CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

El evento 'Parlamento Xove 2023' ha finalizado este viernes por la tarde en el Parlamento de Galicia bajo el tema '¿Las redes sociales favorecen la socialización de los jóvenes?', ocasión en la que los participantes contrarios han destacado la falta de transparencia de las plataformas, mientras que los favorables han llamado la atención para sus posibilidades de socialización.

Las entidades locales, así como el resto de administraciones públicas, están obligadas a rendir cuentas anualmente. El grado de cumplimiento es elevado pues el 96,9 por ciento remite la información a los órganos fiscalizadores, aunque solo el 75 por ciento lo hace dentro de plazo. Así se desprende de un informe elaborado por Red Localis, que además exlica que Galicia es una de las “más cumplidoras a nivel nacional”.
Aún así, Red Localis advierte que hay ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales menores que incumplen y no remiten la informacion al Tribunal de Cuentas o al Consello de Contas. “Este problema es especialmente importante para las mancomunidades que tienen un porcentaje de incumplimiento del 42 por ciento y de las entidades locales menores, del 55,6 por ciento”, señalan.

Esa solidaridad interregional existió, aunque tuvo un alcance muy limitado, según la información a la que ha tenido acceso la SER a través de una petición de información al Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. En realidad, se hizo un único envío -el día 2 de junio-; y a una sola Comunidad, Galicia. El volumen fue discreto: 500 viales de Moderna que, a razón de diez dosis por vial, hace un total de 5.000 vacunas viajando en sentido norte por la A-6.

El Consello de Contas alerta, en su informe sobre la contratación del sector local de Galicia correspondiente al ejercicio 2017, de un "alto grado de incumplimiento" de la obligación de remitir a este organismo dentro de los dos primeros meses de cada ejercicio la relación anual de los contratos formalizados en el precedente, incluidos los contratos menores.
Según expone, de las 441 entidades que forman parte del sector público local de Galicia --entre las que figuran ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consorcios o fundaciones, entre otros--, solo 303 remiten la relación anual de contratos o certificación negativa, un 68,71% del total. El resto, 138, "no remiten ninguna información sobre su actividad contractual, lo que supone un porcentaje de incumplimiento global del 31,29%", apunta.

Tomás Otero Ferreiro tomó este lunes posesión como nuevo presidente del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal), en un acto presidido por el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Valeriano Martínez.
Otero Ferreiro era, desde el año 2018, vocal en dicho tribunal. Nacido en 1974, es licenciado en Derecho por la USC, y funcionario del cuerpo superior (A1) de la Xunta desde el año 2001. Es, además, funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.

La Cidade da Cultura contará con un centro de ciberseguridad que dará cobertura a toda Galicia y servirá de enlace con las redes europea y estatal. Será en un edificio propio, que aprovechará la estructura existente en el Xardín do Teatro del complejo del Gaiás y que supondrá una inversión de 3,2 millones de euros.
La actuación ha recibido luz verde por parte del Ejecutivo autonómico en la reunión del Consello de este jueves, que ha dado el visto bueno a la construcción del Centro de Ciberseguridade de Galicia al amparo de un convenio entre la Amtega y la Fundación Cidade da Cultura de Galicia.

El Boletín Oficial del Parlamento ha publicado este viernes las declaraciones de bienes y actividades de los diputados gallegos, un trámite en el marco de las actuaciones de transparencia de la institución autonómica que se repite en las últimas legislaturas.
De ellas, se desprende que en los últimos cuatro años el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, saldó las hipotecas que tenían pedientes de 2001, pero contrajo una nueva que viene de 2018; mientras que Ana Pontón ahorró alrededor de 20.000 euros y el líder socialista, Gonzalo Caballero, se compró una vivienda en 2019.

Como informamos anteriormente, la Coalición Pro Acceso, a la que pertenece la Fundación Hay Derecho junto a otra treintena de organizaciones en defensa de la Transparencia, envió el pasado 7 de mayo cartas a todas las Comunidades Autónomas reclamando respetar y cuidar el derecho al acceso a la información durante la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Se distinguía en estas cartas entre aquellas autonomías que efectivamente ya estaban en lo posible realizando un esfuerzo por no dejar de tramitar solicitudes de transparencia, entre otras actividades, durante el confinamiento, y aquellas que pusieron más dificultades al acceso.

Tras la primera respuesta de la Comunidad Valenciana, que ya comentamos aquí, y la respuesta de Castilla y León, Cataluña y Murcia (que contamos aquí), hoy os presentamos las respuestas que ofrecen Navarra, Galicia y Comunidad de Madrid. (...)

A extraordinaria situación provocada nos últimos meses pola pandemia do coronavirus creou incentivos particularmente poderosos para a innovación social. Así, a aparición súbita dun conxunto de problemas sociais novos para os que as solucións existentes non semellaban adecuadas provocou a proliferación de alternativas innovadoras, algunhas máis sutís ca outras. Con fins ilustrativos, o curso utilizará numerosos exemplos extraídos da resposta ante a emerxencia sanitaria da COVID-19 e as súas consecuencias. O foco porase en exemplos centrados no sector público ou vinculados a colaboracións público-privadas.

