CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

La nueva ley de transparencia ya está aquí. La normativa, que modifica a la ley de 2013, regula las estadísticas de las microempresas, autónomos, pequeñas y medianas empresas en la contratación pública.
En concreto, la ley busca aumentar la participación de las pequeñas y medianas empresas en los contratos del sector público. La normativa parte de la base de que tanto las microempresas como las pymes son fundamentales en la economía española.

El Consultor de los Ayuntamientos, 12 de Julio de 2022, Wolters Kluwer

La modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno es una demanda constante desde hace años, de ahí que su inclusión en el IV Plan de Gobierno haya generado grandes expectativas para perfeccionar un marco normativo mejorable. La aprobación de la Ley 14/2022, de 8 de julio, de modificación de la Ley 19/2013, ha dejado un sabor amargo en relación con su contenido, absolutamente dirigido a una única finalidad: la publicidad activa sobre la información estadística sobre la participación de las PYMEs en la contratación pública, una herramienta con la que se pretende mejorar el porcentaje de participación de las mismas. Aunque es verdad que lo que no se mide no puede mejorar, en este caso, la conclusión sería más bien, que mucho ruido y pocas nueces.

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha conseguido a lo largo de los tres primeros trimestres del año 2021 un ahorro de hasta 507.800 euros en la adjudicación de los contratos públicos a las pequeñas y medianas empresas (pymes) gracias a la publicidad, la concurrencia competitiva y un mayor número de ofertas recibidas. El gobierno municipal ha dado cuentas de estas cifras en el pleno municipal de la localidad.

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat la incorporació de cinc compromisos per al foment de la participació pública en la contractació municipal a través del programa “Ribalicita Responsive”. La proposta de l'equip de govern del PSPV ha comptat amb el vot favorable i unànime de la resta de grups: el Partit Popular, Ciudadanos, Compromís, Esquerra Unida, Podemos Riba-roja Pot i Vox.
La proposta municipal aprovada es fixa com un dels seus objectius desenvolupar i potenciar el “principi d'integritat” a l'hora d'iniciar els diversos procediments públics sobre contractació pública. Per a això, es val de les directives europees que contemplen diversos aspectes com el principi de transparència o el codi de Compliance sobre matèries de prevenció per a evitar interessos o raons ètiques per part dels funcionaris o tècnics que intervenen en el procés.

«El open data está ahí para enriquecer nuestros proyectos basados en datos, permitir la adopción de decisiones informadas y mejorar nuestros procesos, servicios y productos. El potencial económico se materializa cuando incrementamos nuestro nivel de conocimiento y competencia para descubrir y aprovechar oportunidades». Esther Huyer, investigadora jefe y autora del informe El impacto económico de los datos abiertos: oportunidades de creación de valor en Europa (2020).
Los datos abiertos son especialmente valiosos para las pequeñas y medianas empresas, así como a las empresas de nueva creación que no disponen de suficiente cantidad de datos por sí mismas. Son estas empresas las que contribuyen en buena medida a alcanzar la cifra de negocios del mercado de datos abiertos que se calcula en 184.450 millones de euros en 2019, y se estima que alcanzará, al menos, los 200.000 millones en 2025 en los países de la Unión Europea.

A pesar de los intentos por parte de la Unión Europea por incluir a las pequeñas y medianas empresas dentro de la contratación pública, lo cierto es que todavía queda mucho por hacer. Especialmente en cuanto a las licitaciones por parte de las entidades regionales y locales. Así lo expone el análisis de Gómez-Acebo & Pombo Asociados, basado en los datos de un informe del Comité Europeo de las Regiones.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el concejal de Planificación y Recursos, Pedro Herrero, han destacado este jueves el trabajo realizado por el Ayuntamiento y los funcionarios para elevar por encima del 74 por ciento el peso porcentual de los contratos asignados a pequeñas y medianas empresas en los últimos años.
Puente y Herrero han ofrecido una rueda de prensa este jueves para dar datos estadísticos de la contratación del Ayuntamiento durante 2019, en los que se demuestra "la apuesta del equipo de Gobierno por la economía local y el empleo a través de pequeñas y medianas empresas".
En ella, se ha indicado que el número de contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Valladolid en 2019 ha sido de 215, de los que 159 (el 74 por ciento) han sido adjudicados a pequeñas y medianas empresas.

El Ayuntamiento de Cartagena trabaja ya en el diseño de la nueva Estrategia de la Contratación Municipal, con el objetivo de optimizar todas las oportunidades que brinda a la administración local la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
“Queremos conseguir un sistema de contratación íntegro, estratégico, sostenible y eficiente y, para ello, nos vamos a apoyar en una doble vertiente: interna y externa”, ha explicado sobre este asunto la alcaldesa, Ana Belén Castejón. Un objetivo en el que la primera edil trabaja junto a la concejala delegada de Contratación, María Amoraga.

Para poder licitar, lo primero es prepararse. Así es como se recoge en la “Guía práctica de la Contratación Pública para las PYME”, elaborado y publicado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. A la hora de explicar cómo debe prepararse la empresa, desde este documento advierten que las reglas de la contratación pública se rigen por la LCSP (Ley de Contratos del Sector Público), y que ésta siempre va a solicitar una serie de requisitos para poder acceder a las licitaciones. Para ello, es importante tener siempre localizados los documentos necesarios, de manera que no haya riesgo de exclusión por falta de alguno, o por no llegar a tiempo a presentar lo que se solicite.

La Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 (LCSP) y las Directivas comunitarias de contratación de 2014 que transpone, tienen entre sus objetivos básicos facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas, incluidos los autónomos, en la contratación pública. Los artículos 1.3 y 28.2 de la LCSP imponen esa obligación, por lo que las críticas que ha recibido esta ley por parte de las asociaciones de autónomos y pymes no son del todo fundadas, pues el problema está en la aplicación de la ley.

El próximo 24 de octubre tendrá lugar, en la Biblioteca de Ciencias Sociales Gregori Maians, la IV Jornada de Transparencia y Buen Gobierno en PYMES, organizada por la Cátedra de Gobierno Abierto, Participación y Open Data (PAGODA) de la Universitat de València.
(...)
La inauguración de la jornada, a partir de las 9:30 horas, contará con la presencia de la vicerrectora de Innovación y Transferencia de la UV, M. Dolores Real, la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, el decano de la Facultad de Derecho, Javier Palao Moreno, y el codirector de la Cátedra PAGODA, Joaquín Martín Cubas.

La inscripción es gratuita y se acreditará la asistencia con certificado. El número de plazas es limitado, hasta completar aforo, y se asignarán por riguroso orden de inscripción en este enlace. El programa completo se puede consultar aquí.

La contratación abierta del Ayuntamiento alcanzó el 97,21 por ciento del total en 2017, ha situado el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, en la presentación de la Guía de Contratación y PYMES elaborada por el área de gobierno.
Los contratos menores representaron el 0,47 por ciento del presupuesto municipal de 2017. Fue en 2016, con el gobierno de Ahora Madrid, cuando los menores empezaron a aparecer en el Portal de Transparencia y en el Registro de Contratos. Además son fiscalizados en la Comisión de Vigilancia de la Contratación, novedad respecto a etapas anteriores.