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La cuarta sesión del ciclo “Seminarios sobre transparencia y acceso a la información”, organizado por el Consejo de Transparencia, tratará sobre un asunto de máxima actualidad: el acceso de la ciudadanía a los algoritmos en los que basan sus decisiones las administraciones públicas.
Intervendrán en el seminario Susana de la Sierra, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha; Jesús Jiménez, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía; y Javier de la Cueva, abogado experto en nuevas tecnologías y miembro del Patronato de la Fundación Civio.
El seminario tendrá lugar el martes 18 de junio de 2024 a las 17 horas (acogida desde las 16.30) en el Auditorio de la AIReF (calle José Abascal, 2. 2º planta. 28003 Madrid).

Una década de Ley de Transparencia ha conseguido abrir la Administra pública y que los españoles se acostumbren a pedir cuentas, pero hay aspectos que mejorar: los tiempos de respuesta, la información disponible y, sobre todo, que el Gobierno no ignore las solicitudes de los ciudadanos.

La propuesta de reforma presentada por el Gobierno madrileño resta independencia y poder al organismo que debe velar por el derecho a saber de la ciudadanía.
De urgencia y mezclada con otra decena de reformas, así aparece la propuesta de reforma de la Ley de transparencia de la Comunidad de Madrid que el gobierno regional ha registrado en la Asamblea. Una reforma que supone un claro retroceso en la que es, aún vigente a día de hoy, una de las normas del ramo más avanzadas de toda España.
La propuesta de Ley de medidas para la simplificación y mejora de la eficiencia de instituciones y organismos modifica tres aspectos sustanciales: primero, añade las competencias en protección de datos al organismo garante de la transparencia; segundo, resta independencia a dicho organismo, que pasará a depender directamente del Gobierno y no de la Asamblea; tercero, elimina las sanciones por incumplimiento de la norma actual.

Solo tres comunidades autónomas publican en sus contratos el precio unitario efectivo que pagarán por Nirsevimab, un medicamento para hacer frente al virus respiratorio sincitial cuyo coste real no había querido divulgar el Ministerio de Sanidad.
Ángela Bernardo
Cada dosis de Nirsevimab, que sirve para proteger a los bebés contra el virus respiratorio sincitial (VRS), el principal causante de la bronquiolitis infantil y de otras infecciones respiratorias, cuesta exactamente 209 euros (sin IVA). Ese es el precio unitario efectivo que abonan los servicios autonómicos de salud al laboratorio Sanofi-Aventis, la farmacéutica que lo comercializa en España. El importe real de Nirsevimab, conocido también como Beyfortus, es bastante inferior a los cerca de 756 euros por dosis que se fijaron como el tope máximo que las administraciones estaban dispuestas a pagar, según el acta publicada por la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos. El precio real de 209 euros, que el Ministerio de Sanidad no había difundido, sale a la luz hoy gracias a una búsqueda exhaustiva de Civio en las plataformas de contratación pública de toda España.

Fincas Lavandeira, con 398 viviendas alquiladas, es la mayor casera privada de la comunidad autónoma, seguida de Blackstone, con 337.
por Ter García, Carmen Torrecillas y Adrián Maqueda
Al menos 4.210 viviendas alquiladas en Galicia son propiedad de empresas privadas con 50 o más alquileres. Suponen el 3,1% del total de la comunidad autónoma. Por otro lado, si miramos las entidades públicas, solo dos aparecen como megatenedoras: la Xunta y el Concello de A Coruña, que suman poco más de 3.800 alquileres de vivienda.
¿Quiénes son los principales propietarios de inmuebles en alquiler?
La información remitida a Civio por el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS), a partir de una solicitud de información a través del Portal Transparencia de Xunta de Galicia, detalla la identidad de las entidades jurídicas propietarias de 50 o más viviendas alquiladas con la fianza depositada en esta entidad.

Adania Grupo Empresarial es la mayor casera privada de la comunidad autónoma, seguida por Caja Rural de Navarra.
por Ter García, Carmen Torrecillas y Adrián Maqueda
Un total de 2.269 viviendas alquiladas en Navarra tienen como caseros a megatenedores privados que suman 50 o más alquileres. Son 15 empresas que dependen de once grupos empresariales. Acumulan el 18% de las 12.167 viviendas inscritas en el Registro de contratos de arrendamiento de viviendas de Navarra, según datos aportados a Civio por el Gobierno navarro a fecha de 28 de septiembre. A estas viviendas se suman otras 1.164 alquiladas por la empresa autonómica Navarra de Suelo y Vivienda y por el Ayuntamiento de Pamplona, las dos únicas entidades públicas con 50 o más viviendas alquiladas.

