CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

En primer lugar, ate una mayoría parlamentaria suficiente: no basta con tener mayoría simple, ha de ser absoluta. No depender de ningún socio la hace mucho más sólida: prometa que su alternativa reforzará la rendición de cuentas, consiga esa mayoría absoluta -si es contra un enemigo externo, mejor- y, una vez lograda, olvídese de lo de la rendición cuentas, ya tiene un buen rodillo parlamentario.
En segundo lugar, identifique qué órganos de control pueden poner coto a su poder absoluto (recuérdelo bien: ¡ahora tiene usted un rodillo!). Cualquier árbitro a su gestión que escape de la Administración que usted controla ahora férreamente está en el punto de mira

La ausencia de un horizonte claro para el sistema provoca la nostalgia del pasado en la derecha y una actitud conservadora en la izquierda, mientras se persigue el bienestar privado ignorando que no se puede sobrevivir sin un compromiso con lo público

No cabe duda de que el ámbito local es el escenario más propicio para atender las demandas y canalizar las propuestas de los ciudadanos, y que las Juntas Municipales, como órganos de gestión desconcentrada del municipio de Murcia, suponen un cauce prioritario para la participación ciudadana. La estructura y la composición de estos órganos de representación local juegan un papel fundamental en el desempeño de las funciones que tienen encomendadas. El compromiso de los actores implicados en este espacio institucional puede marcar el rumbo de estos órganos de participación.
Hay que tener en cuenta que en los últimos años se ha registrado una baja actividad de las Juntas Municipales. Tan sólo se han convocado el 66 % de los plenos ordinarios que correspondían normativamente. Esta disfunción supone una merma en la calidad democrática municipal.
A través del presente estudio queremos ofrecer una visión panorámica del funcionamiento de las Juntas Municipales en términos de calidad democrática para ofrecer propuestas de mejora para conseguir una mayor fortaleza y representación institucional.

Preliminar: deterioro institucional y responsabilidades políticas
El enorme deterioro institucional que se está produciendo en nuestro país parece importar a muy pocas personas. Las instituciones nunca han sido apreciadas en España. Múltiples hechos de nuestra curso histórico así lo avalan. Desde el poder político y los propios partidos, las instituciones están siendo cada vez con mayor intensidad objeto de conquista y control, de apropiación partidista grosera. La (mala) política lo infecta todo. Para la ciudadanía, tales actitudes hacen crecer la desconfianza. La confianza es un intangible; muy difícil de construir, muy fácil de perder.

La transparencia es un principio político fundamental para cualquier democracia avanzada. Es esencial para la rendición de cuentas y una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción, además de servir para fomentar la confianza en las instituciones. La transparencia sostiene también la calidad de la participación política, en la medida en que el acceso a una mejor información pública permite que los ciudadanos puedan tener un conocimiento más adecuado de la realidad.

El manifiesto problema lo siguiente como objetivo en este punto: Establecimiento de mecanismos efectivos de revisión “ex ante” y “ex post”. Diseño de políticas públicas con base en la evidencia y los datos disponibles. Publicidad de la evaluación.

Las instituciones de contrapeso juegan un papel clave en una democracia. Ya se trate de la CNMC, la CNMV, el CIS, el Banco de España, RTVE, el Consejo de Transparencia o, no digamos, el poder judicial o el Tribunal Constitucional. No son instrumentos de ejecución de una determinada política gubernamental, como podría ser una Dirección General de cualquier ministerio, sino que sus fines fundamentales vienen predeterminados por la ley o la Constitución en aras a un interés general que puede ser de lo más variado (lucha contra los cárteles, transparencia de los mercados o de la actuación administrativa, información general o sociológica sobre la realidad española, control de la sujeción a la ley y a la Constitución, etc.) y se espera de ellos que los ejecuten con la mayor objetividad posible, precisamente para ser fieles a los mismos.

Una Administración Pública profesional, neutral y eficiente es una garantía esencial para el buen funcionamiento de un Estado democrático de Derecho.
Lamentablemente, los problemas de nuestras AAPP tanto en cuanto a su politización como en cuanto a su falta de capacidad empiezan a ser visibles para la ciudadanía, después de décadas sin abordar cambios estructurales imprescindibles, y con unas plantillas tremendamente envejecidas y unos perfiles profesionales que, en muchos casos, no son adecuados para los servicios que debe de prestar una Administración de la tercera década del siglo XXI.

Pese a que la preocupación por la corrupción ya no esté entre los principales problemas de los españoles, según el CIS, lo cierto es que siguen produciéndose actuaciones que ponen de manifiesto que la vieja corrupción clientelar e institucional se sigue produciendo. La definición clásica de corrupción como la utilización de lo público para fines personales, particulares o partidistas está profundamente ligada a la politización del sector público y a mecanismos clientelares muy arraigados en nuestro país, Si bien es cierto que la práctica del soborno para obtener servicios públicos es absolutamente excepcional si existe lo que podríamos denominar corrupción institucional o política, precisamente ligada la idea de que las instituciones o las Administraciones Públicas están al servicio particular de los gobernantes de turno, ya sea en forma de contratos públicos para los cercanos (como ocurrió en el caso de la pandemia), de subvenciones para los afines o de empleos públicos o ventajas regulatorias para la clientela.

Un Estado de Derecho consiste en que todos, incluso el poder, están sometidos a unas Leyes de origen democrático que se aplican de forma objetiva, y en que los distintos poderes se controlen unos a otros. Por eso es fundamental que el Parlamento funcione adecuadamente, pues no solo es quién crea las leyes sino que también tiene encomendado el control del ejecutivo. Sin embargo, se trata hoy de una de las instituciones más claramente en crisis.
La prueba de ello es la degradación de la calidad de las leyes, cada vez más numerosas pero también más complejas y contradictorias (ver aquí).

El segundo apartado de nuestro Manifiesto por la mejora institucional se refiere a la necesidad de renovar e inmediatamente reformar el CGPJ que lleva en funciones casi 5 años, es decir, el doble de su mandato.
El sistema de elección de los veinte vocales del CGPJ que se estableció en la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985 ha colapsado. En esta ley se establece que, de los veinte vocales, no solo los ocho no judiciales sean elegidos la mitad por el Congreso y la otra mitad por el Senado sino que también los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos de la misma forma.

Como es lógico en una democracia liberal representativa, el primer punto del Manifiesto de Hay Derecho que presentamos el viernes pasado es la mejora del funcionamiento de los partidos políticos. Ya hace unos años presenté un Manifiesto para la reforma de los partidos políticos que fracasó de forma contundente, básicamente porque los partidos escogieron de las propuestas que entonces se presentaron las que más les convenía (básicamente el sistema de primarias) pero ninguna de las otras, que se referían a congresos a fecha fija, existencia de contrapesos internos, órganos de garantía independientes y, en general, a la mejora de la democracia interna y de la participación de los afiliados.

A lo largo de la XIV Legislatura, se han incrementado las señales de alarma sobre el deterioro de la calidad de las leyes que ya habían menudeado años atrás. Y ante la más que improbable corrección de esta deriva por los propios actores del procedimiento legislativo, inevitablemente las miradas se dirigen a la única instancia institucional que puede mitigar esta lacra: el juez constitucional. No se trata, sin embargo, de una tarea sencilla para este, puesto que la legitimidad misma de los tribunales constitucionales se asienta sobre una adecuada autodelimitación de su ámbito funcional frente al legislador democrático. De ahí que, con carácter general, se parta de la premisa de que los defectos de técnica legislativa escapan por lo general al control de constitucionalidad. Como tantas veces ha recordado nuestro TC, no le corresponde ser “juez de la calidad técnica de las leyes”, explicitando así la obvia constatación de que una mala ley no tiene por qué ser (necesariamente) una ley inconstitucional.

a Fundación Hay Derecho ha presentado un Manifiesto por la mejora institucional, con 10 medidas “para acabar con el clientelismo político en las instituciones y mejorar su profesionalidad y neutralidad”.
Desde Hay Derecho piden a los partidos políticos que se comprometan a esas 10 medidas para una reforma institucional integral en favor del Estado de Derecho. Son medidas concretas sobre separación de poderes, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción.

En Hay Derecho queremos que el sistema funcione bien gobierne quien gobierne. Para ello, hemos preparado el Manifiesto por la mejora institucional, un documento que contiene 10 medidas concretas para las que reclamamos compromisos específicos. No te pierdas la presentación, en la que voces de gran interés tomarán la palabra junto a representantes de la Fundación Hay Derecho.
14 de julio
9.00 h Café
9:30 – 10:30 h Presentación – coloquio
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Colegio de la Abogacía de Madrid  1ᵃ planta – Salón de actos
Calle de Serrano, 9. Madrid

En España, la Constitución de 1978 diseñó un Estado social y democrático de Derecho con instituciones fuertes, que deben servir como límites al poder político.
Los principios de separación de poderes, neutralidad, mérito y capacidad, transparencia o la rendición de cuentas en las instituciones son pilares de nuestra democracia y de nuestras instituciones.
Sin embargo, en la práctica, estas instituciones se han ido debilitando y deteriorando al hilo de una progresiva politización. Una situación que ha provocado falta de profesionalidad y de neutralidad, así como erosión de los principios de mérito y capacidad, transparencia y rendición de cuentas.
Desde la Fundación Hay Derecho pedimos a los partidos políticos que se comprometan a las siguientes 10 medidas para una reforma institucional integral en favor del Estado de derecho:

Si este blog ha decidido publicar una serie de entradas bajo el título “El Parlamento en el foco” dedicadas a analizar el mal funcionamiento de la institución (abuso del Decreto-Ley, de las mociones de censura, del procedimiento legislativo, banalización del control al Gobierno, desnaturalización de las comisiones de investigación, mala técnica normativa, etc.) es porque cabe presumir que nos encontramos ante síntomas persistentes reveladores de una enfermedad de fondo. Enfermedad que no puede ser pasajera o transitoria, porque la padecemos desde hace demasiado tiempo (y no somos los únicos). La cuestión, entonces, es ver si se trata de una dolencia crónica –por lo que con ciertas adaptaciones y mejores hábitos de vida podríamos seguir tirando, mal que bien- o hemos llegado ya a un punto irreversible cuyo desenlace solo puede ser la muerte del paciente, a medio o corto plazo.

Han sido varias las entradas de este Blog que tratan, directa o indirectamente, sobre la ética política, con frecuencia (salvo las que se referían a Pepe Mujica) muy poco visitadas y, por tanto, apenas leídas. Lo cual es un termómetro de lo poco o nada que interesa este tema en España. Siempre se han ninguneado entre nosotros las cuestiones éticas, más si se proyectan sobre el sector público. Viene de lejos. De la pequeña a la gran corrupción solo es cuestión de escalas. La degradación moral comienza por los pequeños detalles del favor y de la recomendación, y pronto, sin apercibirse apenas, se halla inmersa en cimas de podredumbre.

El pasado jueves 30 de Marzo, en el Born Centro de Cultura y Memoria (Plaza Comercial, 12), se realizó la presentación de lo que será, a grandes rasgos, el programa anual de actividades de la Primera Capital Europea de la Democracia 2023- 2024 .
En enero Barcelona fue seleccionada como primera Capital Europea de la Democracia (ECoD). La ciudad convenció a un jurado ciudadano de miles de europeos por su compromiso con la innovación democrática y por el rol protagonista de la ciudadanía en sus políticas públicas, en proyectos tan relevantes como la plataforma Decidim, los presupuestos participativos o las asambleas ciudadanas por sorteo como el Fòrum Jove.

La Unión Europea viene publicando desde 2020 sus Informes sobre el Estado de derecho, donde establece los avances y los retos de los distintos Estados miembros y expone las principales tendencias que se desarrollan en el conjunto de la Unión. Desde Hay Derecho hemos decidido recoger el testigo y nos hemos propuesto analizar de forma pormenorizada la situación en nuestro país. Con este primer Informe sobre el Estado de derecho en España (2018-2021) hemos implementado una serie de indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos con el fin de medir objetivamente la situación de nuestras instituciones políticas en sus diferentes dimensiones.
El informe Midiendo el Estado de derecho: antes y después de la pandemia (2018-2021) ha sido realizado por el equipo de investigación de Fundación Hay Derecho en colaboración con la Cátedra de buen gobierno e integridad pública de la Universidad de Murcia.

Un tiempo lleno de desafíos como la llegada de pandemias, grandes catástrofes naturales provocadas por la crisis climática, el poder de los fondos de inversiones o la revolución tecnológica, nos obliga a repensar la vieja democracia liberal y fomentar un activismo colectivo para innovarla.

La Comisión Europea ha avisado de nuevo este miércoles a España de que es una "prioridad" que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al tiempo que ha exigido que "inmediatamente después" de tal renovación se inicie la reforma que permita que los siguientes nombramientos de este órgano de gobierno lo realicen los propios jueces, en línea con los estándares europeos.
Así consta en la lista de recomendaciones específicas que el Ejecutivo comunitario dirige a España en su evaluación anual del Estado de derecho en el conjunto de los Estados miembro, un examen que busca ayudar a los países a reforzar su orden democrático y que, por primera vez, incluye recomendaciones específicas para cada uno de ellos.

Desde 1996, el uso de esta figura, que esquiva las reglas de la democracia parlamentaria y debería ser excepcional, se ha multiplicado: de 70 a un millar de páginas al año.
Eva Belmonte, David Cabo y Carmen Torrecillas
Los decretos ley permiten que el Gobierno apruebe de forma unilateral y directa medidas con rango de ley, esto es, que de otra forma deberían pasar por el trámite parlamentario, debatirse y contar con el apoyo de una mayoría. Solo se pueden usar, dice la Constitución, en caso de “extraordinaria y urgente necesidad”.
El 5 de febrero de 2020, antes de que la pandemia lo cambiara todo, el Gobierno aprobó un decreto ley de 252 páginas para transponer seis directivas europeas y, de paso, relajar las reglas de los contratos públicos. Esta norma, además de juntar en un solo texto un montón de materias -mezcla el tocino, la velocidad y un bodegón entero-, bate el récord de tamaño de un decreto ley en los últimos 26 años: 252 páginas, que se dice pronto. [aquí puedes consultar nuestra metodología]

Sobre el injustificable incumplimiento de plazos para la renovación de los cargos públicos de las denominadas instituciones de control (categoría en la que entran una variopinta gama de órganos constitucionales y de creación legal, a las que ahora se suma el órgano de gobierno del poder juidical), es meridianamente obvio que supone -como se repite hasta la saciedad- un incumplimiento de la Constitución o de la normativa que prevé tales adecuaciones temporales en su composición. Es, en sí mismo, inaceptable.