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El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía va a iniciar procedimientos sancionadores contra todos aquellos ayuntamientos andaluces que aún no hayan designado Delegado de Protección de Datos (DPD), obligación establecida en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de plena aplicación desde mayo de 2018, y que figura igualmente en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
El reglamento europeo considera una infracción de la normativa tanto no designar DPD como no comunicarlo a la autoridad de control, en este caso, al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, órgano competente desde octubre de 2019, momento a partir del cual la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) dejó de tener asumida la competencia autonómica en el sector público.