CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

La Oficina Antifraude de Catalunya ha participado activamente en la décima Asamblea General de la Red NEIWA (Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities), celebrada en Bruselas bajo la acogida del Defensor Federal del Pueblo de Bélgica. El encuentro ha servido para consolidar la cooperación europea en materia de integridad institucional y reforzar los mecanismos de protección de las personas que alertan de irregularidades.

Uno de los momentos más destacados de la asamblea ha sido la presentación de los resultados del grupo de trabajo sobre informes de denuncia, coordinado conjuntamente por la Oficina Antifraude de Catalunya y el Defensor del Pueblo belga. Este trabajo, iniciado en 2023 en Roma y desarrollado a lo largo de dos asambleas generales, ha tenido como objetivo identificar buenas prácticas y retos comunes en la gestión de informes de alertadoras. Para ello, se distribuyó un cuestionario a 32 miembros de la NEIWA, con una tasa de respuesta del 87%, que ha permitido recoger una amplia y diversa visión de las realidades institucionales europeas.

En el imaginario popular y cultural de nuestra sociedad pensar en protección a denunciantes es evocar a la Administración de los EEUU ofreciendo una nueva identidad y una nueva vida, para proteger a los que denuncian el funcionamiento interno de una organización criminal e involucran a sus antiguos compañeros de delitos. Es el caso de la WITSEC, que surgió en 1971 para proteger a un mafioso de Nueva York que había roto el código de la omertà y cooperado con las autoridades para condenar a la mafia italiana.

BOE-A-2024-22298 Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.

De conformidad con lo previsto en la disposición final undécima de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, se aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I

Cuando se van a cumplir dos años y medio desde la expiración del plazo que concedía la Directiva para dar atender sus exigencias, en nuestro país la creación de estas autoridades aún está pendiente

La Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, ha venido a establecer una serie de obligaciones y originales procedimientos de investigación que hasta la fecha eran desconocidos en nuestro Ordenamiento Jurídico. Estas novedades y ausencia de referentes normativos y doctrinales dan lugar a numerosas dudas en la aplicación de esta Ley por parte de los operadores jurídicos, circunstancia que aconseja la exposición y sistematización de aquellos aspectos que ofrecen mayores dudas a estos profesionales en una serie como la que hoy se inicia.

El año pasado recibimos más de 100 comunicaciones que han derivado en investigaciones, tanto de competencia como de otras áreas clave en la CNMC.

El Ayuntamiento de Granada se va a adaptar a la nueva 'ley del informante' aprobada en febrero de 2023 y que busca proteger a las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción. El pasado 17 de noviembre en Junta de Gobierno Local se aprobó la creación del sistema y canal internos de información y aprobación del procedimiento de gestión de informaciones previstos en la ley. Así, se crea un sistema y canal internos de información para proteger a estas personas, que dependerá del Portal de Transparencia.
Según el documento de la Junta de Gobierno Local, la aprobación de esta ley ha supuesto la transposición de la directiva europea sobre la protección de personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Así, obliga a todas las entidades locales a crear un canal interno de información para recibir las denuncias y un sistema interno de información para gestionarlas, así como a designar un órgano responsable del mencionado sistema interno y establecer un procedimiento para gestionar las informaciones recibidas.

Publicado: 2023-12-15
Doctrina y enfoques
La naturaleza del derecho de acceso a la información pública
Emilio Guichot Reina
La necesidad de “reelaboración de la información” Una causa de inadmisión precisada aún de aclaración
Concepción Barrero Rodríguez
Los órganos de participación en el ámbito del voluntariado
Severiano Fernández Ramos
El derecho a la información sobre riesgos en las emergencias de protección civil
Josep Ochoa Monzó
Red o telaraña: las condiciones para la protección del informante
José María Pérez Monguió

Estudios y artículos
Transparencia activa inclusiva en los Ayuntamientos españoles Diagnóstico y condicionantes exógenos de la e-accesibilidad
Gema María Pastor Albaladejo, Gema Sánchez Medero
Transparencia y Gobierno: puertas giratorias en España
Elizabet Castillero-Ostio, Andrea Moreno-Cabanillas, Antonio Castillo-Esparcia
La Universidad como escuela de gobierno Identificando arquetipos para el estudio del aprendizaje de competencias éticas
Gonzalo Pardo, Bernabé Aldeguer, María Ángeles Abellán
Visión de la ciudadanía española de la transparencia y media accountability en la era de la desinformación
María del Carmen Castelo Blasco, Dory Merino Arribas
Los muchos caminos hacia la transparencia Una tipología de temas y variedades en la literatura sobre transparencia
Roberto Cruz Romero
 La iniciativa ciudadana europea y su reforma en 2019: un balance teórico-práctico
Ángel Fernández Silva
Transparencia, ciberseguridad e identidad digital en el entorno 5G
Clara Rodríguez Ilarraz, Ricardo Javier Palomo Zurdo
Casos y sistemas comparados
Innovación tecnológica en trámites y servicios, un análisis nacional (México) Technological Innovation in Procedures and Services: A National Analysis (Mexico)
Arabella Hernández García, Carlos Vázquez Cid de León
Experiencias y divulgación
Renovar la ética en las relaciones públicas. Estudio de caso
Joaquín Marqués Pascual, Clara Eugenia de Uribe Gil
Recensiones y reseñas
Hacia la Regulación de los grupos de interés
Marcos Núñez Navarro

Se ofrece a continuación el vídeo de la ponencia del profesor Mariano Hernández Arranz en la Jornada sobre aplicación, en el ámbito local, de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Organizada por la Subdirección de Formación Local del INAP, se celebró los días 21 y 22 de noviembre de 2023 en el Aula Magna del Instituto.

Enlace al vídeo de la ponencia 1

Enlace al vídeo de la ponencia 2

Se ofrece a continuación el vídeo de la ponencia del catedrático Francisco Caamaño Domínguez en la Jornada sobre aplicación, en el ámbito local, de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Organizada por la Subdirección de Formación Local del INAP, se celebró los días 21 y 22 de noviembre de 2023 en el Aula Magna del Instituto.

Se ofrece a continuación el vídeo de la ponencia del magistrado Carlos Granados Pérez en la Jornada sobre aplicación, en el ámbito local, de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Organizada por la Subdirección de Formación Local del INAP, se celebró los días 21 y 22 de noviembre de 2023 en el Aula Magna del Instituto.

Acceso al vídeo de la ponencia

Mas de 500 profesionales se dieron cita en el Día del Compliance Officer organizado esta semana por ASCOM. Entre los ponentes estaba Francisco Caamaño, quien fue ministro de Justicia durante el Gobierno de Zapatero y uno de los principales impulsores de la reforma de las personas jurídicas al modificar el Código Penal. Su ponencia se centró en la Ley 2/2023, que ha traspuesto la Directiva 2019/1937 de protección al denunciante. Su análisis es claro: “Urge que el Gobierno apruebe la Autoridad Independiente de Protección al Informante”.

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, por la que se incorpora la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, ordena un completo dispositivo de comunicación de informaciones y, en su caso, de protección a los informantes (el conocido whistleblowing).

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) ha implantado un sistema interno de información como "vía de comunicación segura" --adecuado a los requerimientos legales y del Parlamento Europeo-- que otorgue "una protección adecuada frente a las represalias que puedan sufrir las personas físicas que informen sobre acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, detectadas en un contexto laboral o profesional". Junto con el ya aprobado Plan de Medidas Antifraude, ésta es "otra herramienta" para fortalecer la integridad institucional y la lucha contra la corrupción.

Existe tal normalización de la corrupción que el manto de anestesia general extendido ha rebajado demasiado el umbral que permite reconocer su gravedad y su trascendencia
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción ha sido publicada en el BOE del 21 de febrero de 2023. Con ella se traspone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, conocida como Directiva Whistleblowing.
Ante la desconexión entre la administración pública y la ciudadanía, siendo esta brecha más significativa con la juventud, es fundamental contribuir a un acercamiento de la administración pública, introduciendo en el debate la importancia de los canales de denuncias y de las materias relacionadas con la integridad y ética pública. Esta tarea ha de permear en toda la sociedad para lograr recobrar la confianza perdida en el funcionamiento de las Instituciones.

El Govern ha aprobado el Sistema Interno de Alertas en materia de infracciones normativas y de conductas contrarias a la integridad pública de la Administración de la Generalitat (SIA). El elemento central del Sistema es el canal interno de alertas, diseñado de forma segura y con garantía de anonimato y confidencialidad, prestado por el Consorci AOC en colaboración con la Red de Gobiernos Abiertos de Cataluña. Se beneficiarán también las entidades del sector público de la Generalitat de Cataluña.
La función básica del SIA es recibir alertas, evaluar su verosimilitud y, en caso de que tengan, redirigirlas a los órganos competentes para investigar los hechos o incoar un procedimiento administrativo sancionador o un procedimiento penal.

