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“El Anuario de Transparencia Local (ATL) 2023 viene a sumarse a la colección existente de ATL que, con seis números, es ya un referente obligado, cumpliendo con ello el objetivo de ser una herramienta útil para los Gobiernos locales que no han tenido fácil la aplicación efectiva de la legislación de transparencia, debido al planteamiento excesivamente uniforme del legislador respecto al municipio y sin prever recursos ni articular herramientas específicas para los Gobiernos locales intermedios que hubieren servido para más eficaz cumplimiento de las obligaciones tecnológicas y procedimentales impuestas por la ley”, según relata su director, Ramon Camp, en la presentación de la publicación. Un acto que se ha producido esta mañana en Barcelona, en la última sesión del Ciclo de seminarios de actualización jurídica local “Josep Maria Esquerda”.

Edita: Fundación Democracia y Gobierno Local
Director: Manuel Villoria Mendieta
Prólogo de: Alfredo Galán Galán
Índice:
PRÓLOGO: Riesgos sobre la integridad pública y sistemas de prevención: una propuesta de código ético local. Alfredo Galán Galán
CAPÍTULO 1: Introducción. Estado de la cuestión sobre los códigos éticos y de conducta. Manuel Villoria Mendieta
CAPÍTULO 2: Cómo afrontar los riesgos de integridad en la contratación pública. Goizeder Manotas Rueda
CAPÍTULO 3: Fundamentos de los principios éticos para la digitalización y el uso de la inteligencia artificial en los Gobiernos locales  Dolors Canals Ametller y Agustí Cerrillo i Martínez
CAPÍTULO 4: Bases de un código ético local y de gestión de riesgos sobre integridad (contratación pública, digitalización e inteligencia artificial, gestión de recursos humanos, gestión económico-financiera y presupuestaria y planificación y gestión urbanística)
Dolors Canals Ametller, Agustí Cerrillo i Martínez, Xavier Forcadell Esteller, Rafael Jiménez Asensio, Goizeder Manotas Rueda, Pilar Moreno García y Manuel Villoria Mendieta
EPÍLOGO Códigos éticos en la función pública
Rafael Jiménez Asensio

Jornada «Ética pública, integridad y buenas prácticas en el ámbito local»

El TSJM declara que la modificación sustancial del proyecto de Ordenanza que fue sometido a información pública, introducida mediante una enmienda, infringe el procedimiento de aprobación de las normas municipales. Se plantea la cuestión de si las enmiendas, que los concejales presentan en ejercicio del derecho fundamental de participación política, solo pueden prosperar si incluyen cambios no sustanciales.

El inicio de una nueva legislatura es el momento idóneo para que el legislador se plantee articular el demandado régimen especial para los pequeños ayuntamientos. Este ha de ser un sistema plural que se adapte a su realidad y que les permita convertirse en organizaciones verdaderamente útiles, tanto para el gobierno de su colectividad y de su territorio, como para el logro de otros objetivos de interés general, en especial, la lucha contra la despoblación. En este artículo se bosquejan algunos de los posibles aspectos estructurales y materiales que han de conformar el antedicho régimen.

Anabelén Casares Marcos es Catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de León 
La contratación menor en el ámbito local no es tanto la bestia a batir cuanto el animal a domesticar para garantizar su aportación positiva a la economía, eficiencia y eficacia de la entidad contratante. Su pervivencia no debiera preocupar tanto como la inaplazable necesidad de dotar de mayor seguridad jurídica a los gestores públicos para su correcta realización.

Silvia Díez Sastre es profesora titular de Derecho Administrativo (acr. catedrática de Universidad) del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid. Escribe: “Los contratos menores permiten adquirir obras, servicios y suministros mediante adjudicación directa cuando se cumplen los requisitos previstos legalmente. La simplificación y agilidad de esta forma de adjudicación conduce, en ocasiones, al fraccionamiento del objeto del contrato. Se celebran contratos sucesivos con el mismo objeto o se fragmenta el objeto de un contrato más amplio para beneficiarse de las reglas de adjudicación directa. El fraccionamiento del objeto del contrato supone una vulneración de las reglas y los principios de la contratación pública. La ausencia de una definición legal del fraccionamiento exige ordenar los criterios que permiten identificarlo en cada caso. Este trabajo pretende contribuir a esa tarea en un plano de metodología aplicativa, atendiendo al derecho positivo europeo y nacional, así como al material jurídico elaborado en la práctica administrativa y judicial”.

José Enrique Candela Talavero, doctor en Derecho y funcionario de la Administración local con habilitación nacional, escribe lo siguiente: “En el procedimiento de adjudicación de un contrato público, adquiere gran relevancia práctica una figura jurídica con caracteres propios. Es el contrato menor, que debe respetar la transparencia y la igualdad. Por desgracia, está presente en muchas prácticas corruptas al fraccionarse el objeto. Es un mecanismo muy utilizado por su simplicidad, pues no precisa un procedimiento de licitación, sino que tiende a una adjudicación directa a empresario con capacidad de obrar y habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. En cualquier caso, es necesario que se respeten en su utilización requisitos de valoración, temporales y de su necesidad no periódica e imprevista. En el trabajo se analiza su procedimiento y se insta a buenas prácticas según las actuales interpretaciones”.

