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En abril de 2021, Civio registró una solicitud de acceso pidiendo el coste real y los requisitos para que el tratamiento Luxturna se financiara en el Sistema Nacional de Salud. Más de 800 días después, una magistrada señala que esta información debe ser pública.
El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid, adscrito a la Audiencia Nacional, ha desestimado los recursos interpuestos por el Ministerio de Sanidad y Novartis con los que pretendían ocultar el precio y las condiciones de financiación negociadas en secreto por el medicamento Luxturna. La sentencia, que apoya la posición de Civio y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), aún no es firme, ya que tanto el ministerio dirigido por José Miñones como el laboratorio farmacéutico tienen un plazo de 15 días para presentar recurso de apelación.

El Ministerio de Sanidad ha recurrido por la vía judicial una resolución del Consejo de Transparencia del Gobierno que respalda la petición de varias organizaciones cívicas al departamento que todavía dirige Carolina Darias de facilitar información sobre el precio pagado por el Sistema Nacional de Salud por dos medicamentos: el lanadelumab (Takhzyro), un fármaco para una enfermedad rara hereditaria, y el remdesivir (Veklury), un fármaco empleado para tratar la covid-19 grave.
En 2022, la organización Salud por Derecho, a través de una campaña promovida por junto a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Médicos del Mundo, entre otros, solicitó al Ministerio de Sanidad, a través del Portal de la Transparencia, conocer los precios de diferentes medicamentos nuevos y de coste elevado, así como su impacto en el presupuesto sanitario.

El Gobierno sigue sin publicar los datos y «se niega a explicar» cuál es el precio real y las condiciones de financiación fijadas por tratamientos
El dinero que pagamos por los medicamentos es superior a lo que gastan las administraciones por ellos. Tampoco se sabe cuáles son las condiciones de financiación acordadas con los laboratorios. A pesar de que Sanidad se alió con la industria farmacéutica para evitar que los precios reales saliesen a la luz, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha instado al departamento de Carolina Darias a hacer público el coste real.

día de hoy, existe una enorme opacidad acerca del precio real que pagan las administraciones por los medicamentos. Además, tampoco se conoce cuáles son las condiciones de financiación acordadas con los laboratorios. Sin embargo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha instado al Ministerio de Sanidad a hacer públicos los precios de los fármacos solicitados tras varias reclamaciones de la Fundación Ciudadana Civio.
Según varias resoluciones de diciembre de 2022 hechas públicas recientemente, el CTBG apremia a la cartera de Carolina Darias a hacer públicas las condiciones de financiación y precio en el ámbito del Sistema Nacional de Salud de los medicamentos Zolgensma, desarrollado por Novartis, y Yescarta, desarrollado por Gilead.

El Consejo de Transparencia resolvió que los acuerdos del Gobierno con otros países para la donación o reventa de vacunas contra la COVID-19 debían ser públicos, pero la AEMPS ha recurrido la resolución ante la Justicia para que los acuerdos sigan ocultos
Maldita.es, que había solicitado estos acuerdos vía ley de transparencia, se ha personado en el caso para defender en los tribunales que esta información debe ser pública
Queremos saber con qué países ha firmado acuerdos el Gobierno para entregarles vacunas contra la COVID-19, a cuáles les ha donado las dosis y a cuáles les ha cobrado por ellas

El Gobierno lleva a juicio una resolución del Consejo de Transparencia que le obligaba a dar la información sobre el precio real y las condiciones de financiación de una de las terapias más caras que financia el Sistema Nacional de Salud.
Si pudiéramos viajar en el tiempo, comprobaríamos cómo la expresión latina “lux” ha dado lugar a un sinfín de palabras, como “luz” (en castellano), “light” (en inglés) o “llum” (en catalán), por citar solo algunos ejemplos. Este mismo término también forma parte de Luxturna, un medicamento de Novartis que la sanidad pública financia desde mayo de 2021. La terapia se utiliza para tratar un tipo de distrofia hereditaria que afecta a la retina. Esta enfermedad poco frecuente, de carácter progresivo y degenerativo, causa ceguera en niños y adultos. Por ello, el fármaco aporta luz a los pacientes ya que, según la Agencia Europea del Medicamento, sirve para mejorar su visión y su capacidad para esquivar obstáculos.