El Gobierno saliente habilita un “sistema interno de información sobre las acciones u omisiones” relacionadas con irregularidades y corruptelas, pero sin formalizar antes el convenio para que el Estado asuma la salvaguarda de los funcionarios y contratistas que puedan animarse a denunciar
El Gobierno de Aragón estrena con el inicio de la legislatura un canal interno para recoger denuncias de funcionarios y contratistas sobre casos de corrupción e ilegalidades varias, aunque el instrumento nace con una laguna de calado: carece de un aparataje que garantice la protección de los confidentes, algo que, de entrada, puede resultar más disuasorio que atractivo para quienes pudieran animarse a denunciar conductas de ese tipo.
El “sistema interno de in­formación sobre las acciones u omisiones” relacionadas con “infrac­ciones normativas y de lucha contra la corrupción” que prevé la polémica trasposición a la legislación española de la directiva europea de ‘whistleblowers’ o filtradores está formalmente vigente desde el pasado 18 de agosto, cuando el BOA publicó el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que fue creado el 28 de junio.

Publicado en el número 72 de la Revista Española de Control Externo (RECEX).

En este texto, escrito por el profesor de Derecho Constitucional de la UNED, Javier Sierra Rodriguez, se abordan los aspectos más sustantivos que recoge la Ley sobre la Autoridad Independiente de Protección del Informante, realizando una lectura crítica de su configuración normativa.
Esta Ley 2/2023 busca generalizar en España los sistemas de información sobre infracciones de derecho, a través de obligaciones para los sectores público y privado, que deberán dotarse de dispositivos para captar esta información mediante canales de alerta confidenciales y seguros.

Las denuncias por corrupción están creciendo de forma notable en los últimos dos años. La aprobación de la ley 2/2023 de protección al informante en nuestro país y la obligatoriedad de que las organizaciones y entidades cuenten con canales internos de denuncia lo facilitan, como se puede ver en un primer análisis de las principales Agencias Antifraude autonómicas.
Las previsiones señalan que seguirán creciendo porque cada vez hay un mayor conocimiento de la actividad de estas entidades por parte de la población. Esto supone un reto para estas entidades que tendrán que mejorar su gestión para dar curso a las denuncias y expedientes que se deriven de las mismas y establecer medidas de protección a los denunciantes que lo reclamen.

Las reacciones al fallo de 20 de julio de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo sobre los límites a la protección del denunciante han abierto un debate intenso entre los juristas, mucho de los cuales creen que el Supremo no debería dejar sin protección a estos denunciantes que se arriesgan tanto en situaciones comprometidas.
En dicho fallo, en el que la Sala Tercera no entraba a fondo por ser un tema autonómico, confirmaba una sentencia de noviembre del 2021 del TSJ de Valencia que recriminaba a la Agencia Valenciana Antifraude dar la protección a un denunciante saltándose el protocolo existente en un momento en el que la directiva whistleblowing no estaba aún traspuesta en muchos de esos países.
La propia Agencia Valenciana Antifraude aportó en ese juicio sentencias del TJUE que señalan la vigencia de los principios de las directivas frente al derecho nacional pese a que dicha directiva no estuviera traspuesta.

Ja et pots inscriure a la propera formació del servei “Bústia ètica” del mes de juliol de 2023 que trobaràs al Campus AOC.
Martes 25/7/2023 de 10.00 h a 13.00 h.
El seminario lo realizaremos con Teams y es recomendable que puedas tener acceso a la cámara y al micrófono de tu ordenador.
Qué veremos:
Bloque I. Los canales de denuncia y sistemas de alerta y el servicio Buzón Ético como solución común
Bloque II. El servicio como persona administradora y otros roles
Bloque III. Gestión de los casos
Puedes encontrar más información en el espacio del servicio Buzón Ético de la web de la AOC.

#EncuentroAPD
Museo Carmen Thyssen Málaga
12 de julio de 2023

Desde el 13 de junio las empresas con más de 249 empleados y las entidades públicas están obligadas a contar con un canal de denuncias y a gestionar esas denuncias conforme a los plazos que marca la normativa. Las empresas con menor dimensión y ayuntamientos de localidades de menos de 10.000 habitantes tienen un plazo mayor, hasta el 1 de diciembre de este año. La ley española de protección al denunciante permite las denuncias anónimas y obliga a que un directivo de la compañía sea responsable de la gestión del canal de denuncias. ​