CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

Javier Puyol explica cómo está España en el campo de la inteligencia artificial y en el sandbox creado para avanzar en su implantación.

• El jurado ha valorado el trabajo realizado en el campo de la protección de datos y la privacidad, abogando por soluciones legales y tecnológicas para minimizar el impacto negativo del mal uso de Internet y las redes sociales, especialmente en el contexto de contenidos sensibles y la protección de menores
• Confilegal también ha premiado en la VI edición de sus Premios a la asociación Women in a Legal World en la categoría de Compromiso; a los abogados José María de Pablo y Francisco Pérez Bes, en Independencia y LegalTech respectivamente, a la Trayectoria del magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo y, a título póstumo, al magistrado emérito del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Rafael de Mendizábal.

Carlos Franco aborda en su columna la ciberseguridad en la Administración local, un frente que no está bien defendido.
La Administración local es la más cercana a la ciudadanía y la que presta servicios esenciales para el bienestar de los habitantes.
Sin embargo, también es la más vulnerable a los ciberataques, que pueden poner en riesgo la seguridad, la privacidad y la confianza de los ciudadanos, así como el funcionamiento de las infraestructuras críticas.
Los ciberataques a las entidades locales han aumentado en los últimos años, aprovechando las debilidades de sus sistemas de información y comunicación.

El Ministerio de Justicia estudió y probó muchas de las grandes soluciones comerciales en Inteligencia Artificial ofertadas por grandes empresas, pero ninguna se ajustó a las necesidades que había que cubrir.
“Por eso optamos por comprar equipamiento específico, servidores de Inteligencia Artificial, sobre los que hemos realizado diferentes desarrollos para los distintos proyectos que hemos venido implementando”, explicó Aitor Cubo Contreras, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha emitido una resolución por la que establece la obligación de las empresas telefónicas de atender a quienes reclamen los datos de geolocalización de las líneas que han contratado.
Una solicitud a Vodafone fue lo que dio inicio a esta serie de hechos. El reclamante había expuesto que en octubre del 2022 había pedido a la compañía los datos sobre la localización de cada una de las líneas de las cuales era titular, en ejercicio de su derecho de acceso. Según este, su solicitud no recibió la contestación legalmente establecida, sino que se le indicó que estos datos no estaban registrados en los ficheros de la compañía.

Hace unos días el Ayuntamiento de Sevilla sufrió un ciberataque por parte de unos hackers holandeses. Esto afectó a los servicios porque secuestraron los sistemas informáticos que permitían cosas tan básicas como pedir cita previa o pagar los impuestos. Y aunque los delincuentes han llegado a pedir un rescate de 5 millones de euros, desde el consistorio han informado que no tienen intención de pagar.
Pero, ¿qué pasa con los datos personales de los ciudadanos? El propio Ayuntamiento de Sevilla manifestó que no había ninguna evidencia de que se viesen afectados, pero lo cierto es que si esto ocurriera, las informaciones obtenidas por los piratas informáticos podrían acabar en la dark web, el internet más profundo.
Sin embargo, para Borja Adsuara, abogado experto en derecho digital, privacidad y protección de datos, aunque el ayuntamiento cree que no se han visto afectados esos datos, lo cierto es que allí es lo que más hay.

El Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto (CIT) celebrará su VIII edición en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares, entre el 27 y el 29 de septiembre de 2023.
Manuel Sánchez de Diego, director del Congreso, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, y uno de los grandes expertos en transparencia de nuestro país, explica en esta entrevista los pormenores de este evento internacional

La alarma de emergencia que recibieron muchos teléfonos móviles el pasado domingo alertando del temporal ha causado un gran revuelo. Muchos ciudadanos se indignaron al considerar que se les estaba controlando, por lo que comenzaron a surgir ciertas dudas sobre la legalidad de ésta.
Dudas que han sido resueltas por Fernando Portillo, juez decano de los Juzgados de Melilla y presidente de la Comisión Gestora de Foro Judicial Independiente, más conocido en redes como “Judge the Zipper”.
Portillo explica que este aviso se lleva a cabo a través de una señal de radio en el que los teléfonos móviles que están en una zona determinada lo reciben, pero no supone ninguna infracción en la protección de datos. “Es como cuando antaño se tocaba las alarmas en las iglesias cuando había un peligro o una bocina antiaérea, es un aviso”.

