CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

Una novedosa sentencia respalda la celebración de Plenos virtuales en los Ayuntamientos por la pandemia del coronavirus y a pesar de que no esté vigente el estado de alarma,

Una persona solicitó información al Ministerio de Política Territorial y Función Pública sobre cuáles fueron las solicitudes de acceso a la información pública que se resolvieron o contestaron durante el estado de alarma y cuáles quedaron paralizadas como consecuencia de la suspensión de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos declarada por el estado de alarma.

El estado de alarma por el coronavirus mantuvo los plazos administrativos paralizados en España desde el 14 de marzo hasta el 31 de mayo. El Gobierno dejó de responder a la mayoría de las solicitudes de transparencia que hacían los ciudadanos y las peticiones en el Portal de la Transparencia se fueron acumulando. En junio se levantó la paralización de plazos y empezaron a resolver solicitudes.

Desde la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo todos nos hemos visto asaltados por la conexión digital en sus múltiples versiones, nos hemos conectado una y mil veces, hemos conocido plataformas, aplicaciones y demás posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Sin horarios, sin límites. Porque la situación, al menos en determinados casos, lo requería, pero ahora que regresamos a lo que se ha dado en llamar nueva normalidad, toca reordenar, y para ello una de las cuestiones fundamentales pasa por hacer efectivo el derecho a la desconexión digital.

Las unidades de información de transparenciade los ministerios, que no han dejado de tramitar las solicitudes durante este tiempo, están resolviendo las peticiones de forma muy rápida desde que se levantó la suspensión de plazos el 1 de junio.

Los departamentos ministeriales han resuelto 1.026 solicitudes de acceso a la información pública del Portal de la Transparencia en las dos primeras semanas de junio.

Entre el 14 de marzo, cuando se suspendieron los plazos administrativos con el Real Decreto del estado de alarma, y el 31 de mayo de 2020, último día de la suspensión de plazos, el Portal de la Transparencia recibió 1.450 solicitudes de accesoa informaciónpública.

Estas nuevas solicitudes, junto a las que estaban pendientes al declararse el Estadode alarma, han supuesto un total de 1.997 solicitudes en tramitación a 31 de mayo de 2020. Frente a esta situación, las unidades de información de transparencia de los distintos ministerios han redoblado sus esfuerzos. La cifra de solicitudes resueltas en tan solo dos semanas equivale a un 70% de las 1.450 presentadas durante el periodo en que han estado suspendidos los plazos administrativos y un 50% de las 1.997 solicitudes en tramitación y pendientes de resolver a 31 de mayo de 2020.

Entre el 14 de marzo y el 15 de mayo, la Junta de Castilla y León recibió 58 solicitudes de acceso a la información, que han sido resueltas del siguiente modo -con la actualización hecha a fecha 5 de junio-. De ese total, 14 se relacionan con informaciones vinculadas a la COVID-19 –dos resueltas por la Consejería de Sanidad; más otras tres por parte de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior-. Las cuestiones que de manera concreta se solicitaron en esos 14 casos fueron tres solicitudes relacionadas con la adquisición de mascarillas o protectores faciales; siete solicitudes relacionadas con residencias de personas mayores, a través de las cuales se pregunta sobre diversos aspectos relacionados con el número de fallecidos, medidas de seguridad adoptadas, licencias, registros, sanciones impuestas, etc.; una solicitud relativa a los datos sobre las personas recuperadas en Castilla y León hasta la fecha por esta enfermedad; y dos solicitudes que requieren la documentación enviada por la Junta de Castilla y León al Ministerio de Sanidad con objeto de las fases de desescalada. De las otras 44 solicitudes registradas referentes a diversas materias, 21 ya han sido resueltas –nueve en Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior; cuatro en Sanidad; tres en Economía y Hacienda; tres en Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; una en Presidencia; una en Fomento y Medio Ambiente-.

