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Documentos liberados por el Ministerio de Consumo a instancias de Transparencia revelan acuerdos comerciales de la OCU que podrían vulnerar la Ley General de Defensa de Consumidores
Por Manuel Ángel Méndez
"A los socios de OCU la factura de internet y telefonía les sale hasta un 20% más barata. ¡Aprovecha esta oportunidad de ahorrar con esta ventaja exclusiva para ti!". Este mensaje promocional se puede leer ahora mismo en la página web de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), una de las principales asociaciones de defensa de los consumidores de España en la que, aseguran, "no hay ni puede haber fin de lucro". Sin embargo, una serie de acuerdos comerciales firmados entre la OCU y la operadora MásMóvil ponen en duda el funcionamiento interno de este organismo que, según expertos legales, vulneraría varios artículos de la Ley de Defensa de los Consumidores y podría acabar con su expulsión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha dictado una resolución (ver documento) por la que obliga al Ministerio de Consumo a entregar tanto los convenios de colaboración firmados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y su sociedad instrumental OCU Ediciones SA de los que tenga constancia en los últimos cinco años como la relación de ingresos económicos obtenidos por ambas en el marco de los mismos.
Transparencia ha estimado así una reclamación presentada por el secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, tras la negativa de la directora general de Consumo, Bibiana Medialdea, a enviarle dicha información.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una guía para reforzar la protección de los consumidores de energía y garantizar la transparencia de precios de las ofertas de suministro contempladas en los artículos 4 y 5 del Real Decreto-ley 23/2021.
Este documento responde a las consultas recibidas de comercializadoras y consumidores sobre los aspectos prácticos de su aplicación, y establece los criterios a considerar. De hecho, establece que las comercializadoras tienen la obligación de publicar información transparente, comparable, adecuada y actualizada sobre los precios aplicables a todas las ofertas disponibles en cada momento.
Asimismo, tienen la obligación de publicar las condiciones relacionadas con la terminación de los contratos, así como información sobre los servicios adicionales que se contraten conjuntamente.

Nueve de cada diez consumidores consideran útil que los productos tengan información medioambiental; y para un 63% es un criterio de compra. Sin embargo, solo un 5% se declara bien informado sobre los requisitos para que un producto pueda anunciarse como verde o lucir ecoetiquetas.
Una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a 1.071 personas sobre su conocimiento y la confianza que les suscitan las alegaciones medioambientales, revela el creciente interés de los consumidores en este ámbito, pero también una preocupante falta de información y una cierta desconfianza.

El Banco de España ha determinado la existencia de debilidades en el cumplimiento de determinadas obligaciones en términos de transparencia y protección al cliente en relación con la financiación para la adquisición de automóviles, según ha informado en un comunicado.
La entidad llegó a esta conclusión tras desarrollar una actuación supervisora transversal, dirigida a una muestra representativa de las entidades más activas en la comercialización de crédito al consumo para la compra de coches, con el objetivo de examinar las prácticas habituales, procedimientos y controles internos en relación con esta actividad, así como valorar el grado de cumplimiento de las obligaciones de los contratos.

Blas Subiela Hernández. Universidad Católica San Antonio de Murcia
María Miralles González-Conde. Universidad Católica de Murcia
David Sánchez Hervás. Universidad Católica San Antonio de Murcia

Este trabajo propone una factura basada en los principios del diseño y las recomendaciones de la Comisión Europea, para facilitar su comprensión a través de información clara y transparente. Dicha propuesta pretende solventar la falta de comprensión del diseño tipo propuesto por el Gobierno. Para ello se realiza una revisión del modelo actual, se propone uno nuevo y se comparan ambos para comprobar su comprensión.
Tras la comparativa se detectan mejores resultados en la nueva propuesta. Además, se pone de manifiesto el poco peso del diseño para dotar de transparencia a la información de las facturas reguladas por el Gobierno.

Hasta el próximo 30 de mayo está abierto el periodo de participación pública en el Anteproyecto de Ley Foral reguladora del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, con el objetivo de que cualquier persona o entidad interesada pueda realizar aportaciones y sugerencias.
Esta nueva Ley Foral pretende actualizar la protección de las personas consumidoras y usuarias ante el profundo cambio en el consumo de bienes y servicios producido desde que se aprobara la Ley Foral 7/2006, de 20 de junio, en un mercado en el que, cada vez con mayor frecuencia, las contrataciones y transacciones se realizan a través de sitios web, es decir, fuera de los establecimientos comerciales.

Según la hipótesis de los mercados eficientes de Eugene Fama de los años setenta del siglo pasado a través de la transparencia se puede superar la asimetría que existe entre la industria financiera y el consumidor. Las asociaciones de consumidores siguen en buena medida ancladas en esta hipótesis.
De hecho, colaboran con las autoridades en las campañas de educación financiera para empoderar al consumidor y capacitarlo para que responda de sus decisiones, pero lo cierto es que la transparencia es un mito.

Fernando Zunzunegui. Abogado y profesor de Derecho del mercado financiero en la Universidad Carlos III.

Este comentario viene a cuento del anuncio de la Sala Civil del Tribunal Supremo de su reciente sentencia sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). Un asunto con decenas de miles de perjudicados por la inclusión de este índice en sus hipotecas, que ha supuesto un sobrecoste de unos 20.000 euros en relación a los préstamos vinculados al euríbor. En una escueta nota de 14 líneas, el gabinete técnico del Supremo ha anunciado que en los cuatro recursos resueltos ha apreciado “falta de transparencia” pero que “no había abusividad”.
Parece así que la falta de transparencia, que ha perjudicado a muchos ciudadanos por no haber recibido toda la información cuando contrataron su hipoteca, resulta inocua para el banco.

Un nuevo estudio de IBM (NYSE: IBM) centrado en analizar las tendencias de consumo globales revela que, actualmente, para los consumidores, la importancia de los valores asociados a una marca supera otros factores como el precio o la conveniencia. El estudio, desarrollado en colaboración con la National Retail Federation (NRF), incluye encuestas a 19.000 consumidores de 28 países, incluyendo España, pertenecientes a todos los grupos demográficos desde la Generación Z hasta los Baby Boomers, desde los 18 años hasta los 73. El objetivo es comprender cómo están evolucionando las decisiones de compra individuales, y obtener conclusiones que permitan ayudar a las empresas a tener éxito en este nuevo contexto.

Con la nueva regulación la empresa reclamada deberá responder por escrito en el plazo máximo de 10 días desde el mismo día de la presentación de la reclamación y deberá ofrecer una respuesta más amplia
El pasado 4 de diciembre entró en vigor la nueva normativa reguladora de las hojas de quejas y reclamaciones en Andalucía. La misma introduce novedades que permitirán garantizar una mayor transparencia y seguridad jurídica de la ciudadanía en materia de consumo. Esta norma establece un formulario más sencillo y fácil de rellenar, y obliga a la empresa reclamada a dar una respuesta más completa, útil y detallada para los consumidores o consumidoras, lo que permitirá que muchos de los conflictos se solucionen sin necesidad de dar cuenta a la Administración.