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El Comisionado de Transparencia de Castilla y León ha presentado al Procurador del Común y ha registrado en las Cortes la Memoria de 2022, donde se recoge la presentación de 794 reclamaciones, de las 585 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales --un 73,68 por ciento--.
Así, de las relacionadas con entidades locales --585-- 515 correspondieron a ayuntamientos, 42 a entidades locales menores, 22 a diputaciones provinciales, tres a mancomunidades y tres al Consejo Comarcal de El Bierzo (León).

Tomás Quintana presenta la memoria de 2022 ante las Cortes para su análisis en comisión durante el mes de septiembre
El Comisionado de Transparencia, que ejerce el procurador del Común, Tomás Quintana, reclama una reforma legislativa que permita establecer multas coercitivas, como medio de “ejecución forzosa”, para garantizar el cumplimiento de las resoluciones emitidas por este órgano, puesto que tres de cada diez dictadas en 2022 no se aplicaron, pese a que el grado de incumplimiento descendió “ligeramente” el año pasado.
Así lo recoge la Memoria del Comisionado, que Tomás Quintana entregó hoy al presidente de la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común, Javier Teira (Vox), y que se analizará en las Cortes en una sesión el próximo mes de septiembre. El pasado año emitió 262 resoluciones y recibió 794 reclamaciones, de las que 585 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales (un 73,68 por ciento). Así, 515 correspondieron a ayuntamientos, 42 a entidades locales menores, 22 a las diputaciones, tres a mancomunidades y otras tantas al Consejo Comarcal de El Bierzo.

De enero a marzo el parlamento de Castilla y León ha adjudicado contratos menores por un total de 441.112 euros
Por Laura García
En el primer trimestre de 2022 las Cortes de Castilla y León han adjudicado contratos menores por un valor total de 441.112 euros. Uno de los más “caros” ha sido el de la compra de las medallas e insignias acreditativas que se les han dado a los diputados elegidos en las últimas elecciones. En total, 17.484,50 euros que, si se dividen entre los 81 procuradores que tienen las Cortes, suponen en torno a 215 euros por la medalla de cada parlamentario.
Te contamos qué han contratado las Cortes de Castilla y León de enero a marzo de 2022 a través de este procedimiento, con unas elecciones autonómicas, el arranque de una nueva legislatura y la sesión de investidura que se celebra este lunes de por medio.

El Comisionado de Transparencia entrega en las Cortes la memoria 2020 con 329 reclamaciones formuladas y más de 250 resoluciones. En lo que se lleva de 2021 ya se han presentado 308 reclamaciones, con lo que se superarán las del año pasado.
El Presidente de la Comisión de Transparencia de Castilla y León, Tomás Quintana, ha hecho entrega esta mañana de la Memoria Anual correspondiente al año 2020 que se expondrá en la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común en las próximas semanas. La presidenta de la Comisión, Marta Gago, ha sido la encargada de su recepción, según informa la institución en nota de prensa.

Estas ayudas que reparte las Cortes de Castilla y León varían en función de si se tiene grupo propio y del número de procuradores. Tras el 13F, Vox ingresará 564.000 euros más al año y Ciudadanos pierde 506.220 euros anuales.
Por Laura García
Vox es el ganador económico de las elecciones de Castilla y León celebradas el pasado domingo 13 de febrero. El partido de ultraderecha ingresará 564.000 euros más al año en subvenciones que da las Cortes de Castilla y León a los partidos debido a su aumento de procuradores. Una victoria también para el Partido Popular, que se ha proclamado ganador de los comicios al conseguir más de 378.800 votos y 31 escaños, y que va a percibir 87.840 euros anuales más en ayudas.

Los partidos se juegan 3,7 millones de euros anuales en subvenciones de las Cortes de Castilla y León
El parlamento autonómico establece dos subvenciones para los partidos políticos con representación en la Cámara. En 2021 el PSOE ingresó 1,5 millones de euros por sus 35 procuradores.
Por Laura García
Este domingo 13 de febrero los castellanos y leoneses acuden a las urnas para elegir a los 81 procuradores que van a conformar las Cortes de Castilla y León durante los próximos cuatro años. Estas elecciones pueden cambiar el panorama de representación en la cámara autonómica con el auge de partidos regionales de la España Vaciada. El número de escaños que obtenga cada partido se traducirá también en el dinero que van a ingresar en forma de subvenciones.

Faltan escasos días para la celebración de las elecciones del 13 de febrero y los partidos políticos queman sus naves en los últimos días de campaña para conseguir el mejor resultado electoral posible.
En los últimos días, EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León ha desgranado los programas de los diferentes partidos por bloques. Educación, Sanidad y hoy, Transparencia y Regeneración. Ciudadanos ha defendido este punto en cada uno de los mítines de Igea.