Las dimensiones de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, ha supuesto un gran impacto en diversos sectores, desde el ámbito sanitario hasta el de seguridad, el económico, o el jurídico. En esta situación la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) elaboró, en primer lugar, un documento (“Impacto en la contratación pública de las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma como consecuencia del COVID-19”) con la finalidad de compilar y sistematizar toda la normativa en materia de contratación pública generada durante la declaración del estado de alarma, así como de clarificar sus implicaciones con el objetivo de constituir una herramienta útil tanto para los órganos de contratación, como para los contratistas y operadores económicos en general, cuyas actividades tengan relación directa o indirecta con la contratación pública.

Por otro lado, nos pareció de utilidad hacer un Informe Especial de Supervisión (“Publicidad de los Contratos tramitados durante el estado de alarma derivado del COVID-19”) abordando la supervisión del cumplimiento de los requisitos del principio de publicidad que, como principio vertebrador de la LCSP, se exige respecto a los contratos adjudicados por tramitación de emergencia

En este punto, desde la OIReScon nos parecía imprescindible hacer una guía que pueda servir para reactivar la contratación pública, por un lado, apoyando a los órganos de contratación, ofreciéndoles los recursos y opciones disponibles en el marco legal vigente y minimizar las dudas que las circunstancias actuales pueden provocar y, por otro lado, dirigiéndonos a los operadores económicos, en aras de una mayor información y seguridad jurídica en los contratos públicos afectados por las medidas y actuaciones derivadas de la crisis del COVID-19.

De ahí la elaboración de esta “Guía para la Reactivación de la Contratación Pública tras el levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos”, que esperamos resulte de utilidad para todos los agentes que forman parte del mercado de la contratación pública.

Aunque la celebración de sesiones de los órganos colegiados a través de medios telemáticos constituye una demanda que venía de lejos, ha tenido que ser una pandemia la que lo ha hecho posible por la vía del Real Decreto-Ley. Así, con la modificación de la LRBRL, mediante la adición de un apartado tercero al artículo 4 de la normativa básica por el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, ante la imposibilidad declarada de reuniones presenciales como así afirmaba la justicia «El juzgado suspende el pleno presencial del ayuntamiento de León» .
Pero ahora que comienza a hablarse de “nueva normalidad” surge la pregunta
¿Podrá seguir haciéndose uso de esta modalidad cuando se levante el estado de alarma? (...)

"Los contratos menores en el estado de alarma también se han visto afectados por medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19.
Tenemos que partir del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 18 de marzo de 2020, con entrada en vigor el mismo día 18 de marzo de 2020 y vigencia durante el plazo de un mes desde su entrada en vigor, sin perjuicio de que, previa evaluación de la situación, se pueda prorrogar su duración por el Gobierno mediante real decreto-ley. (...)"

Con el Real Decreto del estado de alarma quedaron suspendidos los plazos administrativos, sin embargo, se recibieron 1.450 solicitudes de acceso a la información, de las que se han resuelto casi la mitad en menos de una semana

Derogada la suspensión de plazos, con efectos 1 de junio, las unidades de información de transparencia de los ministerios, que no han dejado de tramitar las solicitudes durante este tiempo, han resuelto una cifra equivalente al 44% de las peticiones recibidas durante el estado de alarma, esfuerzo que continuará hasta que queden resueltas en su totalidad

Más información en la Nota de prensa

1 de junio, una fecha en la que una gran parte del país está pendiente de las novedades de estar en la Fase 2. Sin embargo, en las administraciones públicas, la novedad será otra, el fin de la suspensión de los plazos administrativos decretados por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma, que contenía en su Disposición Adicional Tercera, una de las medidas más complejas en su aplicación para las administraciones públicas (junto con el artículo 34 RD-Ley 8/2020): la suspensión de los plazos administrativos, tal y como explicábamos en «Aplicación práctica de la suspensión de plazos administrativos en el estado de alarma» en sin perjuicio de la suspensión de los plazos procesales que recogía también en la Disposición Adicional Segunda del mismo.

