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La contratación pública es, pues, un ámbito de indudable importancia económica en la economía catalana. Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y, en especial, de la regulación que efectúa el artículo 150.1 de la LCSP, al prever que los órganos de contratación tienen que trasladar a la ACCO, con carácter previo a la adjudicación del contrato, los indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, así como también el establecimiento de una nueva regulación en relación con las prohibiciones de contratar con las administraciones públicas, se considera relevante recoger todas las novedades en esta nueva Guía.

Nuestros Diputados acaban de descubrir que la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público -LCSP que ellos aprobaron hace más de un lustro- también existe y les pone muy difícil contar inmediatamente con un servicio externo de traducción e interpretación de las nuevas lenguas cooficiales en el Congreso. El artículo de El Periódico se refiere a la necesidad de incluir seis meses de transitoriedad para implantarlos en la Cámara Baja y que “deberán contratarse de manera exprés y licitarse según la LCSP; un trámite que, advierten fuentes parlamentarias, podrían dificultar incluso que pueda aplicarse la traducción simultánea en el plazo establecido de seis meses”. Bienvenid@s Sus Señorías a la dura vida cotidiana de la contratación pública.

El experto universitario considera que los procedimientos de contratación "mayores" son enormemente garantistas en España, pero subraya que la Administración también necesita contratos menores por su agilidad
Catedrático de Derecho Administrativo, Juan José Díez ha desarrollado toda su actividad docente, investigadora y de gestión en la Universidad de Alicante. Su actividad docente se desarrollado en torno a asignaturas de las licenciaturas, grados y postgrados adscritas al área de Derecho Administrativo del Departamento de Estudios Jurídicos del Estado, especialmente en las titulaciones de Derecho y Derecho-ADE. Además, ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e Internacionales de su especialidad. Su actividad investigadora tiene como principales líneas el procedimiento administrativo, los actos políticos, la ordenación del territorio y el urbanismo, la función pública y el Derecho local.

Este 9 de marzo de 2023 se cumplen cinco años de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Y esta fecha permite hacer un sucinto balance retrospectivo, prospectivo y propositivo en relación al funcionamiento práctico de esta normativa

El 8 de marzo, de la mano de Aranzadi, se celebra una nueva edición del Club de los Miércoles, de 13.00 a 14.00. En esta ocasión, este encuentro online girará en torno a luces y sombras de la Ley de Contratos del Sector Público en su quinto aniversario. 

El día 24 de diciembre de 2022, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
En esta Ley, se reproducen las mismas modificaciones en materia de contratación pública operadas por el Proyecto LPGE 2023 del pasado 8 de octubre de 2023 que ya analizamos en esta entrada del BLOG “Novedades y modificaciones en contratación pública en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2023”: modificaciones a 18 artículos de la LCSP, a 3 artículos del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales; y a 1 artículo de Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.
La novedad respecto a lo anterior es que:
Se incluyen modificaciones a la Ley 47/2003, 26 noviembre, General Presupuestaria y se introduce la Disposición adicional centésima décima segunda acerca de cómo llevar a efecto el Análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos administrativos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla la Mancha y co-director del ObCP, José Antonio Moreno Molina, presenta en esta opinión que lleva por título "Modificaciones introducidas en la Ley de Contratos del Sector Público por la Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para 2023" y que cuenta con el siguiente sumario:
Otra tradición navideña: la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público por la Ley de Presupuestos. La inseguridad jurídica ante las constantes reformas de la LCSP.
Modificaciones que realiza la Ley 31/2022 en la LCSP.
En especial, la regulación del procedimiento a seguir ante la existencia de indicios fundados de conductas colusorias en los expedientes de contratación en tramitación.

España ultima la aprobación de la Estrategia Nacional de Contratación Pública, un instrumento jurídico que será vinculante para todo el sector público y que la Comisión Europea lleva años exigiendo al Gobierno para aumentar la transparencia y la eficiencia en las compras del sector público. El Ejecutivo ha prometido a Bruselas tenerla lista antes de 2023.
El Gobierno promete medios al supervisor de la contratación pública pero no le da presupuesto propio
La estrategia, prevista en la Ley de Contratos Públicos de 2017, está comprometida con Bruselas desde 2018, tras la aprobación de esa ley, que traspuso dos directivas europeas de 2014. Y figuraba en el Plan de Recuperación enviado por el Gobierno a la Comisión Europea en abril de 2021. La responsable de aprobarla es la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación pública (OIRESCON), una entidad que España puso en marcha en 2018 también por exigencia de la UE.