La Oficina de Información, de la que depende el portal de Transparencia no ha facilitado datos sobre los asesores de las Cortes y sus salarios y tampoco responde al coste del patrocinio de unas jornadas en un diario local en las que participaba el presidente, Luis Fuentes

La procuradora por Palencia, Alba Bermejo, reivindica “la ejemplaridad de los cargos públicos ante los que se saltan la lista para vacunarse”
La Comisión de Sanidad de las Cortes ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley de Ciudadanos para asegurar y mejorar la transparencia en el proceso de vacunación en Castilla y León.
El texto de la formación naranja compromete a la Junta a publicar toda la información sobre los criterios, protocolos y los registros establecidos, así como han manifestado su rechazo a cualquier comportamiento que implique saltarse el plan de vacunación o un abuso de la posición política para acceder antes al antiviral.
Si se diera este caso, se motivaría el mandato ético para pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualesquiera de los cargos públicos – electos o altos cargos designados, por lo que exigen al Ejecutivo autonómico que guarde y haga guardar este compromiso.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, y el presidente de Plena Inclusión Castilla y León, Juan Pablo Torres, han presentado este viernes el acuerdo por el que el Parlamento se suma al proyecto ‘Administración más fácil’. Una apuesta para incorporar la lectura fácil en todos los estratos sociales y legislativos.

Tres altos cargos de la Junta que residen en Ávila viajan a diario a Valladolid, a sus puestos en las distintas consejerías, en coche oficial.
A veces estos viajes son compartidos entre ellos, pero la Junta no ofrece esos detalles. En total son 18 los altos cargos de la Junta los que se desplazan desde sus lugares de residencia hasta sus lugares de trabajo en Valladolid, según ha explicado el viceconsejero de Transparencia y Calidad de los Servicios, Fernando Navarro, en su intervención en la Comisión de Transparencia de las Cortes de Castilla y León.

Las Cortes han aprobado por unanimidad la propuesta del Grupo Socialista para que la Junta unifique los parámetros de los currículos de los altos cargos, los verifique y los haga públicos, al lograr el apoyo de todos los miembros de la Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.

La futura Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad de Castilla y León y el estatuto de las personas denunciantes, que se creará por ley, inspeccionará a todas las administraciones y entes públicos, ampliará la temática de la investigación y blindará la figura del denunciante de un posible delito o irregularidad.
El viceconsejero de Transparencia y Calidad de los Servicios de la Junta, Fernando Navarro, desgranó, durante su comparecencia en las Cortes, las novedades de esta futura normativa que ya se ha sometido a información en el Gobierno Abierto y cuyo texto esta cerrado.

Cercanía con los ciudadanos para superar la desafección a la política; transparencia para mejorar la calidad de la democracia y participación para dar voz a la pluralidad política actual son las claves, según tres presidentes de Cámaras autonómicas, entre ellas la aragonesa, del futuro del parlamentarismo en España.
Así lo han expresado en una mesa redonda organizada por un medio de comunicación autonómico los presidentes de las Cortes de Castilla y León y de Aragón, Luis Fuentes y Javier Sada, respectivamente, y de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, que han destacado la importancia de las Cámaras regionales en un estado autonómico, ya que estas instituciones son las "más cercanas a los ciudadanos".

Las Cortes de Castilla y León instaron hoy a la Junta a evaluar el grado de cumplimiento de los planes vigentes de manera semestral, así como a dictar la normativa necesaria para que todos los planes y programas que realice se sometan a trámite de información pública.

Los grupos aprobaron por unanimidad en la Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior la proposición no de ley, que defendió el socialista Ángel Hernández.

El texto pide que la evaluación de los planes vigentes se haga mediante la comparecencia del consejero responsable en la comisión correspondiente para explicar el desarrollo del plan y la evolución del desarrollo del plan y la publicación en el portal de Transparencia de la Junta de todos los indicadores, resultados, grado de cumplimiento, metodología utilizada y posibles variaciones del mismo.

Los grupos parlamentarios respaldaron ayer la petición del procurador del Común y comisionado para la Transparencia de Castilla y León, Tomás Quintana, de contar con más medios materiales y personales y tener un poder coercitivo, a través de multas, ante incumplimientos de sus resoluciones.

El pleno de las Cortes desestimó este miércoles, con el voto en contra del PP y el apoyo de la oposición, la reforma de la ley de Transparencia y Participación Ciudadana para separar las funciones del Comisionado de la Transparencia de las del Procurador del Común, como planteó el Grupo Podemos.

La propuesta de Podemos contó con el respaldo del resto de los grupos de la oposición que compartieron que se ha incrementado el volumen de expedientes.