuesto a pagar, pero no el coste real que se abona por cada tratamiento. Las condiciones de financiación, negociadas en secreto con Novartis, siguen siendo opacas.
Ángela Bernardo
Los hospitales públicos pagan 1.340.000 euros (sin IVA) por cada tratamiento de Zolgensma, una medicación de Novartis que el Sistema Nacional de Salud financia desde diciembre de 2021. El Ministerio de Sanidad y la compañía farmacéutica se habían opuesto a divulgar tanto su precio real como las condiciones de financiación, pedidos por Civio a través de la Ley de Transparencia, llevando incluso el caso a juicio. En su lugar, el Ministerio de Sanidad sólo había hecho pública la cantidad de 1.945.000 euros, que corresponde al tope máximo que las administraciones estaban dispuestas a pagar por esta terapia. El importe real de Zolgensma, de 1.340.000 euros, es más bajo, y sale a la luz hoy en exclusiva gracias a una búsqueda exhaustiva de Civio en las plataformas de contratación pública de toda España.
RTVE ha contestado casi 500 peticiones de datos de información pública que se le han planteado desde 2015, fecha en la que entró en vigor la Ley de Transparencia.
En un comunicado, RTVE apunta a que se ha concedido derecho de acceso a un total de 348 solicitudes de información formuladas por los ciudadanos sobre la Corporación a través del Portal de Transparencia en el periodo 2015-2023, tras la entrada en vigor de la Ley de Transparencia.
En este tiempo se han iniciado un total de 493 procedimientos de solicitud de información, de los que se han atendido los 348 mencionados de forma completa y otros 65 de forma parcial.
Público revela cuánto cobran por programa 15 presentadores externos de Televisión Española tras conocerlo gracias a la ley de transparencia. Sin embargo, RTVE se salta al Consejo de Transparencia y oculta los sueldos de los presentadores que forman parte de la corporación, como Ana Blanco o Carlos Franganillo.
Sergio Sangiao
Los chefs Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera presentan 'MasterChef' desde 2019, cuando Eva González dejó el talent show culinario de RTVE para presentar 'La Voz' en Antena 3. Hasta entonces los tres formaban parte del jurado pero no conducían el programa. Ahora, cada uno de ellos cobra 10.000 euros por programa de las distintas versiones del talent que emite La 1.
En total, más de 15 millones de euros se han entregado a fundaciones, institutos y parroquias
Por Marta Gutiérrez San Blas y Yuly Jara
La participación de una pastora evangélica de Madrid en un acto del PP ha generado un debate sobre los vínculos del partido con esta confesión religiosa. Desde que Isabel Díaz Ayuso tomó la presidencia de la Comunidad de Madrid en agosto de 2019, su gobierno ha repartido unas 70 subvenciones a entidades religiosas. En total, más de 15 millones de euros se han entregado a fundaciones, institutos y parroquias. El 99,8% de este dinero es destinado a entidades católicas, muy lejos del porcentaje de las evangélicas. Un listado en el que también destacan los colegios salesianos, que ocupan los primeros puestos entre los que más dinero han recibido.
Así consta en la respuesta que ha aportado la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid a Newtral.es a una solicitud de información pública realizada vía ley de transparencia.
Considera que los ciudadanos deben conocer también el número de personas que dona dinero cada año a formaciones políticas
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha ordenado al Ministerio de Hacienda atender la petición de información presentada por un particular al que deberá remitirle el desglose anual del número de personas que han pagado una cuota de afiliación a una formación política entre 2015 y 2021, lo que permitiría saber el número real de militantes con los que cuenta cada partido o coalición. Además, deberá hacerle entrega de datos sobre el número de personas que han hecho otro tipo de donaciones monetarias a entidades políticas.
No ve "de recibo" las alegaciones esgrimidas por el Ministerio para no brindar toda la información reclamada
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha condenado al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a que facilite la relación de puestos de trabajo del personal laboral en el exterior que no está sujeto a convenio así como la retribución máxima anual que se percibe en cada puesto.
