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La norma que resuelve qué actividades pueden llevar a cabo más de 2.700.000 funcionarios en nuestro país cumple en 2024 cuatro décadas. Es hora de renovarla.
La convocatoria anticipada de elecciones frustra alguna de las iniciativas normativas en el ámbito de la función pública española que muchos anhelábamos. Por haber sido muy comentada en los últimos meses, todos tenemos en mente el proyecto de ley de función pública de la administración del Estado, que acumula ya un retraso de quince años si contamos desde la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007. Algunas comunidades autónomas cumplieron con sus deberes a tiempo y gozan de nueva regulación desde hace ya más de una década.

La patronal española Apri denuncia que "falta voluntad política" para hacerlo
Italia, Francia, Alemania o Reino Unido han regulado ya al sector
La Comisión Europea ha reclamado a España que regule la actividad de los lobbies para evitar que proliferen las puertas giratorias sin control y que se fomente la transparencia en el sector.
En un informe reciente sobre el Estado de Derecho, remitido al Gobierno, Bruselas recuerda que "en la actualidad, la actividad de los grupos de presión sigue sin estar regulada en España" y pide tomar medidas al respecto.
Aunque el Gobierno tiene sobre la mesa una propuesta, la Comisión Europea insiste en hacerlo cuanto antes y asegura, en este sentido, que "un logro esencial de ese proyecto sería el establecimiento de un registro público obligatorio de los grupos de interés".

Trabajar para Danone, TV3 o Llorente y Cuenca: las autorizaciones concedidas a exministros y otros altos cargos tras dejar el Gobierno
Por Mar Tomico
El Portal de Transparencia ha actualizado el listado de exministros del Gobierno y otros altos cargos a los que, tras cesar en su actividad pública, se les ha autorizado para incorporarse a una empresa o institución. Es el caso del exvicepresidente Pablo Iglesias, con consentimiento para trabajar en la televisión catalana TV3; o el de Arancha González-Laya, exministra de Asuntos Exteriores, en Danone.
Esto se debe a que, tal y como establece la ley reguladora del ejercicio del alto cargo, durante un período de dos años tras el cese de su actividad pública, aquellos que quieran prestar servicios en entidades privadas deben solicitar y obtener la autorización de compatibilidad por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses.

Las webs de transparencia del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Santander tienen buena calificación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano encargado de velar por el cumplimiento de la legislación. Pese a la buena nota, no deja de hacer una serie de recomendaciones entre las que se encuentra que el Ejecutivo autonómico publique las autorizaciones para el ejercicio de la actividad privada de exaltos cargos regionales, lo que popularmente se denomina 'puertas giratorias', o que se evalúen y publiciten los grados de cumplimiento de los servicios públicos y planes estratégicos del Consistorio de la capital.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha preparado un borrador de proyecto de ley para regular las puertas giratorias de los funcionarios. El texto, que salió a consulta pública antes de verano, ha puesto en alerta a los cuerpos de altos funcionarios, sobre todo porque no han sido consultados. Ni en Fedeca, la asociación que agrupa a los cuerpos de altos funcionarios, ni los inspectores de Hacienda sabían de la tramitación.

La Consejería de Transparencia inicia los trabajos para la elaboración de la nueva ley que regulará las obligaciones de los miembros del Ejecutivo

Las puertas giratorias, esa figura por la que alguien que ha estado en la política se beneficia de esa experiencia para saltar luego al sector privado de manera poco ética, no son sólo un problema en España. Las instituciones europeas, en las que entorno a los cientos de diputados surgen decenas de grupos de influencia, tienen un déficit en su control que el Parlamento quiere ahora mejorar.

El PSOE quiere prohibir que diputados y exministros puedan ser lobistas durante los cuatro años posteriores a dejar el cargo
El Gobierno ha iniciado la recogida de aportaciones ciudadanas para la redacción de la futura ley que, por primera vez, regulará la actuación de los 'lobbies' o grupos de interés a nivel nacional y para la reforma de la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, con la que, entre otras cosas, se busca endurecer el régimen vigente y prevenir las conocidas como 'puertas giratorias'.
En concreto, el Ejecutivo ha abierto un plazo de un mes, que finalizará el próximo 28 de mayo, para que quien lo desee pueda hacer sugerencias en estas materias que después podrán ser tenidas en cuenta por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para la redacción de los anteproyectos de esas futuras normas.

El director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Baleares, Jaume Far, ha elevado al Parlament una propuesta de modificación del reglamento de la Cámara con el objetivo de regular los obsequios a diputados y posibles conflictos de intereses, incluyendo las conocidas como 'puertas giratorias', además de dotarlo de un código de conducta de carácter vinculante.

El reglamento aprobado en Pleno impide, entre otros, que los miembros tengan relación actual, pasado o futura con las empresas candidatas.

Según el documento aprobado, que tiene cuatro puntos, el objetivo es “la optimización y la transparencia previos a la elaboración de los grandes contratos del Ayuntamiento” y tendrán carácter previo al inicio de los trabajos en la comisión oficial, que preside Sebastián Pérez.

Y analizando los puntos, destaca el capítulo de incompatibilidades. Lo que se busca es poner obstáculos a las conocidas ‘puertas giratorias’ en política al vetar cualquier conflicto de interés o servicio con los interesados en el contrato.

Desde que se puso en marcha la Oficina de Conflictos de Interés, más de 500 altos cargos han visto la luz verde para pasar al sector privado. Solo a este pequeño grupo se le cerró el semáforo
Desde hace 13 años, el Gobierno cuenta con un guardián de las puertas giratorias para velar por que nuestros altos cargos no sean tentados por empresas o instituciones interesadas en su capacidad de influencia o agenda de contactos. La Oficina de Conflictos de Interés, dependiente del Ministerio de Política Territorial, es supuestamente la garante de que se cumpla el punto primero del régimen de incompatibilidades:

La paciencia de Bruselas con el problema de las puertas giratorias en España se está agotando. El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa recomendó el pasado miércoles al Gobierno español que se tome en serio lo que puede ser el principal foco y origen de corruptelas en la vida política de nuestro país. Entre otras recomendaciones, la UE pide a Madrid que ponga en marcha un organismo independiente para revisar la legislación sobre las limitaciones de “puertas giratorias”, tras el “cese de un alto cargo del Ejecutivo”, y las refuerce si es necesario.