Tras los ciberataques de alto perfil contra el Hospital Clínic de Barcelona y el SEPE, las Administraciones públicas están «en el punto de mira de los grupos de ‘hackers’ y ciber delincuentes», según María Luisa nzález Tapia, asociada del departamento de tecnologías de la información de Ramón y Cajal Abogados. «No nos damos cuenta de la gravedad de estos ataques contra las infraestructuras de este tipo», dice.
Sin embargo, no todas las entidades públicas cumplen con los estándares del Esquema Nacional de Seguridad, que fija las referencias de las medidas de ciberseguridad que deben implementar.

El director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo Contreras, habla siempre en la primera persona del plural, nosotros. Porque tiene muy claro que lo importante es el equipo, el conjunto. En este caso es claramente aplicable el proverbio: “Si quieres ir rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado”. Quiere llegar lejos.
Cubo es ingeniero informático y psicólogo, y pertenece al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración General del Estado. Fue el elegido de entre un abanico de cuatro candidatos, a cuál de ellos más puntero.

a Fundación Hay Derecho ha presentado un Manifiesto por la mejora institucional, con 10 medidas “para acabar con el clientelismo político en las instituciones y mejorar su profesionalidad y neutralidad”.
Desde Hay Derecho piden a los partidos políticos que se comprometan a esas 10 medidas para una reforma institucional integral en favor del Estado de Derecho. Son medidas concretas sobre separación de poderes, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado este martes un documento destinado a las Administraciones Públicas para ayudarles a gestionar de forma eficaz los riesgos a los que se enfrentan debido al elevado número de datos personales que pueden dar lugar “a brechas masivas de gran impacto”.
Y es que, según han explicado desde la Agencia, en 2021 recibieron 163 notificaciones de brechas personales provenientes del sector público y, en 2022, esa cifra se incrementó un 49% hasta alcanzar 243.

En el mundo hay más de 190 Estados independientes y, casi todos ellos, cuentan con una regulación propia en materia de privacidad. En el mapa de privacidad internacional un gran número de países se han inspirado en los principios del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y han tratado de ajustar su normativa nacional a algunas de las exigencias de esa norma.

El Ejecutivo quiere que en esta legislatura se apruebe la futura Ley de Protección al Denunciante, lo que es la transposición de la Directiva «Whistelblower», ahora en fase de anteproyecto de Ley. Prueba de ello ha sido el requerimiento que el Consejo de Ministros ha enviado a la Comisión Permanente del Consejo de Estado para que emitan con carácter urgente su dictamen sobre el futuro texto legislativo.
Además, le han puesto una fecha fija: el 8 de septiembre.

El incremento de la carga de trabajo no ha venido acompañada por un aumento proporcional de personal en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), donde los procedimientos transfronterizos en los que intervienen otros reguladores conjuntamente son cada vez más habituales.
En 2007 con una plantilla de 123 personas se daba respuesta a poco más de 3.000 reclamaciones recibidas. Hoy, 15 años después, con una dotación un poco superior, de 196 personas, tiene que hacer frente a más de 14.500 denuncias; una carga de trabajo multiplicada casi por 5.
A lo que hay que añadir, la potenciación de los planes de prevención para contribuir a una protección más eficaz de los derechos de los ciudadanos.
No la cosa no pinta bien. Y así lo hizo saber ayer la directora de la AEPD, Mar España, durante la intervención anual que ha venido haciendo cada año, a lo largo de su mandato, también caducado.

El exdirector de la AEPD pronunció una conferencia sobre “Protección de los denunciantes de infracciones y lucha contra la corrupción: la necesaria trasposición de la Directiva (UE) 2019/1937”
El exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), abogado y catedrático de Derecho administrativo, José Luis Piñar, da por descontado, frente a la futura entrada en vigor de la transposición a la legislación española de la Directiva de protección a los denunciantes de corrupción, que habrá «denunciantes de mala fe» que tratarán de aprovecharse de ella.
«El problema, sin embargo, no es que haya denunciantes de mala fe sino que no se protega a los de buena fe», afirmó durante la conferencia que dio en el Club Financiero Génova, en Madrid, invitado por la Asociación de Juristas y Profesionales del Derecho San Raimundo de Peñafort, de la que es presidenta Rosalina Díaz Valcárcel.

Uno de los aspectos más interesantes contenidos en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos, es la consolidación de la figura del delegado de protección de datos
Conceptualmente, un delegado de protección de datos (DPD/DPO) es aquella persona, responsable en el seno de una organización, de realizar la supervisión y monitorización, de forma independiente y confidencial, con relación a si se está cumpliendo de manera adecuada la normativa en materia de protección de datos personales, la cual en el momento actual está constituida por el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD) y por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales, y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).
Existen supuestos en los que el nombramiento de un delegado de protección de datos tiene un carácter obligatorio, y otros, en los que dicha designación es voluntaria.

