CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

En diciembre de 2019 se constituyó la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Diócesis de Cartagena, al frente de la cual está como director el sacerdote y doctor en Derecho Carlos Delgado, que es también el delegado de Protección de Datos y el director de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer). Durante este tiempo, esta oficina diocesana está trabajando para cumplir con los estándares en materia de Transparencia a los que la Iglesia y el resto de entidades están obligadas por la normativa europea, nacional y regional.

La Comunidad de Madrid ha publicado dos guías adaptadas al método de lectura fácil elaboradas por la Federación de Organizaciones de personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo, Plena Inclusión Madrid, con el objetivo de que todos los ciudadanos puedan disponer de la información necesaria para ejercer su derecho al voto con total libertad y seguridad en las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo.

La consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, ha recibido en la Real Casa de Correos –sede del Gobierno regional- de manos del presidente de Plena Inclusión, Mariano Casado, la Guía práctica sobre el derecho al voto y las Normas de protección frente al coronavirus, dos documentos que se pueden consultar o descargar en el portal web oficial www.comunidad.madrid, para que las personas con discapacidad intelectual, dislexia o un conocimiento limitado del español, puedan disponer de toda la información que necesitan para votar con todas las garantías.

El post de esta semana nos lo trae José Antonio García García, que ya pasó por aquí otra vez. José Antonio es miembro del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Adminitración General del Estado y presidió ASTIC, asociación más representativa de dicho cuerpo. Ahora es Subsecretario del Ministerio de Consumo. Un gustazo tenerle por aquí de nuevo.
El pasado 30 de marzo, el Consejo de Ministros procedió a aprobar el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Su objetivo es el desarrollo reglamentario derivado de la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en lo referido a la gestión electrónica de los procedimientos y el funcionamiento electrónico del sector público. En resumen, se viene a establecer y completar el marco normativo de la digitalización[1] de las Administraciones Públicas.

Gerardo BUSTOS PRETEL es Subdirector general de Información, Documentación y Publicaciones. Ministerio de Hacienda
Normativa comentada
Ir a NormaRD 203/2021 de 30 Mar. (Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos)
Resumen
El Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos completa el marco normativo esencial de la administración electrónica en nuestro país. Unifica y sistematiza en su desarrollo el procedimiento administrativo y el régimen jurídico, clarificando, articulando y completando importantes aspectos de la gestión electrónica, empezando por la plena entrada en vigor. Es un paso importante y marca un hito en la administración electrónica, pero quizá se queda corto para quienes esperaban que cinco años y medio después de la aparición de la normativa desarrollada, la tecnología ha avanzado lo suficiente como para esperar una mayor carga disruptiva en el tan esperado reglamento.

Nada de big data, inteligencia artificial, robótica, gestión de datos, blockchain, etc. Poco o nada de innovación y deseo de cambio, excepto en los principios generales, entre los cuales alguno nos lleva a pensar en esa estrategia de transformación digital que debe ocupar la hoja de ruta como proyecto de Estado.

Tras un largo parto el BOE publicó el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Con vigencia desde el 2 de abril de 2021 y con buena parte de sus preceptos como normativa básica. Aquí está el látigo reglamentario frente a inercias, ignorancias y alérgicos digitales (¡Here come the Sun!, Beatles dixit).
Confieso que con la administración electrónica me pasa un poco como con la legislación de contratos: me siento como un indígena ante los espejitos de Colón, que los ve brillantes y los considera valiosos, aunque posiblemente le engañen. Me explicaré con el tono de humor que debe reinar cuando hay mar de fondo grave.

¡Marchando un #10preguntas sobre archivo electrónico! Como bien saben nuestros lectores, este es uno de los temas de rabiosa actualidad desde el pasado 2 de abril.
Invitados:
Rosario Lópaz Pérez. Consultora en Archivos y Gestión Documental, experta en Cobierno Abierto. Vicepresidenta de ACREDITRA.
Joan Carles Faus Mascarell. Técnico de Archivo y gestión documental. Ajuntament de Gandia.

