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La seguridad informática y la protección de datos son dos ejes clave para el buen funcionamiento de la contratación electrónica, obligada a partir del próximo 9 de marzo por la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Sin embargo, para los expertos en Derecho de las nuevas tecnologías, la regulación al respecto es dispersa, como han explicado en el III Congreso Nacional de Contratación Pública Electrónica que finalizaba hoy mismo, Carlos Galán Pascual (doctor en Informática y abogado especialista en Derecho de las TIC), Jorge Fontevila Antolín (jefe de Asesoría Jurídica de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria) y Rubén Martínez Gutiérrez (profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Alicante).

La entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 implica un nuevo marco legal que supone todo un reto para las administraciones públicas españolas. Así lo constatan los expertos que se han dado cita en el III Congreso Nacional de Contratación Pública Electrónica (CNCE18), que destacan que todos los procedimientos -incluidos los contratos menores- habrán de ser electrónicos, pero que existe una falta de coordinación provocada por la ordenación territorial y el gran número de administraciones públicas que coexisten en España.

Publicado el 21 ene. 2018 en canal Youtube NoSoloAytos
Vídeo de promoción del #CNCE18 - Víctor Almonacid, harto de los papeles, celebra la entrada en vigor de la Ley de Contratos el 9 de marzo de 2018... Pero antes, los días 14 y 15 de febrero en el teatro Goya de Madrid, se celebrará la III Edición del Congreso Nacional de Contratación Electrónica (CNCE)