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Desde 2015 el Tribunal de Cuentas presta especial atención en sus fiscalizaciones al grado de cumplimiento de los principios de transparencia, sostenibilidad ambiental e igualdad de género en el sector público. Estos principios se analizan de forma transversal en todos sus informes de fiscalización.
El Tribunal de Cuentas ha aprobado una Guía para la Fiscalización del Principio de Transparencia. El objetivo es proporcionar herramientas para determinar qué aspectos de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información y buen gobierno deben ser analizados, así como las comprobaciones y pruebas a realizar durante la fiscalización.
Estas comprobaciones se centrarán en los capítulos de la ley que hacen referencia a la publicidad activa y al derecho de acceso a la información pública.

La financiación pública global de los grupos municipales en los 50 ayuntamientos de las capitales de provincia ascendió a un total de 55,9 millones de euros en el ejercicio 2022, según un informe del Tribunal de Cuentas.
Este informe del órgano fiscalizador ha sido aprobado este viernes y en él se analizan las actuaciones realizadas por los ayuntamientos de las capitales de provincia en las dotaciones económicas asignadas a los grupos municipales en el año 2022.

El Tribunal de Cuentas recomienda una mayor regulación sobre las dotaciones económicas que los ayuntamientos destinan a los grupos políticos municipales.
Las dotaciones económicas que reciben los grupos políticos de las Corporaciones locales están reguladas en el artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local. Esta regulación es escasa, por lo que las entidades locales se ven en la necesidad de desarrollar a través de su normativa interna estas asignaciones.
El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado las dotaciones económicas que los 50 ayuntamientos de los municipios capitales de provincia han asignado a los grupos políticos municipales en 2022. El Tribunal recomienda establecer un mayor nivel de detalle en la legislación sobre régimen local sobre las dotaciones económicas que se otorgan a los grupos políticos locales para su funcionamiento. Además, en el caso de que los ayuntamientos permitan a los grupos realizar aportaciones a sus partidos políticos, el informe propone establecer limitaciones en las cuantías y exigir justificantes por los servicios que los partidos prestan a los grupos.

Enlace al resumen y al informe.

La institución advierte que el programa informático para gestionar los fondos ha tenido un desarrollo "más lento de lo previsto"
El Tribunal de Cuentas ve "margen de mejora" en el diseño de los planes de prevención, detección, corrección y persecución del fraude a todas las entidades participantes en la ejecución de los Fondos Next Generation.
Esta es una de las conclusiones extraídas del informe del Tribunal sobre las medidas para la prevención, detección y corrección del fraude aprobadas por las entidades del sector público estatal en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El pasado verano se difundió, por parte del Tribunal de Cuentas, el primer Informe de fiscalización de los Planes Antifraude por las entidades locales que participen en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, objeto en su día de un detenido análisis por la mirada siempre atenta de Antonio Arias (https://fiscalizacion.es/2023/08/24/fiscalizacion-de-los-planes-antifraude-aprobados-por-las-entidades-locales/). A esta primera muestra de fiscalización vendrán otras tantas en los años sucesivos (tanto del Tribunal de Cuentas y de los OCEX, como de la Autoridad de gestión y control de fondos europeos y, en particular, de la Comisión Europea), presumiblemente con exigencias cada vez más intensas, ante todo por el relajamiento mostrado por no pocas entidades locales (lo mismo habría que decir de las Comunidades Autónomas o de la propia Administración del Estado) a la hora de hacer efectivas las distintas medidas contenidas en los citados planes.

En general los entes locales han aprobado planes antifraude pero no han implantado todas las medidas previstas
El Tribunal de Cuentas ha advertido de la falta de una implantación efectiva de algunas de las medidas de los planes contra el fraude en los fondos Next Generation dentro de las entidades locales.
Con motivo de la pandemia, el Consejo Europeo aprobó un paquete de medidas de gran alcance para la reconstrucción de los Estados, sobre todo a nivel socioeconómico. En este marco se articuló el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en España, para poder recibir hasta 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026.

