CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

El segundo apartado de nuestro Manifiesto por la mejora institucional se refiere a la necesidad de renovar e inmediatamente reformar el CGPJ que lleva en funciones casi 5 años, es decir, el doble de su mandato.
El sistema de elección de los veinte vocales del CGPJ que se estableció en la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985 ha colapsado. En esta ley se establece que, de los veinte vocales, no solo los ocho no judiciales sean elegidos la mitad por el Congreso y la otra mitad por el Senado sino que también los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos de la misma forma.

Desde hace unas semanas, la web del Poder Judicial incluye autenticación de doble factor, un sistema que fortalece la seguridad informática
El Poder Judicial utiliza desde hace unas semanas la autenticación por doble factor para proteger el acceso a su web. Lo ha hecho más de un año después de que el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) fuese aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.), imponiendo determinados requisitos de ciberseguridad que deben cumplir antes de 2024 la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y los organismos integrados en la Administración local y entidades vinculadas, como hospitales o universidades.

El texto, del que ha sido ponente el vocal Wenceslao Olea, señala que la justificación de la clasificación no puede exceder la prevista en la Constitución
­­El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy por unanimidad el informe al texto del anteproyecto de Ley de Información Clasificada remitido al órgano de gobierno de los jueces el 2 de agosto de 2022, del que ha sido ponente el vocal Wenceslao Olea. Los vocales Roser Bach, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, José María Macías y Álvaro Cuesta han anunciado la formulación de voto concurrente.

El Consejo de Europa lo tiene claro: el bloqueo en el Poder Judicial es “muy preocupante”. Un bloqueo que dura ya cuatro años, fruto de la negativa del PP de acometer la renovación de sus miembros. Así, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa –organismo paneuropeo de 46 miembros no dependiente de la UE– “lamenta la falta de avances” en la “independencia y transparencia” de los nombramientos en el ámbito judicial, algo que tiene mucho que con la actitud que lleva ejerciendo el PP durante cuatro años.

A raíz de la publicación de una nota de prensa sobre la decisión de paralizar temporalmente el nombramiento de cargos judiciales ante la confianza de una pronta renovación de la institución.
La Sección Sexta de la Sala III del Tribunal Supremo, a la que corresponde el control de los actos emanados del CGPJ, ha dictado sentencia que aborda el alcance del principio de transparencia en cuanto afecta al control ciudadano de la actuación del CGPJ, cuando dicho derecho es hecho valer por una asociación judicial y un grupo de magistrados.
Básicamente los hechos enjuiciados parten de la publicación en fecha 16 de enero de 2020 en la página Web del Consejo General del Poder Judicial una nota de prensa titulada “El CGPJ decide paralizar temporalmente el nombramiento de cargos judiciales en la confianza de una pronta renovación de la institución”. Dicha nota se refería al acuerdo del siguiente tenor:
«El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, ha convenido hoy paralizar el nombramiento de cargos judiciales en la confianza de una pronta renovación de la institución, una vez constituidas las Cámaras después de las últimas elecciones generales y formado Gobierno».
El acuerdo no fue publicado en el Portal de Transparencia del CGPJ.cho

BOE-A-2022-15501 Orden JUS/912/2022, de 12 de septiembre, por la que se crea la Comisión para la claridad y modernización del lenguaje jurídico.

Con fecha de 11 de marzo de 2021 se suscribió el Protocolo general de colaboración para el fomento de un lenguaje jurídico moderno y accesible para la ciudadanía entre el Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial; la Fiscalía General del Estado; la Real Academia Española; la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España; el Consejo General de la Abogacía Española; el Consejo General de Procuradores de España; el Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales  y la Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España.

En dicho protocolo, las ocho partes firmantes acordaron, como objetivo general, velar por el buen uso del lenguaje jurídico e impulsar la modernización del mismo, haciéndolo comprensible para la ciudadanía, en el entendimiento de que mejorar la claridad del lenguaje jurídico y garantizar el derecho a comprender, en el ámbito de la Administración de Justicia, es también modernizar la Justicia.

La Comisión desempeñará funciones de evaluación de los trabajos realizados por la comisión de seguimiento del protocolo mencionado y, asimismo, podrá llevar a cabo funciones de asesoramiento, para la mejora de la claridad y la modernización del lenguaje jurídico, al Ministerio de Justicia, en el marco de su Proyecto Justicia 2030 y de su producción normativa.

La Constitución y las leyes reconocen el derecho de los ciudadanos a conocer las sentencias que dictan los tribunales. Pero, ¿realmente es posible ese acceso? Un pleito jurídico entre una startup y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto el debate sobre la transparencia (o la falta de ella) de un servicio público como la Justicia.
El Centro de Documentación Judicial (Cendoj) es el único organismo que está autorizado a solicitar directamente cualquier resolución de cualquier juzgado de España y se encarga de procesar, anonimizar, publicar y hacer accesible la información generada en los procesos judiciales

La Comisión Europea ha avisado de nuevo este miércoles a España de que es una "prioridad" que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al tiempo que ha exigido que "inmediatamente después" de tal renovación se inicie la reforma que permita que los siguientes nombramientos de este órgano de gobierno lo realicen los propios jueces, en línea con los estándares europeos.
Así consta en la lista de recomendaciones específicas que el Ejecutivo comunitario dirige a España en su evaluación anual del Estado de derecho en el conjunto de los Estados miembro, un examen que busca ayudar a los países a reforzar su orden democrático y que, por primera vez, incluye recomendaciones específicas para cada uno de ellos.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha prorrogado cuatro años el convenio de colaboración con la ONG Transparencia Internacional, firmado por primera vez en julio de 2014 para asegurar el "funcionamiento transparente" del órgano de gobierno de los jueces a partir de los estándares nacionales e internacionales.
Según ha comunicado el CGPJ, su presidente, Carlos Lesmes, ha rubricado este lunes con la representación de Transparencia Internacional en España la prórroga del convenio, renovado por primera vez en 2016 y que llevó a implementar de forma "estricta y rigurosa" las obligaciones sobre publicidad activa que marca la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para que el órgano actuara de forma clara y comprensible.

Ve la redacción "jurídicamente confusa" aunque valora que sindicatos, patronales y fundaciones también deban tener un canal de denuncias
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha valorado positivamente la decisión del Gobierno de extender a los partidos políticos la obligación de tener un canal de denuncia que permita alertar de casos de corrupción. También ha avalado que la medida se aplique a los sindicatos, las patronales y las fundaciones "siempre que reciban o gestionen fondos públicos".
Así consta en el dictamen del órgano de gobierno de los jueces, firmado el 26 de mayo y recogido por Europa Press, sobre el Anteproyecto de Ley para la protección de las personas que informen sobre corrupción, aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado marzo.

La revista abre con la presidenta del Congreso y el presidente del CGPJ una serie de entregas de su Manifiesto por un Lenguaje Claro en la Administración a los principales mandatarios

La revista de lengua y literatura Archiletras, que en su último número publica un pormenorizado dosier sobre la necesidad de mejorar el lenguaje con que las Administraciones Públicas se dirigen a los ciudadanos y un Manifiesto por un Lenguaje Claro en la Administración, está trasladado directamente esta petición a los principales mandatarios y dirigentes públicos, en una serie de encuentros personales con cada uno de ellos. El editor y director de Archiletras, Arsenio Escolar, ha comenzado este miércoles, 2 de febrero, esta serie de actos con la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, en los respectivos despachos oficiales. Las reuniones se han completado con la entrega de un ejemplar del Manifiesto, en formato cartel, a cada uno de ellos. La serie de encuentros se completará en los próximos días con reuniones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente del Senado, Ander Gil; y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha denunciado nuevamente la situación del CGPJ, que debía haberse renovado hace casi tres años, calificándola de "insostenible" e instando a las fuerza políticas a que dejen este asunto fuera de la "lucha partidista" y lleguen a un acuerdo en "las próximas semanas".

La Comisión Europea volvió a pasar revista al Estado de Derecho en los 27 socios de la UE. Hungría y Polonia continúan destacando como los rebeldes, representando un serio desafío para Bruselas y las capitales. Pero España también se volvió a llevar un serio rapapolvo por la renovación del Consejo General del Poder Judicial en este segundo examen anual que realiza el Ejecutivo comunitario.

El Consejo General del Poder Judicial ha lanzado hoy, coincidiendo con la celebración del Día Europeo de la Protección de Datos, un portal web como autoridad de control en materia de protección de datos en los tratamientos jurisdiccionales, que permite la consulta, entre otros documentos, de informes y resoluciones adoptadas por el órgano de gobierno de los jueces en ejercicio de dicha autoridad.

La iniciativa se enmarca en el convenio suscrito por el órgano de gobierno de los jueces y la organización Plena Inclusión España. El fondo arranca con 23 sentencias dictadas por jueces de Primera Instancia de Asturias, Comunidad Autónoma pionera en esta materia
La base de datos de acceso público del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), el órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial encargado de la difusión de la jurisprudencia, permite desde hoy la consulta de resoluciones judiciales en formato de lectura fácil, que permiten a las personas con discapacidad intelectual la plena comprensión de las decisiones que les afectan dictadas en los procedimientos en los que sean parte, al adaptarlas a un lenguaje comprensible para ellas.

• Sentencias de lectura fácil

Quien piense que la fiebre iliberal en España es reciente o fruto de la pandemia y exclusiva de este Gobierno o de su mayoría parlamentaria minoritaria, se equivoca. La práctica totalidad de las conductas iliberales que ahora destacan, tienen precedentes y raíces profundas. España ha sido, salvo momentos puntuales, un Estado Liberal fallido. Y esa tendencia ahora se acredita con la solvencia impropia de quien se esmera en ser más zafio cada día. No de otro modo se puede calificar la pretensión de buscar el atajo de una proposición de ley orgánica para eludir burdamente cualquier debate sereno que una reforma institucional tan trascendente como la de la propia ley que regula el CGPJ requiere, más aún cuando afecta al nervio de su composición y de sus decisiones; esto es, a las reglas del juego.

El CGPJ es el órgano de gobierno del poder judicial y está regulado por el artículo 122 de la Constitución. Su mandato es de cinco años, pero el último se constituyó en diciembre de 2013 y lleva dos años sin renovarse.
La polémica generada por el bloqueo de su renovación no es nueva. Ya el anterior consejo estuvo casi dos años en funciones hasta que se acordó entre los dos partidos mayoritarios (PSOE y PP) su renovación en noviembre de 2008.

La Comisión Europea somete a examen por primera vez la calidad del Estado de derecho de los socios de la UE. La evaluación sobre España, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, resalta con el habitual lenguaje diplomático el bloqueo del Poder Judicial. Y deja además un aguijonazo sobre la Fiscalía: subraya la “relación” entre el Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado por su régimen de nombramiento, el periodo de su mandato y el sistema de comunicación con el Ministerio de Justicia.

A diferencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en donde la denominación como miembro del mismo es de carácter vitalicio, en los estados democráticos europeos contemporáneos los mandatos de quienes ocupan los más altos órganos constitucionales no electivos –tales como el Tribunal Constitucional (TC), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Defensor del Pueblo (DP)– se desarrollan dentro de un espacio temporal amplio, pero limitado. Asimismo, con las variantes propias de cada ordenamiento constitucional, se constata que la facultad para el nombramiento de los integrantes de dichos órganos viene encomendada a instancias políticas representativas; a saber, preferentemente al Gobierno y al Parlamento y, en menor medida, al jefe del Estado.

"Ante el bombardeo mediático de estos días sobre un aspecto de la vida política-institucional como es (el bloqueo en) la renovación del órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial que se pretende hacer, por enésima vez, mediante el turbio y espurio procedimiento de cambio de cromos entre los partidos políticos, conviene poner algunas cosas en claro."

“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, reza el apartado 2º del artículo 1º de la Constitución española. De ello se deduce que las Cortes Generales, en las que reside la representación de los españoles, son fuente de legitimación democrática y por ello participan en la elección de algunos miembros de diversos órganos constitucionales.

Por primera vez en la historia el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) permitirá que cualquier ciudadano, desde su casa y a través de su ordenador, desde la web del órgano de gobierno de los jueces –www.poderjudicial.es– pueda ver en directo, en tiempo real, las 23 entrevistas de los candidatos a los 8 puestos en liza.
Hasta ahora estas entrevistas, en las que los candidatos explican su curriculum y su programa de actuación –en el caso de que resultaran elegido para el puesto–, se difundían en tiempo real solo para los periodistas que accedieran al salón de actos del CGPJ, en la planta baja, donde se proyectaban en sus dos pantallas.

Aplaude los "avances" para prevenir la corrupción pero subraya que la politización de la justicia sigue siendo un "debate público"
El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, ha felicitado a España por los "avances" desarrollados para cumplir las recomendaciones dadas para la prevención de la corrupción, pero ha vuelto a advertir de la falta de independencia judicial si no modifica el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por muy diferentes que sean sus funciones, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Administración de RTVE y la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tienen algo en común: están a la espera de que llegue el consenso parlamentario