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La Comunidad de Madrid ha recurrido a la Justicia una resolución del Consejo de Transparencia sobre el expediente académico de Isabel Díaz Ayuso que se había negado a publicar
En esta resolución, Transparencia dice que el Gobierno madrileño debe remitir esta solicitud de transparencia a la Universidad Complutense, no que sea la comunidad la que tiene que hacerlo público
El recurso de la Comunidad de Madrid ante la Justicia dejaría sin efecto la resolución del Consejo para que la Complutense resolviera la petición

La Comunidad de Madrid ha recurrido a los tribunales para no remitir los detalles del expediente académico de Ayuso tras una solicitud de información presentada por Newtral.es
Por Yuly Jara
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido a los tribunales para no dar a conocer su expediente académico con las notas que sacó mientras estudiaba Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) tras una petición de acceso a la información pública presentada por Newtral.es el pasado 3 de febrero de 2023.
Según su biografía en Linkedin, Ayuso estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid entre 1997 y 2004. El pasado mes de enero, la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM entregó a Ayuso el reconocimiento de ‘Alumni Ilustre’, tras lo cual este medio trató de averiguar qué pudo motivar, desde el punto de vista académico, la concesión de este galardón, solicitando el expediente de la líder madrileña.

Es de sobra conocido el refrán popular “del dicho al hecho hay gran trecho”. La teoría la tenemos clara. La separación de poderes es una condición necesaria para la democracia. El Poder ejecutivo está sometido a la Ley aprobada por el Poder legislativo, el cual es elegido por la ciudadanía. El Poder judicial debe controlar la legalidad de las actuaciones y decisiones del Poder ejecutivo. Sin embargo, en la práctica, y afectando a todas las ideologías políticas, el Poder ejecutivo tiende a gobernar sin control. No le gusta que sus decisiones puedan ser criticadas ni tampoco paralizadas o anuladas por alguna institución judicial o administrativa.

La propuesta de reforma presentada por el Gobierno madrileño resta independencia y poder al organismo que debe velar por el derecho a saber de la ciudadanía.
De urgencia y mezclada con otra decena de reformas, así aparece la propuesta de reforma de la Ley de transparencia de la Comunidad de Madrid que el gobierno regional ha registrado en la Asamblea. Una reforma que supone un claro retroceso en la que es, aún vigente a día de hoy, una de las normas del ramo más avanzadas de toda España.
La propuesta de Ley de medidas para la simplificación y mejora de la eficiencia de instituciones y organismos modifica tres aspectos sustanciales: primero, añade las competencias en protección de datos al organismo garante de la transparencia; segundo, resta independencia a dicho organismo, que pasará a depender directamente del Gobierno y no de la Asamblea; tercero, elimina las sanciones por incumplimiento de la norma actual.

Es de sentido común que una entidad controladora no puede depender ni ser elegida por la institución a la que tiene que controlar. Es un fraude. Si nadie lo remedia, esto es lo que va a suceder en la Comunidad de Madrid con el Consejo de Transparencia.
Las instituciones de control deben ser realmente independientes. No pueden depender orgánicamente ni ser elegidos libremente por la institución a la que tienen que controlar. Es absurdo. Deben contar medios personales y económicos suficientes para ejercer sus funciones. Si no tienen facultades sancionadoras, no pueden hacer nada cuando no se cumplen sus pronunciamientos. No sirve de nada mantener instituciones «secuestradas» por el poder, ya que generan mucha frustración a la ciudadanía que confía en su supuesta eficacia y suponen un importante desperdicio de dinero público.

El PP registra una reforma de la ley de transparencia para convertir Madrid en la única comunidad, junto al País Vasco, en la que el Gobierno autonómico elige al presidente del Consejo de Transparencia.
Por Sergio Sangiao
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende modificar la forma en la que se regulan algunos organismos autonómicos. En esta nueva legislatura, tras la mayoría absoluta de las elecciones de mayo, el grupo parlamentario popular va a reformar 15 leyes distintas a través de una sola norma para, entre otras cosas, expandir su control sobre entidades como Telemadrid, la Cámara de Cuentas o el Consejo de Transparencia.

El PP registra en la Cámara una ley que reforma 15 normas, además de otras dos para cambiar la reglamentación trans y contra la LGTBIfobia
Juan José Mateo
El primer dique de contención fue Ciudadanos. El segundo, Vox. Pero rota la dependencia que tuvo de estos dos partidos en sus primeras dos legislaturas como presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP) esprinta para aprovechar su nueva mayoría absoluta y sacar adelante todos los proyectos frustrados por tener que pactar con estos dos partidos. La mejor prueba ha llegado este viernes en la Asamblea. El PP no solo ha registrado tres proyectos de ley que reforman 17 normas. También lo ha hecho por el procedimiento de urgencia, lo que acorta los tiempos. Todo, para cimentar el poder de un partido que lleva más de un cuarto de siglo gobernando Madrid, y para poner el sello PP a múltiples leyes (entre ellas la norma trans y la norma contra la LGTBIfobia) que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes, en minoría, tuvo que negociar con el resto de partidos entre 2015 y 2018.

El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid ha obligado a la autoridad autonómica de Consumo a informar de que sancionó con solo 32.000 euros a la teleco por dar de alta a sus clientes en un antivirus no solicitado.
El Consejo de Transparencia ha obligado a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid a informar a FACUA-Consumidores en Acción de una multa impuesta a Vodafone por un fraude masivo denunciado por la asociación, por el que dio de alta unilateralmente a sus clientes en un antivirus. La sanción se redujo a 32.000 euros, pese a que al tipificar la infracción como muy grave Consumo podría haberla elevado hasta los 601.000 euros o cinco veces el importe del beneficio ilícito obtenido por la compañía.

El Canal de Isabel II se niega, desde 2003, a facilitar los consumos de agua en los campos de golf en la Comunidad de Madrid.
Ante el requerimiento del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid para que facilite esos datos, el Canal de Isabel II ha recurrido a los tribunales.
Los colectivos ARBA, la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, GRAMA y Jarama Vivo exigen al Canal del Isabel II y a la Confederación Hidrológica del Tajo el derecho a conocer los consumos de los campos de golf.

El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid ha estimado una reclamación por la cual, Ciudadanos Getafe deberá facilitar el acceso a la información sobre el uso de las subvenciones recibidas a través del Ayuntamiento.
Se trata de acceder a la información sobre la contabilidad y justificación de los gastos cubiertos con las cantidades recibidas durante los años 2015 a 2019 y desde entonces hasta la fecha. «También el desglose por persona física o jurídica que haya sido acreedora de este Grupo municipal», dice la resolución del Consejo. Algo que, eso sí, que deberá hacerse respectando la Ley de Protección de Datos.

2. ACUERDOS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA Y/O DE LA JUNTA DE
PORTAVOCES
──── REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN ────
La Mesa de la Asamblea, en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 73.1 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de
Participación de la Comunidad de Madrid, acuerda aprobar el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo de Transparencia y Participación, incorporando las apreciaciones del
Informe Jurídico (Ent.Sec.Gral. núm. 802, de 15-11-21), y la incorporación de los oportunas
correcciones de lenguaje inclusivo, y ordena su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de
Madrid y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Sede de la Asamblea, 15 de noviembre de 2021.

No es fácil encontrar información pública de este organismo creado por una ley de 2019 que aún ni cuenta con página web. Por su parte, Madrid no explica cómo atenderá las reclamaciones de los ciudadanos tras recuperar esta función cedida al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal.

La Asamblea de Madrid ha acogido este martes la toma de posesión de los tres integrantes del primer Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid: Antonio Rovira Viñas; Rafael Rubio Núñez, y Ricardo Buenache Moratilla.
El acto de toma de posesión ha estado presidido por el presidente Comunidad en la Asamblea Madrid, Juan Trinidad, y también han asistido el vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, así como miembros de la Mesa de la Cámara y varios portavoces de los grupos parlamentarios, indica la Comunidad en un comunicado.

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la designación como consejeros del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid de Antonio Rovira, a propuesta del PSOE; Rafael Rubio, a propuesta del PP, y Ricardo Buenache, a propuesta de Ciudadanos.