CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

Anabelén Casares Marcos es Catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de León 
La contratación menor en el ámbito local no es tanto la bestia a batir cuanto el animal a domesticar para garantizar su aportación positiva a la economía, eficiencia y eficacia de la entidad contratante. Su pervivencia no debiera preocupar tanto como la inaplazable necesidad de dotar de mayor seguridad jurídica a los gestores públicos para su correcta realización.

José Enrique Candela Talavero, doctor en Derecho y funcionario de la Administración local con habilitación nacional, escribe lo siguiente: “En el procedimiento de adjudicación de un contrato público, adquiere gran relevancia práctica una figura jurídica con caracteres propios. Es el contrato menor, que debe respetar la transparencia y la igualdad. Por desgracia, está presente en muchas prácticas corruptas al fraccionarse el objeto. Es un mecanismo muy utilizado por su simplicidad, pues no precisa un procedimiento de licitación, sino que tiende a una adjudicación directa a empresario con capacidad de obrar y habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. En cualquier caso, es necesario que se respeten en su utilización requisitos de valoración, temporales y de su necesidad no periódica e imprevista. En el trabajo se analiza su procedimiento y se insta a buenas prácticas según las actuales interpretaciones”.

Acabamos de publicar el número 62 de Cuadernos de Derecho Local, con un monográfico dedicado a “La contratación menor en la esfera local”. En él podéis encontrar, además, los artículos de Francisco José Sospedra Navas sobre “El estado actual de la jurisdicción contencioso-administrativa y las proyectadas reformas de las leyes de eficiencia”, Manuel Táboas Bentanachs sobre la “Acción pública en materia de urbanismo”, Gianluca Gardini sobre la “Transparencia, acceso y buena administración: una comparación entre Italia y España”, y David Cabezuelo Valencia sobre “Limitaciones de las corporaciones locales en funciones durante el período de administración ordinaria”.
En este número publicamos también una “Crónica de jurisprudencia del Tribunal Supremo (de 1 de enero a 30 de abril de 2023)”, escrita por Víctor Escartín Escudé, así como dos crónicas consultivas: una de Ángel Oreiro Romar sobre la “Doctrina del Consello Consultivo de Galicia sobre la utilización del reconocimiento extrajudicial de créditos y la revisión de oficio para el abono de prestaciones contratadas de forma irregular”, y otra de Javier Píriz Urueña sobre la “Intervención preceptiva de los órganos consultivos y excepciones: supuestos analizados por el Consejo Consultivo de Castilla y León”.

Quedan fuera los contratos que afectan al ámbito personal de Felipe VI y la Familia Real
La Casa Real dio a conocer sus nuevas instrucciones para la contratación y sobre el procedimiento presupuestario y la contabilidad en el marco del proceso de modernización y de transparencia acometido por Felipe VI desde su llegada al trono en junio 2014 y que entraron en vigor este miércoles. Su publicación se enmarca, según un comunicado de la Zarzuela, en el Real Decreto del pasado 26 de abril de reestructuración de la Casa del Rey y que «ahondó en el reforzamiento de los principios de transparencia, rendición de cuentas y publicidad, en línea con el compromiso de la Corona con la sociedad de observar una conducta íntegra, honesta y transparente».
En el primero de los documentos se estipula la normativa de contratación, así como las prohibiciones habidas para contratar, los niveles de solvencia de las empresas o personas físicas contratadas los elementos esenciales del contrato. Se establece además que la Zarzuela tendrá que dar publicidad a cada una de las fases del proceso de contratación contando en su página web con el perfil del contratante, la información y documentos relativos a la actividad contractual «al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los mismos». Así se publicarán los contratos que firme por un importe superior de 15.000 euros, mientras que el resto se harán cada trimestre, a excepción de los inferiores a 3.500 euros, que no se publicarán.

El 31 de agosto de 2022, el Consejo Vasco de la Competencia (CVC), dictó este Decálogo, que fue presentado ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) el día 3 de noviembre de 2022, en el marco del proyecto colaborativo de la CNMC y las autoridades de competencia autonómica: “Municipios y Competencia”, que tiene como objetivo analizar el impacto de la intervención local en la competencia.
El documento tiene por objeto analizar el uso de la figura del contrato menor por las entidades locales, y ofrecer una serie de recomendaciones o buenas prácticas, que sirvan de guía a dichas entidades.

