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El 90% del gasto de los ayuntamientos no se audita, según el informe sobre la auditoría del sector público en España, publicado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE). El estudio hace un análisis de la situación en la que se encuentran las cuentas de las Administraciones Públicas en España.
En el ámbito local, el informe destaca que aproximadamente se audita solo el 9,4% del gasto liquidado del conjunto de los ayuntamientos españoles, y que el 90% del gasto de los ayuntamientos no se audita.

La Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha sido reconocida con el 'Premio a las Buenas Prácticas en Gestión, Auditoría y Transparencia en el Sector Público' 2022, que concede la Fundación FIASEP, de referencia en la auditoría del sector público en España.
El proyecto premiado en la novena edición de estos premios es el Sistema de Control Interno, formado por herramientas tecnológicas que posibilitan una transformación de los procesos de gasto público y su control.
El sistema, que ya se encuentra en pleno funcionamiento en seis consejerías de la Administración regional, permite una tramitación administrativa mucho más eficiente, acortando plazos y minimizando errores en la gestión.

Santa Cruz de Tenerife, 10 y 11 de noviembre de 2022.
Auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife

La Fundación FIASEP y la Audiencia de Cuentas de Canarias coorganizan el X Congreso Nacional de Auditoría del Sector Público a celebrar en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, los días 10 y 11 de noviembre de 2022.

Este Congreso, al igual que las nueve ediciones anteriores, persigue la mejora de la práctica de la gestión y auditoría pública en España, ediciones que han alcanzado un general reconocimiento entre los profesionales de la materia, pertenecientes tanto a las diversas instituciones públicas como a las firmas privadas que desarrollan sus tareas y/o colaboran con el sector público. En definitiva, estos congresos se han constituido en un lugar privilegiado de encuentro y reflexión entre todos los que ejercen su actividad en el sector público con la finalidad última de obtener conclusiones útiles para la mejora de la gestión y auditoría pública.

El lema escogido en esta ocasión, “El Sector Público ante la nueva economía en la Unión Europea” no puede resultar más oportuno y reflejo de una situación económica complicada tanto en las finanzas públicas como en la vida ordinaria de los ciudadanos.

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España acaba de publicar un estudio en el que revela cómo los ayuntamientos y entidades locales españolas se sitúan a la cola de Europa en materia de transparencia y control financiero.
El estudio “La auditoría de los entes locales en la Unión Europea” ha comparado lo que ocurre en las ciudades más pobladas del Viejo Continente y para España concluye que solo Barcelona elabora y publica anualmente un informe financiero y otro de auditoría de sus cuentas, mientras Madrid se limita a realizar un balance de su situación financiera.

La auditoría pública ha mantenido durante los últimos años un crecimiento espectacular, continuo y adaptado a las crecientes exigencias profesionales e institucionales. No entro en detalles porque, si usted está leyendo esta bitácora es un iniciado de este mundo, en algunas de sus diversas esferas.
Ha habido muchos e interesantes cambios que han impulsado esa especialización profesional. La creación de órganos de control externo (OCEX) en 12 Comunidades Autónomas -con interesantes perspectivas laborales- así como el gran desarrollo del control financiero en el mundo local -tras el Real Decreto 424/2017- o las exigencias del control interno de la Intervención General de las 17 Comunidades Autónomas -en la auditoría de las entidades dependientes- a elevado enormemente las expectativas en todo el sector público.

Rafael Nava es presidente del Colegio de Auditores de la Comunitat Valenciana

El anuncio de la llegada de los Fondos Europeos a España será parte de la solución a la crisis económica que ha dejado la pandemia de la covid-19. Recientemente el Gobierno ha avanzado que nuestro país recibirá este año 19.000 millones de euros con cargo al fondo articulado por Europa. De este total, la Comunidad Valenciana espera recibir en torno al 10%.
Ante esta noticia, que sin duda ayudará a mitigar los efectos de un año económicamente muy duro para el tejido empresarial valenciano, no podemos olvidar las exigencias que implican estas ayudas. Es aquí donde los auditores vamos a desempeñar un doble papel en la gestión de estos fondos.

Es el propio Gobierno de la Junta de Andalucía quien demuestra que lo que vienen diciendo los partidos de la derecha andaluza sobre los anteriores ejecutivos del PSOE es una exageración, una verdadera infamia.