Modificación de una ordenanza municipal a través de una enmienda a otra ordenanza
Javier Calvo García es Técnico Superior de Administración General. Ayuntamiento de Madrid
La modificación de una ordenanza a través de una enmienda plantea la cuestión de si en esa fase del procedimiento de aprobación de normas es exigible abrir un nuevo trámite de información pública o recabar informes preceptivos. La cuestión se complica si además la enmienda se presenta a una ordenanza que no es la modificada.

Buena parte de este número del Anuario del Buen Gobierno y de la Calidad de la Regulación, correspondiente a 2022, está dedicado a “la experimentación como elemento de evaluación de la calidad normativa y de las políticas públicas para la mejora del buen gobierno y de la buena administración, con especial atención a los sandboxes o ‘cajas de arena’ o ‘areneros’, utilizados para la regulación experimental”, como escriben Juli Ponce y Manuel Villoria, directores del Anuario, en el “Estudio introductorio a la edición de 2022”, quienes especifican que “sandbox es un témino inglés que, proveniente del ámbito de la computación, designa un entorno de pruebas para nuevos modelos de negocio supervisados por las instituciones regulatorias (Bolfill y Campos, 2020)”. Para poder profundizar en este tema, tras un primer artículo transversal, se ofrecen cuatro más referidos a la experimentación y otros dos a prácticas.

Acabamos de publicar el número 62 de Cuadernos de Derecho Local, con un monográfico dedicado a “La contratación menor en la esfera local”. En él podéis encontrar, además, los artículos de Francisco José Sospedra Navas sobre “El estado actual de la jurisdicción contencioso-administrativa y las proyectadas reformas de las leyes de eficiencia”, Manuel Táboas Bentanachs sobre la “Acción pública en materia de urbanismo”, Gianluca Gardini sobre la “Transparencia, acceso y buena administración: una comparación entre Italia y España”, y David Cabezuelo Valencia sobre “Limitaciones de las corporaciones locales en funciones durante el período de administración ordinaria”.
En este número publicamos también una “Crónica de jurisprudencia del Tribunal Supremo (de 1 de enero a 30 de abril de 2023)”, escrita por Víctor Escartín Escudé, así como dos crónicas consultivas: una de Ángel Oreiro Romar sobre la “Doctrina del Consello Consultivo de Galicia sobre la utilización del reconocimiento extrajudicial de créditos y la revisión de oficio para el abono de prestaciones contratadas de forma irregular”, y otra de Javier Píriz Urueña sobre la “Intervención preceptiva de los órganos consultivos y excepciones: supuestos analizados por el Consejo Consultivo de Castilla y León”.

La relación de servicio del alto cargo ya no descansa solo en la tradicional confianza con la autoridad que lo nombró. El régimen de buen gobierno establece un modelo donde es posible el cese al margen de la confianza: la sanción de destitución por aplicación del derecho disciplinario y la separación por incumplimiento grave de las obligaciones del alto cargo.

Los entes locales se enfrentan a una realidad disruptiva desconocida, la acción de gobierno utilizando la técnica de la persuasión, con instrumentos que provienen de la psicología y la economía conductual, como son los “nudges”. La finalidad es la incitación de conductas adecuadas al interés público, en beneficio de la persona y la colectividad, transformando la actividad administrativa procedimentalizada que conocemos.
En este post se exponen unos breves apuntes sobre los “nudges” de carácter público, y la necesidad de elaborar un régimen jurídico, de garantías y de control judicial, que desarrollo en el libro Perspectiva cognitiva y nudge público. La actuación conductual de los poderes públicos, publicado por la Editorial Aranzadi en abril de 2023.

El Tribunal Supremo reitera que los ciudadanos tienen derecho a conocer no solo los acuerdos de los órganos colegiados, sino también las actas de sus reuniones. La posible inclusión de las manifestaciones realizadas en la sesión no es una razón válida para denegar el acceso al acta.

¿El derecho de acceso a la información pública es realmente efectivo? ¿Qué ocurre si la Administración obligada a dar una determinada información a quien la reclama no cumple con su obligación? ¿Tienen fuerza ejecutiva las resoluciones de los consejos de transparencia ante el incumplimiento de la Administración?
El reconocimiento de un derecho de acceso a la información pública en las leyes estatal y autonómicas en materia de transparencia, para que fuera efectivo, debía ir acompañado de un mecanismo que hiciera realidad el acceso a la información solicitada en los casos en los que el ente obligado a facilitar la información no cumpliera con su obligación.

