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El director general de Fondos Europeos y Sector Público renuncia a su labor como preparador de oposiciones tras la alerta de incompatibilidad de la Oficina de Control de Conflictos e Intereses
El director general de Fondos Europeos y Sector Público, Jesús Gual, renunció a su labor como docente en una academia de oposiciones tres meses y medio después de asumir el cargo, y tras un informe de la Oficina de Control de Conflictos e Intereses de la Generalitat, dependiente de Transparencia, que alertaba de la «incompatibilidad» para el ejercicio de su puesto en la Conselleria de Hacienda con su «actividad docente». Antes, este organismo le había reclamado que «subsanase y clarificase la falta de coherencia» entre las declaraciones de actividades presentadas.

La Oficina de Conflictos de Intereses revisa que los altos cargos cumplan la ley de transparencia y la del alto cargo. Tras una petición de Público para conocer quiénes las han infringido, Hacienda acude a la Justicia para seguir ocultando la información.

Sergio Sangiao

Pedro Duque, entre los ex altos cargos autorizados en 2022 para trabajar en la empresa privada
El exministro de Ciencia ha recibido la autorización para trabajar en distintas empresas relacionadas con la aeronáutica, mientras que Francisco Javier García Fernández, ex secretario general de Cultura, prestará servicios a una empresa hotelera
Por Marta Gutiérrez San Blas
El Portal de Transparencia ha actualizado el listado de ex altos cargos a los que se les ha autorizado incorporarse a una entidad privada tras el cese en su actividad pública. En lo que va de 2022 ya se han publicado 36 autorizaciones, como la del exministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, para volver al ejercicio de su profesión como ingeniero aeronáutico en el sector privado.
Desde la última actualización en abril de 2022, son 15 los nuevos altos cargos a los que se les han concedido las autorizaciones, algunos con más de una solicitud aprobada para trabajar en varias empresas.

Sostiene que los de Vox evitan declarar sus actividades anteriores, lo que dificultaría comprobar un eventual conflicto de intereses
El Congreso ha detectado que sólo siete diputados de los 349 que hay actualmente en la Cámara publican sus reuniones con 'lobbies' en la web de la institución pese a que están obligados a hacerlo desde la aprobación, en octubre de 2020, el Código de Conducta de las Cortes Generales. En el Senado la cifra asciende a 17. Por ello la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes ha recordado a todos los grupos que sus señorías deben hacer pública esa información.
Así consta en el primer informe realizado por la Oficina de Conflicto de Intereses para analizar la aplicación del citado código ético, que también recoge varias llamadas de atención a Vox porque sus 52 diputados optaron por rellenar sus declaraciones de intereses económicos con respuestas tipo que considera no "creíbles".

Trabajar para Danone, TV3 o Llorente y Cuenca: las autorizaciones concedidas a exministros y otros altos cargos tras dejar el Gobierno
Por Mar Tomico
El Portal de Transparencia ha actualizado el listado de exministros del Gobierno y otros altos cargos a los que, tras cesar en su actividad pública, se les ha autorizado para incorporarse a una empresa o institución. Es el caso del exvicepresidente Pablo Iglesias, con consentimiento para trabajar en la televisión catalana TV3; o el de Arancha González-Laya, exministra de Asuntos Exteriores, en Danone.
Esto se debe a que, tal y como establece la ley reguladora del ejercicio del alto cargo, durante un período de dos años tras el cese de su actividad pública, aquellos que quieran prestar servicios en entidades privadas deben solicitar y obtener la autorización de compatibilidad por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses.

Un 3,6% de las solicitudes de ex altos cargos para pasarse a la actividad privada han sido denegadas en 14 años
La Oficina de Conflictos e Intereses (OCI) es la encargada de autorizar, durante un periodo de dos años, si un ex alto cargo puede trabajar en la actividad privada tras su cese en la administración pública. En cambio, solo ha emitido 15 denegaciones desde 2008.
Por Laura García
La Oficina de Conflictos e Intereses (OCI) ha denegado a 15 ex altos cargos distintas solicitudes para comenzar a trabajar en la actividad privada, tras su cese en la administración pública, por encontrar incompatibilidades con sus funciones anteriores con las empresas a las que aspiraban a incorporarse. Se trata del 3,6% de solicitudes totales, desde 2008. Así lo refleja una respuesta a Newtral.es tras una petición de transparencia al Ministerio de Hacienda.

El supervisor bancario y el organismo que depende de Hacienda discrepan sobre quién debe investigar posibles infracciones de la ley de incompatibilidades en la actuación de los inspectores que han montado una academia en la sombra para formar a opositores que cobra las clases en efectivo sin ningún control de la entidad

Tras solicitarla, Arancha González Laya, Isabel Celaá, Pedro Duque e Iván Redondo están cobrando la prestación compensatoria que les corresponde como exmiembros del Gobierno tras su salida el pasado mes de julio
Por Laura García y Mar Tomico
Cuatro exmiembros del Gobierno han solicitado la prestación compensatoria tras su salida del Ejecutivo el pasado mes de julio, según indican desde la Oficina de Conflictos de Intereses en una respuesta a una solicitud de Transparencia

En ocho años la Oficina de Conflictos de Intereses ha autorizado 378 incorporaciones de altos cargos al sector privado
Los expedientes tramitados para el paso de los altos cargos del Estado al sector privado por la Oficina de Conflictos de Intereses durante sus ocho primeros años de actividad (2006-2013) no están publicados en el Portal de Transparencia

La Oficina de Conflictos de Intereses del Gobierno ha vetado nueve solicitudes de altos cargos que querían entrar a la empresa privada tras el cese de su actividad pública desde 2015. Es el saldo que se desglosa de los datos de este organismo desde la entrada en vigor de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, en ese mismo año.

El próximo 28 de abril se lanzarán las consultas públicas previas correspondientes a dos proyectos normativos de la Oficina de Conflictos de Intereses, incluidos en el eje de sistemas preventivos de integridad pública del IV Plan de Gobierno Abierto:

• Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés (línea de acción 5.2)
• Anteproyecto de Ley de Prevención de Conflictos de Intereses del Personal al Servicio del Sector Público (línea de acción 5.3)

La participación en ambas consultas estará abierta desde el 28 de abril hasta el 28 de mayo de 2021 en el apartado de participación pública en proyectos normativos del Portal de Ministerio de Política Territorial y Función Pública:

https://www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/participacion_proyectos.html

La Oficina de Conflicto de Intereses ha sancionado solo a siete altos cargos desde su creación en 2015.
En sus informes enviados al Congreso, publicados en la web de Hacienda, censura desde 2019 el nombre de los funcionarios sancionados.
La entidad ha recibido en cinco años 7.689 declaraciones de actividades o patrimonio por las que nadie ha recibido tampoco apercibimiento alguno.

Expertos citados por la Comisión de Calidad Democrática del Congreso han alertado sobre la necesidad de reforzar la legislación en lo relativo a los conflictos de intereses de las personas que integran las agencias independientes y los órganos reguladores, de manera que se evite que, como ha ocurrido en otros países, el sector afectado promueva el desembarco en estos órganos de personas elegidas 'ex profeso' para favorecerle.

Flor López Laguna, directora de la Oficina de Conflictos de Intereses. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
Un alto cargo del Estado ha sido sancionado a cinco años sin poder ocupar un puesto similar, al haber incumplido la ley que regula el ejercicio de los altos cargos. La sanción se le impuso en octubre del año pasado y fue confirmada por el Consejo de Ministros en diciembre.
La Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) ha publicado su informe semestral sobre el grado de cumplimiento de la normativa sobre altos cargos por parte de los afectados. En él se incluyen los casos de las personas sancionadas y los procedimientos abiertos, pero aparecen tachados los nombres por lo que no se sabe quiénes son los afectados.

(...)
El Consejo de la Transparencia, el organismo que supervisa el cumplimiento de la ley de Transparencia, ha defendido que estos informes se publiquen en su integridad, sin ocultar por ejemplo los nombres de los altos cargos sancionados por incumplir la normativa. Si los conflictos llegan a los tribunales y hay sentencia firme, se publica la identidad pero sólo en caso de infracciones graves o muy graves. En los casos leves, no.

Orden TFP/2/2020, de 8 de enero, por la que se determina la fecha a partir de la cual será efectiva la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con la Oficina de Conflictos de Intereses en los procedimientos previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre; y por la que se aprueban los modelos de declaraciones, comunicaciones y documentos electrónicos.

Publicado en: «BOE» núm. 9, de 10 de enero de 2020, páginas 2471 a 2523 (53 págs.)

Sección: I. Disposiciones generales

Departamento: Ministerio de Política Territorial y Función Pública

Referencia: BOE-A-2020-345

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Desde que se puso en marcha la Oficina de Conflictos de Interés, más de 500 altos cargos han visto la luz verde para pasar al sector privado. Solo a este pequeño grupo se le cerró el semáforo
Desde hace 13 años, el Gobierno cuenta con un guardián de las puertas giratorias para velar por que nuestros altos cargos no sean tentados por empresas o instituciones interesadas en su capacidad de influencia o agenda de contactos. La Oficina de Conflictos de Interés, dependiente del Ministerio de Política Territorial, es supuestamente la garante de que se cumpla el punto primero del régimen de incompatibilidades:

La paciencia de Bruselas con el problema de las puertas giratorias en España se está agotando. El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa recomendó el pasado miércoles al Gobierno español que se tome en serio lo que puede ser el principal foco y origen de corruptelas en la vida política de nuestro país. Entre otras recomendaciones, la UE pide a Madrid que ponga en marcha un organismo independiente para revisar la legislación sobre las limitaciones de “puertas giratorias”, tras el “cese de un alto cargo del Ejecutivo”, y las refuerce si es necesario.