Se levanta la suspensión de plazos administrativos a partir del día 1 de junio de 2020, según el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma.

Artículo 9. Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.

Como informamos anteriormente, la Coalición Pro Acceso, a la que pertenece la Fundación Hay Derecho junto a otra treintena de organizaciones en defensa de la Transparencia, envió el pasado 7 de mayo cartas a todas las Comunidades Autónomas reclamando respetar y cuidar el derecho al acceso a la información durante la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Se distinguía en estas cartas entre aquellas autonomías que efectivamente ya estaban en lo posible realizando un esfuerzo por no dejar de tramitar solicitudes de transparencia, entre otras actividades, durante el confinamiento, y aquellas que pusieron más dificultades al acceso.

Tras la primera respuesta de la Comunidad Valenciana, que ya comentamos aquí, y la respuesta de Castilla y León, Cataluña y Murcia (que contamos aquí), hoy os presentamos las respuestas que ofrecen Navarra, Galicia y Comunidad de Madrid. (...)

Una de las máximas de este blog (y creo que de buena parte de la academia sobre la eAdministración) es que su relevancia viene determinada por su uso. Es decir: da igual la cantidad de servicios digitales en producción y su profundidad, si no hay un uso real de los mismos. En este sentido, lo cierto es que España pese a tener una enorme disponibilidad de servicios, el uso real de los mismos ha andado muy por detrás (basta con ver la posición en el DESI en ambos elementos), incluso después de esfuerzos normativos importantes. El estado de alarma del COVID19 con el confinamiento y la dependencia de gran parte de la ciudadanía de los servicios públicos puede cambiar este escenario, pero ¿realmente crecerá el uso de la eadministración? ¿En qué terminos?

En nuestra serie de entrevistas sobre cómo miles de personas que trabajan en lo público se han adaptado a la situación del confinamiento, traemos a David Povedano, un viejo conocido del blog. David es habilitado nacional de la Administración Local y ejerce como secretario en el Ayuntamiento de Collado Mediano. Además, es miembro de la junta directiva del Colegio Oficial de Secretarios Interventores y Tesoreros de la Administración Local de la Comunidad de Madrid y colabora en el grupo de la FEMP de Pequeñas y Medianas Entidades Locales (PYMEL)

La situación generada por el COVID-19 ha traído la generalización del régimen de teletrabajo, pero con el carácter de medida excepcional. Pero eso no tiene mayor relevancia porque el desempeño de las funciones en régimen de teletrabajo o a distancia es una posibilidad que no está vinculada a la vigencia del estado de alarma, a la situación de pandemia (aunque en este caso, como dice ya el primer pronunciamiento judicial «El Teletrabajo DEBE continuar» o cualquier otra circunstancia externa, sino que forma parte de un modelo organizativo sobre el que corresponde decidir a la respectiva entidad en ejercicio de su potestad de autoorganización. Ahora bien, lo que sí está quedando clara es la necesidad de dotarnos de un marco mínimo, de una reglas del juego que eviten el uso y el abuso de este sistema como acertadamente apuntan en ¿El teletrabajo funciona bien o es que la gente se está matando a trabajar?.

21 de mayo, 2020
Como informamos anteriormente, la Coalición Pro Acceso, a la que pertenece la Fundación Hay Derecho junto a otra treintena de organizaciones en defensa de la Transparencia, envió el pasado 7 de mayo cartas a todas las Comunidades Autónomas reclamando respetar y cuidar el derecho al acceso a la información durante la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Se distinguía en estas cartas entre aquellas autonomías que efectivamente ya estaban en lo posible realizando un esfuerzo por no dejar de tramitar solicitudes de transparencia, entre otras actividades, durante el confinamiento, y aquellas que pusieron más dificultades al acceso.
Tras la primera respuesta de la Comunidad Valencia, que ya comentamos aquí, tenemos ahora respuesta de Castilla y León, Cataluña y Murcia.