El informe de fiscalización constata que el 83% de las entidades locales analizadas aprobaron un plan de medidas antifraude destinado a garantizar la correcta gestión de los fondos Next Generation. La adaptación a estos requerimientos ha entrañado un importante esfuerzo para la mayoría de las entidades, agravado por las dificultades iniciales a las que se enfrentaron las entidades del sector público local para determinar si estaban o no obligadas a aprobar un plan de medidas antifraude,
Sin embargo, la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas en colaboración con los órganos de control externo de las comunidades autónomas revela, a partir del análisis de 214 entidades del sector público local de toda España, que los avances en esta materia no han finalizado y se han limitado, con carácter general, a la aprobación de los planes, quedando pendiente la implantación efectiva de algunas de las medidas en ellos contenidas, así como el desarrollo de una cultura de lucha contra el fraude.

El Tribunal de Cuentas ha alertado en uno de sus informes de que algunos ayuntamientos en Castilla-La Mancha y Extremadura externalizaron la prestación de algunos servicios sin emitir informes sobre la insuficiencia de medios que justificara su privatización.
Se trata de una de las conclusiones que saca el Tribunal de Cuentas en el informe de la fiscalización del control municipal sobre la prestación de los servicios de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos y mantenimiento de parques y jardines de los ayuntamientos de municipios de población entre 50.000 y 100.000 habitantes de comunidades autónomas sin órgano de control externo propio del ejercicio 2021.

El Tribunal de Cuentas ha aprobado un informe de fiscalización que ofrece una visión del cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas y remisión de contratos y convenios por el conjunto de las Comunidades y Ciudades Autónomas. El presupuesto global del sector público autonómico fue de 210.000 millones de euros en 2019 y de 247.000 millones en 2020. Estas cantidades equivalen a la mitad del presupuesto de la Administración General del Estado.
El informe constata que todas las Comunidades y Ciudades han rendido sus cuentas, aunque Ceuta incumplió los plazos en ambos ejercicios y Melilla en 2020. Además, se detalla que alrededor del 85% de las 1.317 entidades dependientes, principalmente empresas, fundaciones, consorcios y universidades, también rindieron sus cuentas en plazo. La mayoría de los incumplimientos se han observado en entidades en proceso de extinción por lo que se recomienda la culminación de los procesos de disolución y liquidación de las entidades sin actividad.

El órgano fiscalizador aprueba una instrucción en la que exige una memoria económica sobre todos los mítines y actos que se celebren
El Tribunal de Cuentas ha instado a las fuerzas políticas a que apliquen el mayor rigor y transparencia a los gastos que efectúen en la campaña de las generales del 23-J. El tribunal ha llevado a cabo este jueves un pleno en el que ha aprobado una instrucción, que se hará pública a lo largo de los próximos días, en la que va a especificar el alcance y los requisitos de la documentación contable y justificativa que ha de remitirse a este órgano fiscalizador para cumplir la normativa electoral en materia de control del gasto. La instrucción advierte de las posibles infracciones y sanciones en que podrían incurrir los partidos políticos por la superación de determinados límites en los fondos que empleen para la campaña.

Los trabajos de fiscalización, que están a punto de comenzar, se centrarán en los Planes de Ahorro Energéticos que disponen las entidades locales.
Además, la Comisión de Coordinación TCu y Órganos de Control externo en el ámbito local ha compartido los resultados de la fiscalización de los planes antifraude aprobados por las entidades locales que han recibido Fondos Next Generation.
La Comisión de la Plataforma de Rendición de Cuentas de entidades locales, que se ha reunido posteriormente, ha acordado incorporar en la página web www.rendiciondecuentas.es, la información de los contratos formalizados a partir de 2022 por las entidades locales para facilitar el acceso dicha información a la ciudadanía.

Solo ocho comunidades han detallado las actuaciones que llevaron a cabo en 2022 y otras dos en 2023
El Tribunal de Cuentas ha alertado en su último informe de que siete comunidades autónomas no son suficientemente transparentes con la gestión de los fondos europeos y ha pedido a las regiones dar más información y llevar a cabo una mejor planificación estratégica de los mismos.
Así se desprende del informe de fiscalización sobre la gestión autonómica del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que el Tribunal de Cuentas señala los errores de la puesta en marcha de las reformas y las inversiones que deben llevar a cabo las comunidades y las ciudades autónomas mientras recomienda cambios para gestionar de forma ágil los proyectos.