Modalidade: teleformación
Datas: do 1 ao 23 de xuño de 2020
Horas lectivas: 15.
Número de prazas: 40.
Inscrición. desde as 8 horas do 19 de maio ata as 23.55 horas do 25 de maio en https://egap.xunta.gal/matricula

Los concellos están al límite y la paciencia se agota. La excesiva burocracia, la continua implantación de leyes que descargan responsabilidades sobre los mismos, la escasez de personal y las normas llamadas a traer transparencia y a implantar la administración electrónica tienen a los alcaldes al borde de un ataque de nervios. "Cada vez temos que facer máis con menos", o "sobran competencias e faltan recursos" son algunas de las frases más repetidas por los mandatarios locales.
Los regidores advierten de que las trabas en la contratación y la asunción de cometidos que consideran que deberían prestar otras administraciones ya está afectando a la prestación de servicios a los ciudadanos.
"Se está produciendo un déficit de atención, y trámites que debería tardar un mes ya están demorándose tres o cuatro meses. Estamos desbordados y hacemos una política de supervivencia", relata Alfredo García, regidor de O Barco de Valdeorras y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

La Red Localis, grupo de estudio sobre el municipalismo promovido por la Universidade de Vigo, ha instado a mejorar la protección e independencia de la figura del interventor local con el objetivo de evitar las "injerencias" de los cargos políticos.
Esta es una de las principales conclusiones que se extraen del noveno informe semestral elaborado por Red Localis y que ha sido presentado este viernes en la sede del Club Financiero, en Santiago de Compostela.
En el acto ha estado presente Marta Oviedo, autora del documento junto con Roberto Fernández. Oviedo ha estado acompañada por el profesor de la UVigo Alberto Vaquero y por Ignacio Rodríguez Taboada, del Banco Sabadell, entidad colaboradora en la novena edición del informe de Red Localis.

En diciembre de 2015, la Xunta de Galicia creó el Portal de Transparencia municipal de Galicia para que los ayuntamientos gallegos tuvieran acceso, de forma gratuita, a un aplicativo que permite cumplir con las obligaciones en materia de derecho a la información, tanto pasiva como activa, de la ciudadanía.

La Ley 19/2013, del 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se sustenta en tres pilares fundamentales: ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, incluídas las entidades locales.
La Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, tiene entre sus finalidades, servir de apoyo y ayuda a los ayuntamientos gallegos para alcanzar el grado de transparencia establecido por la actual normativa especialmente en aquellos ayuntamientos que carecen de medios suficientes para hacer frente a estos retos.
Con este objetivo, el 10 de diciembre de 2015 fue habilitada una plataforma web como instrumento para facilitar a todos los ayuntamientos gallegos la aplicación de sus obligaciones en materia de transparencia y facilitar la consulta de la información relativa a la actividad de la Administración local.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado 9 de marzo, sigue generando importantes quebraderos de cabeza en todos los actores implicados con una adaptación que está lejos de ser óptima y que ha dificultado de forma notoria las licitaciones desde las administraciones, que deben enfrentarse a una mayor burocracia para la que no están preparados. Una circunstancia que se agrava cuanto más pequeño es el tamaño de la entidad,
Además, la universalización que pretendía implantar esta nueva legislación, que surgió para cumplir los preceptos marcados desde la Unión Europea, se está convirtiendo en una importante amenaza para el tejido empresarial local, cuya viabilidad depende en muchos casos de los contratos captados en su administración más próxima, que no es otra que el ayuntamiento correspondiente. Por esta razón, la preocupación en la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) es evidente.

Data: 15 de xuño de 2018
Lugar: Sede da Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP). Rúa de Varsovia, 4C, Área Central, 15707 Santiago de Compostela.
Horario: 10:00 a 14:00 horas.
Destinatarios/as: Esta xornada está principalmente dirixida a secretarios/as, interventores/as e tesoureiros/as, empregados/as públicos en xeral, así como cargos electos da administración local.
Para inscribirse cubra este Formulario de inscrición.
Prazo de inscrición aberto ata o 14 de xuño.
Prazas limitadas.
Máis información e consultas no teléfono 881 998 016.

Programa (...)

En esta página encontrará las estadísticas más destacadas del trabajo desplegado por la Comisión da Transparencia. Los datos se incluyen en el momento de concluir el ejercicio estadístico ( anual) de la Comisión

El Decreto 24/2018, de 15 de febrero, tiene por objeto la regulación en Galicia del uso de medios electrónicos en lo relativo a los libros de actas de las sesiones de órganos colegiados de gobierno y de resoluciones previstos en la normativa de régimen local. Se pretende dar así cumplimiento a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

(...)

Entrada en vigor y régimen transitorio
El Decreto 24/2018, de 15 de febrero, entra en vigor el 21 de marzo de 2018, a los veinte días naturales de su publicación en el Diario Oficial de Galicia. Los ayuntamientos dispondrán de un plazo de tres años desde la entrada en vigor del decreto para adaptar los libros de actas y resoluciones al soporte electrónico. (...)

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha concretado que durante el año pasado se gestionaron casi 800 peticiones de acceso a la información pública en el Portal de Transparencia de la Xunta, frente a las 233 de 2016, lo que refleja un incremento del 242 por ciento. El 93 por ciento de las demandas se han resuelto y el 7 por ciento restante está en fase de tramitación.