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El síndic major de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Vicent Cucarella Tormo, y el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, han firmado una adenda de modificación del protocolo de colaboración que ambas entidades suscribieron en abril de 2020.
Con esta modificación se incorpora un nuevo apartado con el objetivo de colaborar en el cumplimiento de la nueva Ley 2/2023 de protección de las personas denunciantes de corrupción, más conocida como ley Whistleblowing.
Entre las acciones que se pondrán en marcha está la de que la Sindicatura de Comptes facilitará como canal externo de comunicación el buzón de denuncias de la Agencia e implantará su propio sistema interno de información en el plazo máximo de 3 meses.

El Síndic de Comptes considera, en su auditoría operativa sobre las medidas adoptadas por la Generalitat para implementar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que el Gobierno valenciano ha llevado a cabo las necesarias, con algunas salvedades, y que ha realizado un sistema de gobernanza para su gestión similar al modelo básico previsto en la normativa estatal, si bien "no ha elaborado un instrumento de planificación estratégica" en los términos previstos a nivel estatal.

La fiscalización efectuada se ha centrado en la información relativa al ejercicio del control interno en las entidades locales, correspondiente a 2021, que los órganos de Intervención debían remitir telemáticamente a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas, y que consiste en:
1. Información sobre el ejercicio del control interno en la entidad local.
2. Acuerdos de gastos contrarios al criterio de un reparo del órgano interventor.
3. Acuerdos y resoluciones con omisión del trámite de fiscalización previa.
4. Anomalías en la gestión de ingresos.
Asimismo, se ha elegido y analizado una muestra de estos expedientes en dieciséis municipios del tramo de población comprendido entre 20.000 y 30.000 habitantes: Alfafar, Almoradí, Altea, Aspe, Bétera, Cullera, Ibi, La Pobla de Vallbona, L'Alfàs del Pi, Llíria, Moncada, Mutxamel, Picassent, Pilar de la Horadada, Requena y Sant Joan d’Alacant.

El órgano auditor cree que las medidas son "insuficientes" y no han mejorado lo esperado desde 2019, cuando se advirtió por primera vez
La Sindicatura de Comptes ha instado al Ayuntamiento de Paterna a extremar, todavía más, los controles de ciberseguridad municipales. El órgano ha emitido estas conclusiones en el informe de seguimiento de las recomendaciones que se hicieron en una auditoria en el año 2019 en el que, si bien reconocen que "se han realizado determinadas acciones" se han hecho "parcialmente".

Alicante se encuentra en un riesgo medio en lo que se refiere al control tanto económico-financiero, como de la Intervención y en materia de ciberseguridad. Es lo que se desprende del último informe de la Sindicatura de Cuentas de la Comunitat Valenciana, que abarca de los años 2019 a 2021.
Un informe que da un pequeño tirón de orejas al Ayuntamiento por no haber hecho caso a las recomendaciones que, hace tres años, se le realizaron en este sentido o por solo haberlas cumplido parcialmente.

La Diputación de Alicante está cumpliendo con su prestación en materia de digitalización para los municipios más pequeños, aquellos de menos de 20.000 habitantes, pero en este terreno tiene todavía margen de mejora. Por ejemplo, sería conveniente que elaborara un plan de actuación sobre administración digital y que publicara los servicios disponibles para estos ayuntamientos, todo ello con la finalidad de no ahondar la brecha digital que padecen las personas que viven fuera de los grandes núcleos poblacionales. Estas son las principales conclusiones que se pueden extraer tras leer el último informe que ha publicado la Sindicatura de Comptes, en el que se fiscaliza la asistencia a los municipios por parte de las tres diputaciones provinciales de la Comunidad Valenciana en materia de administración electrónica y el estado de implantación en los ayuntamientos de municipios de población entre 10.000 y 20.000 habitantes, correspondiente a los ejercicios de 2019 y 2020.

La Sindicatura de Comptes ha revelado en su informe de situación a 31 de diciembre de 2021 que el Consistorio aún tiene mucho por hacer para llegar a los índices recomendados en materia de ciberseguridad. Algo en lo que ya incidió en 2019 y que puso también de relieve un informe de Deloitte. La Sindicatura apunta a que se han han realizado progresos desde su última auditoría y se han atendido "parcialmente" algunas de las recomendaciones, pero el índice de madurez general de los controles básicos de ciberseguridad aún son bajos. Mientras que debería conseguir un 80%, ahora arrojan un valor del 50,3% (eran de 40,7% en 2019).

El último informe de la Sindicatura de Comptes advierte de grandes deficiencias en materia de ciberseguridad en el Ayuntamiento de Alicante. El documento también señala diversos aspectos sobre los que se debe actuar para su pronta subsanación. En lo referente al Esquema Nacional de Seguridad, el organismo autonómico sostiene que el Ayuntamiento debe implantar mejoras para alcanzar los niveles exigidos para la protección de los sistemas de información, especialmente en aquellos controles que presentan deficiencias significativas. Con respecto al anterior informe sobre esta materia, correspondiente al año 2019, se constatan leves progresos desde la anterior auditoria y la Sindicatura asegura que sus recomendaciones solo se han atendido parcialmente.

La Sindicatura de Comptes ha advertido de la existencia de fallos en la ciberseguridad del Ayuntamiento de Alcoy, que hacen a la administración municipal vulnerable ante posibles ataques de este tipo que pudieran producirse. Así lo expresa la alta institución de la Generalitat en un informe en el que hace seguimiento a la auditoría que realizó en 2020 para el grado de control de esta materia por parte del Consistorio. En este trabajo, fechado en 2021 pero que ha sido publicado este mismo martes, se destacan los avances que se han producido en relación al primer análisis, pero también que el nivel de seguridad no es el óptimo y que es necesario mejorar algunas cuestiones.

Desde hace unos años la Sindicatura de Comptes realiza informes de control de ciberseguridad, en los que analiza en qué nivel se sitúan las administraciones públicas bajo el paraguas de la transformación digital.
En este sentido, el órgano fiscalizador ha realizado un nuevo documento de seguimiento de los controles básicos de ciberseguridad (CBCS) del Ayuntamiento de Torrent, en el que ha examinado la situación actual del consistorio respecto a los resultados de su último informe publicado en 2019 sobre la capital de l'Horta Sud. Lo que sentencia la Sindicatura de Comptes es claro: aunque la administración local ha mejorado sus niveles de ciberseguridad respecto a hace tres años, aún se sitúa por debajo del índice de madurez general que establece la regulación estatal.

La Sindicatura de Comptes ha iniciado el procedimiento conminatorio y ha informado sobre la imposición de multas coercitivas —en caso de incumplimiento— a los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos y a los presidentes y presidentas de las mancomunidades que no han remitido la relación anual de contratos correspondiente al ejercicio 2020, después de haberse sobrepasado ampliamente los plazos concedidos y que no se haya recibido ninguna respuesta a los requerimientos previos de información.
Las multas, cuya cuantía oscila entre los 600 y los 3.000 euros, se impondrán a la autoridad o al personal responsable, y su abono se efectuará directamente por ellos sin que pueda derivarse el pago de la multa a la entidad u órgano de que se trate, cuando estos formen parte del sector público. Su importe se graduará teniendo en cuenta la importancia de la perturbación sufrida, la intencionalidad del apercibido y la actividad que hubiera podido realizar para cumplir, los medios materiales y personales disponibles, la capacidad técnica y económica del obligado, así como la proporcionalidad con la relevancia del incumplimiento constatado.

La Sindicatura de Cuentas concluye que el Plan de Transformación Digital (PTD) "no establece la visión estratégica" para alcanzar la transformación digital de la Generalitat ya que los objetivos definidos son "demasiado generales, sin concretar hitos o metas a conseguir" y además no incluía una previsión presupuestaria para todo el horizonte del plan.
Esta es la principal conclusión del informe de la auditoría Análisis y seguimiento del Plan de Transformación digital de la Generalitat 2016-2019 en el que se constatan "avances" en la digitalización, pero no en la transformación digital de la Generalitat.

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana se acaba de convertir en la primera institución pública de control externo (ICEX) del estado español que abre sus datos al portal datos.gob.es. Esta iniciativa forma parte del plan estratégico 2019-2022 del ente fiscalizador de la Comunitat Valenciana y pone de manifiesto su esfuerzo continuo de transparencia, así como el deseo constante de ofrecer sus datos en un formato reutilizable.
Gracias a su presencia en la plataforma ww.datos.gob.es, los datos de la Sindicatura tendrán también su reflejo en el portal europeo de datos, que sincroniza periódicamente con el catálogo nacional, haciendo visible el esfuerzo de las instituciones españolas más allá de nuestras fronteras.

El síndic major de comptes, Vicent Cucarella, y el director de la Agència Valenciana Antifrau, Joan Antoni Llinares, han firmado un protocolo de colaboración funcional para mejorar el cumplimiento de los objetivos de interés común de ambas instituciones. Así, dentro del marco normativo de aplicación, podrán actuar conjuntamente en aquellos casos en los que, mediante la colaboración mutua, puedan aumentar la incidencia de sus respectivas actividades en la prevención del fraude y la corrupción.

La Cámara de Cuentas de Andalucía se ha sometido al trabajo de revisión entre pares que han realizado de manera conjunta la Sindicatura de Comptes de Catalunya y la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, una revisión voluntaria, externa e independiente para evaluar la calidad y la efectividad del ejercicio de la labor de la institución.

Los objetivos del trabajo de revisión se han centrado, de manera especial, en aspectos vinculados con la independencia, la transparencia y la gobernanza de la Cámara de Cuentas, ha informado este organismo fiscalizador externo en una nota.