El edificio Paraninfo de la capital aragonesa, en el centro de la ciudad y el más antiguo y emblemático de la Universidad de Zaragoza, acogerá los días 8 y 9 de junio los XV Encuentros Técnicos OCEX que, cada dos años, reúne a los representantes y técnicos de las Instituciones de Control Externo con el fin de analizar, reflexionar, debatir e intercambiar experiencias sobre la labor de fiscalización del sector público.
En la presente edición, el programa, todavía provisional, gira en torno a los siguientes bloques: Además, los encuentros acogerán el Grupo de Trabajo TIC, centrado en el intercambio de experiencias y en el análisis de temas vinculados a la ciberseguridad y a la administración electrónica.
Fuera de programa, como antesala a los Encuentros, el día 7 de junio, letrados y personal de los servicios jurídicos de los OCEX mantendrán una reunión de trabajo.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN: Zaragoza, 8 y 9 de junio. Edificio Paraninfo
FIN DEL PLAZO PARA INSCRIBIRSE: 7 de mayo
PLAZOS PARA LAS COMUNICACIONES: Recepción de resúmenes: 28 de abril
Recepción de comunicaciones: 19 de mayo
Recepción de Power Point o similar: 25 de mayo
CONTACTO: Secretaría técnica
Mail: encuentros@camaracuentasaragon.es
Telf.: 664510439

FISCALICEx y FISCONEx ayudarán a la mejora del proceso de gestión y tramitación de las fiscalizaciones y de la remisión de contratos del sector público estatal y autonómico.
La reunión de la Comisión de Coordinación TCu-OCEx para el impulso de la administración electrónica ha tenido lugar tras la firma hace unas semanas de dos convenios de colaboración para el impulso definitivo de estas herramientas informáticas.

Por Alejandro Mata
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, pidió este 28 de marzo ante el Congreso de los Diputados un mayor control sobre las fundaciones de los partidos políticos. Durante su comparecencia señaló que se debería modificar la ley actual, para mejorar la auditoría y supervisión de estas entidades.
¿Qué es una fundación de un partido político? Según establece el Tribunal de Cuentas, las fundaciones y demás entidades vinculadas a los partidos políticos o dependientes de ellos se regulan en la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica 8/2007 sobre Financiación de los Partidos Políticos (LOFPP).

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el pasado 21 de diciembre de 2021 la Moción núm. 1501 sobre la necesidad de adaptar la regulación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y Buen gobierno (LTAIBG), al marco institucional de las Entidades locales (debe tenerse en cuenta que la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, modificó la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, para incorporar, de manera expresa, el principio de transparencia dentro de las actividades sometidas a su función fiscalizadora).

Con independencia de otras cuestiones que aborda la Moción, como la adaptación de determinadas obligaciones de publicidad activa (en algunos casos precisándolas y en otros ampliándolas) y de los procedimientos sancionadores en materia de buen gobierno al marco institucional de las Entidades locales, en esta entrada interesa destacar la preocupación que expresa el Tribunal de Cuentas sobre la difícil situación de las pequeñas Entidades locales para cumplir las obligaciones de publicidad activa.

El Tribunal de Cuentas ha detectado incidencias "muy significativas" en la contratación pública de los últimos años, tanto en las fases de preparación como de adjudicación y de ejecución de los contratos del sector estatal, que ponen en duda que se esté firmando con la mejor oferta en liza.
Se trata de un informe resumen de fiscalizaciones anteriores del Tribunal de Cuentas sobre contratación pública en los años 2020 y 2021, mayoritariamente contratos de servicios y, entre ellos, los relativos a seguridad y limpieza, fundamentalmente. En total, el Tribunal recoge la fiscalización de más de 700 contratos con un coste acumulado, según el importe de adjudicación, de 1.652,6 millones de euros.

El Pleno ha aprobado la Moción sobre la necesidad de adaptar la regulación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al marco institucional de las entidades locales.

La moción es consecuencia de anteriores fiscalizaciones llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas en materia de transparencia y buen gobierno, en especial, en el Informe sobre el grado de cumplimiento de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en las entidades locales.

