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El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano independiente del Estado, ha estimado una reclamación remitida por un particular por la cual obliga a la Autoridad Portuaria a que haga público el informe de viabilidad de la conexión ferroviaria a punta Langosteira y a Puertos del Estado a remitir las actas de las sesiones celebradas en los ejercicios 2019 y 2020 de la comisión de seguimiento sobre la devolución del préstamo de Puertos del Estado y los mecanismos de intervención para que el Puerto sea mucho más rentable.

La Audiencia Nacional sentenció que el exconcejal Xiao Varela puede acceder a él, pero el Puerto apeló

El Tribunal Supremo decidirá si el exconcejal de Marea Xiao Varela podrá acceder al expediente abierto por el Tribunal de Cuentas por las obras del puerto exterior de punta Langosteira, tal y como sentenció el año pasado la Audiencia Nacional en base a la legislación sobre transparencia, o si esta información está sometida al secreto judicial por ser parte de una investigación abierta, como argumenta la Autoridad Portuaria para no entregarla.

Dos sentencias del séptimo y décimo Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo han fallado en contra de la Autoridad Portuaria de A Coruña, estimando que debe facilitar a dos ciudadanos información acerca de sus actividades que hasta ahora se negaban a proporcionar, y que enlazan con presuntas irregularidades relacionadas con el puerto exterior de punta Langosteira. Las sentencias, que admiten alegaciones, se suman a una tercera emitida por el Tribunal Supremo, esta sí firme, en la que el alto tribunal obligó a la Autoridad Portuaria a facilitar sus actas a un interesado después de un proceso judicial.

Las actas de los consejos de administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña de 2015 a 2018 podrán ser examinadas por el ciudadano que lo solicitó en ese último año, durante la presidencia del organismo por Enrique Losada, ya que el Tribunal Supremo anuló la sentencia emitida por la Audiencia Nacional en 2019 que negaba la posibilidad de conocer su contenido. El fallo del Supremo, que sienta jurisprudencia y por lo tanto extiende su alcance a las reuniones de todos los organismos públicos, admite el recurso planteado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que reconoció el derecho del solicitante a acceder a las actas.

El Tribunal Supremo ha admitido un recurso de casación de Transparencia para determinar si el Puerto permite a un ciudadano acceder a las actas de su Consejo de administración entre 2015 y 2018 además de a sus acuerdos. El alto tribunal decide que el objeto del recurso plantea cuestiones jurídicas de alcance que trascienden del objeto del proceso

La Audiencia Nacional ha fallado por partida doble a favor del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y desestima dos recursos de apelación, uno del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y otro, de la Autoridad Portuaria de A Coruña. En ambos casos los organismos denegaron la información y los solicitantes de la información fueron amparados en su pretensión por el Consejo de Transparencia

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Más información y archivos de las sentencias

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha emitido de nuevo una sentencia contraria a los intereses de la Autoridad Portuaria de A Coruña en materia de transparencia. El ente recurrió ante este órgano judicial una decisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) -órgano encargado por que se cumpla con el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos ante las administraciones estatales- en la que se le obligaba a entregar al concejal de Marea Xiao Varela, ex responsble de Urbanismo, la documentación completa del expediente abierto por el Tribunal de Cuentas, en materia de responsabilidad patrimonial, por las obras ejecutadas en punta Langosteira en los años 2012, 2013 y 2014.

La Audiencia Nacional obliga a la Autoridad Portuaria a permitir que un ciudadano pueda acceder a la información contenida en los acuerdos de los consejos de administración del ente portuario coruñés entre 2015 y 2018 que había solicitado. Lo hace tras estimar en parte un recurso del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra un fallo judicial que revocaba una orden del órgano estatal al impedir al interesado consultar las actas del consejo por considerarlas documentos confidenciales.