Get Started for FREE
Sign up with Facebook Sign up with X
I don't have a Facebook or a X account
En este apartado se incorporan dos tablas que recogen los datos de seguimiento de las resoluciones del Consejo que requieren ejecución (estimadas) por parte de las Administraciones, órganos, organismos y entidades responsables de la información solicitada por la ciudadanía.
Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la que se publica el Convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Publicado en:«BOE» núm. 313, de 30 de diciembre de 2019, páginas 142361 a 142367 (7 págs.)
Sección:III. Otras disposiciones
Departamento: Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Referencia:BOE-A-2019-18722
Convenio entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por el que se atribuye al Consejo la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Publicidad activa: ámbito subjetivo
Nuevo criterio
A continuación se muestran las conclusiones del criterio. Si quieres el criterio completo, descárgalo en el enlace siguiente:
Publicidad activa: concepto y naturaleza
Nuevo criterio
A continuación se muestran las conclusiones del criterio. Si quieres el criterio completo, descárgalo en el enlace siguiente:
Los 20.500 incidentes adversos causados por productos sanitarios defectuosos en España desde 2012 (más de nueve al día) dejarán de ser secretos. Así lo ha dictaminado una sentencia del Juzgado Central contencioso-administrativo número 4 de Madrid, que ha desestimado íntegramente el recurso presentado por el Ministerio de Sanidad en representación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) contra tres resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en las que instaba a la AEMPS a facilitar esta información a El Confidencial y La Sexta en el marco de la investigación internacional The Implant Files.
El organismo da la razón a un ciudadano que había pedido sin éxito las cartas que el Ministerio ha cruzado con el laboratorio Meda Pharma por el desabastecimiento de ‘Apocard’
Sanidad tiene ahora 10 días para entregar los papeles o ir a los tribunales
El Gobierno ha incumplido una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que le instaba a entregar a Maldita.es el listado con las personas que han formado y forman parte de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, organismo dependiente del Ministerio de Cultura. Medio año después de la resolución, el Gobierno ni ha entregado la lista de nombres ni ha recurrido ante los tribunales la decisión del Consejo, que, por lo tanto, ya es firme.
El mes de diciembre es una fecha de gran importancia para la sociedad española, pues, además de las señaladas fechas navideñas, conmemora el referéndum de su Carta Magna y, desde 2013, celebra el aniversario de la aprobación de la Ley de Transparencia que le permitió salir de la opacidad.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado ha emitido una resolución en la que le da un plazo de 20 días hábiles al Gobierno de Castilla-La Mancha para proporcionar el número total de asesores docentes (ATD) con los que cuenta en la Consejería de Educación. Procede de una reclamación que el sindicato STAS llevó a cabo el pasado mes de octubre donde pedían conocer la cifra total de estos puestos, tras solicitarlo a la Junta "y no recibir contestación".
Emitido el 17 de diciembre en canal Youtube Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Ponentes (por orden de intervención):
Vanessa López, directora de Salud por Derecho, organización que lidera la campaña No es Sano
Elena Sevillano, redactora del diario El País.
Juan Luis Beltrán, presidente del Consejo de Transparencia de Navarra
Modera:
La publicación de su Memoria del pasado año hace unos días revela la falta de medios de esta entidad y lo incómodo que supone para las administraciones públicas atender sus reclamaciones.
El Tribunal Supremo ha decidido evaluar la transparencia en los criterios de reparto de las productividades en la Agencia Tributaria Española (ATE). Y marcará jurisprudencia. La Audiencia Nacional ya ha dado la razón al Consejo de Transparencia y Buen Gobiern o, que a instancias de la Junta de Personal del fisco en la provincia de Valencia solicitó que se publicaran los motivos y los criterios para repartir alrededor de 24 millones de los casi 100 que en 2018 se abonaron a los empleados en concepto de Plan Especial de Intensificación de Actuaciones (PEIA).
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno organiza, dentro del ciclo “Coloquios sobre transparencia”, el séptimo coloquio. Tendrá lugar el martes 17 de diciembre y versará sobre Salud y Transparencia.
¿Cómo acudir al coloquio?
La asistencia es libre y gratuita hasta completar aforo.
Si estás interesado en acudir al coloquio escribe un correo a secretaria.consejo@consejodetransparencia.es con tu nombre, apellidos, NIF y empresa u organización donde trabajas.
Ponentes (por orden de intervención):
Vanessa López, directora de Salud por Derecho, organización que lidera la campaña No es Sano
Elena Sevillano, redactora del diario El País.
Juan Luis Beltrán, presidente del Consejo de Transparencia de Navarra
Pendiente de confirmación, ponente de la Administración pública.
Modera:
Este órgano ha recibido 53 reclamaciones dirigidas a la Ciudad Autónoma, de las cuales 14 se presentaron en 2018
De acuerdo a la Ley de Transparencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha emitido su Memoria 2018 donde evalúa el grado de aplicación de la esta ley. Un documento donde se incluye información sobre el cumplimiento por parte de las administraciones públicas, incluida la Ciudad Autónoma, de las obligaciones previstas en la Ley de Transparencia y que es presentado ante las Cortes Generales.
"El otro día tuve un despertar inhóspito golpeado por la noticia referida a que el gobierno socialista iba a recurrir la resolución del Consejo de Transparencia que obliga al Ministerio de Justicia a publicar la relación de bienes inmatriculados por la Iglesia católica.