El objetivo de la moción es formular a las Cortes Generales propuestas dirigidas a modificar la regulación de la Ley de transparencia y, en su caso, de otra legislación conexa, acorde con el marco institucional de las entidades locales.

En concreto, se proponen diversas medidas relativas a las obligaciones en el ámbito de la publicidad activa, así como otras relacionadas con las infracciones de buen gobierno en materia de gestión económico-presupuestaria, en lo que afectan a los responsables de las entidades del sector público local.

El Tribunal de Cuentas realizará 115 fiscalizaciones, 23 por mandato legal y 92 a iniciativa del propio TCu.
El programa presta especial atención a cuestiones de actualidad como el COVID o los Fondos Next Generation. Además, incluye fiscalizaciones sobre planes de actuación concretos como la prevención integral de la violencia de género, el plan de fomento de la lectura o el plan estatal de vivienda, entre otros.
68 de las fiscalizaciones incluirán análisis operativos de distintos ámbitos y temáticas. Con este tipo de fiscalizaciones el TCu manifiesta su especial atención al análisis de la economía, eficacia y eficiencia.

El Tribunal de Cuentas propone incluir, entre las competencias propias de las diputaciones provinciales, la prestación de servicios relacionados con la transparencia a los pequeños municipios, tras constatar que estos presentan un mayor grado de incumplimiento de sus obligaciones en materia de publicidad activa.
La causa fundamental de este mayor grado de incumplimiento es que las entidades locales de reducida dimensión «carecen de suficiente infraestructura administrativa y tecnológica» para poder atender este tipo de obligaciones, según indica el Tribunal de Cuentas en una moción aprobada el pasado día 21 y hecha pública este jueves.
Lo que plantea el órgano fiscalizador a las Cortes Generales es que la prestación de esos servicios se incluya bien como una nueva competencia, bien dentro de la ya actualmente prevista de prestación de servicios de administración electrónica.

Ningún ayuntamiento de entre 20.000 y 50.000 habitantes de Castilla-La Mancha estaba preparado para relacionarse exclusivamente de forma electrónica con la ciudadanía y con otras administraciones y ninguno de ellos disponía a 31 de diciembre de 2021 de la totalidad de las herramientas de administración electrónica preceptivas.
Así figura en un informe del Tribunal de Cuentas aprobado este miércoles por el citado organismo que analiza la implantación y usos de la administración electrónica en los mecionados ayuntamientos de la Comunidad Autónoma entre los ejercicios 2019 a 2021.

Si el alcalde no es ejemplar, ¿quién lo ha de respetar? El refranero no puede ser más oportuno a la hora de analizar una situación enquistada en España: el incumplimiento de las diferentes administraciones en la rendición de sus presupuestos ante el Tribunal de Cuentas o los organismos autonómicos que deben avalarlas y garantizar su rigor. El problema es que esta institución del Estado, cuyos miembros son elegidos por las Cortes, no tiene capacidad sancionadora sobre las administraciones, por más que pueda enjuiciar sus cuentas.
En el último ejercicio, correspondiente al año 2021, un 41,38% de los ayuntamientos no presentaron en el plazo requerido sus cuentas y, a día de hoy, un 36,21% sigue sin hacerlo, según los datos del propio tribunal. Estas cifras de incumplimiento, que se arrastran año a año, son aún más abultadas en el caso de los cabildos y consejos insulares, las mancomunidades y las áreas metropolitanas, los organismos públicos que presentan un mayor grado de incumplimiento. En todos los casos, sin que ello comporte ningún tipo de consecuencia legal.

Se comprometen a cooperar y a facilitar la formación y la especialización del personal con el objetivo de conseguir un sistema de control externo más moderno y eficaz.
El acuerdo se ha firmado en la reunión de la Comisión de Coordinación de presidentes del Tribunal de Cuentas y de los Órganos de Control Externo.
El Tribunal de Cuentas y la Asociación de Órganos de Control Externo han firmado un convenio por el que se comprometen a cooperar en materia de formación. El objetivo de este convenio es conseguir un sistema de control externo más moderno y eficaz. El Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos ofrecerán al personal de estos organismos formación especializada en materias relacionadas con sus respectivas funciones, metodologías, enforques técnicos y herramientas.