Expertos de IDBO Consultants y Procesia han examinado con lupa el Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, aprobado este mes por el Consejo de Ministros y que pone en marcha la transposición de la Directiva ‘Whistleblowing’ en nuestro país, la cual impone a un gran número de entidades, tanto del sector público como del privado, la obligación de contar con canales internos de comunicación.
El objetivo fundamental es proteger a los ciudadanos que comuniquen posibles infracciones o irregularidades y fijar unas normas mínimas que tienen que satisfacer los canales de comunicación.

Guillermo Rocafort critica el enfoque de la Agencia EFE sobre un atropello mortal del que fue autor un legionario, agencia que se negó a responder a una serie de cuestiones presentadas por el columnista. El Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno confirmó a Rocafort que EFE estaba obligada a contestar.

El impacto de la pandemia ha acelerado la necesidad de la transformación digital de empresas e instituciones, un tránsito obligado por la necesidad de mantener el negocio. En este contexto, algunas medidas tomadas por las administraciones han puesto a prueba la protección de datos y la privacidad de los ciudadanos.
Hoy, 28 de enero, se conmemora el Día Europeo de la Protección de Datos. Con esta efeméride, la Unión Europea busca concienciar sobre la importancia de la privacidad y de los derechos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que en mayo cumple cuatro años de su entrada en vigor.
En nuestro país, tanto en la víspera como este viernes se han celebrado distintos eventos para recordar la importancia de la privacidad.
Al mismo tiempo, asistimos a la finalización del proceso de selección del nuevo presidente y adjunto al presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), tras la aprobación del nuevo Estatuto de este regulador.
Confilegal ha pedido la opinión de tres asociaciones representativas a nivel de privacidad, a abogados expertos en esta práctica, profesionales de la privacidad y ciudadanos usuarios para conocer cómo se percibe la protección de datos en estos momentos.

Los países de la Unión Europea deben trasponer la Directiva Europea sobre protección de denunciantes antes del 17 de diciembre de 2021.
Eso supondrá ciertos cambios legislativos importantes de calado.
Por el momento, mientras llegan estos cambios normativos y dicha transposición de la Directiva a nuestro país, los funcionarios, empleados y periodistas que denuncian delitos u otras infracciones de interés público pueden enfrentarse a penas de hasta cinco años de cárcel en Alemania y siete en España, según un estudio de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA).
En cambio, los denunciantes estarían ampliamente protegidos en otros países europeos como Francia, Italia y el Reino Unido.
Ese informe, coordinado por el despacho de abogados DLA Piper en colaboración con Dentsu España y TrustLaw, servicio global pro bono de la Fundación Thomson Reuters, recoge un resumen de las normativas legales existentes en seis países europeos.

La Comisión Europea presentó el pasaporte verde de vacunación. El debate del derecho a la salud frente al derecho a la libertad está servido.
Esta iniciativa parte del pleno respeto a la normativa sobre protección de datos vigente e informa puntualmente a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el Certificado Verde Digital tiene como principales características su sencillez e interoperabilidad para toda la Unión Europea, así como su gratuidad y universalidad.
Generará un certificado digital unipersonal, mediante código QR, que proporcionará información sobre si la persona que lo porta ha sido vacunada contra el coronavirus, cuenta con un resultado negativo de prueba diagnóstica y prueba de que se ha recuperado de la enfermedad.
Ruth Benito, ‘of counsel’ de Elzaburu y especialista en Derecho de protección de datos personales y privacidad.

Concepción Campos, doctora en Derecho y Directiva Pública Profesional, cree que la norma va a mejorar la eficiencia administrativa, incrementar la transparencia y la participación, garantizar servicios digitales fácilmente utilizables y mejorar la seguridad jurídica.
“Hace falta un cambio cultural y organizativo, y para eso tampoco son necesarias muchas normas, por lo que habrá que aprovechar lo positivo del reglamento y tomar en consideración las oportunidades perdidas para próximas reformas”.

«Estamos en un momento histórico, en plena configuración de este principio, el de la transparencia. Este es uno de los objetivos de este Primer Congreso sobre el principio de la transparencia en la contratación predispuesta y su proyección como valor transversal en la sociedad, que comenzamos el jueves de forma telemática, y gratuita», explica Javier Orduña, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y exmagistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, destino que abandonó voluntariamente hace dos años.