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La inteligencia institucional plantea una nueva visión del análisis de los datos para generar conocimiento y apoyar la toma de decisiones. Para gestionarla correctamente, la cadena de valor de los datos se debe encontrar amparada por un marco de gobernanza. En este trabajo se identifican los componentes requeridos para su aplicación y se destacan los beneficios y oportunidades de orientar las políticas públicas mediante la evidencia, así como los riesgos y obstáculos a afrontar. Se lleva a cabo, además, un repaso del contexto normativo nacional y europeo donde los datos pasan a ocupar un lugar primordial en la labor de la Administración Pública. Se analiza la existencia en la Administración General del Estado de unidades orgánicas, competencias y experiencias vinculadas al proceso de obtención y gestión de datos, su transformación en información y ésta en conocimiento. Con la investigación que se presenta, se concluye que hay evidencias que sitúan a la AGE en el camino de convertirse en una data-driven organization y se aportan unas propuestas de mejora para guiarla en el mismo.

En este artículo se repasan algunas de las técnicas basadas en la experimentación más adecuadas para el análisis de políticas públicas, cuyo manejo, así como entender su importancia y limitaciones, se hace imprescindible para cualquier persona interesada en este ámbito. Este artículo sirve de introducción y guía en ese aprendizaje. Añadiendo la experimentación a nuestros análisis, podremos obtener resultados robustos sobre los que construir futuras políticas más eficientes y efectivas.
Luis Miller es científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.
Isabel Rodríguez Marín es investigadora predoctoral en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.
El artículo se publicó en el número 31 de la revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas. Nueva época. Número 31 (INAP, marzo 2023)

La capacidad institucional se ha relacionado tradicionalmente con el éxito de la implementación de políticas públicas. Desde los primeros análisis sobre por qué fallan los programas públicos, la ineficiencia de las organizaciones públicas para optimizar recursos, producir resultados y alcanzar metas ha sido identificada como una de las variables a la que se debe prestar atención. Esta contribución analiza la capacidad de las administraciones municipales en el ámbito de la contratación pública local. A partir de datos procedentes de entrevistas a técnicos y jefes de servicio en municipios de la Comunidad de Madrid, el trabajo explora los retos a los que se enfrentan los gestores de contratos públicos, así como las herramientas de que disponen para el aprendizaje organizativo.

El artículo se publicó en el número 29 de la Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas, dedicado monográficamente al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (INAP, Julio 2022)

Autoras: Anna M. Palau Roque y Yaiza Moreno
La literatura enfatiza la importancia de reforzar la capacidad administrativa de los Estados para garantizar un uso eficiente de los fondos europeos. En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado en España para distribuir los fondos europeos del programa Next Generation EU, este artículo analiza cómo puede el Parlamento español contribuir a mejorar esta capacidad administrativa. Se argumenta que puede contribuir en dos aspectos. En primer lugar, reforzando los mecanismos de rendición de cuentas del aparato administrativo. En segundo lugar, fomentando la participación de autoridades y funcionarios en el diseño y análisis de políticas públicas.

El artículo se publicó en el número 29 de la Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas, dedicado monográficamente al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (INAP, Julio 2022)

Autores/as
Luis Heredero Ortiz de la Tabla Cuerpo Superior de la Administración de Castilla y León (España)
Resumen
La extendida percepción de corrupción y la correlativa desafección de los ciudadanos hacia la política y las instituciones han dado lugar a la puesta en marcha de políticas públicas destinadas a atajar y prevenir esas prácticas inadecuadas. La Administración de Castilla y León no es una excepción en este panorama, y ante la inexistencia de observatorios o estudios de opinión que evalúen su situación, resulta oportuno efectuar un análisis acerca de la política de integridad institucional desarrollada por la Junta de Castilla y León. Este trabajo trata de dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿los instrumentos de regeneración democrática que ha adoptado la Administración de Castilla y León entre los años 2007 y 2021 conforman un verdadero «sistema de integridad institucional»? Como resultado principal de esta investigación se concluye que en Castilla y León se han implementado numerosas medidas de regeneración democrática que pueden conformar un sistema de integridad institucional, pero se encuentran aún en proceso de formación y desarrollo, y falta un sistema continuo de evaluación que le proporcione la denominación de «integral».