CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

La resolución de 29/06/2022 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que dejo para su descarga más abajo estima la reclamación presentada frente a la resolución del Ministerio de Sanidad de 22/001/2022 por el que denegaba la información e insta al Ministerio a remitir "el Informe emitido por la ponencia de Alertas y planes de preparación y Respuesta que concluye que el certificado COVID no es un instrumento idóneo para evitar la transmisión del Coronavirus".

El informático Jaime Gómez-Obregón ha publicado en Twitter este hilo sobre el lenguaje usado por la Administración General del Estado en el aviso que nos sale automáticamente a todos los ciudadanos en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única antes de aceptar o rechazar una notificación electrónica, supuestamente para informarnos sobre las consecuencias de la aceptación y rechazo, expresos o presuntos y así poder decidir libremente sobre cuál es la mejor opción para nosotros.
El hilo es brillante y acaba proponiendo una alternativa muy razonable.
Pero más allá de esta necesaria denuncia e inteligente propuesta, este hilo me lleva a reflexionar si, desde el punto de vista jurídico, tal y como está redactado hoy en día ese aviso, respetaría en todos los casos las condiciones mínimas de información a las que obliga la normativa actualmente vigente.

La STSJ del País Vasco de 9/2/2022 (Recurso 392/2021. ECLI:ES:TSJPV:2022:14) ha anulado varios artículos de un Decreto de la Diputación Foral de Bizkaia porque amplíaban la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración a todas las personas físicas, sin realizar la justificación requerida por el art. 14.3 LPAC de la que ya hablé aquí y aquí y que, recordemos, nos dice que:
“3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios”. (...)

La Defensora del Pueblo europeo Sra. O´Reilly ha declarado que la actuación de la Comisión Europea al no aportar la copia de los SMS intercambiados entre su Presidenta Sra. Von der Leyen y el CEO de Pfizer en la negociación de los contratos sobre las vacunas del COVID-19 supone un supuesto de mala administración.

En relación con el Certificado Covid el pasado 1 de diciembre "El País" y el "Diario.es" sacaron sendas noticias en las que se hacían eco de un Informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES) donde decía que el Certificado Covid no era eficaz para evitar la transmisión del COVID porque los vacunados seguían contagiando en un porcentaje muy elevado.
A ello hay que sumarle otros estudios publicados en The Lancet que enlazo en el artículo que señalan que los vacunados y los que no lo están transmiten de manera similar el virus.
Pese a que el CCAES es el organismo que según el art. 2.3 de la Ley 2/2021 emitirá el informe técnico que permitirá al Gobierno de España dar por terminada la crisis sanitaria y a las obligaciones de transparencia que vinculan a las Administraciones en materia de salud pública en virtud de lo dispuesto en los arts. 3, 4 y 10 de la Ley 33/2011 General de Salud Pública, s.e.u.o. dicho Informe no se ha hecho público.

Ahora que empezamos a ver la salida a esta crisis sanitaria, deberíamos reflexionar sobre el papel que han tenido y están aún teniendo los comités clínicos en la toma de las decisiones de salud pública que nos afectan a todos.
Si empezamos con el comité clínico que ha asesorado al Gobierno de España, el maestro Berlanga hubiese disfrutado de lo lindo. Lo sucedido con el comité de expertos de Schrödinger que pasó de existir a no hacerlo y que milagrosamente volvió a la vida cuando el Comité de Transparencia y Buen Gobierno obligó al Ministerio de Sanidad a facilitar a la Fundación Ciudadana Civio el listado completo de sus integrantes está a la altura de la inolvidable escena berlanguiana protagonizada por el inmortal Pepe Isbert

El ATS de 3/06/2020 (RC 6119/2019) por el que se admite a trámite un recurso de casación interpuesto contra la STSJ de Andalucía de 23/05/2019 (RCA 622/2017) en el que se confirmaba la inadmisión a trámite de una solicitud telemática de participación en un proceso selectivo por no haber realizado correctamente el trámite electrónico es una muestra de los no pocos problemas con los que nos encontramos los ciudadanos cuando nos relacionamos electrónicamente con las Administraciones Públicas.

Diego GÓMEZ FERNÁNDEZ es Abogado y profesor Asociado derecho administrativo Universidad de Vigo
I. Introducción
La declaración del estado de alarma realizada por el Gobierno de España el 14 de marzo de 2020 por la crisis sanitaria provocada por la incidencia del virus SARS-CoV-2 o coronavirus trajo consigo la suspensión de plazos procesales y administrativos y la suspensión a su vez de los plazos de prescripción y caducidad.
En el presente artículo examinamos desde el punto de vista del procedimiento administrativo general (1) , el alcance de dichas disposiciones de suspensión de términos y administrativos desde los puntos de vista objetivo, subjetivo, espacial y temporal, las posibles consecuencias del incumplimiento por la Administración de esta legislación excepcional, así como de otras cuestiones procedimentales de interés.

El objetivo de esta entrada es intentar aclarar el alcance de esta suspensión y cómo funciona con la redacción vigente. Como no se trata de pontificar sino de ayudar, si como consecuencia del debate que pueda producir el contenido de la misma en las redes sociales hiciese falta su modificación así lo haré, quedando el contenido actualizado publicado para que logre su objetivo último, arrojar un poco de luz en estos momentos oscuros.

En el BOE de hoy 4.09.2018 sale publicado el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El pasado 7 de diciembre de 2017 el Consejo de Ministros aprobó el Plan Anual Normativo para el presente año 2018.
Recordemos que el Plan Anual Normativo se regula tanto en el art. 132 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (...)