En numerosas ocasiones las licitaciones son declaradas desiertas, ante la desesperación de los convocantes que ven como se demorará el inicio de la ejecución de sus necesidades.
Ante esta situación el órgano de contratación puede optar entre, modificar los pliegos de condiciones sobre todo determinando que parte de su contenido no ha logrado atraer ofertas a su necesidad contractual, lo que supondría iniciar nuevamente un procedimiento ordinario de licitación; o bien podría mantener las características esenciales recogidas en los pliegos de condiciones y tramitar un procedimiento negociado sin publicidad.
Centrándonos en esta segunda opción y siempre teniendo en mente que el procedimiento ha sido declarado desierto, debemos determinar cual es la causa del fracaso en la licitación. Pues de su definición podremos aplicar uno u otro supuesto.

El Gobierno trabaja en una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para regular con detalle cómo debe actuar una administración en caso de detectar posibles prácticas contrarias a la competencia en el transcurso de una licitación.
Así consta en la respuesta dada por el Ejecutivo a la portavoz económica de Ciudadanos en el Congreso, María Muñoz, que había preguntado al Gobierno si contemplaba medidas para mejorar la detección de estas prácticas.
Todo ello tras la sanción por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a seis de las principales constructoras --Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr-- con multas por 203,6 millones de euros.

Beatriz Montes, Letrada en la Universidad Politécnica de Valencia y experta en contratación pública, realiza un resumen de la Ley 18/2022, señalando las modificaciones que afectan a la Ley de Contratos.
El pasado 29 de septiembre se publicó en el BOE la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, ley que se aprueba en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en particular se incardina en el Componente 13 relativo al “Impulso a las Pymes”.

Siempre, desde la primera ley de 1995, he tenido la sensación de que la gestión de las prohibiciones de contratar establecidas en la normativa de contratación pública es un espacio dominado por una espesa niebla. Seguramente todo empieza en la propia regulación legal que no permite una fácil inteligencia: relación abigarrada de supuestos de prohibición de contratar de diferente índole, tipos delictivos de no siempre fácil delimitación, sanciones administrativas en campos muy diversos y estableciéndose un tratamiento procedimental diferente según causa de prohibición establecido todo ello en artículos separados con muchas remisiones internas que fatigan y dificultan la comprensión…pero la razón fundamental de la susodicha niebla, seguramente, es una concatenación de incumplimientos procedimentales que deja muy debilitada la protección de las AAPP frente a empresas sin moralidad profesional ni responsabilidad social. Creo que esta espesa niebla puede estar disimulando graves incumplimientos de actuación de las Administraciones Públicas que provocarían inconsistencia en el impulso de la contratación pública estratégica. Veamos.

Una de las novedades más relevantes que introduce la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), es la introducción del llamado contrato de concesión de servicios y la desaparición del contrato de gestión de servicios públicos y de las formas de gestión indirecta de tales servicios que el TRLCSP recogía.
Índice de Contenidos
1 Contrato de servicios vs. contrato de concesión de servicios
2 El contrato de concesión de servicios
3 Criterios de adjudicación de los contratos de concesión de servicios
4 Más Información

Como siempre es útil tener a mano una visión general de los procedimientos de contratación, sus cuantías y plazos de licitación, hemos creado este cuadrito de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Como siempre, para compartir, reutilizar, transformar, mejorar, etcétera.

En este procedimiento no hay una inalterabilidad de las ofertas propia de los procedimientos ordinarios; sin embargo, no se prevé un documento de cierre de las negociaciones como sí se hace en el diálogo competitivo, ni se requiere un acta específica de las negociaciones. En este sentido, la ROARC Euskadi indicó que “(…) Hay que recordar que el procedimiento negociado se caracteriza por su flexibilidad, por lo que no es necesario que se documente en un acta específica o que consista precisamente en una cadena de propuestas y contrapropuestas”.