Podrán concurrir a las subvenciones las entidades sin ánimo de lucro y las asociaciones con sede social en la ciudad de València y que estén inscritas al registro municipal. La convocatoria subvencionará programas y actividades dedicadas al fortalecimiento del tejido asociativo, que promuevan procesos de participación ciudadana y que estudien o publiquen textos sobre la materia.
En total se destinarán un máximo de 230.000 euros, que se distribuirán entre las diez juntas municipales en función de la población de cada distrito y del número de asociaciones inscritas en cada zona. Así, la Junta Municipal del Marítim dispondrá de 37.920 euros mientras que la de los Pobles del Nord gestionará 7.607 euros.

Las entidades disponen de un mes a partir de mañana para la presentación de sus solicitudes.

Para mayor información, consultar la página web municipal https://www.valencia.es/-/participacion-asociacionismo2021 y los distintos canales informativos del Ayuntamiento de València.

Tiene como objetivo promover un espacio de participación juvenil para generar dinámicas de colaboración en los programas municipales dirigidos a este colectivo
Se promocionarán propuestas innovadoras para dar visibilidad a manifestaciones artísticas y creativas de los jóvenes para los jóvenes
El Ayuntamiento, a través de las Concejalías de Juventud y Tres Cantos 2030 pone en marcha la campaña ‘Participando’, dirigida a los jóvenes de la localidad de ente 12 y 35 años.

La concejalía de Participación Ciudadana ha programado un nuevo ciclo de audiencias públicas para hablar entre otras cuestiones del impacto de la Covid-19, sobre los equipamientos culturales del Patronato y el Escorxador, y también del estado del Plan de Actuación Municipal.
• Las dos primeras sesiones se realizarán los días 12 y 14 de abril de manera telemática. La tercera de las jornadas será el 16 de junio.
• Previamente a cada sesión, los interesados ​​podrán enviar sus preguntas al correo electrónico de participación ciudadana participacio@sitges.cat. El plazo para presentar el envío de preguntas para la primera audiencia pública será el jueves 8 de abril.

La primera visita ha sido a la asociación de vecinos de RAS-PAS donde se ha mencionado el deterioro de contenedores y aceras
Los ediles se han comprometido a visitar los barrios y partidas de San Vicente del Raspeig para conocer su estado actual.

Se ha informado a las asociaciones culturales y las asociaciones juveniles de la provincia, con el fin de presentarles las novedades de la nueva convocatoria
La diputada delegada del Área de Empleo, Desarrollo Económico, Turismo y Participación de la Diputación de Valladolid, Nuria Duque, ha mantenido este martes, de manera telemática, una reunión con las asociaciones culturales y las asociaciones juveniles de la provincia, con el fin de presentarles las novedades de la nueva convocatoria de Presupuestos Participativos, que la Diputación de Valladolid recupera para el ejercicio 2022 y cuyas propuestas podrán presentarse entre el 1 y el 15 de mayo.

El Ayuntamiento quiere implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones de los asuntos públicos
El taller forma parte de la segunda fase del proceso participativo que desde el Ayuntamiento de Buñol se ha puesto en marcha y que tiene como objetivo el implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones de los asuntos públicos.

Una pista deportiva en la barriada de la Sierra de San Pedro, en la calle Lucero cerca de el Embarcadero, presupuestada en 125.000 euros, y la ampliación de las aceras en la avenida de Cervantes, en el tramo que va desde la rotonda de Maltravieso a la casa de cultura Rodríguez Moñino y al IES García Téllez, con 120.000 euros de presupuesto, son los dos principales proyectos que se acometerán a través de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Cáceres, que incluirán un total de 22 inversiones con un millón de euros.

Los primeros presupuestos participativos de la Generalitat valenciana contarán con 125 millones de euros para propuestas ciudadanas, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.
El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, se han reunido para formalizar el acuerdo del Consell que supondrá el inicio de la primera experiencia de participación directa de la ciudadanía en el diseño de las cuentas públicas de la Generalitat.
Tras el encuentro, Soler y Pérez Garijo han anunciado que los primeros presupuestos participativos de la administración valenciana para 2022 contarán como proyecto piloto con 125 millones de euros destinados a la financiación de propuestas ciudadanas con cargo a los capítulos II (gastos corrientes y de funcionamiento), IV (transferencias corrientes) y VI (inversiones) de las cuentas de la Generalitat.

El próximo 8 de abril se celebrará una reunión para poner en común los proyectos. Una semana después se abrirá el plazo para presentarlos formalmente.