La única empresa estadounidense con viviendas alquiladas en Aragón es CBRE, con cerca de 240 alquileres a través de Nestar Residencial II.
Ter García, Carmen Torrecillas y Adrián Maqueda
CaixaBank es la arrendadora de 544 viviendas en la Comunidad de Aragón, más de la cuarta parte de las 1.863 que hay arrendadas en la región por megatenedores, entidades que acumulan más de 50 contratos de alquiler.
Así se desprende de los datos remitidos a Civio por el Servicio de Vivienda Social, entidad dependiente de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón, a partir de una solicitud de información en base a la Ley de Transparencia. Según estos datos, en Aragón hay diez entidades que son caseras directas de más de 50 viviendas. Acumulan menos del 2% de las más de 96.800 viviendas alquiladas en esta comunidad, un panorama opuesto al de la Comunidad de Madrid y Cataluña, donde los megatenedores concentran el 23,2% y el 9,6% de las viviendas alquiladas.

Cerca de la tercera parte de las viviendas arrendadas en esta región son propiedad de megatenedores que acumulan 50 o más alquileres.
Ter García, Carmen Torrecillas y Adrián Maqueda
Un total de 4.941 viviendas alquiladas en Castilla-La Mancha tienen como arrendadores a megatenedores que suman 50 o más alquileres. Son 22 entidades o empresas que dependen, a su vez, de 14 grupos empresariales o administraciones públicas. Acumulan casi una de cada tres viviendas alquiladas en esta comunidad, según datos facilitados a Civio por la Consejería de Fomento castellanomanchega

En diciembre de 2021, Civio solicitó al Ministerio de Sanidad vía Ley de Transparencia el coste real y las condiciones de financiación de Zolgensma, el medicamento más caro que sufraga hoy en día la sanidad pública. Más de 600 días después, un juez respalda el interés público para saber estos datos.

Viajamos por última vez en la nave de los misterios de la periodista y codirectora de Civio, Eva Belmonte con un "verano mix". En este programa de "La verdad está ahí dentro" hablamos de los altos cargos y sus influencias, los incendios y los indultos a las cofradías.

Una semana más, Eva Belmonte nos lleva en su nave de los misterios para mostrarnos la verdad oculta tras el precio de los medicamentos. Hablamos del Luxturna o el Zolgensma, que puede llegar a costar más de un millón de euros por dosis.

En la nave de los misterios de esta semana, Eva Belmonte nos lleva hasta aquellos algoritmos que se usan para tomar decisiones que nos afectan. Hoy descubrimos BOSCO, el programa que determina si una persona tiene derecho al bono social, el descuento en la factura de la luz para personas vulnerables. 

Imagínate que vas a trabajar a una empresa y quieres saber si respetan la ley. En "La verdad está ahí dentro" de hoy despegamos en la nave de los misterios de Eva Belmonte para descubrir la verdad que se esconde tras las sanciones de Inspección de Trabajo.

Se ha acercado a nuestro espacio platónico en Palma, David Cabo, fundador de Civio e ingeniero informático experto en datos abiertos, transparencia, análisis de información pública y datos presupuestarios. Cabo conversa con Xesca Sastre y Olivier Schulbaum (Platoniq) sobre tiempo profundo, sobre la obligada rendición de cuentas de las administraciones públicas, sobre sus investigaciones (como la del bono social, la brecha global en el acceso a la salud, los indultos concedidos en España desde 1996, los datos de incendios desatendidos) y mucho más.

"La verdad está ahí dentro”... en los cajones y ordenadores de los edificios públicos. La periodista y directora de Civio, Eva Belmonte, intenta resolver los misterios ocultos de las administraciones públicas, esas cosas que se niegan a publicar, a compartir, esos casi secretos de estado que los poderosos se empeñan en ocultar.

El reglamento del RETIR pone límites al acceso a los datos de personas o entidades ajenas a los organismos públicos de vigilancia y control: pago de tasa, obligación de demostrar el interés legítimo y búsquedas parciales.
Eva Belmonte
El BOE de hoy recoge el decreto que regula el funcionamiento del Registro de Titularidades Reales (RETIR). Se trata de un registro único estatal de beneficiarios últimos, es decir, que incluirá datos sobre quiénes están detrás de las empresas o entidades, ya sea por propiedad o por control de los consejos de administración, así como las sociedades interpuestas si las hay. Es un sistema de control y vigilancia impuesto por Europa dentro de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

En abril de 2021, Civio registró una solicitud de acceso pidiendo el coste real y los requisitos para que el tratamiento Luxturna se financiara en el Sistema Nacional de Salud. Más de 800 días después, una magistrada señala que esta información debe ser pública.
El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid, adscrito a la Audiencia Nacional, ha desestimado los recursos interpuestos por el Ministerio de Sanidad y Novartis con los que pretendían ocultar el precio y las condiciones de financiación negociadas en secreto por el medicamento Luxturna. La sentencia, que apoya la posición de Civio y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), aún no es firme, ya que tanto el ministerio dirigido por José Miñones como el laboratorio farmacéutico tienen un plazo de 15 días para presentar recurso de apelación.