En el marco del proyecto Municipios y competencia, los participantes han destacado la importancia de fomentar un uso correcto de los contratos menores.
La contratación pública representa entre el 10 y el 20% del PIB nacional para el conjunto de la administración.
La CNMC y la AVC promueve una contratación pública eficiente en aras de contribuir a los objetivos de la Agenda 2030.
La CNMC y la Autoridad Vasca de Competencia (LEA/AVC) han analizado hoy en Bilbao la gestión de los contratos menores que realizan las entidades locales. El evento ha contado con la colaboración de EUDEL, la Asociación de Municipios Vascos, quien ha acogido la celebración del evento.
Administraciones y diversos actores implicados han analizado las irregularidades más frecuentes en la tramitación de los contratos menores por parte de ayuntamientos. Para el conjunto de la administración, la contratación pública representa entre el 10% y el 20% del PIB y afecta a sectores que tienen una capacidad de arrastre importante sobre el conjunto de la economía.

La web provincial incluye un portal que informa de los procesos abiertos y ofrece a las empresas la posibilidad de optar a cada oferta. La iniciativa del presidente Gaspar ha contado con la participación de Intervención, Contratación e Informática
La legislación estatal permite adjudicar estos contratos ‘directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar’, que es lo que hace la práctica totalidad de entes públicos sin la necesidad de abrir licitación

En 2021 se licitaron en Vitoria 771 contratos con diferentes UTEs, empresas y autónomos. La suma total de los contratos listados es de 209.770.564,88 euros. Son datos públicos y accesibles a través del portal Open Data de la Plataforma de Contratación de Euskadi.
Del total de estos contratos, 428 (55,51%) contratos fueron adjudicaciones por contratos menores. Es decir, contratos que no pasaron por lo que se conoce como concurso público. Son lo que se denomina contrato menor, con un trámite y una gestión mucho más rápida que los concursos públicos.
Si bien el número parece elevado, estos contratos suponen únicamente 5,6 millones de euros de los 209,8 millones de euros listados en contratos municipales. Los contratos restantes, con adjudicaciones mucho más cuantiosas, fueron realizadas mediante distintas modalidades de concurso: Abierto, Abierto simplificado, Abierto Supersimplificado o Negociado Sin Publicidad.

Según el portal Open Data de la Plataforma de Contratación de Euskadi, en 2021 las sociedades municipales de Vitoria adjudicaron 771 contratos, por un valor total de 209.770.564,88 euros, IVA incluido.

Los contratos menores han sido objeto de sucesivas reformas en nuestra legislación histórica sobre contratos del sector público, y la LCSP de 2017, a pesar de su reciente aparición, también ha sido objeto de diversas reformas en lo referido a la regulación de la contratación menor. A pesar de ello, ciertas cuestiones todavía generan cierto debate en la doctrina y en la jurisprudencia, existiendo diversas interpretaciones que dificultan la correcta aplicación de la LCSP por los operadores jurídicos, dando lugar a Peculiaridades Específicas en la Regulación de los Contratos Menores.

De enero a marzo el parlamento de Castilla y León ha adjudicado contratos menores por un total de 441.112 euros
Por Laura García
En el primer trimestre de 2022 las Cortes de Castilla y León han adjudicado contratos menores por un valor total de 441.112 euros. Uno de los más “caros” ha sido el de la compra de las medallas e insignias acreditativas que se les han dado a los diputados elegidos en las últimas elecciones. En total, 17.484,50 euros que, si se dividen entre los 81 procuradores que tienen las Cortes, suponen en torno a 215 euros por la medalla de cada parlamentario.
Te contamos qué han contratado las Cortes de Castilla y León de enero a marzo de 2022 a través de este procedimiento, con unas elecciones autonómicas, el arranque de una nueva legislatura y la sesión de investidura que se celebra este lunes de por medio.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado una moción conjunta, que en principio era del PSOE, con la que se busca dar más transparencia a los contratos menores realizados por el Ayuntamiento. La portavoz socialista ya indicó que esta propuesta se llevaba a Pleno "fundamentalmente después de que se desvelara el caso Infraestructuras" con el objetivo de "corregir la mala praxis que se estaba llevando a cabo hasta ahora en muchas de las delegaciones municipales, organismos y entidades de este Ayuntamiento, donde se ha actuado hasta ahora al margen completamente de la norma".

