Transparencia en España

El juzgado falla a favor de eldiario.es y obliga al departamento, como ya hizo con Defensa, a publicar en detalle cómo reparte el presupuesto de publicidad institucional en teles, radios, periódicos y webs
Sanidad se gastó 14 millones de euros en campañas de violencia de género, consumo de alcohol en menores o prevención de embarazos infantiles, pero se niega a especificar en qué medios
Ocho ministerios del Gobierno obligados a dar los datos por peticiones de eldiario.es están pleiteando para esquivar las resoluciones del Consejo de Transparencia, el organismo que vigila que se cumple la ley

Por Jesús Escudero.

La desclasificación de 10.000 documentos secretos de la Guerra Civil y la dictadura franquista planteada por la socialista Carme Chacón lleva seis años aparcada en los cajones del Ministerio de Defensa, y así permanecerá a corto plazo. Además de no ejecutar el proyecto redactado en los últimos meses del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero alegando falta de recursos económicos y humanos, el departamento encabezado por María Dolores de Cospedal ha decidido llevar a los tribunales al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para seguir ocultando los términos en los que está redactada la propuesta de Chacón y los archivos afectados. La paradoja reside en que los documentos solicitados por El Confidencial ya fueron publicados hace más de cinco años por varios medios de comunicación.

Renfe-Operadora se ha opuesto al mandato del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) para publicar el salario del personal directivo no sujeto al convenio colectivo que trabaja en la compañía. La entidad pública empresarial llevará a los tribunales del Contencioso-Administrativo la resolución del Consejo de Transparencia para evitar publicar esa información.
La solicitud de acceso a la información, presentada por el sindicato CGT-Sector Federal Ferroviario al amparo de la Ley de Transparencia, requería a Renfe los salarios de los directivos cuyos contratos y emolumentos no están fijados por el convenio colectivo de la empresa. A día de hoy, se desconoce cuántos empleados (en CGT estiman "al menos 800 personas") se encuentran bajo este rango y a cuánto ascienden sus salarios, así como las cláusulas a las que están sujetos.

El Juzgado Central ha estimado el recurso contencioso-administrativo deducido contra la resolución de la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que desestimó la reclamación presentada por el recurrente frente a la desestimación presunta de su solicitud de acceso a cierta información que formuló al M.º Hacienda y Administraciones Públicas, relativa al texto del intercambio de cartas entre las autoridades fiscales españolas y luxemburguesas operado en los años 2000 y 2015, sobre la interpretación del Convenio de Doble Imposición suscrito por los dos países el 3 Jun. 1986, que se mencionaba en dos circulares de las autoridades de Luxemburgo. Anula así la resolución impugnada, que se amparaba en la causa de inadmisión de las solicitudes prevista en el art. 18.1 a) de la Ley 19/2013, y condena al M.º Hacienda a que permita al recurrente acceder a la información solicitada.

El Tribunal Supremo ha obligado a la Corporación RTVE a hacer públicos los costes del festival de Eurovisión de 2015, año en el que participó la cantante Edurne. La sentencia, dictada este lunes, pone fin a un procedimiento judicial que se ha extendido más de un año ante la negativa de la cadena pública a revelar el coste de participar y emitir el citado festival: 396.918,47 euros.

El ministerio de Fátima Báñez ha llevado a los tribunales al Consejo de Transparencia para ocultar esta información. De los 67 juicios de este tipo, 46 han sido iniciados por la Administración
Por Jesús Escudero

La justicia defiende por segunda vez la posición del Consejo de Transparencia y desestima el recurso de apelación de RTVE. La Corporación considera que no hay obligación de facilitar la última auditoría pública del ente realizada por la Intervención General de la Administración.
La  Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación de RTVE, contra el mismo fallo del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid, para no facilitar el informe de auditoría de la Corporación. En el recurso de apelación la Corporación ealegaba incrongruencia de la solicitud del ciudadano y la resolución del Consejo.

A continuación, se pueden consultar todos los recursos, organizados por año, contra las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el ámbito de las Administraciones Territoriales. El Consejo de Transparencia ha firmado convenios para la resolución de sus reclamaciones con las siguientes Comunidades Autónomas : Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Madrid, 21 de septiembre de 2017 – La Audiencia Nacional confirma la sentencia de primera instancia y dictamina que el Gobierno Español debe otorgar a Access Info Europe los documentos relacionados con la participación en la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP en sus siglas en inglés), tal y como había resuelto el Consejo de Transparencia.
La sentencia firme rechaza por segunda vez el intento del Gobierno de considerar los informes de avance sobre el Plan de Acción de la OGP como documentos internos de carácter “auxiliar” y, por tanto, vetados del escrutinio público.
Este fallo supone un importante avance hacia la transparencia en España puesto que limita la aplicación discrecional del polémico artículo 18 de la Ley de Transparencia de 2013 sobre documentos “auxiliares”- utilizado de forma frecuente para denegar acceso a la información- y confirma que no puede considerarse como tal la información relevante sobre la toma de decisiones y para poder participar en el debate público.

"El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía publica la información sobre los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra sus resoluciones. Hasta la fecha, se han interpuesto 5 recursos, estando resueltos sólo dos, ambos con sentencia favorable al órgano de control.
A continuación exponemos una síntesis del contenido de cada uno de estos recursos:"

La actuación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha sido avalada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cinco de Sevilla al rechazar un recurso que un miembro del Grupo Parlamentario Popular interpuso contra una resolución del órgano de control. La citada resolución del Consejo inadmitió la reclamación del PP por considerar que la información pública solicitada, relativa al reintegro de subvenciones de Formación Profesional para el Empleo, sí se había facilitado.

eldiario.es pidió el listado de modificaciones de contratos de obra del Ministerio de Fomento para conocer en qué proyectos se multiplicaron los costes sobre el precio de adjudicación
El Consejo de Transparencia (CTBG) ha dado la razón a este medio y asegura que la ley obliga a publicar los sobrecostes en adjudicaciones de obra pública
Ahora, el Gobierno acude a los juzgados para mantener ocultas las modificaciones de contratos de obra adjudicados desde 2008

Manel Navarro en la conferencia de prensa que se celebró en Rtve el 13 de febrero. EDUARDO PARRA GETTY IMAGES
"A veces, la Ley de Transparencia parece estar en manos de Mortadelo y Filemón. Un particular, o una entidad como Access Info Europe, pide información a un organismo público sobre cuestiones relativamente inocentes como los gastos del festival de Eurovisión o las políticas de Gobierno Abierto.
La Administración se niega a facilitar la documentación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) le da la razón al solicitante de información. Pero el Gobierno invierte los recursos de todos en llevar esa decisión a los tribunales. Estos fallan a favor del particular y del CTBG, una institución que, a su vez, ha tenido que gastar dinero público para pagar abogados privados que argumenten contra la propia Administración a la que pertenece. (...)"

El Ministerio de Presidencia, que impulsó la ley de Transparencia, insiste en ocultar sus políticas sobre Gobierno Abierto a pesar de su derrota inicial en los tribunales
Una sentencia judicial le obligó a ser transparente y publicar documentos relacionados con la aplicación de planes de mejora administrativa
El Gobierno ha presentado hasta el momento 48 recursos en los tribunales para no revelar solicitudes amparadas en la Ley de Transparencia
Por Raúl Sánchez

La presidenta del Consejo de Transparencia, Esther Arizmendi, ha criticado este miércoles que el Gobierno cuestione de "manera tan reiterada" al órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, puesto que la Administración Central ha presentado ya 31 conflictos contencioso-administrativos en los tribunales contra decisiones de este órgano.
Así se ha pronunciado Arizmendi ante la Comisión Anticorrupción del Congreso, donde ha acudido dentro de la ronda de comparecencias programada por este órgano para recabar propuestas para mejorar la legislación sobre financiación de partidos políticos.

eldiario.es pidió esta información al Portal de Transparencia para saber si el reparto de dinero se hace de forma objetiva o el gobierno beneficia a algunos medios de comunicación

El Consejo de Transparencia (CTBG) ha dado la razón a este medio y resuelve que el interés público por conocer el reparto de publicidad está por encima de cualquier otro

Ahora, 8 de los 13 ministerios van a poner una demanda por lo contencioso administrativo en la Audiencia Nacional para esquivar la resolución que les insta a dar a estos datos"

Por Raquel Ejerique y Raúl Sánchez

"Los expedientes que respaldan la concesión de condecoraciones policiales tendrán que dejar de ser un secreto. La Audiencia Nacional ha sentenciado en firme que los sindicatos policiales deben poder tener acceso a estos expedientes, en contra de las negativas del Consejo de Transparencia en los últimos años: para la Justicia, se trata de una petición de información “perfectamente congruente” por parte del Sindicato Unificado de Policía (SUP). (...)

Contra esta sentencia de la Audiencia Nacional no cabe recurso: la sección séptima de lo contencioso-administrativo confirma la decisión del juzgado central número diez y rechaza los argumentos de la Abogacía del Estado, en representación de un Consejo de Transparencia al que condena en costas.  (...)"

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 9 ha estimado el recurso presentado por Radiotelevisión Española (RTVE) y ha anulado la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del 30 de septiembre de 2016, en la que instaba a la Corporación a facilitar información relativa a los costes de la programación de Nochevieja de 2015.

"Un ciudadano presentó una solicitud de acceso a la información dirigida al Ministerio del Interior que tenía por objeto conocer información relativa a su entrevista personal en el proceso selectivo convocado por resolución de la Dirección General de la Guardia Civil."

La DG estimó dar acceso parcial a la información, lo que recurrió el solicitante ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que estimó su recurso e instó al Ministerio a dar la información solicitada, resolución que fue recurrida por el Ministerio ante el Contencioso.

El recurso del Ministerio del Interior contra la resolución del CTBG fue desestimado por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº10 en sentencia 159/2016. Posteriormente, la sala séptima de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional desestima también la apelación del Ministerio contra la sentencia.

Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (3278 KB · pdf)

Sentencia nº 159/2016 del Juzgado Central contencioso-administrativo nº10 (372 KB · pdf)

Sentencia en apelación nº 10/2017 de la Sala de lo contencioso-administrativo sección 7ª de la Audiencia Nacional (4641 KB · pdf)

El Ministerio de Fomento ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra una resolución del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno que le insta a publicar el reparto de complementos de productividad en 2015 entre los empleados del Ministerio con mayor nivel jerárquico, la mayoría puestos de confianza y de libre designación.

Madrid, 4 de mayo de 2017 – En una importante victoria para la transparencia en España, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictamina que el Ministerio de Presidencia debe entregar a Access Info Europe una serie de documentos relacionados con las acciones que el Gobierno lleva a cabo como parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).
Esta importante sentencia, que avala la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y contribuye al desarrollo de jurisprudencia en derecho de acceso a la información en España, establece que para que la sociedad civil pueda participar en la toma de decisiones relativas al Gobierno Abierto, es imprescindible tener acceso a la información relevante sobre las mismas.

El Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación presentado por RTVE contra la sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo nº6 de Madrid, relacionada con la publicación de los gastos de Eurovisión 2015 .

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), a partir de una reclamación interpuesta por un ciudadano, que solicitó el coste de la participación de España en el concurso televisivo, resolvió que RTVE debía proporcionar al solicitante la información, resolución que confirmó el citado Juzgado Contencioso- Administrativo (47/2016), y contra la que se interpone ahora el recurso de casación.

Según el auto dictado, "la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar los artículos 18.1.c ) y 14.1.h) de la Ley 19/2013 , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para determinar los presupuestos y requisitos necesarios para inadmitir las solicitudes de información cuando sea necesaria una acción previa de reelaboración; y, asimismo, para la aplicación de la limitación de acceso a la información cuando suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales de la entidad requerida."

Una de las funciones esenciales del Estado de Derecho es la garantía de la tutela judicial de los derechos de los ciudadanos. (...)
Por ello, resulta sorprendente que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIP) se haya olvidado por completo de la tutela jurisdiccional. (...)

El Consejo de Transparencia había obligado a la corporación pública a revelar su organigrama de altos cargos y el coste del mismo en un dictamen de marzo
Para evitar cumplir la resolución y no tener que entregar los datos, la dirección de la radiotelevisión ha recurrido a la justicia ordinaria
RTVE tiene al menos otros cuatro recursos en lo contencioso administrativo para esquivar la Ley de Transparencia