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La auditoria analizará los gastos en los tres primeros meses de pandemia de la administración central y las autonomías
José María Brunet
El Tribunal de Cuentas está en plena fiscalización de los contratos covid de la pandemia y analiza, entre otros aspectos, la gestión de más de 2.000 millones de euros gastados por las distintas administraciones en material sanitario entre marzo y mayo de 2020. Las comunidades autónomas gestionaron más de la mitad de ese gasto. En uno de ellos, de la Comunidad de Madrid, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea se disputan la investigación de un contrato de mascarillas KN-95 por 1,5 millones de euros adjudicada a una empresa propiedad de un amigo de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Esa empresa pagó al hermano de la dirigente regional al menos 55.000 euros por sus gestiones para conseguir el material en China y trasladarlo a Madrid.
El Tribunal de Cuentas tiene competencias sobre cinco autonomías que carecen de órgano de fiscalización (Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, Murcia y Extremadura, además de Ceuta y Melilla), pero incorporará a su análisis los datos que proporcionen el resto de comunidades.

La medida ha sido aprobada a propuesta del PSOE. Manuel Hernández explicado que esta iniciativa “correlaciona varios términos, responsabilidad política, transparencia y honestidad”
El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Ceuta ha presentado una propuesta al Pleno para la puesta en marcha de un dispositivo interno de evaluación de programas y políticas públicas. Manuel Hernández, en su defensa de la medida, ha explicado que esta iniciativa “correlaciona varios términos, responsabilidad política, transparencia y honestidad”.

El Pleno de la Asamblea de Ceuta ha acordado este lunes a propuesta del PSOE crear un registro voluntario de proveedores de la Ciudad Autónoma “para la celebración de contratos menores”, es decir, aquellos de obras inferiores a 40.000 euros o de bienes y servicios que no alcancen los 15.000, “con transparencia, publicidad y concurrencia competitiva”. Todos los partidos salvo Vox, que se ha abstenido, ha votado a favor.
La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, ha recordado que para los contratos mayores ya existe un listado similar que ahora se intentará extender “dentro de las posibilidades” para que los distintos departamentos de la administración local puedan acudir a él para saber qué sociedades prestan distintos servicios a la hora de recabar los tres presupuestos que debería ser norma solicitar antes de su adjudicación.

El grupo socialista ha conseguido el respaldo de los grupos de la Asamblea, a excepción de Vox, para que el portal de transparencia de la ciudad cuente con un apartado dedicado a las acciones que se acometen en los plenos. Concretamente, centrado en la exposición de las propuestas presentadas por las diferentes formaciones, el sentido de los votos que emite cada grupo, y el nivel de ejecución de las mismas. Asimismo, la propuesta socialista lleva aparejada la publicación de un informe trimestral que informe del grado de cumplimiento por parte del Gobierno.

Las aportaciones podrán remitirse por correo electrónico o mediante formulario a través de la sede electrónica de la Ciudad. El plazo de consulta será de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la memoria en la web de la Ciudad

Desde que el Gobierno de Sánchez delegara en las comunidades y ciudades autónomas la gestión de la pandemia del coronavirus, el Gobierno de Vivas viene contando con el asesoramiento de un Comité de Expertos. Un comité del que los ceutíes desconocemos los nombres de sus miembros y si en realidad son expertos o no tan expertos, algo que resulta inadmisible.

Este órgano ha recibido 53 reclamaciones dirigidas a la Ciudad Autónoma, de las cuales 14 se presentaron en 2018
De acuerdo a la Ley de Transparencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha emitido su Memoria 2018 donde evalúa el grado de aplicación de la esta ley. Un documento donde se incluye información sobre el cumplimiento por parte de las administraciones públicas, incluida la Ciudad Autónoma, de las obligaciones previstas en la Ley de Transparencia y que es presentado ante las Cortes Generales.