La decisión sale desde la comisión delegada permanente que se creó para la mejora y eficacia de la transparencia en la contratación pública tras el caso Infraestructuras
Los contratos menores del Ayuntamiento de Córdoba se adhieren, a partir de hoy, a la Plataforma de Contratación del Estado y lo harán también próximamente a la plataforma de la comunidad autónoma, una decisión del Consistorio que viene tras la creación de una comisión delegada permanente "para la mejora y eficacia de la transparencia en la contratación pública" tras el caso Infraestructuras, en el que la Fiscalía investiga si se cometieron irregularidades en obras menores mientras estuvo a cargo del área el concejal David Dorado.

Más transparencia y más agilidad administrativa en la tramitación de los contratos menores es lo que pretende el gobierno municipal con una nueva iniciativa que permitirá que la actual publicación trimestral de los contratos menores -plazo marcado por la legislación vigente- pase a ser en tiempo real. Esto supondrá que tan pronto como se adjudique un contrato menor, o se modifiquen o resuelvan los contratos ya adjudicados, la información sea pública de forma inmediata.

Resolución de 18 de mayo de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la contratación menor celebrada por los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes, ejercicio 2016.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 18 de mayo de 2021, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de la contratación menor celebrada por los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes, ejercicio 2016, acuerda:

1. Asumir el contenido del citado Informe, así como sus conclusiones y recomendaciones.

2. Instar al Gobierno a:

– Asumir las conclusiones y seguir las recomendaciones del Informe emitido por el Tribunal de Cuentas.

– Establecer medidas necesarias para asegurar una dotación de efectivos suficiente de funcionarios de habilitación nacional en los órganos de control interno de las entidades locales, cuya selección corresponde a la Administración General del Estado.

3. Instar a los Ayuntamientos de Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y
Zaragoza a:

– Efectuar una adecuada planificación y programación de su gestión contractual que posibilite una contratación conjunta de prestaciones de carácter reiterado y previsible, o de naturaleza similar que respondan a un fin único, en aras de favorecer los procedimientos ordinarios de preparación y adjudicación de los contratos.– Incluir en su normativa interna la obligatoriedad de promover la concurrencia en la adjudicación de los contratos menores, cualquiera que sea su importe, mediante la publicación de anuncios de licitación o mediante la solicitud directa de ofertas a un mínimo de tres empresas, excepto que la inmediatez de la necesidad a satisfacer lo desaconseje.

– Adoptar las medidas necesarias para mejorar los sistemas informáticos de registro y tratamiento de los datos relativos a la contratación.

– Realizar una correcta planificación y programación de las actuaciones precisas para cubrir las necesidades públicas, restringiendo la utilización de los contratos menores.

– Establecer una normativa interna para la aplicación en los contratos menores de las condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre hombres y mujeres.4. Instar a las entidades locales a:– Evitar la acumulación de funciones de intervención en un único puesto como el
desempeño de funciones adicionales a las de control interno, que incrementen significativamente la carga de trabajo o que resulten incompatibles con las funciones ordinariamente asignadas a los órganos de intervención.

Aunque son legales y suponen uno de los recursos con los que cuentan los organismos públicos, su abuso despierta recelos entre algunos expertos y el conjunto de la sociedad ya que, comúnmente conocidos como contratos a dedo, despiertan ciertas suspicacias por su falta de transparencia. Aun así, el 63,6% de los contratos de la administración ha seguido este procedimiento en lo que va de año.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha presentado en el Consejo de Gobierno un informe que revela las mejoras de gestión y el avance en transparencia llevadas a cabo en el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) tanto en los procedimientos de contratación pública como en el régimen de concesión de subvenciones desde el inicio de la legislatura. El documento destaca que, durante este periodo, se ha reducido el alto número de contratos menores en favor de procedimientos públicos y abiertos, se han eliminado las subvenciones nominativas y excepcionales y se están modificando todas las bases reguladoras de subvenciones con el propósito "de ganar en transparencia, claridad y objetivad".

