La entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) ha obligado a todos, sector público y sector privado, a redefinir sus políticas de comunicación, publicidad y acceso a la información, para garantizar la protección reforzada de los datos personales que el marco europeo ha impuesto. Refuerzo que, a priori, podría chocar con las políticas públicas en materia de transparencia. Porque no cabe duda de que el encaje de ambos derechos, el de transparencia y el de protección de datos personales, fundamentales en un Estado democrático y necesitados de máxima protección en su ejercicio, plantean diferentes y complejas implicaciones.
Y es precisamente esa interacción entre ambos derechos la que obliga a la revisión de los Portales de Transparencia de la diferentes administraciones públicas para asegurarse de que la publicidad activa de grandes cantidades información que se ofrece en los mismos se ajusta al marco del RGPD. Pero… ¿Cómo hacerlo?