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El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 17/11/2022 (ECLI:ES:TS:2022:4174, Recurso de Casación nº 1837/2021), acaba de decir, alto y claro, que el derecho de acceso a la información pública comprende no solo los acuerdos adoptados, sino también las actas de las reuniones, ya que las actas de las reuniones de un órgano colegiado no están, en principio, excluidas del conocimiento público al amparo del art. 14.1.k) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, puesto que los datos en ella incorporados de forma obligatoria no afectan a la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en la formación de voluntad del órgano colegiado, al no reflejar, como contenido mínimo necesario, la totalidad de la deliberación ni las opiniones y manifestaciones integras de cada uno de sus miembros.
Con carácter general, el límite de la confidencialidad o el secreto en el proceso de toma de decisiones no se aplica a las actas de las reuniones de los órganos colegiados.

La Consejería de Sanidad se niega a entregar al Consejo de Transparencia las actas de 21 reuniones de emergencia durante la primera ola, alegando falsamente que esos documentos no existen.

La Comunidad de Madrid celebró 21 reuniones de emergencia durante la primera ola de la pandemia como parte de un plan de choque de la presidenta Isabel Díaz Ayuso para salvar vidas de mayores en las residencias, dejando constancia de ello en actas que ahora se niega a entregar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano estatal creado para reducir el oscurantismo de las administraciones. Para evitar que salgan a la luz los documentos, la Consejería de Sanidad ha respondido por escrito a ese organismo que “no existen”, pero El PAÍS ha comprobado la falsedad de esa afirmación, porque ha tenido acceso a una de esas actas, fechada el 8 de abril de 2020. Fuentes del Ejecutivo regional de entonces aseguran que una asesora del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dejó constancia por escrito de esas asambleas.

AENA reconoce a Maldita.es que no se recogieron actas de las reuniones que mantuvo el Gobierno central con la Generalitat de Cataluña para negociar la ampliación del Aeropuerto del Prat. Así lo ha confirmado la compañía al ser consultada por este medio. La empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana contradice así a la propia ministra, Raquel Sánchez, que afirmó en una entrevista en laSexta el pasado 9 de septiembre que iban a “hacer públicas las actas de todas las reuniones” y “todos los documentos con los que se ha trabajado”.

Desde hace año y medio, se ha convertido en el comité sanitario más relevante del territorio nacional y durante los primeros meses de la pandemia nos tuvo a todos pendiente diariamente de la propagación del coronavirus en nuestro país. Se trata del Comité de Evaluación y Seguimiento de la Covid-19, el organismo que se encarga de analizar y proponer las medidas necesarias para detener al avance del virus a nivel nacional y del que, a día hoy, se desconocen sus componentes.
A pesar de su relevancia, el Gobierno asegura que no existen actas, ni órdenes del día de ninguna de las reuniones mantenidas en los últimos 17 meses. Así se refleja en una resolución del Consejo de Transparencia a la que ha accedido Vozpópuli.

El Consell ha cumplido tres meses sin publicar las actas de sus plenos en el portal de Transparencia de la Generalitat, cuyo apartado relacionado con el acceso a la información pública da cuenta de todos los asuntos tratados en las reuniones, habitualmente semanales, que celebra el Gobierno valenciano.
El último documento a este respecto es el del pasado 30 abril, pese a que el decreto que desarrolla la ley de Transparencia actualmente en vigor establece que las citadas actas han de colgarse en el plazo de los 15 días posteriores a la celebración del pleno

¿Es necesaria la publicación de las actas de los comités de expertos que se ocupan de elaborar recomendaciones e informes para la toma de decisiones relacionadas con las restricciones asociadas a la prevención de contagios por covid-19? Abordamos desde referencias normativas y la realidad política una cuestión que puede cobrar especial importancia una vez que ha decaído el estado de alarma y el foco va a centrarse, un poco más si cabe, en las decisiones de las Comunidades Autónomas.

Las críticas de Alberto Núñez Feijóo al Gobierno central han sido una constante a lo largo de los más de 13 meses de pandemia de coronavirus. Uno de los flancos atacados por el presidente gallego era el relativo a la presunta falta de transparencia, algo que a su juicio mostraba la desconocida identidad de los integrantes del comité de asesores de Fernando Simón. Ahora es la propia Xunta de Galicia la que admite, en respuesta a una solicitud formal de transparencia del diario Praza.gal, que su comité clínico ni siquiera levanta actas de sus reuniones.

Utiliza una treta legal para no publicarlas: «Todas las reuniones son extraordinarias»
Refrendó las restricciones de Navidad y Semana Santa. Acordó el cierre de Madrid y de municipios con incidencias superiores a 500. Dio su visto a la prohibición de fumar en la vía pública y a la apertura de discotecas. Avaló la suspensión de la vacunación con AstraZeneca en menores de 60. En los plenos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) se ha decidido el funcionamiento del país durante casi toda la pandemia de Covid.