Anuario de Transparencia Local 2022
Índice
I. Estudios
11 La ejecutividad de los acuerdos de los órganos garantes en la legislación de transparencia - Joaquín TORNOS MAS
35 El derecho de transparencia en el acceso a los códigos fuente - Alejandro HUERGO LORA
II. Informes
69 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO (CTBG)
111 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (CTPDAnd)
133 CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE ARAGÓN (CTAR)
147 COMISIONADO DE TRANSPARENCIA DE CANARIAS (CTCan)
181 COMISIONADO DE TRANSPARENCIA DE CASTILLA Y LEÓN (CTCyL)
207 COMISIÓN DE GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CATALUÑA (GAIP)
267 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID (CTPCM)
283 CONSEJO VALENCIANO DE TRANSPARENCIA (CVT)
313 COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE GALICIA (CTG)
347 CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA (CTN)
III. Anexo
373 ÍNDICE DOCTRINAL

Las iniciativas de ciudades inteligentes (smart cities) crean nuevas formas de relacionamiento entre ciudad-patrimonio cultural-personas-instituciones públicas. En esta entrada, se presentan unas breves reflexiones sobre el tema y se sugiere hacia dónde tienden a avanzar las sinergias entre dichas materias.
Todas las definiciones de smart city tienen como elemento común el uso de la tecnología para la mejora de la sostenibilidad y eficiencia de los servicios públicos. El concepto ha evolucionado con el tiempo, incorporando la gestión urbana bajo una visión holística de la ciudad como un sistema funcional complejo y multisectorial, que prioriza realmente el papel de los ciudadanos en la toma de decisiones, de ahí que el concepto de ciudad inteligente se hallaría directamente ligado al concepto de desarrollo urbano sostenible

La mejora del sistema de pago a proveedores de las entidades locales
El Gobierno ha habilitado una línea de créditos ICO, dentro del Fondo de Financiación Local, destinada a entidades locales que, voluntariamente, deseen mejorar su sistema de pago a proveedores, con unas condiciones muy ventajosas. Esta alternativa es especialmente útil para los pequeños municipios.
La normativa estatal sobre morosidad y sostenibilidad financiera de las Administraciones públicas hace del periodo medio de pago a proveedores el principal indicador de la capacidad financiera, y de gestión de la tesorería, de las entidades locales.
Ciertamente, desde el año 2000, han sido diversas las normas europeas y estatales que han venido a tratar de paliar las consecuencias que la morosidad pública tiene sobre la economía productiva. Aspecto este especialmente importante en el caso español, cuya estructura empresarial incluye a un importantísimo número de autónomos y de pequeñas y medianas empresas.

La necesaria discrecionalidad con la que los grupos políticos locales disponen de las aportaciones financieras de su respectiva entidad local para su funcionamiento ha estado acompañada de una innegable opacidad, lo que ha venido siendo un déficit de nuestra democracia local. Frente a esta praxis, debe subrayarse el elevado interés público en la divulgación de esta información, vinculada al mandato de rendición de cuentas.

La presente entrada tiene por objeto aclarar las diferencias entre dos figuras, afines en nuestro derecho administrativo: la contratación pública y los convenios en su regulación de régimen jurídico del sector público, partiendo de la naturaleza de sendas herramientas al servicio de las Administraciones públicas.

“La digitalización de los procedimientos en los Gobiernos locales: una tarea pendiente”, de la doctora en Derecho, profesora asociada de Derecho Administrativo de la URV y codirectora de Red Localis, Concepción Campos Acuña, aborda, con un enfoque poliédrico, las dificultades a las que se enfrentan las entidades que integran la Administración local para llevar a cabo los procesos de digitalización de su actividad. Caracterizadas por una planta infradimensionada, con escasez de recursos materiales y personales para asumir los retos que se presentan, aporta evidencias sobre el estado de implantación de la administración electrónica, los riesgos de obsolescencia regulatoria y las posibilidades que, aun así, el modelo actual permite en términos de automatización de procesos.

Este artículo forma parte del monográfico sobre la digitalización de los Gobiernos locales que publicamos en el último número de la Revista Cuadernos de Derecho Local nº 58.

Lee el artículo de Concepción Campos Acuña, ‘La digitalización de los procedimientos en los Gobiernos locales: una tarea pendiente’

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El derecho a una buena administración es un rasgo de la globalización jurídica, con incidencia a nivel mundial, incluyendo Iberoamérica, región donde existe como soft law una Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, de 2013, impulsada por el CLAD y suscrita por la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, incluyendo a España, que se refiere a él repetidamente.

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena; el director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Jesús Jiménez, y el director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, Alfredo Galán, han inaugurado el pasado 14 de octubre la Jornada “Transparencia y Gobiernos locales”, un encuentro en el que han coincidido en defender la “importancia” del derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía, un derecho cimentado en las democracias para promover la rendición de cuentas y la transparencia de la gestión pública. Y en la que se ha presentado el Anuario de Transparencia Local 2021.