CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

Como es lógico en una democracia liberal representativa, el primer punto del Manifiesto de Hay Derecho que presentamos el viernes pasado es la mejora del funcionamiento de los partidos políticos. Ya hace unos años presenté un Manifiesto para la reforma de los partidos políticos que fracasó de forma contundente, básicamente porque los partidos escogieron de las propuestas que entonces se presentaron las que más les convenía (básicamente el sistema de primarias) pero ninguna de las otras, que se referían a congresos a fecha fija, existencia de contrapesos internos, órganos de garantía independientes y, en general, a la mejora de la democracia interna y de la participación de los afiliados.

Presidencia del Gobierno no identifica a las personas que visitan a los altos cargos que trabajan en la Moncloa alegando “protección de datos”
Los expertos consultados por Maldita.es consideran que debería ser una información pública y la ciudadanía debería conocer con quién se reúnen los dirigentes públicos
España no cuenta con una regulación de lobbies y en las Cortes la publicación sobre las reuniones de diputados y senadores es opcional

Estas visitas forman parte de las 636 al presidente del Gobierno que han quedado registradas en el acceso al Complejo de la Moncloa para un periodo de seis meses, según la información obtenida por Maldita.es tras una solicitud de acceso a la información pública. En estas fechas, los altos cargos del Gobierno que trabajan en el complejo de La Moncloa (Madrid) atendieron 4.112 visitas, según los datos obtenidos vía Ley de Transparencia.

El denominado “caso Mediador”, en que el ya ex diputado canario del PSOE se valía de su condición de parlamentario y de sus muchos contactos para obtener comisiones de empresarios deseosos de asegurarse la buena disposición del Gobierno canario para sus negocios, fiestas con prostitutas incluidas, parece retrotraernos a épocas pasadas.

¿Quién viaja en los aviones oficiales acompañando al Gobierno? ¿Quiénes son los experto que tomaron las decisiones durante la pandemia? ¿Quién es la adjudicataria de los contratos millonarios de la administración? ¿Qué ayuntamientos no rinden cuentas de su gestión económica y financiera? Son preguntas cuyas respuestas se encuentran entre la ingente información que manejan las administraciones. Y se han construido gracias a las casi 58.000 peticiones de información y miles de datos publicados de oficio en los ocho años de vigencia de la ley de Transparencia.

La administración central, especialmente los ministerios, ha ignorado 210 resoluciones del Consejo de Transparencia que la obligan a dar información
Los expertos urgen al Gobierno a que apruebe la reforma integral de la ley a la que se comprometió para esta legislatura

Estaba entre los planes del Gobierno, como lo ha estado en los de muchos otros de sus antecesores, reformar la Ley de Secretos Oficiales. Pero del dicho al hecho siempre hay demasiado camino. La promesa ya aparecía en el programa electoral del PSOE de 1996, año en que el popular José María Aznar llegó a aprobar un proyecto de ley que acabó guardando en un cajón. El escándalo del espionaje de Pegasus convirtió en “impostergable”, en palabras de Pedro Sánchez, una reforma que el PNV venía pidiendo desde 2016 y que se había convertido en el muro con el que chocaban las peticiones de transparencia una y otra vez.

Es precisa una reforma que aumente la capacidad de movilizar todos los recursos públicos y privados disponibles, lo que requiere que la nueva arquitectura sea más inclusiva, más profesional y más orientada a la satisfacción de los intereses generales

Se cumple el octavo aniversario de la publicación de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Opinión pública y Buen Gobierno, (en adelante LTAIBG) aunque no de su entrada en vigor en el ámbito estatal y en el autonómico y local, que contaron con un generoso periodo de “vacatio legis” de un año, en el primer caso, y de dos años en el segundo. Y puede ser un buen momento para repasar un poco cómo ha funcionado su aplicación, lo que tiene mucho que ver con el funcionamiento de los órganos de garantía de la transparencia activa y pasiva, como bien sabía Pepe Molina. Efectivamente, lo importante más allá de la letra de la ley es que las obligaciones de transparencia activa o pasiva se cumplan bien voluntariamente -lo que siempre sería lo más deseable- o bien de forma obligada. Y un derecho vale lo que valen sus garantías, ni más ni menos.

Años antes de que se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley de transparencia, de lo que se acaba de cumplir el octavo aniversario, Elisa de la Nuez (Santander, 1961) ya escribía sobre la materia en el blog ¿Hay Derecho? Y formó parte de la comisión de expertos impulsada por el Centro de Estudios Constitucionales y P0líticos (CECP) sobre el anteproyecto de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. «Es evidente que estamos hoy mucho mejor que hace ocho años pero nos queda mucho camino que recorrer», declara a El Independiente.

