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El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha ordenado al Ayuntamiento de Algeciras que aporte información sobre 42 expedientes disciplinarios que habían sido solicitados previamente por un particular.
La solicitud original al Ayuntamiento solicitaba tener acceso a "los 42 últimos expedientes disciplinarios incoados" por el Consistorio a sus empleados públicos. Igualmente, reclamaba tener acceso a las copias de libros de actas de decretos y otras documentaciones donde se tratasen esos expedientes.

La única edil del GIS lleva año y medio esperando a que su ayuntamiento le envíe una documentación. El Consejo de Transparencia resolvió contra el consistorio, que no ha iniciado aún el procedimiento sancionador contra sí mismo
Resulta un poco extraño que un representante municipal tenga que acudir al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía para solicitar información de su propio ayuntamiento. Más raro es que el Consejo respalde su solicitud y tenga que obligar al propio consistorio a facilitarle la información que, por silencio administrativo o por otra circunstancia, no se le ha hecho llegar. Pero lo más rocambolesco quizás es que el ayuntamiento no termine de remitirle la información pese a los requerimientos del propio Consejo de Transparencia, incluida una resolución en la que le insta a incoar un procedimiento sancionador por “incumplimiento” en materia de transparencia, y que todo ello no tenga consecuencia alguna por el momento puesto que el ayuntamiento es la única entidad que puede sancionar, es decir, sancionarse a sí mismo, y todavía no lo ha hecho. Es lo que está pasando durante el último año y medio en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor.

El Consejo de Transparencia de Andalucía ha desestimado por “abusiva” una solicitud de información presentada por el Club Ciclista Los Dalton contra el Ayuntamiento. Dicha entidad deportiva reclamaba expedientes correspondientes a los años 2021 y 2022. Desde Secretaría General se demostró que el análisis y grabación de esta documentación hubiera ocupado todo el tiempo del Departamento de Patrimonio durante varias jornadas.
El Club Ciclista Los Dalton había requerido al Ayuntamiento información sobre una serie de expedientes en los que un trabajador municipal estuvo implicado durante los años 2021 y 2022. Desde Secretaría General se pidió a la entidad deportiva que acotara su demanda de información porque, en principio, podría resultar abusiva. Ante esta respuesta, el club ciclista recurrió al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

La falta de transparencia sobre la campaña de vacunación del covid19 ha provocado que el Consejo de Transparencia inicie un expediente instando a que se sancione al Ayuntamiento de Camas. La falta de respuesta del Ayuntamiento de Camas a un vecino, que en diciembre de 2021 solicitó formalmente al Consistorio determinada información pública, ha dado lugar a que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en base a la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, acuerde el arranque de un procedimiento para instar la incoación de expediente sancionador o disciplinario por la posible comisión de alguna de las infracciones que dicha normativa contempla.

Transparencia amparó el derecho a conocer los términos del acuerdo entre la RFEF y la sociedad que gestiona el estadio de La Cartuja, donde se disputaron los partidos

La federación se había negado a dar el documento por ser "altamente confidencial"
Antonio Salvador
La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha acudido a los tribunales para que no se conozcan los términos del contrato de sede que firmó en 2021 con la empresa pública que gestiona el estadio sevillano de La Cartuja para la disputa de varios partidos de la última Eurocopa (2020), lo que requirió que la Junta de Andalucía concediera una subvención excepcional de 4.956.000 euros para la adecuación de las instalaciones.

La plantilla del servicio de ayuda a domicilio en San Fernando, que lleva más de 50 días de vigilia ininterrumpida a las puertas del Ayuntamiento isleño para reclamar la jornada laboral de las 35 horas, ha dado a conocer este jueves la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Andalucía en relación a la petición que cursaron para acceder al expediente completo del contrato.
En dicha resolución, han explicado, "se estima la Reclamación en cuanto a la solicitud realizada para la vista y copia del expediente de contratación". Al Ayuntamiento se la da un plazo de 10 días para que cumpla con sus obligaciones legales y actúe conforme a la ley.

El órgano garante en Andalucía insta a la sociedad que gestiona el estadio sevillano donde se disputaron los encuentros a facilitar el documento con las condiciones pactadas con la Federación Española de Fútbol: prima el "interés público"
Antonio Salvador
El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA) ha instado a la sociedad que gestiona el estadio sevillano de La Cartuja -participada exclusivamente por administraciones públicas- a facilitar una copia del contrato que firmó con la Federación Española de Fútbol (RFEF) para albergar varios partidos de la pasada Eurocopa, al entender que prima el «interés público» y que no se han justificado de forma suficiente los límites invocados para no proporcionar el documento.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha dado un plazo de dos meses al equipo de gobierno bipartito, de PP y Cs, en el Ayuntamiento de Nerja para que publique en la página web municipal las actas de los plenos desde diciembre de 2020 y la información relativa a los sueldos de los concejales liberados y cargos de confianza. Lo hace tras una denuncia interpuesta ante este organismo, dependiente de la Junta de Andalucía, por la exportavoz del PSOE y exalcaldesa, Rosa Arrabal, quien el pasado julio presentó un escrito quejándose de «la opacidad» del Consistorio.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha registrado en el cuarto trimestre del año un total de 319 asuntos (188 del Área de Transparencia y 131 de Protección de Datos) y ha dictado 262 resoluciones, datos que se han dado a conocer hoy en la sesión de la Comisión Consultiva del órgano reunida hoy en Sevilla.
En el Área de Transparencia, en relación a las reclamaciones, se recibieron un total de 171, alcanzando el total acumulado en el año las 737 reclamaciones, dato superior en un 30% a las recibidas durante el año 2020.

Además de esto, un vecino de la localidad interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía después de que el Ayuntamiento le negara información sobre el expediente de contratación administrativa de numeración de las calles de la ciudad. Esta reclamación ha forzado al alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez (PSOE), a emitir un documento en el que se recoge que la iniciativa de Cala no ha contado con ningún tipo de informe ni estudio que la avalasen.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA) ha dado un buen tirón de orejas al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, reprobando implícitamente su opacidad. Tras la denuncia presentada el pasado mes de abril por el editor de Arrinconados contra el Consistorio por incumplir las obligaciones de publicidad activa previstas en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el organismo ha dado la razón al denunciante.

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El Tribunal Supremo ha resuelto un conflicto que mantenía el Ayuntamiento de Alcalá con el Consejo de Transparencia de Andalucía con relación a las reclamaciones sin contestar a un grupo de vecinos respecto al mercado de abastos La Plaza. De esta manera, el Consejo obliga al Ayuntamiento a ofrecer información referente a la adjudicación, ante la sospecha de los vecinos de que se estaba produciendo un «trato de favor» con la adjudicataria del servicio

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación formulado por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, contra una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que avala la sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete de Sevilla, que merced a una impugnación del Ayuntamiento hispalense anulaba una resolución del citado Consejo de Transparencia que instaba a su vez a la Administración Local a facilitar a un reclamante el listado de bienes inmuebles, tanto urbanos como rústicos, exentos del pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI).

El grupo Municipal de Izquierda Unida, celebra que el consejo de transparencia vuelva a darles la razón en una denuncia presentada el 1 de Diciembre de 2020, ante este organismo por la falta de transparencia del equipo de gobierno encabezado por Isabel Uceda (PSOE). En esta ocasión la denuncia reflejaba que, tras reiteradas solicitudes en pleno y por escrito, no se grababan los plenos ni eran publicados en la web de transparencia del Ayuntamiento como así refleja la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado la resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que obliga a la Diputación Provincial de Sevilla a facilitar las asignaciones económicas otorgadas a los grupos políticos durante los años 2015, 2016 y 2017, así como la justificación con las facturas incluidas.
El Alto tribunal ha compartido los argumentos de la autoridad de control y ha remarcado que los grupos políticos forman parte de la organización de la entidad local, por lo que es Diputación la que debe atender la petición de información, recabarla de las formaciones y ponerla a disposición del interesado (previa anonimización de los datos de carácter personal).
De esta forma, el TSJA rechaza la alegación esgrimida por la Diputación, que aseguraba que “no estaba en posesión de los documentos solicitados,” y subraya que las solicitudes de información “no pueden dirigirse a los grupos políticos -que carecen de personalidad jurídica independiente-, sino al ente local que tiene a su disposición los datos relativos a la dotación económica de las citadas formaciones”.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha instado a la Fundación Museo Picasso Málaga-Legado Paul, Christine y Bernard Ruiz-Picasso a publicar en su página web las retribuciones anuales de sus máximos responsables, así como su organigrama actualizado, dando cumplimiento así a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG).
La Fundación es una entidad de carácter privado, si bien recibe subvenciones públicas superiores a los 100.000 euros, por lo que debe cumplir con las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación estatal de transparencia, tal y como queda recogido en la norma.

Los ecologistas señalan que el Consistorio pretendía cobrar "un precio desproporcionado" por la copia digital de documentos públicos relacionados con el Plan Especial del Poblado de Sancti Petri
Toniza-Ecologistas en Acción da a conocer a través de un comunicado que la Resolución del Consejo de Transparencia de Andalucía estima "la reclamación interpuesta por la Asociación Medioambiental Toniza, contra el Ayuntamiento de Chiclana por denegación de información pública" y le insta a que "en el plazo de veinte días ofrezca al reclamante la información".
En este sentido, indica que el Ayuntamiento ya ha cumplido escrupulosamente la Resolución, fechada el pasado 1 de octubre, "y nos ha suministrado en plazo y gratuitamente la documentación en formato digital. Todo apunta a que el Consistorio ha descartado la posibilidad de recurrir la Resolución del Consejo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. De ser así, lo consideramos un acierto sensato".

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha estimado parcialmente una reclamación interpuesta ante la institución por la Plataforma por una Gavidia Pública, instando al Ayuntamiento a remitir al colectivo información diversa solicitada por el mismo con relación a la recalificación del edificio municipal de la antigua comisaría de la Policía Nacional de la Gavidia, enclavada en la céntrica plaza de la Concordia y enajenada mediante un procedimiento en el que sólo resta la oferta del grupo de inversiones inmobiliarias Baraka Holding.

Los edificios que están exentos de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles no tienen la obligación de ser expuestos públicamente por el Ayuntamiento. El TSJA emitió el pasado martes una sentencia que confirma la ya emitida por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Sevilla en la que anula una exigencia del Consejo de Transparencia de la Junta de Andalucía para que se publicase la lista de bienes de la ciudad exentos de IBI a instancias de una persona que quería denunciar unos supuestos beneficios fiscales de la Iglesia. Hace un año, el el juez estimó el recurso presentado por el Ayuntamiento contra esta resolución en la que se le ordenaba facilitar el listado de bienes inmuebles, tantos urbanos como rústicos, libres de este impuesto.

El Consejo de Transparencia de Andalucía ha aceptado la denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción contra el Ayuntamiento de Trebujena en relación a la “tramitación fraudulenta” de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio para “incluir 300 viviendas en la macrourbanización prevista en las marismas”, de manera que “le obliga a someterla a un periodo de información pública por el plazo de un mes, debiendo retrotraerse todo el expediente”, según ha informado el colectivo.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha puesto de relieve este miércoles que la Justicia ha respaldado la "inmensa mayoría" de los dictámenes dictados desde su puesta en marcha, a principios de 2016, y ha avalado así su doctrina.
En un comunicado, el Consejo de Transparencia fundamenta esta valoración señalando que, desde la puesta en marcha de este órgano, se han interpuesto un total de 33 recursos contencioso-administrativos, y "sólo en uno de los asuntos de las materias más controvertidas los tribunales no han defendido su actuación".

La Cofradía de Pescadores de Vélez-Málaga tendrá que facilitar sus presupuestos y cuentas anuales, así como los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización, dando cumplimiento a la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Éste es el sentido de una resolución dictada por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ante la reclamación de una entidad que solicitó determinada información económica.
La Cofradía mostró su desacuerdo con la resolución emitida y presentó recurso ante el Juzgado Contencioso-Administrativo, recurso que fue desestimado “al ajustarse al ordenamiento jurídico” la resolución del órgano de control. Pero también expresaron su disconformidad con esta sentencia e interpusieron recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que desestimó el recurso y falló a favor del Consejo, avalando su dictamen.

Un fallo del TSJA apoya que se difunda el expediente que le multó con 1,6 millones por sobrefacturar la luz a 400.000 andaluces con 400 millones de beneficios no devueltos.

El denunciante asegura que puede demostrar que la multa no se ajustaba a lo que dicta la ley ni a la gravedad de las irregularidades cometidas. Quiere todos los papeles. La última victoria la ha conseguido de la mano del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Consejo de la Transparencia de Andalucía. Ambos le dan la razón en su petición de acceder al expediente en papel por el que la Junta sancionó a Endesa con 1,6 millones de euros, en 2017, por ese recargo en la factura de la luz.