El Tribunal de Cuentas ha archivado una denuncia que presentó el grupo municipal de Ciudadanos contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la que acusaba de fragmentar contratos menores durante los ejercicios de 2017 a 2020.
La presidenta del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, María Luz Guilarte, presentó el pasado 14 de octubre una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por "presunta mala praxis en la contratación pública menor realizada durante los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020 por el Ayuntamiento de Barcelona".

El Ayuntamiento de Molina de Segura, dentro de sus actuaciones para modernizar y mejorar la administración electrónica, ha ampliado las funcionalidades de sus sistemas de gestión interna, para la publicación, en la Plataforma de Contratación del Ministerio de Hacienda, de los contratos menores en el momento en el que han sido adjudicados a un proveedor. Así, no solo se cumple la obligación legal de publicidad de los contratos, según la Ley de Contratos del Sector Público, sino que se amplía mediante su enlace directo a la Plataforma de Contratación del Estado.

El 25 de enero de 2021 Iñaki Gabilondo dijo en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER: “Hay muchas señales que indican que tenemos problemas de estructura. (…) Se oye que los bomberos no pueden salir porque no tienen cadenas para las ruedas; que el problema de la vacunación se agrava porque no teníamos las jeringuillas necesarias. Tenemos un problema que tenemos que reconocer: ¡España no funciona! (…) España es un Estado moderno, pero tiene problemas de estructura, engranajes que no engarzan bien, problemas de desajustes claros, desorden, y una sensación de ineficacia porque parece que las palabras mandan más que los hechos. En los hechos estamos fallando, pero parece que no importa con tal de que luego tengamos palabras. Parece que la política se ha convertido en el oficio para explicar por qué no se pueden hacer las cosas.”

Cuando miramos en nuestros vecinos comunitarios, también nos miramos en el espejo, lo que nos podría llevar a la conclusión de que el problema no es la contratación menor, ni su regulación, sino el uso que de la misma se hace, las personas en definitiva. De forma que también podríamos llegar a la conclusión de que el acento habría que ponerlo en la educación, en la cultura como sociedad y en la cultura colectiva de compra pública.

Aunque el Ayuntamiento de València pueda contratar directamente con los medios la publicidad, deberá hacer públicas las convocatorias de contratos menores. Y en el caso de adjudicar directamente el reparto de publicidad a una agencia, deberá pedir al menos tres ofertas diferentes. Así se recoge en la instrucción interna aprobada por la secretaría general del consistorio, que fija las normas a seguir por los servicios municipales para adjudicar contratos menores en materia de publicidad institucional.

La Comunidad Valenciana será una de las primeras de toda España en comenzar a aplicar esta medida que dará mayor publicidad, concurrencia y transparencia a las licitaciones de la empresa
Correos comenzará a licitar todos sus expedientes de contratación referidos a la Comunidad Valenciana a través de la Plataforma de Contratación del Estado a partir de hoy, 1 de septiembre.

Todos los procesos de contratación del Ayuntamiento de San Fernando se tramitan desde ahora exclusivamente de manera electrónica. Si ya se hacía con los contratos mayores, ahora se incluye en la plataforma de contratación del Estado también los contratos menores. Para el gobierno municipal se trata de otro paso fundamental en su apuesta por la innovación y la transformación digital, y que implica, a su juicio, "un importante avance en transparencia, eficiencia, agilidad y rigor".

La contratación pública representa el 20% del PIB español y tiene una innegable relevancia en la economía. Es por ello que ahora más que nunca esta potente herramienta de actuación administrativa debe ser utilizada de forma eficiente para contribuir activamente a la reactivación económica del tejido productivo y empresarial de nuestro país, a la vez que retorna en servicios públicos de calidad.
Ponente: Jaime Pintos

Jueves 25 de junio 17-00 -  18:30 h.