La Agencia Española de Medicamentos ha recurrido ante la Justicia para no cumplir una resolución del Consejo de Transparencia que le instaba a hacer públicos los acuerdos de reventa o donación de vacunas con terceros países
El Gobierno español publicó en el BOE un extracto del convenio para revender vacunas de Pfizer a Andorra y el Ministerio de Sanidad aseguró que se hacía al mismo precio de compra, sin precisar ese precio
Según la ministra Darias, España habría tenido acuerdos de reventa de vacunas también, por lo menos, con Paraguay y las Islas Fiji y de donación, con Argentina y Honduras

María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Foto: Congreso)

El Ministerio de Sanidad ha recurrido una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que le instaba a presentar copia del convenio completo de reventa de 13.650 vacunas a Andorra.
El Ministerio de Sanidad ha presentado un recurso ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid contra una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que le instaba a presentar en el plazo de 10 días una copia del convenio de reventa de 13.650 vacunas de BioNTech – Pfizer frente al Covid-19 a Andorra.
Según publica El Confidencial Digital, el departamento que lidera Carolina Darias ha optado por presentar este recurso antes de dar la información que se le requería. En este caso, una persona particular había presentado una reclamación a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en mayo de 2021.

357.526 es el número de personas que han rechazado vacunarse contra la COVID-19 en España, según los datos del propio Ministerio de Sanidad. Estos son los que han rechazado ponerse las dosis contra el coronavirus, según ha podido saber Maldita.es tras una solicitud de acceso a la información pública y una reclamación ante el Consejo de Transparencia porque el Ministerio de Sanidad se negaba a entregar los datos.
Estas algo más de 350.000 personas son las que constan en REGVACU (el registro de vacunación gestionado por el Ministerio de Sanidad) a inicios de este mes de junio como que “han rechazado la vacunación COVID desde el inicio de la misma” en diciembre de 2020, según la respuesta de Sanidad.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha publicado el estado de cumplimiento de las resoluciones dictadas sobre las peticiones de acceso a información pública realizadas a los distintos ministerios del Gobierno. Entre el 2021 y el 31 de marzo de 2022, el Ministerio de Sanidad ha tenido que atender 57 peticiones de transparencia presentadas por particulares y distintas organizaciones o instituciones sobre distintas cuestiones, principalmente relacionadas con la pandemia de Covid-19. De ellas, ha cumplido con 56 de ellas (98%), concluyendo que “el destinatario ha comunicado el cumplimiento de la resolución”. Mientras, mantiene una en tramitación, relativa a la solicitud y autorización de un ensayo clínico.

En un inicio el ministerio no entregó los datos de los viajeros que llegaban a España y habían rellenado el formulario de Spain Travel Health
Una resolución del Consejo de Transparencia tras una reclamación de DESTINO ESPAÑA obligó al ministerio a hacer pública la información
Sanidad dice que no puede volver a entregar datos de meses posteriores porque los tiene que verificar, pero antes aseguraba que no hacía esa labor y que no acostumbraba a haber errores en los formularios
El departamento de Darias aseguró que en enero de 2022 volvería a tener los datos, pero por ahora sigue sin hacerlos públicos
Sanidad dice que Política Territorial es quien puede entregar una copia del protocolo de control en los aeropuertos; Política Territorial dice que es Sanidad
El Ministerio de Sanidad tampoco ha entregado los datos diarios de cuántos pasajeros sospechosos de COVID-19 detectaban ni del número de positivos

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha instado al Ministerio de Sanidad a publicar el acta de la sesión 211 de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), celebrada el 7 de abril de 2021. En concreto, según la resolución a la que ha tenido acceso ConSalud.es, le concede un plazo máximo de “10 días hábiles” para remitir el documento a Farmaindustria.
Fue la patronal de la industria farmacéutica la que solicitó en mayo de 2021 al Ministerio de Sanidad acceso al acta de la CIPM del día mencionado, amparándose en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Sin embargo, el departamento sanitario únicamente remitió el informe con los acuerdos alcanzados en dicha sesión, no así al acta de la reunión.