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha presentado en el Consejo de Gobierno el informe relativo a las 54 auditorías del sector público instrumental con el objetivo de racionalizar, suprimir y revisar entes innecesarios en la Junta de Andalucía. Los resultados ponen de manifiesto una superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades y gastos innecesarios, por lo que se va a abordar un Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental para definir las estrategias con estas entidades.
El sector público instrumental andaluz consta de 10 agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, tres de régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedad mercantiles.

La entidad pretende difundir el conocimiento de la gestión pública en la sociedad valenciana.

Un grupo de Interventores ha constituido la primera asociación transversal de Interventores y Auditores de todas las Administraciones Públicas, con el propósito de difundir el conocimiento de la gestión pública en la sociedad valenciana. Esta asociación, aunque esté constituida exclusivamente por profesionales pertenecientes a la función pública, no se considera corporativa, pues su propósito es la difusión de la cultura de la Gestión Pública en la sociedad, teniendo como referentes los principios de Transparencia, Eficiencia, y Legalidad propias del Estado Democrático y de Derecho en el que vivimos.

La Sindicatura de Cuentas concluye que el Plan de Transformación Digital (PTD) "no establece la visión estratégica" para alcanzar la transformación digital de la Generalitat ya que los objetivos definidos son "demasiado generales, sin concretar hitos o metas a conseguir" y además no incluía una previsión presupuestaria para todo el horizonte del plan.
Esta es la principal conclusión del informe de la auditoría Análisis y seguimiento del Plan de Transformación digital de la Generalitat 2016-2019 en el que se constatan "avances" en la digitalización, pero no en la transformación digital de la Generalitat.

La Diputación de Alicante ha aprobado este viernes, en sesión plenaria extraordinaria, solicitar a los grupos una memoria de actuación y económica sobre los fondos percibidos entre los años 2015 y 2018 que deberán presentar en el plazo de 10 días para que sean fiscalizados por una auditoría externa. La propuesta, impulsada por la diputada de Hacienda, María Gómez, ha contado con 30 votos a favor PP, Cs y PSPV, y uno en contra de Compromís.

Los fondos que recibirá España supondrán alrededor de un 11% de su PIB, un maná económico que alentará la recuperación de la economía y que puede inducir un impulso vigoroso a la modernización del país.
Pero es esencial que la asignación de recursos y el posterior control reúnan todos los requisitos de transparencia. Es exigible que las empresas que pidan apoyo cumplan las obligaciones legales (auditoría, si fuera el caso; depósito de cuentas; declaraciones tributarias...).

El presidente de la Agrupación de Castilla y León del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Rodrigo Cabrejas, ha advertido hoy del grave problema que una posible caída de los informes de auditoría supondría para la transparencia en la información de una gran parte del tejido productivo.
Cabrejas, quien ha participado hoy en el acto del 'X Día del Auditor' de Castilla y León, ha recordado que en la anterior crisis el número de informes de auditoría se redujo en 10.000 trabajos, casi un 15%.

La Cámara de Cuentas ha iniciado el 'Informe de cumplimento de la contratación pública de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas: análisis de las actuaciones de emergencia tramitadas al amparo del artículo 120 de la LCSP. 2018 y 2019', cuyo documento de directrices técnicas ha sido recientemente aprobado.
En una nota, la institución indica que la "contratación pública de emergencia" constituye un régimen excepcional que justifica la ausencia de los trámites formales y ordinarios que exige cualquier expediente de contratación y la omisión de los principios generales de la contratación pública.

El objeto del Informe CCN-CERT IC-01/19 es servir de referencia y establecer los criterios generales para la Auditoría y Certificación de los sistemas de información del ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad.
El Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha actualizado su Guía CCN-CERT IC-01/19 ENS: Criterios Generales de Auditoría y Certificación, un documento que se encuentra disponible para su consulta en la parte pública de este portal,

*Antoni Gómez es presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC).

La presidenta del Govern, Francina Armengol, y el presidente del Colegio de Auditores de Cuentas de Baleares, Julio Capilla, han acordado este lunes estrechar la colaboración con el objetivo de incrementar la calidad y la transparencia de las auditorías en el sector público.