CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

La actividad pública que realice el Colegio Notarial de Valencia está sujeta a la Ley de Transparencia de la Comunitat Valenciana, por lo que debe publicitar sus funciones y actividades públicas de forma activa y garantizar el acceso a la información de carácter público a ciudadanos y organizaciones.
Así lo establece la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en una sentencia hecha pública este viernes.
El asunto nació a partir de la reclamación que una asociación presentó ante el Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana en la que reclamaba que el Colegio Notarial de Valencia era una corporación de derecho público y por ello estaba obligada a cumplir la Ley autonómica de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana.

Ambas entidades dan la razón a la central sindical y reconocen la “opacidad” y las “dificultades” por parte de la entidad para acceder a información pública, por lo que elevarán a Les Corts un informe negativo
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha obtenido el aval tanto del Consejo Valenciano de Transparencia como del Síndic de Greuges para que el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón le entregue diversos documentos pendientes desde 2021. Entidades que, a su vez, reconocen en sendos informes la “opacidad” demostrada por parte del Consorcio, así como las “dificultades” que ha interpuesto a la hora de permitir el acceso a información de carácter público.

El organismo de control falla a favor de un tutor y reprocha a Educación que «parece olvidar la importante misión que desempeña la conformación de una opinión pública informada, crítica y activa»

La Sección Sindical de CCOO del Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló ha anunciado que el Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana (CTCV) "ha vuelto a fallar a su favor" en la resolución de una solicitud por parte del sindicato en la que se reclamaba el expediente completo del punto octavo del orden del día del Consejo de Gobierno de 31 de mayo de 2021, así como el informe jurídico que avalaría la modificación del Convenio de Constitución y Estatutos del Consorcio, "puntos cruciales tratados en el mismo", según la sección sindical.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha fallado a favor del Ayuntamiento de Benidorm que recurrió la resolución del Consejo de Transparencia de la Generalitat que le obligaba a elaborar un listado sobre el estado de las licencias de los comercios de la localidad. La sentencia, a la que ha tenido acceso Alicante Plaza, señala como uno de los motivos las dificultades del Consistorio para filtrar estos datos. Se trata de la misma petición –y el mismo solicitante– que se hizo sobre los hoteles de Benidorm, para lo que sí que se llegó a entregar esta documentación, como ha venido contando este diario.

El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana ha instado al Ayuntamiento de Benejúzar a que incoe el procedimiento sancionador contra el o los responsables de la posible comisión de faltas graves o muy graves por el incumplimiento reiterado de la obligación de suministro de información pública a los concejales del Grupo Popular desatendiendo el requerimiento expreso del Consejo. Solicita además al Ayuntamiento que comunique al Consejo el resultado del procedimiento sancionador incoado, tal y como establece la resolución del Consejo de Transparencia de fecha 28 de enero de 2022.

El Consell de Transparencia de la Comunitat Valenciana ha obligado al Ayuntamiento de Catarroja a entregar a Guanyar-EU Catarroja el expediente realizado al alcalde Jesus Monzó tras ser sancionado por la Policía Local por permitir la entrada a dos amigos durante su cumpleaños incumpliendo la normativa Covid de dicho momento.

El Consell de Transparencia, organismo que controla la rendición de cuentas de las administraciones públicas valencianas, ha emitido dos resoluciones en las que estima sendas reclamaciones en las que se protesta por la resistencia de las consellerias de Hacienda y Educación a la hora de facilitar información. Uno de los denunciantes había solicitado al departamento del socialista Vicent Soler la información de la liquidación de los presupuestos de 2018 y 2019 correspondientes a la provincia de Alicante. En el otro caso, se pidió a la conselleria que dirige el nacionalista Vicent Marzà la composición del grupo de trabajo que había elaborado un decreto. Hacienda no respondió ni a los requerimientos del denunciante ni a los del propio Consell de Transparencia, mientras que el departamento de Marzà, a través de una de sus direcciones generales, ofreció una respuesta tan insuficiente que el propio organismo le afea ese modo de intentar esquivar la obligación de ofrecer los datos reclamados.

El Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana ha dictado una resolución, en su reunión del 1 de julio de 2021, que obliga al Ayuntamiento de La Romana a aportar la documentación solicitada por EU a finales de 2019 y que sólo ha recibido respuesta un año y medio después de su solicitud. El Consejo pone en evidencia el incumplimiento de las mínimas obligaciones de transparencia, al no facilitar en la web la información sobre subvenciones y ayudas públicas y concluye que el gobierno local del PSOE ha cometido dos infracciones graves.

El Consell de Transparencia ha instado al Ayuntamiento de València a entregar al grupo municipal del PP la copia del borrador de la ordenanza de civismo -cuya versión definitiva sigue sin aprobarse después de tres años de presentarse públicamente-, así como todas las facturas existentes y los trabajos realizados entre el consistorio y la Universidad de València para su elaboración, por la que desde hace cuatro años el consistorio abona 30.000 anuales.

Los responsables del Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana se les agota la paciencia con el Ayuntamiento de Santa Pola. Lo dijo su presidente, Ricardo García Macho, en una entrevista a Plaza, y lo confirma en la última resolución remitida al consistorio, al que insta, de una vez por todas, a iniciar el procedimiento sancionador contra el o los responsables de la posible comisión de faltas graves o muy graves por no facilitar la información solicitada por particulares o grupos políticos.

El PP ha dado a conocer hoy la resolución del Consell de Transparencia que falla contra el alcalde Ribó, y le obliga a entregar a la portavoz del PP todos los acuerdos e informes de las negociaciones de Ayuntamiento y Generalitat. Es la segunda resolución que pone en entredicho la opacidad del Gobierno de Ribó y PSOE, ya que en un primer momento fue el Síndic de Greuges quien instó al alcalde a entregar la documentación.
En su resolución falla en contra de Ribó y recoge estimar la reclamación presentada por María José Catalá reconociendo el acceso a la información solicitada en el plazo máximo de un mes desde que se notifica esta resolución.

El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana urge al Ayuntamiento de Benejúzar a actualizar el Portal de Transparencia municipal, tal y como exige la legislación, según ha explicado el PP en la oposición al equipo de gobierno de PSOE-Cs.

La EMT de València incumple con la normativa de transparencia. Así lo ha constatado el Consell de Transparència en una resolución del pasado 23 de octubre que confirma "el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa" por parte de la empresa municipal de transportes al no publicar en su portal de transparencia información relativa a los tipos de contratos que se suscriben, campañas de publicidad y promoción institucional, viajes y desplazamientos, gastos de caja, modificaciones presupuestarias, o datos estadísticos sobre los distintos tipos de contratos adjudicados.

El Consell de Transparencia ha emitido una resolución en la que viene a dar carpetazo a la controversia que en su momento generó la entrevista al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, publicada por el rotativo The Guardian en noviembre de 2016 con motivo de una feria de turismo en Londres. Una entrevista, que el diario acabó borrando cuando acabó el acuerdo comercial, y sobre la que la oposición puso el foco al acusar a Puig de haber pagado para hacerse «autobombo».

El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana ha instado al Ayuntamiento de Santa Pola a que incoe el procedimiento sancionador contra el o los responsables de la posible comisión de faltas graves o muy graves expresada por no facilitar el acceso a un expediente administrativo, tal y como había reclamado reiteradamente el portavoz socialista, Lorenzo Andreu. En concreto, se refiere a un expediente administrativo sobre el pago de horas extraordinarias a agentes de la Policía Local en julio de 2019, al poco de acceder el nuevo equipo de gobierno formado por ediles del Partido Popular.

El Consell de Transparència ha estimado en su mayor parte la reclamación de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del País Valencià de CC OO e insta a la Conselleria de Sanidad que dirige la socialista Ana Barceló a que aporte una serie de datos concretos sobre el material de protección que trabajan en los hospitales valencianos durante la pandemia.

La EMT asegura que este órgano no ha tenido en cuenta sus alegaciones y que existe un "defecto de forma muy grave" porque se dictó antes
El Consell de Transparencia ha requerido a la Empresa Municipal de Transportes de València (EMT) que entregue al PP más de 21 bloques de información que suponen más de un centenar de documentos en el plazo de 30 días, según ha informado el grupo municipal 'popular' en un comunicado.
De esta forma, el Consell de Transparencia ha resuelto a favor de los concejales del PP Carlos Mundina y Marta Torrado, por su reclamación al no facilitar información a su grupo. La resolución estima parcialmente la reclamación del PP ya que deja fuera cinco bloques de un total de 26 de documentación que se pidió una vez presentada la reclamación ante el Consell de Transparencia. Estos cinco bloques deberán tramitarse en una nueva reclamación.

El órgano cree que no supone un quebranto aportar algo que está en la plataforma electrónica y da un mes a Miguel López para cumplir.

El organismo emite por primera vez sin unanimidad una resolución que indica que no ocultó adrede sus citas con el IVO o Ribera Salud

«El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig deberá completar en tres meses la información que falta, colocarla en el espacio de la Transparencia para evitar su dispersión en otros espacios de la web municipal y actualizar los datos existentes en cumplimiento de la Ley 19/2013 sobre publicidad activa». Es la resolución del Consejo de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Generalitat tras la denuncia que hace ahora un año presentaron los dos concejales no adscritos, Juan Manuel Marín y Auxi Zambrana.