En la práctica, las leyes sobre transparencia en Europa chocan con la aplicación arbitraria de límites, la falta de recursos o la escasez de respuesta de las administraciones, cuyos incumplimientos caen en saco roto.
Ángela Bernardo y Eva Belmonte
Un mes natural. Ese es el tiempo del que disponen las administraciones públicas en España, Italia y Alemania para contestar a las peticiones formuladas a través de la ley de transparencia. El plazo contrasta con los apenas 8 días hábiles con los que cuentan las autoridades de Eslovaquia, donde no se tienen en cuenta los fines de semana ni los festivos, según una investigación liderada por Civio en el marco de la Red Europea de Periodismo de Datos (EDJnet).

Remitimos a los partidos compromisos con la transparencia en sus programas electorales. La batería de medidas trasciende nuestras reivindicaciones de siempre (como mejorar la Ley 19/2013, regular los lobbies o abrir el Registro Mercantil) para adaptarse a nuevos contextos donde la opacidad y la ineficacia tienen consecuencias reales sobre la ciudadanía.

59 proyectos de ley se quedan sin aprobar. Aunque algunas se han quedado a las puertas, frenadas en seco por el adelanto de elecciones, como ha pasado con la Ley de familias, la mayoría vienen de decretos ley que siguen en vigor.
La disolución de Congreso y Senado y, con ella, la convocatoria de elecciones para el próximo 23 de julio, pone fin a la legislatura. Como cada vez que eso ocurre, decenas de leyes a medio aprobar mueren ahí: da igual que estén a punto de ver la luz o les falte mucho camino, su historia ha terminado. Solo se volverán a debatir, tras las elecciones, si las nuevas cámaras deciden volver a presentar proyectos o proposiciones de ley sobre esos ámbitos y arrancar su trámite parlamentario, de nuevo, desde el principio.

290 centros de salud en toda España durante 2022 superaron esta cifra. Mientras, las asociaciones de profesionales denuncian que hay más de medio millón de niños sin pediatra de atención primaria.
María Álvarez del Vayo, Ángela Bernardo, Adrián Maqueda y Carmen Torrecillas
Si un pediatra de atención primaria pasa consulta durante cinco horas, que es lo recomendado por las asociaciones de profesionales y en su agenda hay 25 citas, no podrá dedicar más de 12 minutos a cada niño o adolescente. Esto es lo que ocurrió en, al menos, 290 centros de salud repartidos por toda España durante el 2022, de entre los 1.360 de los que tenemos datos. En el de Ávila Norte (Castilla y León), la media de pacientes vistos al día por el pediatra fue de 45 niños. En el centro de salud Azuaga (Badajoz) fueron 39.

En los últimos ocho años, las administraciones públicas han pagado casi seis millones de euros en armas que inmovilizan mediante descargas eléctricas, en sus complementos y en formación para su uso. Dos empresas han recibido el 80% del dinero sufragado a través de contratos públicos.
Ter García Ángela Bernardo David Cabo
Cada uno de los 24.654 habitantes de Calahorra (La Rioja), según el último censo, ha invertido 1,36 euros en pistolas eléctricas para sus 47 policías locales. A través de dos contratos adjudicados en 2021, el ayuntamiento adquirió un total de nueve táser, llamadas así en referencia a la marca comercial más popular. Uno de los contratos recayó en Telefónica Ingeniería de Seguridad SAU, una filial del gigante español de las telecomunicaciones que está especializada en seguridad digital. El otro contrato, en Sumun Equipamientos, una empresa que se dedica a la fabricación de vestuario laboral con sede en Sondika (Bizkaia).

El jueves 11 de mayo a las 18:45 en el Hub Social Barcelona de la Fundació Bofill Eva Belmonte y David Cabo contarán cómo desde Civio estamos traduciendo el laberinto burocrático, creando aplicaciones para ayudar a pedir ayudas, poniendo datos al colapso en la atención presencial y vigilando de cerca los algoritmos que toman decisiones que te afectan. Hablaremos también de algo muy importante: cuáles son los derechos de la ciudadanía ante las administraciones y
cómo hacerlos valer.