Los fondos europeos Next Generation están destinados a compensar y reparar la situación de crisis que sufren los Estados miembros de la Unión Europea por la pandemia de la covid-19. La estrategia para invertir estos fondos es que los países beneficiarios los destinen a la creación de nuevos recursos propios, a través de reformas y políticas económicas 

El pasado 20 de octubre de 2020 con la publicación en el BOE se oficializaba el nombramiento de José Luis Rodríguez Álvarez como nuevo presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Justo tres meses después El Independiente hacía público que Rodríguez Álvarez había destituido a Esperanza Zambrano, que hasta entonces, y desde la creación del puesto en 2015, era la subdirectora general de Reclamaciones del Consejo. Pero hasta ahora no se conocían los motivos alegados por Rodríguez Álvarez para el cese de Zambrano.

Todos los expertos consultados sostienen que la ley de transparencia tiene un error de base y es que deja en un limbo legal la transparencia de los miembros de la familia real.

• Introducción Mesa Inaugural: Transparencia en tiempos de pandemia" Jorge Alguacil González-Aurioles, Subdirector del Centro de Estudios de Partidos Políticos, UNED Vídeo
  
• Miguel Ángel Blanes - Vídeo 
• Elisa de la Nuez - Vídeo
• Oscar Mauricio Guerra Ford - Vídeo

• Debate - Mesa Inaugural: Transparencia en tiempos de pandemia" - Vídeo

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Secretaria General de la Fundación Hay Derecho

Miguel Ángel Blanes Climent Experto en transparencia

Oscar Mauricio Guerra Ford Comisionado. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos del INAI.

Reformas normativas e impulsar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) con más medios técnicos humanos son dos de las cuestiones que los expertos creen que tendrá que afrontar José Luis Rodríguez Álvarez, exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y exalto cargo durante los Gobiernos de Zapatero, en su nuevo reto de presidir el CTBG.

En estos días veíamos la noticia sobre la constitución de un grupo de trabajo (el segundo que yo sepa en menos de tres años) para el estudio de los derechos digitales en el seno de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Efectivamente, el primero se constituyó en 2017 siendo Ministro Alvaro Nadal y con un grupo de siete expertos. El de ahora es más nutrido y también abrirá un proceso de participación a la sociedad civil. Mientras tanto, duermen el sueño de los justos los derechos digitales ya recogidos en el título X “Garantía de los derechos digitales”, incluido en la nueva Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter personal y garantía de los derechos digitales. Para variar.

Una vez descubiertas las andanzas patrimoniales y fiscales del rey emérito (que tanto se asemejan a la de otros personajes de su generación como el ex president Pujol) y aceptada por D. Juan Carlos I la única solución posible, es decir, apartándose de toda tarea institucional y abandonando España, la pregunta que podemos hacernos es la de si merece la pena conservar la institución monárquica como institución central de la Constitución de 1978 y, si la respuesta es positiva, qué reformas habría que hacer.

lunes 8 de junio se celebró la Comisión permanente del Foro de Gobierno Abierto, a la que asistimos varios miembros de Hay Derecho, incluida nuestra secretaria general, Elisa de la Nuez.
María Pía Junquera Temprano, Directora General de Organización Administrativa y Procedimientos en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, intervino en el Foro para rendir cuentas por el trabajo realizado desde la Dirección General en favor de la transparencia. Además, en la reunión, mantenida por Zoom, participaron algunos representantes de nuestras Administraciones Públicas.

El escándalo de los ceses en el Ministerio del Interior pone de relieve --una vez más-- varios de los problemas institucionales que aquejan a nuestra democracia. Efectivamente, no es fácil encontrar un síntoma tan claro de una enfermedad institucional como el cese del coronel Pérez de los Cobos.

El día 25 de mayo de 2020 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de Elisa de la Nuez en el cual la autora opina que la llegada del Covid-19 ha pillado a nuestra Administración Pública con una enfermedad crónica previa: una multiesclerosis aguda que la ha convertido en presa fácil de la pandemia en su vertiente de gestión errática y disfuncional.

“No podemos dar nunca nada por sentado. Ni la salud, ni la seguridad, ni la libertad, ni la democracia. Siempre hay que estar atento y luchar por ellas. Pero si lo hacemos juntos y con responsabilidad, podemos ganar y progresar como sociedad” (Elisa de la Nuez).

En la nueva batalla por el relato que se está gestando estos días una víctima colateral puede ser la transparencia, esencial en una democracia y más en situaciones excepcionales.

Como se ha generado una cierta confusión y polémica sobre la suspensión o no de la transparencia durante el estado de alarma, dejo aquí unas consideraciones técnicas rápidas para entender lo que está ocurriendo.

Después del tiempo que llevamos confinados y de la seriedad con la que los ciudadanos españoles hemos abordado esta crisis pese a los tremendos costes económicos y personales es imprescindible hacer algunas reflexiones sobre la seriedad con la que la están abordando nuestros responsables políticos.