Sanidad externaliza la gestión de las vacunas de Pfizer, Moderna y Novavax por 3,4 millones anuales
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios adjudica a varias empresas las labores de recepción, mantenimiento y distribución de las vacunas contra la COVID-19
Por Alba Martín Campos
Mientras Sanidad y las comunidades autónomas deciden cómo será la estrategia de gestión del coronavirus a partir de esta primavera, el Gobierno negocia la forma en la que se mantendrán y repartirán a partir de ahora los remedios para contener el virus. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha contratado en marzo de 2022 a tres empresas multinacionales ─ID Logistics Iberia, Oiarso S.Coop y Logista Pharma─ para que se encarguen de la recepción, el almacenamiento y la distribución de las vacunas contra la COVID de Pfizer/BioNTech y Moderna durante los próximos doce meses. El presupuesto máximo para ese periodo es de 3.387.449 euros.

Adquirió los cuatro tipos de tapabocas en 19 acuerdos a 1,2 euros la unidad entre marzo y mayo de 2020. El 70% de la inversión fue para las FFP2.
El Ministerio de Sanidad destinó 276.543.419 euros en contratos de mascarillas quirúrgicas, N95/NK95, FFP2 y FFP3 entre marzo y mayo de 2020, impuestos y aranceles incluidos. De media, cada unidad le costó 1,2 euros.
El embudo para la compra de material sanitario en los meses más crudos de la enfermedad fue común en todas las administraciones. También para el Gobierno. Según ha podido conocer Newtral.es a través de una petición de información en el Portal de Transparencia, tanto el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) como el Ministerio de Sanidad se hicieron con casi 239.000.000 unidades de mascarillas entre el 10 de marzo y el 28 de mayo de 2020. La mayor parte de ellas fueron quirúrgicas de tipo II y IIR.
Aunque la mayoría de mascarillas que se adquirieron fueron las quirúrgicas, la inversión fue mayor para las de tipo FFP2, ya que su precio medio era de 3,5 euros la unidad. En concreto, el 70% del dinero fue a parar a la compra de estos tapabocas.

Cataluña (121.140) es con diferencia la región que más dosis del suero frente al coronavirus ha eliminado, según las actas enviadas al ministerio hasta el momento

El gasto de estos viales malgastados supera los 2,5 millones de euros
Antonio Salvador
En respuesta a una petición de información tramitada al amparo de la Ley de transparencia, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha facilitado copia de las actas de destrucción de vacunas que las administraciones autonómicas le han hecho llegar entre el 15 de septiembre (Aragón) y el pasado 2 de febrero (Melilla). No consta en la carpeta electrónica remitida ningún documento relativo al material desechado por Andalucía, Canarias, Madrid y el País Vasco.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó hacer la evaluación independiente de la gestión de la pandemia en octubre de 2020
El equipo de coordinación y planificación de la evaluación no se conformó hasta septiembre de 2021
El plazo marcado para acabar la evaluación era de cuatro meses desde que se crea el equipo de planificación: ya ha terminado
Aún no se ha nombrado al equipo de "evaluadores especializados" que tiene que hacer el informe final
El Ministerio de Sanidad asegura que la evaluación sigue en fase de "planificación" y que no sabe cuándo se terminará

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 10 de enero que el Gobierno iba a hacer una compra de Paxlovid, el tratamiento antiviral contra la COVID-19 fabricado por Pfizer. El presidente, además, especificó que la compra se iba a hacer “en el mes de enero”. A pesar de ello, el Ministerio de Sanidad ha reconocido, ante una solicitud de acceso a la información realizada por Maldita.es, que aún no ha comprado el medicamento.
Este medio de comunicación había solicitado a través de la ley de transparencia el contrato de compra de Paxlovid por parte del Gobierno de España. El Ministerio de Sanidad ha respondido a 4 de marzo reconociendo que “todavía no se ha realizado ninguna compra, ni de Paxlovid ni de ningún otro medicamento similar”. Sanidad explica, eso sí, que están en negociaciones con Pfizer para la compra del antiviral.

