CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

Autores: Enrique J. Benítez Palma, Economista. Investigador del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG). Ex Consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía; y Manuel J. García Rodríguez, Doctor Ingeniero (investigador Univ. de Oviedo). Ingeniero de datos (NTT Data).

El 19 de enero de 2023, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea (Lucha contra el fraude-Informe anual de 2021). En dicha Resolución, y en relación con el fraude y la contratación pública, destacan los siguientes puntos:

El seminario “El anteproyecto de protección de denunciantes: contenidos y valoración crítica”, de modalidad online, tendrá lugar el miércoles 30 a las 17:30h. y es de asistencia abierta previa inscripción.
La presidenta de la PLI, Virginia Pérez Alonso, y la directora de la Cátedra de Transparencia y Gobierno Abierto de la Universidad de Valladolid, Arancha Moretón Toquero, serán las encargadas de inaugurar el seminario.
Entre los/as expertos/as que intervendrán se encuentran: Cristina Fernández González (investigadora del Centro de Investigación para la Gobernanza Global), Gabriele Vestri (profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz), Javier Sierra Rodríguez (profesor de Derecho en las Universidades de Murcia y Alicante, jurista miembro de la PLI y coordinador del seminario), Enrique Benítez Palma (investigador del Instituto Ortega y Gasset) y Carlos Sánchez Almeida (abogado y director legal de la PLI).

El pasado 26 de enero, la Comisión Europea publicó dos documentos de enorme interés para nuestro futuro como ciudadanos de Europa. En primer lugar, la Formulación de una Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital. Y en segundo lugar, la propuesta de Declaración, que debe ser proclamada solemnemente por la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo.
La formulación defiende una transformación digital centrada en las personas (recuerden lo que está pasando con la banca, o con la administración pública electrónica), que debe ajustarse a los valores y las leyes europeas. Es decir, apuesta por un modelo propio que no es ni el de Estados Unidos (desregulado) ni el de China (controlado por el Estado y el partido único).

La actividad contractual de las últimas semanas puede dar una cierta idea de los avances en la digitalización de las distintas Administraciones Públicas españolas. A mediados de diciembre, la empresa pública andaluza Sandetel licitaba el “Servicio de oficina de proyectos especializada en sistemas de información con el tratamiento de datos masivos, sistemas de inteligencia de negocio e inteligencia artificial, metodologías y procesos asociados”. El jueves 23 de diciembre, se publicaba en el BOE el concurso para la contratación de los “Servicios de apoyo técnico para la gestión e implantación de proyectos de transformación digital en el marco de la ejecución del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2025”. Y el 28 de diciembre, la entidad instrumental ISDEFE publicaba en la Plataforma de Contratación del Sector Público los pliegos para la contratación de los “Servicios de apoyo técnico a la Oficina del Dato de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial (SEDIA)”. Entremos en materia.