Mirando al espejo de la memoria aparece en el año 1946 el Generalísimo cuando instauró a favor de la Iglesia católica el privilegio de registrar bienes inmuebles con la sola prueba de la firma de un obispo, convirtiéndole a este en juez y notario, pero con la excepción de los bienes de culto como los templos y las iglesias. (...)"
El Ministerio de Justicia ha recurrido ante los tribunales para que no se haga público el listado de los bienes inmatriculados de la Iglesia, tal y como ya os contamos en Maldito Dato. ¿Pero qué son estos bienes registrados por primera vez o inmatriculados? En Derecho hipotecario, las inmatriculaciones hacen referencia a la primera inscripción de una finca en el Registro de la Propiedad. En este caso, se trata de las fincas o edificios que la Iglesia católica registró como propios sin tener que demostrar los derechos de propiedad sobre esos bienes.
De esta manera, entre 1998 y 2015 la Iglesia inmatriculó un “total de 34.984 fincas”. La comunicación en la que el Colegio de Registradores entrega el listado de estos bienes al ministerio de Justicia dice que “18.535 se refieren a templos de la Iglesia o dependencias complementarias a los mismos y 15.171 a fincas con otros destinos”, según ha podido comprobar Maldito Dato a través de una petición de acceso a la información pública. Estos son los únicos datos seguros a día de hoy sobre el listado.
La memoria de 2018 del Consejo de Transparencia suspende al sector público estatal en la información que da a los ciudadanos en lo relativo a la publicación de presupuestos y contratos, mientras que "valora muy positivamente" la transparencia de los partidos políticos en sus webs.
El resumen de la memoria del Consejo sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia, publicada este sábado, analiza el nivel de acatamiento de esta normativa de varias entidades estatales seleccionadas aleatoriamente.
Buena parte surgen de ministerios y otras entidades públicas estatales, que llevan las resoluciones de la entidad a los tribunales para evitar dar a los ciudadanos la información que reclaman.
El BOE de hoy recoge el resumen de la memoria de 2018 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el organismo que se puso en marcha en 2014 para aplicar la Ley de Transparencia, vigilando su cumplimiento y, lo más importante, atender las reclamaciones de la ciudadanía cuando las entidades públicas no les dan la información que solicitan. Una de las conclusiones más relevantes es que, desde su nacimiento y hasta el 31 de diciembre de 2018, el organismo acumula un gasto de 287.159,46 euros para defenderse de los recursos presentados contra sus resoluciones, la mayoría presentados por administraciones públicas.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha presentado su Memoria de actividades 2018 en la que figura, por un lado, la evaluación del cumplimiento de la ley de transparencia utilizando su propia metodología (MESTA) y, por otro, los principales hitos que han marcado la actividad del organismo durante ese año.
Como valoración general, el Consejo de Transparencia destaca, al igual que en las memorias de años anteriores, el avance en la implantación de la transparencia en nuestro país. Todavía persisten algunas deficiencias organizativas y el cumplimiento de la ley de transparencia es aún incompleto en determinadas áreas y sectores de las instituciones y las Administraciones Públicas pero ya prácticamente todos los organismos públicos disponen de un Portal de Transparencia específico o generalista.
El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós, calificó este jueves la transparencia como una herramienta disuasoria “muy eficaz contra la corrupción pública”, durante su intervención en las I Jornadas Canarias de Transparencia Digital y Derecho de Acceso, celebradas en el Parlamento de Canarias con la organización del Comisionado de Transparencia.
(...)
José Nuño, secretario técnico de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), intervino con la ponencia Buenas prácticas más destacadas en la Red de Entidades Locales por la transparencia y la participación ciudadana y proyectos de futuro.
Antes precisó que la red, conformada por 242 entidades locales y 20 socios colaboradores, tiene entre sus objetivos promover las políticas de transparencia, participación y colaboración ciudadana y facilitar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de participación ciudadana en el ámbito local.
Nuño dio a conocer los resultados de un estudio entre sus miembros que puso de manifiesto que, en materia de publicidad activa, “se acortan las distancias entre los ayuntamientos en función de la población del municipio. En derecho de acceso a la información —continuó— sigue existiendo un déficit entre la ciudadanía, que desconoce la existencia de este derecho”. Y en materia de datos abiertos, recordó que “solo los grandes y medianos ayuntamientos conocen y aplican las recomendaciones”.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tramitó un total de 64 reclamaciones del ámbito autonómico y local procedentes de Extremadura en 2018, derivadas principalmente por silencios administrativos de estas administraciones.
Este Consejo, que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, tramitó 580 reclamaciones en 2018 correspondientes a las ocho comunidades y ciudades autónomas con las que esta entidad tiene firmado un convenio, entre ellas Extremadura.
La aportación de la Junta de Extremadura para el desarrollo de este convenio se cifra en 12.996,72 euros para el ejercicio de 2020
El Ministerio de Exteriores oculta un argumentario político que envió a los embajadores españoles con las directrices diseñadas para ellos después de las elecciones del 28 de abril y en medio del juicio del «procés». El Consejo de Transparencia, organismo encargado de velar por que los ciudadanos accedan a la información pública a la que tienen derecho por ley, dictó una resolución, a la que ha tenido acceso ABC, que exige al gabinete dirigido por Josep Borrell que entregue ese dossier por motivos de interés general.
Your new post is loading...
Difusión de contenidos de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Web de la RED FEMP:
https://bit.ly/REDFEMPtp