El ministerio cuenta también con buzos, test y sedantes para asegurar el suministro a las comunidades en caso de necesidad
Antonio Salvador
En respuesta a una solicitud de información tramitada al amparo de la Ley de transparencia, la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia -uno de los dos organismos con los que Sanidad ha llevado a cabo las compras de material junto con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA)- ha cifrado en 466.697.230 mascarillas las existencias de las que se dispone hoy. Por tipología, las quirúrgicas (389.725.550) representan el 83,5 % del total, seguidas de las FFP2 (75.064.760) y las FFP3 (1.906.920).

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha ordenado al Ministerio de Sanidad proporcionar en un plazo máximo de diez días hábiles el listado de todos los asistentes a las reuniones de la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) y las órdenes del día en las mismas durante los años 2019, 2020 y 2021.
Se trata de una petición en curso desde junio del año pasado, denegada en un primer momento por el Ministerio de Sanidad, ya que consideraba que la solicitud de estos datos “excede con mucho de la información que permite la ley”. Así, alegaba que conocer los nombres y apellidos de los miembros del órgano anteriormente citado son “puramente privados cuya divulgación no se encuentra legalmente amparada”.

Un periodista intenta desde 2017 averiguar el coste que ha supuesto para la Administración el fármaco 'Truvada': Transparencia le ha amparado, pero Sanidad y el laboratorio que lo comercializa han pleiteado para no revelar los datos
Antonio Salvador
Gilead Sciences SL, la filial de la compañía de investigación biofarmacéutica estadounidense que comercializa en España la pastilla que previene la transmisión del VIH (Truvada), ha recurrido en los tribunales la resolución por la que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) instaba al Ministerio de Sanidad a revelar el número de dosis, el coste que le ha supuesto a la Administración el tratamiento diario de cada usuario desde 2000 y la evolución del precio de este antirretroviral incluido en la cartera de prestaciones del Servicio Nacional de Salud.

Concede a Farmaindustria el acceso a las mismas y a los acuerdos correspondientes a 2020 y principios de 2021
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha ordenado al Ministerio de Sanidad que, en un plazo de diez días, conceda a Farmaindustria el acceso a todas las actas y al contenido de los acuerdos de la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) del Ministerio de Sanidad, concretamente, del año 2020 y de enero, febrero, marzo y abril de 2021.

Tras la negativa del Ministerio a proporcionar los nombres de los nodos de evaluación por "protección de datos"
POR CLARA HERNÁNDEZ
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha ordenado al Ministerio de Sanidad que, en un plazo de diez días, dé a conocer la composición actual del Grupo de Coordinación de la Red Española de Evaluación de Medicamentos en el Sistema Nacional de Salud (Revalmed SNS), concretamente los nombres y apellidos de los coordinadores de los nodos de evaluación y los representates de las comunidades autónomas.
De manera que Transparencia estima una reclamación que se presentó en mayo de 2021 después de que el Ministerio de Sanidad se negase a publicar estos nombres. Esta resolución insta al departamento liderado por Carolina Darias a proporcionar la información a la persona que la reclamó con copia a Transparencia.

La Comunidad de Madrid gastó en diciembre casi 30 millones de euros en la compra de más de 15 millones de unidades de test de antígenos a 12 proveedores | Los precios abonados oscilan entre 1,58 y 2,9 euros, por debajo de lo pagado por el ministerio
ANTONIO SALVADOR y ANA BELÉN RAMOS
La Comunidad de Madrid compró a 2,5 euros un test rápido de antígenos para la detección de la covid-19 que el Ministerio de Sanidad adquirió nueve días después por 3,1 euros. El Gobierno de Díaz Ayuso pagó casi un 20 % menos por idéntico producto del mismo fabricante a pesar de que el número de unidades que encargó era notablemente inferior

Sanidad (76) e Interior (71), los ministerios que más resoluciones en contra recibieron el pasado año tras recurrir al silencio administrativo o invocar alguna causa de inadmisión cuando no había razón para no facilitar la información requerida
Antonio Salvador
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) estimó el pasado año 431 reclamaciones interpuestas por la ciudadanía contra el Gobierno por no ofrecerle la información solicitada o proporcionarla de manera parcial, una cifra que representa un incremento del 11,37 % respecto a las 387 de 2020. Los ministerios de Sanidad e Interior fueron los que más resoluciones en contra recibieron en dicho periodo.