El Consejo de Transparencia acaba de reclamar al Ministerio de Economía la Evaluación de Impacto de la Protección de Datos (EIPD) previa al lanzamiento de la aplicación Radar COVID, tal y como ha podido saber Vozpópuli. La Agencia Española de Protección de Datos obliga a realizar esta prueba antes de la puesta en funcionamiento de cualquier servicio que pueda afectar al tratamiento de los datos de los usuarios que la utilicen, como es el caso de la aplicación desarrollada contra el coronavirus. Transparencia le ha dado un plazo de diez días al Ministerio de Economía para publicarla.
La asociación Rights International Spain lleva meses solicitando esa Evaluación de Impacto de la Protección de Datos al Ministerio de Economía.

El Tribunal de Cuentas advierte de que en organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) no se han adoptado medidas que garanticen los principios de publicidad y concurrencia al nombrar su personal directivo.
Una circunstancia que, según su fiscalización sobre la normativa en materia de indemnizaciones por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de entidades del sector público en 2019, también se extiende a otras entidades, como el Museo Nacional Reina Sofía y Red.es.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ha señalado este martes que "toma nota" de las recomendaciones del Consejo Económico y Social (CES) en su informe de digitalización de la economía española y someterá España Digital 2025 a "evaluación continua".
"Tomamos por supuesto nota de todas las recomendaciones que aparecen en el informe sobre España Digital 2025, como es por ejemplo la necesidad de llevar a cabo una evaluación continua. Tomamos nota y vamos a ponerlo en marcha", ha señalado Artigas durante la clausura de la presentación de este informe este martes.

La actividad de 2020 ha estado marcada por el trabajo realizado para garantizar las medidas de asistencia sanitaria, el control de la pandemia y el derecho fundamental a la protección de datos
Durante 2020 se realizaron 29 intervenciones con carácter de urgencia para la retirada de contenidos sexuales o violentos difundidos en Internet asociadas al Canal prioritario, con un porcentaje de éxito superior al 86%
En 2020 se presentaron ante la Agencia un total de 10.324 reclamaciones
Las reclamaciones planteadas con mayor frecuencia por los ciudadanos hacen referencia a servicios de internet, inserción indebida en ficheros de morosidad, videovigilancia, recepción de publicidad y reclamación de deudas
Las áreas más frecuentes en los procedimientos sancionadores son videovigilancia, servicios de internet, AAPP y telecomunicaciones

El ministro de Política Territorial y Función Pública ha destacado que los premios en las administraciones públicas son un reconocimiento y a la vez un éxito de la cogobernanza y un instrumento del aprendizaje mutuo y la cooperación
El premio a la Excelencia en la Gestión Pública es para la Universidad de Cádiz, el premio a la Innovación en la Gestión recae en la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el premio Ciudadanía se otorga a la Agencia Española de Protección de Datos
Accésits: Subdelegación de Defensa en Toledo y Organismo Autónomo “Madrid Salud” del Ayuntamiento de Madrid (Excelencia); Dirección General de la Guardia Civil, Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias y Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Innovación); y Agencia Española de Protección de Datos, Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y entidad empresarial Red.es (Ciudadanía)

Se ha articulado un protocolo para mejorar la accesibilidad y transparencia de los servicios de seguridad jurídica
Se ha articulado un protocolo para mejorar la accesibilidad y transparencia de

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, del Ministerio de Justicia, y la Dirección General del Catastro, del Ministerio de Hacienda, han firmado este lunes una resolución conjunta por la que se aprueban las normas técnicas para incluir representaciones gráficas en documentos notariales y se articula un protocolo para mejorar la coordinación y el intercambio de información con el Consejo General del Notariado.

El Gobierno ha decidido poner en marcha su propia reforma de Ley de Secretos Oficiales, del periodo franquista, tras descartar la propuesta del PNV, que el PP y el PSOE han bloqueado en el Congreso de los Diputados desde noviembre de 2016. Para elaborar el texto se ha formado una comisión dirigida por el Ministerio de Presidencia (Vicepresidencia Primera) e integrada por Defensa, Interior y Exteriores. La idea del Ejecutivo es que no haya un límite general de tiempo para hacer públicos automáticamente los documentos (25 o diez años en la propuesta del PNV), sino plazos diferentes sujetos a cautelas según el grado de protección y el nivel de secreto.