En una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, ha dado la razón a la reclamante, refutando los argumentos que se habían brindado desde el departamento que dirige José Manuel Albares para no ofrecerle toda la información que esta había solicitado en relación con el personal laboral exterior.
Durante los últimos cuatro años se presentaron 1.730 solicitudes, mientras que en la anterior legislatura fueron interpuestas 618
Las reclamaciones formuladas ante el Comisionado de Transparencia por denegar el derecho al acceso a la información pública se triplicaron en esta legislatura al pasar de las 618 presentadas en el cuatrienio anterior a las 1.730 interpuestas en la actualidad.
Estos datos han sido facilitados este lunes por el Comisionado de Transparencia en un comunicado, en el que indica que en esta legislatura se han realizado 5.068 evaluaciones de portales de transparencia canarios, una cifra que indica que se han multiplicado por quince, pues en el período 2015-2018 fueron 342.
El procedimiento se inicia tras un largo proceso de requerimientos al Consistorio por no dar información a los ecologistas sobre el destino de los fondos procedentes de las multas coercitivas impuestas a construcciones ilegales
El Consejo de Transparencia de Andalucía ha notificado a Ecologistas en Acción que ha comunicado al Ayuntamiento de El Puerto "el acuerdo de inicio de procedimiento para instar la incoación de un procedimiento sancionador o disciplinario por la presunta comisión de alguna de las infracciones previstas en el Título VI de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía”.
Esta Resolución, señalan los ecologistas, "culmina un largo proceso de denuncias y requerimientos al Ayuntamiento por su negativa a facilitar información sobre el destino de las sanciones urbanísticas y multas coercitivas impuestas por construcciones ilegales en el municipio".
El organismo público da un plazo de 20 días al Ejecutivo para que revele los precios pactados con las compañías farmacéuticas y cuánto ha costado cada dosis
Los acuerdos nunca se han hecho públicos alegando que están cubiertos por una cláusula de confidencialidad en el contrato con la Comisión Europea.
Los gobiernos han invertido miles de millones de euros para ayudar a las compañías farmacéuticas a desarrollar vacunas contra la covid-19 y en comprar dosis. Sin embargo, a día de hoy, existe una enorme opacidad acerca del precio real que se ha pagado a los laboratorios. Además, tampoco se conoce cuáles son las condiciones de financiación acordadas con ellos. Solo contamos con algunos indicios debido a los documentos filtrados accidentalmente por funcionarios de diferentes países y una única certeza: no todos los países pagan lo mismo.
La Dirección General respondió que no cuenta con un registro de apariciones en medios de comunicación, y que no mantiene ningún acuerdo especial con el canal de Atresmedia
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno insta al Ministerio del Interior a que remita a un particular datos de “detalle de las colaboraciones televisivas de la Guardia Civil con el canal de televisión laSexta en el área de reportajes televisivos sobre investigaciones policiales / judiciales desde el 2018 hasta la actualidad, con los datos de los que disponga en este momento”.
Este organismo, que vela por la aplicación de la Ley de Transparencia en las administraciones públicas, ha dado parcialmente la razón a este particular, el abogado Guillermo Rocafort, quien en julio de 2022 presentó una consulta ante el Ministerio del Interior sobre las colaboraciones de la Guardia Civil con programas de laSexta.
El Consejo de Transparencia de Andalucía ha desestimado por “abusiva” una solicitud de información presentada por el Club Ciclista Los Dalton contra el Ayuntamiento. Dicha entidad deportiva reclamaba expedientes correspondientes a los años 2021 y 2022. Desde Secretaría General se demostró que el análisis y grabación de esta documentación hubiera ocupado todo el tiempo del Departamento de Patrimonio durante varias jornadas.
El Club Ciclista Los Dalton había requerido al Ayuntamiento información sobre una serie de expedientes en los que un trabajador municipal estuvo implicado durante los años 2021 y 2022. Desde Secretaría General se pidió a la entidad deportiva que acotara su demanda de información porque, en principio, podría resultar abusiva. Ante esta respuesta, el club ciclista recurrió al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
Your new post is loading...
Difusión de contenidos de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Web de la RED FEMP:
https://bit.ly/REDFEMPtp
