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El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, y el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, han firmado en la sede de la RAE un convenio de cooperación para fomentar el uso de un lenguaje claro y accesible en las Administraciones públicas para toda la ciudadanía, sin barreras por edad, formación o condicionamientos personales o culturales.
La RAE realizará auditorías lingüísticas para verificar la calidad y claridad del español utilizado en todos los ámbitos de la Administración del Estado. Además, creará un observatorio digital permanente del uso del lenguaje tanto en el ámbito de las instituciones como en el campo de los dispositivos electrónicos vinculados a la gestión administrativa o de servicios esenciales para los ciudadanos. También prestará asistencia técnica a las instituciones y elaborará un diccionario fácil para mejorar la comprensión del lenguaje administrativo por parte de los ciudadanos.

El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se reúne con el Defensor del Pueblo
Colaboración institucional para fortalecer la transparencia pública
El pasado viernes, el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), José Luis Rodríguez, ha celebrado una reunión con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en la sede de esta institución. En el encuentro se ha tratado la situación actual de la transparencia en las administraciones públicas y se han examinado las posibilidades de colaboración dirigidas a fortalecer la transparencia pública.
Este encuentro institucional se enmarca dentro de los distintos ámbitos de actividad que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desarrolla como institución promotora de la transparencia pública, garante del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de las entidades públicas, y de salvaguarda del ejercicio del derecho a la información pública de los ciudadanos.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, han acordado hoy establecer un acuerdo de colaboración para lograr un lenguaje claro y accesible en la Administración. Ambos se han reunido esta mañana en la sede de la RAE para establecer las bases de cooperación entre ambas instituciones.
Gabilondo y Muñoz Machado han identificado algunas líneas de actuación que para que las administraciones públicas utilicen en sus comunicaciones con los ciudadanos un lenguaje inteligible. Ambas instituciones están de acuerdo en que el lenguaje claro forma parte del derecho a comprender, que está en la base de muchos otros derechos fundamentales.

El PSOE y el PP han cerrado un acuerdo para renovar cuatro miembros del Tribunal Constitucional; el Defensor del Pueblo y su adjunto; los doce consejeros del Tribunal de Cuentas; y la directora y la adjunta de la Agencia de Protección de Datos. Según han informado ambos partidos, "todos son nombres de consenso", "profesionales de reconocido prestigio" con una "dilatada trayectoria profesional".

El CTBG, que ya había recibido una denuncia por el mismo asunto por el que se interesaba el PP, informó al Defensor del Pueblo de que "la obligación de publicar la identidad de los expertos que asesoran al Gobierno en la crisis sanitaria del Covid-19 no tiene encaje en el artículo 6.1 de la Ley de Transparencia".
Ese precepto, detalla el escrito dirigido al PP, "sujeta a publicidad activa el organigrama de la estructura organizativa de los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación", pero esto no ocurre con el grupo de expertos cuya composición querían conocer los de Pablo Casado, porque "no se ha creado formalmente como 'consejo' o 'comité' y no está por tanto incluido en la estructura administrativa".
Según relata Fernández Marugán, Transparencia también preguntó a Sanidad sobre la posible vulneración de la Ley de General de Salud Pública. En su respuesta, la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación señalaba: "No existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento".
En este contexto, Sanidad remarcaba que la responsabilidad de la toma de decisiones en esta materia correspondía "al Ministerio tras su valoración con las distintas comunidades, conforme a lo establecido en la orden ministerial del 3 de mayo que regulaba el proceso de cogobernanza para la transición a la denominada nueva normalidad".
En su escrito, y tras toda esta exposición, el Defensor del Pueblo da a entender a los diputados 'populares' que pidieron su intervención en este asunto que no va a realizar ninguna gestión más al respecto.