La contratación pública es uno de los elementos más importantes en la concreción de la acción del gobierno y la Administración. La amplitud de casuísticas, condiciones, normas y preceptos, junto con la criticidad de hacerla bien aumenta la responsabilidad de acertar en su gestión.
En el capítulo de hoy hablamos con Jaime Pintos Santiago, Doctor en Derecho y consultor especialista en contratación pública para AAPP y empresas, con una importante actividad divulgadora sobre la materia, además de profesor de Derecho Administrativo y Director del título de especialista en contratación pública de la UDIMA. Con él hablamos acerca de la importancia de profesionalizar de una manera integral y holística la contratación pública en organizaciones públicas, empresas y cargos electos: los retos que supone, los pasos a seguir y las prioridades en un entorno tan complejo como el actual.

La tramitación de emergencia encaja como anillo al dedo en una situación de pandemia: permite comprar algo, contratar un servicio o encargar una obra solo con hablarlo, y que se ponga en marcha de forma inmediata, sin perder ni un segundo. Sin papeleos previos y sin tener que cumplir todos los trámites habituales. Pero hay reglas de la contratación pública que, ya a posteriori, sí son de obligado cumplimiento. Y la más importante es la de la transparencia: la adjudicación se tiene que publicar en 15 días. Sin embargo, en los contratos de emergencia adjudicados durante 2020 y publicados hasta febrero de 2021 esa transparencia llegó tarde: la media fue de 43 días, casi el triple de tiempo.

Las administraciones públicas han dejado de invertir cantidades sin duda impactantes en determinados sectores. Y la reducción no siempre se debe a unos criterios justos basados en la eficiencia: se evidencia la preponderancia del criterio económico.

Un trabajo conjunto con Juan Carlos Gçómez Guzmán que ofrece un método para el desglose de los costes RÁPIDO Y SENCILLO mediante el uso de datos financieros (de la contabilidad externa de las empresas), que proceden de una fuente fiable, solvente e independiente y que se transforma en datos de gestión para calcular el coste de producción de la prestación para su ajuste al precio de mercado.

El 25 de enero de 2021 Iñaki Gabilondo dijo en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER: “Hay muchas señales que indican que tenemos problemas de estructura. (…) Se oye que los bomberos no pueden salir porque no tienen cadenas para las ruedas; que el problema de la vacunación se agrava porque no teníamos las jeringuillas necesarias. Tenemos un problema que tenemos que reconocer: ¡España no funciona! (…) España es un Estado moderno, pero tiene problemas de estructura, engranajes que no engarzan bien, problemas de desajustes claros, desorden, y una sensación de ineficacia porque parece que las palabras mandan más que los hechos. En los hechos estamos fallando, pero parece que no importa con tal de que luego tengamos palabras. Parece que la política se ha convertido en el oficio para explicar por qué no se pueden hacer las cosas.”

La LCSP trae consigo una serie de importante novedades procurando una forma de compra pública planificada y estructurada.
Cambios en las disposiciones generales, en la configuración general de la contratación del sector público, en los elementos estructurales de los contratos o en los contratos de las administraciones públicas, procurando un sistema de contratación pública más estructurado en aras de una mayor seguridad jurídica.
Con esta novena capa de conocimiento sobre la compra pública planificada y estructurada cerramos esta serie, de las que consideramos las capas básicas de conocimiento de la LCSP 2017.

El diseño del I Congreso Virtual en Contratación Pública plantea un viaje en la evolución de la gestión de la contratación pública.
El primer día de viaje lo vamos a dedicar a la Ley de Contratos, con MAYÚSCULAS.
(...)
En fin, que algo de experiencia tengo en los foros de contratación pública y lo que os puedo asegurar es que la inmensa mayoría de discusiones y problemas que se plantean son de tipo jurídico, de diferentes interpretaciones de los artículos de la Ley, de distintos informes y de diversas resoluciones.
La contratación pública es un continuo y polémico debate jurídico. (...)

El principio de unidad de oferta prohíbe a los licitadores presentar más de una proposición. El mismo principio les impide también suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal.