Por su propia naturaleza, las Administraciones Públicas recopilan y tratan grandes volúmenes de datos de los ciudadanos. Ello es necesario para poder prestar los servicios públicos que entran dentro de sus competencias y para poder realizar muchas de las funciones que tienen encomendadas. Por ello autoridades y organismos públicos se encuentran claramente afectadas por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que comenzará a ser aplicable a partir del próximo 25 de mayo.
Pero en particular, las Administraciones Locales, por su especial proximidad y cercanía al ciudadano y por la especial categoría de algunos de los datos que gestionan (entre los que cabe incluir el padrón municipal de habitantes, las subvenciones y ayudas, la gestión de tributos, las bolsas de trabajo o el registro de documentos), afrontan el cumplimiento de sus nuevas obligaciones como un relevante desafío.
Para ayudarles en dicha tarea la Agencia Española de protección de datos (AEPD) está realizando un importante esfuerzo de concienciación y formación, entre el que se incluyen una Guía “Protección de datos y Administración Local” que acaba de ser presentada en Madrid, junto con la de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL).