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El PSOE y el PP han cerrado un acuerdo para renovar cuatro miembros del Tribunal Constitucional; el Defensor del Pueblo y su adjunto; los doce consejeros del Tribunal de Cuentas; y la directora y la adjunta de la Agencia de Protección de Datos. Según han informado ambos partidos, "todos son nombres de consenso", "profesionales de reconocido prestigio" con una "dilatada trayectoria profesional".

El CGPJ queda fuera de este pacto, que aprobará el Parlamento en dos semanas y que han desatascado en apenas 24 horas Bolaños y Egea
El Gobierno y el PP han llegado a un acuerdo que permitirá renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, según han informado ambas partes. La renovación de estos órganos se llevará a cabo en una sesión plenaria en el Congreso y el Senado que se prevé para la semana del 25 de octubre.

“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, reza el apartado 2º del artículo 1º de la Constitución española. De ello se deduce que las Cortes Generales, en las que reside la representación de los españoles, son fuente de legitimación democrática y por ello participan en la elección de algunos miembros de diversos órganos constitucionales.

 | 09 agosto, 2020
El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo tienen dos enfoques distintos en lo que al tratamiento de datos en sus sentencias se refiere.

¿Son compatibles estas dos formas de entender la transparencia por parte de los dos máximos tribunales españoles?

¿Es lógico que cada uno aplique un enfoque distinto?

Por muy diferentes que sean sus funciones, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Administración de RTVE y la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tienen algo en común: están a la espera de que llegue el consenso parlamentario

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo tienen dos enfoques distintos en lo que al tratamiento de datos en sus sentencias se refiere.
Mientras que el máximo tribunal de garantías de España incluye los nombres de los demandantes y demandados en sus resoluciones judiciales que, después, publican en su página web, el Tribunal Supremo lo somete a un proceso de “anonimización” en el que se expurgan nombres, direcciones y otros datos personales de las partes.

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¿Son compatibles estas dos formas de entender la transparencia por parte de los dos máximos tribunales españoles?

¿Es lógico que cada uno aplique un enfoque distinto? (...)

Solo han pasado seis meses desde las últimas elecciones generales, pero algunas cosas sí han cambiado, y los partidos encaran la campaña con los límites impuestos por el Tribunal Constitucional, que ha puesto coto a la posibilidad de recopilar datos sobre las opiniones de los ciudadanos.

El pasado mes de mayo, después de las elecciones generales del 28 de abril, el Constitucional sentenció por unanimidad que el artículo 58 bis 1 de la Ley Electoral, que permitía a los partidos políticos recopilar esa información sobre las opiniones políticas de los ciudadanos, era inconstitucional.

El Consejo considera que la trasposición al ordenamiento jurídico español de las directivas europeas altera la distribución de competencias, excede la competencia básica del Estado y vulnera la auto-organización de la Comunidad.
El Ejecutivo autonómico decide impugnar 101 preceptos de la ley estatal ante la falta de acuerdo en la última Comisión Bilateral de Cooperación del 18 de mayo.
El Gobierno de Aragón ha acordado en el Consejo de este martes, a propuesta del consejero de Presidencia, Vicente Guillén, autorizar a la Dirección General de Servicios Jurídicos a interponer un recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley estatal 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014l/23/U y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.