(13-mayo-2020) El pasado jueves, la Coalición Pro Acceso (https://www.proacceso.org/) envió cartas a todas las Comunidades Autónomas para reclamar el máximo compromiso con la transparencia por parte de estas administraciones. Se trata de un compromiso que no todas las autonomías están teniendo en estos momentos, y así se les hizo saber. Hoy la Comunidad Valenciana nos responde.
La Coalición Pro Acceso, a la que pertenece la Fundación Hay Derecho junto a otras 30 organizaciones de la sociedad Civil, defiende el derecho de acceso a la información como derecho fundamental que es, reconocido por la legislación internacional, por muchas constituciones y por más de 80 leyes nacionales de todo mundo.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció este martes 19 de mayo en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros [min. 24:45] que la nueva propuesta de prórroga del estado de alarma del Gobierno incluye la reactivación de los plazos administrativos. Illa explicó que "desde el 1 de junio volverían a contar los plazos administrativos". Y así consta en la propuesta de prórroga del estado de alarma que el Gobierno ha llevado al Congreso de los Diputados para su aprobación.
Por lo tanto, si el Congreso aprueba la prórroga del estado de alarma en la votación de este miércoles 20 de mayo, este se alargará hasta el 7 de junio, pero el 1 del mismo mes dejará de estar en vigor la disposición adicional tercera del decreto de estado de alarma, que suspendía los plazos administrativos en nuestro país; y, por lo tanto, las solicitudes de acceso a la información pública y el derecho de acceso en general.

El Portal de Transparencia, el medio que permite a los ciudadanos pedir al Gobierno datos o informes amparándose en la Ley de Transparencia de 2013, lleva en suspenso más de dos meses, desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo. Desde entonces las solicitudes que se presentan no son tramitadas y así seguirán hasta el 1 de junio, cuando se levante la suspensión de todos los plazos administrativos, incluidos los de la rendición de cuentas. Mientras tanto se acumulan al menos 829 preguntas sin respuesta, que son las presentadas entre esa fecha y el 30 de abril, según datos facilitados a EL PAÍS por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, del que depende el portal.

Puede consultar en esta sección toda la información sobre el estado de alarma motivado por la pandemia del COVID-19. 

• Plan para la Transición hacia una nueva normalidad.
• Toda la información sobre las medidas.
• Resoluciones del Secretario Estado Política Territorial y Función Pública.
• Informes de seguimiento de las resoluciones del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública.
• Recursos oficiales digitales para combatir el COVID19.

La experiencia que está proporcionando la implantación del teletrabajo en el Ayuntamiento de València se aprovechará para una implantación definitiva de esta modalidad de trabajo. Así lo ha comunicado la concejala de Gestión de Recursos, Luisa Notario, que ha anunciado la creación de un grupo de trabajo multidisciplinar con el objetivo de crear un protocolo de teletrabajo y planificar su implantación.

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, a la izquierda, comprueba el funcionamiento de la nueva sede electrónica
El Ayuntamiento de Langreo acaba de activar su nueva sede electrónica, que amplía el catálogo de trámites y servicios a los que los ciudadanos pueden acceder de forma telemática a cualquier hora de todos los días del año. El entorno actualizado, cuyo desarrollo ha supuesto una inversión de más de 12.200 euros, permite un uso más sencillo e intuitivo que el de la anterior versión, según indican desde el consistorio en nota de prensa. La entrada en funcionamiento de la nueva sede pretende agilizar las gestiones necesarias en la fase de la desescalada del confinamiento, cuando siguen vigentes las normas de distanciamiento social y la atención presencial al público no ha recuperado aún el ritmo anterior a la declaración del estado de alarma.

"(...) Sin embargo, parece que, sin venir impuesto por la declaración del Estado de Alarma, hay un derecho de todos los ciudadanos que está siendo también limitado, de manera consciente o inconsciente, pero en definitiva, limitado. Me refiero al derecho de acceso a la información pública. (...)"

María Escamilla Faus es vicesecretaria COSITAL Valencia