CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

Hace apenas unos días se aprobaba la esperada Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que, más de un año después de la finalización del plazo de transposición de la Directiva 1937/2019, cuyo contenido fue analizado en una entrada anterior.[1] En otra entrada publicada hace unos meses analizábamos el texto del Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que fue 23 de septiembre de 2022 fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, que mantenía ciertos preceptos potencialmente problemáticos. El texto del proyecto no ha sufrido cambios en lo sustancial, por lo que reproducimos a continuación algunos de los análisis realizados en entradas anteriores, añadiendo algunas consideraciones que entendemos relevantes respecto a algunas novedades contenidas en la Ley o acontecidas en su proceso de tramitación.

El pasado 23 de septiembre de 2022 fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, la configuración definitiva del Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta iniciativa normativa se realiza a instancia de la UE, y más en concreto bajo la necesidad de dar cumplimiento a la transposición de la Directiva 1937/2019 cuyo contenido fue analizado en una entrada anterior1. El texto del proyecto de Ley de protección de denunciantes, aunque mantiene ciertos preceptos potencialmente problemáticos, supone un paso fundamental hacia la integridad en la gestión pública y, en particular, en un sector particularmente expuesto como la contratación pública. Ésta, además, jugará con probabilidad un importante papel como instrumento para la externalización de la gestión canales internos y como ámbito de potenciales sanciones para el sector privado

El mercado de productos sanitarios ha mutado durante estas semanas en un escenario feroz, en el que proliferan los fraudes, los engaños y los artificios. Las Administraciones tienen la necesidad de adaptarse a este nuevo escenario, que exige actuar con la mayor rapidez y tener capacidad de reacción ante posibles cambios y contratiempos. Esto hace, de forma generalizada, que parezca inevitable el sacrificio de buena parte de las garantías que previamente revestían los procedimientos contractuales. Sin embargo, esto no debe suponer una renuncia total a los principios de transparencia e integridad. En esta opinión se busca reflexionar sobre qué límites y qué papel deben jugar estos principios en esta nueva realidad.

En esta entrada se aborda un tema hasta ahora no tratado en el Blog, el de las causas de exclusión facultativas, de la mano de Javier Miranzo Díaz.
Índice de Contenidos
1 Las causas de exclusión facultativas
2 Resoluciones del TJUE acerca de las causas de exclusión facultativas
3 La regulación en la LCSP
4 El quid de la cuestión