CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

Empieza la cuenta atrás para que empresas, Administraciones y partidos políticos se adapten a la nueva ley que protege a los denunciantes de corrupción y otras infracciones. La norma, que ha entrado en vigor este lunes, obliga a las organizaciones a implantar canales de denuncia internos y crea una nueva -y polémica- figura, la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

La lucha contra la corrupción es una misión histórica a nivel mundial, pues ya en la época romana tuvieron que enfrentarse a este problema dentro de su administración. En la actualidad, una de las principales herramientas que se ha desarrollado para tratar de erradicarla es el fomento de la cultura de la transparencia y abrir las instituciones a la ciudadanía, de manera que el escrutinio público sirva como aliciente para que las autoridades y funcionarios actúen honestamente, anteponiendo el interés general al beneficio propio.

El último Índice de Percepción de la Corrupción 2021 (IPC) de Transparencia Internacional muestra que España ha bajado su puntuación con respecto a 2020 y desciende su posición tanto en el ranking global, como en el área de la Unión Europea. La presidenta de Transparencia Internacional España, Silvina Bacigalupo, y el director ejecutivo de TI-España, David Martínez García, analizan las claves para corregir esta situación.

La corrupción sigue siendo uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico y social que, además de socavar la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, distorsiona los mercados y afecta de forma desproporcionada a los más vulnerables.

El 21 de diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en colaboración con las fiscalías de Brasil y Suiza, puso en conocimiento de la opinión pública que el ‘holding’ brasileño Odebrecht SA y su filial Brakem SA se habían declarado culpables de violar las disposiciones antisoborno de la ‘Foreing Corrupt Practice Acts’ (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA).