La reforma de la ley de transparencia apunta hacia cambios importantes | RED FEMP
- El ICAM reúne a expertos para reflexionar sobre la reforma de la Ley 19/2013,
- El proceso de consulta pública previa a la elaboración del proyecto de ley por la que se modifica la ley de transparencia está abierto hasta el 25 de febrero.
- Los expertos coinciden en señalar avances muy significativos en las ponencias del subgrupo de trabajo para la reforma de la ley en el marco del IV Plan de Gobierno Abierto, pero asumen que el acceso a la información pública no será reconocido como un derecho fundamental.
- Prevén que la reforma de la ley no se producirá en esta legislatura.
- Las entidades locales de menor tamaño podrían verse beneficiadas con la reforma, al incluirse cuestiones específicamente orientadas a la realizad local y el deber de asistencia de las diputaciones, cabildos y consejos insulares.
El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha organizado este martes 14 una jornada sobre la reforma de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), que ha contado con la participación de personas expertas pertenecientes al Foro de Gobierno Abierto, la academia y la sociedad civil, y en la que también ha estado presente la voz de las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y su representante en el subgrupo de trabajo para la reforma de la Ley, Joaquín Meseguer, Coordinador del Grupo de Trabajo de Transparencia y Derecho de Acceso de la RED de Entidades locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP.
En este encuentro de profesionales relacionados con el derecho, la transparencia y el acceso a la información pública se han abordado las carencias y las posibles mejoras de la legislación actual desde diferentes ópticas. Después de dos horas de reflexiones y de exposición de reflexiones, ha quedado claro que, prácticamente diez años después de la publicación de la LTAIBG, siguen existiendo cuestiones que no parecen alcanzar una solución idónea capaz de satisfacer a todas las partes, si bien son innegables tanto los avances en la materia como algunas de las cuestiones que recogen las ponencias elaboradas por el grupo de trabajo para la reforma de la Ley, creado en el marco del IV Plan de Gobierno Abierto como uno de los principales compromisos adquiridos por España.
En la sesión han participado Joaquín Meseguer Yebra, uno de los ponentes del subgrupo de trabajo constituido en el marco del IV Plan de Gobierno Abierto y coordinador de lgrupo de trabajo de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP (RED FEMP); Patricia González, de Access Info; Carlos Cordero, de Sustentia y fundador de la Coalición Proacceso; Manuel Villoria, de Transparencia Internacional y también ponente del subgrupo de trabajo para la reforma de la Ley; Rosario Lopaz, de Acreditra; Manuel Sánchez de Diego, profesor de la Universidad Complutense, experto en transparencia y moderador de la jornada junto a Mercedes Asorey, ambos del ICAM.
Durante el transcurso de la jornada se ha podido advertir mucha sintonía entre las personas participantes, si bien se ha reconocido que estos puntos de vista no son compartidos plenamente por la comunidad relacionada con la transparencia y en particular, con los miembros del Foro de Gobierno Abierto.
Carlos Cordero, una de las primeras personas en trabajar en materia de acceso a la información en España, fue el primero en intervenir y puso como marco de la conversación las particularidades del derecho de acceso a la información en España y la anomalía que supone su no reconocimiento como un derecho fundamental, un “pecado original que nos hace incompatibles con otras normativas internacionales como el Convenio de Trömso” y que terminará por dirimirse “en tribunales internacionales”.
El hecho de mantener al acceso a la información como parte del Derecho Administrativo y no como un derecho fundamental es “el más grave” de todos los problemas, puesto que “el resto se pueden solucionar”. También destacó el acceso a la información es básico para el equilibrio de poderes y es un derecho generador de otros derechos, como el de la participación pública informada. Para finalizar, destacó que el uso del derecho estadísticamente es bajísimo, y no solo porque la ciudadanía no entienda este derecho, sino porque no lo ve útil, y que no existe “una cultura de este derecho” no solo en la sociedad, sino también en los sujetos obligados.
Patricia González, de Access Info, lamentó que en las ponencias finales del subgrupo de trabajo para la reforma de la ley “hemos perdido una oportunidad de oro” para debatir y reivindicar que el derecho se declare como fundamental, aunque “queda aún la oportunidad” de la consulta pública, abierta hasta el 25 de febrero.
Además, señala cuestiones que han supuesto un paso atrás, como la matización de las causas de inadmisión, que no solo se mantienen, sino que se agrega con una nueva, la inadmisión por no corresponder a lo que se define como ‘información pública’. Por tanto, incide en que en el proceso de consulta las definiciones sobre las causas de inadmisión deben estar incluidas en el cuerpo de la ley, y más aún si se tiene en cuenta que tantos años después sigue sin existir un reglamento de desarrollo de la ley, una labor que, como ha apuntado Sánchez de Diego, “la ha realizado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno”.
En el lado positivo, destaca pasos adelante como la inclusión de un régimen sancionador, la posibilidad de limitar la “rigidez del procedimiento administrativo” abriendo la vía de acceso sin identificación y la no necesidad de identificación electrónica.
Joaquín Meseguer ahondó en que el balance respecto al estado en que puede quedarse el derecho de acceso a la información pública es “aceptable” si se da cumplimiento a las ponencias del subgrupo de trabajo, que todavía deben materializarse porque sus recomendaciones no son vinculantes. Destaca que se podrá solucionar la “laguna” de la ausencia de sanciones en la legislación básica estatal, que podrían desarrollarse con medidas como la ejecución forzosa y las multas coercitivas y que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno “gana peso”, y que en el caso de darse curso a las recomendaciones podría ser competente para proponer el procedimiento sancionador cuando haya una infracción muy grave, al menos en la Administración General del Estado, pero que esto puede abrir la senda para otras legislaciones autonómicas.
En ese balance, entre las principales carencias señala que no se haya podido adscribir la dependencia del CTBG al Parlamento, como en el caso de otros Comisionados autonómicos, pero por el contrario es positivo que la composición de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, en la actualidad compuesta por cargos más “representativos” que “expertos”, vaya a incluir a miembros de la sociedad civil y las entidades locales.
En el plano local, destaca también como un logro para las entidades locales, en especial las de menor tamaño, que la futura ley refleje el deber de colaboración de las diputaciones, cabildos y consejos insulares. En este sentido define como “cierta” la carencia de medios y la necesidad de asistencia por parte de las entidades supramunicipales, Además, se establece un periodo de actualización como mínimo semestral de la información sujeta a publicidad activa y se dota de mayor contenido a la información de relevancia en el mundo local, puesto que abre la opción a los plenos (o juntas de gobierno local en los municipios de mayor población) a que puedan decidir qué puede ser objeto de publicidad activa. Cabe recordar que el listado de obligaciones recogidas en la LTAIBG “apenas tocan lo vecinal, lo local”, y se va a abrir la posibilidad a los vecinos para poder opinar sobre qué les interesa que se publique en los portales de transparencia de su municipio.
Rosario Lopaz, de Acreditra, completó estas reivindicaciones con las propias que lleva reclamando la asociación de profesionales a la que representa, entre las que pueden destacarse la necesidad de usar un lenguaje claro en el texto del articulado, la inclusión de nuevos sujetos obligados, la ampliación de las obligaciones de publicidad activa, prestando atención a las particularidades de las entidades locales de menor tamaño, la disposición de un catálogo de contenidos de publicidad activa, la necesidad de elaborar y publicar la huella normativa en el proceso de elaboración de las normas, y relacionado con esto la publicidad sobre las reuniones con lobbies y la agenda de altos cargos, la necesidad de mejorar la accesibilidad a los portales, de incluir un procedimiento abreviado para el acceso a la información o el desarrollo de la denominada “gobernanza de la información”, basada en la gestión documental y los archivos.
Manuel Villoria, además de refrendar todo lo expuesto anteriormente, mostró su preocupación por la inclusión de una nueva causa de inadmisión a la que hizo referencia Patricia González, en tanto que podría servir como excusa para no entregar documentación porque supuestamente “no existe”, y recordó que la destrucción de información se considerará una falta muy grave.
Además, puso contexto a algunas de las cuestiones tratadas, como el no reconocimiento del derecho de acceso a la información como fundamental porque en el subgrupo de trabajo de reforma de la ley se planteó que la nueva ley “podría ser impugnada ante el Tribunal Constitucional” por declarar como fundamental un derecho que en la Constitución Española no estaba considerado como tal, si bien insistió en que se dejó constancia del desacuerdo por parte de varios ponentes con este extremo. Otra cuestión interesante sobre la que puso el foco fue la necesidad de realizar una evaluación del desarrollo de a transparencia como hace, por ejemplo, el Síndic de Greuges en Cataluña.
Manuel Sánchez de Diego, recogiendo el conjunto de aportaciones, añadió algunos temas no tratados, como el proceso de designación de los titulares de las Autoridades Independientes como el CTBG; el potencial de los datos abiertos, a los que define como “tercera pata de la transparencia, situados entre la publicidad activa y el derecho de acceso”, que deben estar sindicados y favorecer así la consulta por parte de las personas interesadas; la asunción de la ley estatal como “coordinadora” del resto de leyes relacionadas con el derecho de acceso, y la imperiosa necesidad de continuar con la formación no solo de servidores públicos, sino también de la ciudadanía, para seguir avanzando en el fortalecimiento de la cultura de la transparencia, una cuestión en la que a pesar de los avances queda mucho por desarrollar.
En este sentido, en el espacio para intervenciones de asistentes a la jornada, Gustavo Samayoa, representante de la Federación de Consumidores y Usuarios y también miembro del Foro de Gobierno Abierto y del subgrupo de trabajo para la reforma de la ley, puso de manifiesto la necesidad de un enfoque integral para abordar el cambio cultural, en el que destaca que tiene mucho peso el papel del funcionariado, que sigue viendo la transparencia como una carga de trabajo difícil de asumir. Esta visión integral también afectaría a las pequeñas entidades locales, y respecto a la propuesta de que tengan una menor exigencia de obligaciones de publicidad activa se posiciona en contra, especialmente porque supondría que los residentes en pequeños municipios tendrían un derecho limitado respecto al resto. Como respuesta a ambos problemas, el de la carga excesiva de trabajo y la falta de medios en las entidades locales de menor tamaño, propone la misma solución, una mayor asignación de recursos, fruto de un diseño, una visión integral de la transparencia que incluya todas las aristas de esta compleja cuestión, una complejidad que, como recordaba Sánchez de Diego citando al fallecido expresidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, José Molina, “genera opacidad”.
Por último, como una cuestión importante y que fue valorada por muchos de los participantes, la opinión general es que esta XIV Legislatura no verá la aprobación de la nueva ley de transparencia, a pesar de encontrarse en fase de consulta pública.
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