Transparencia en España

Nueva derrota —y van tres— para la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en sus litigios judiciales contra el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El juzgado central de lo contencioso-administrativo número 2 de Madrid ha desestimado el recurso presentado por la CNMV contra una resolución del CTBG sobre el expediente de la multa de 9.030 euros del regulador bursátil contra el exministro de Exteriores y actual jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, por el uso de información privilegiada cuando era consejero de Abengoa.

En la sentencia se lee que "puestos en la balanza el derecho a la información y el interés de quien voluntariamente decide contratar con un ente público, debe primar la protección del primero"

El día 20 de junio Civio presentó un recurso contencioso-administrativo ante la negativa del Consejo de Transparencia de obligar a hacer público el código de un programa que decide quién resulta beneficiario del bono social eléctrico.

La batalla entre el Consejo de Transparencia y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se librará en el Tribunal Supremo. La CNMV ha presentado un recurso de casación para no tener que divulgar el expediente sancionador que acabó con una multa de un millón de euros al Banco Popular. El organismo ha tomado esta decisión tras sufrir un revés en la Audiencia Nacional, que desestimó su recurso el pasado 25 de junio. La CNMV argumenta que toda la información contenida en sus expedientes es confidencial. Transparencia asegura que no. (...)

Por Elena G. Sevillano

Por Elena G. Sevillano

La ley que regula la actividad del alto cargo dice que su ejercicio debe basarse en la “transparencia y responsabilidad”, pero 100 de ellos se resistieron a desvelar sus bienes entre 2015 y 2018. Además, aplicar ese principio ha derivado en una batalla judicial entre la Oficina de Conflictos de Intereses y el Consejo de Transparencia. Los dos son públicos y dependen del Ministerio de Política Territorial, pero defienden en los tribunales posturas enfrentadas.
Dos sentencias recientes, una en primera instancia y otra ya en apelación, han dado la razón a la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), que se niega a acatar las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que le instan a divulgar información sobre incumplimientos de los altos cargos. (...)

Saber cómo funciona un 'software' que decide quién recibe o no una ayuda pública debería de ser algo natural, normal, de la misma manera que podemos conocer las normas y leyes que rigen nuestra vida en sociedad: ambos son códigos. Con esa premisa, la Fundación Civio ha interpuesto un recurso ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Adminstrativo (Audiencia Nacional) que, de prosperar, podría obligar a los poderes públicos a liberar el código fuente de las aplicaciones creadas por sus empleados. Y convertiría a España en uno de los países más transparentes del mundo.

El trámite de audiencia a los laboratorios, en peticiones que puedan afectar a sus intereses en relación a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen gobierno, es un requisito ineludible tal y como ha establecido Juzgado Central 8 de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
De este modo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) no puede obligar a hacer pública al Ministerio de Sanidad una información reclamada por un particular sin haber dado traslado previamente a los laboratorios afectados.

El regulador bursátil ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que pedía hacer público el expediente sancionador abierto por la CNMV contra Borrell. El expediente había sido solicitado por El Confidencial a través de la Ley de Transparencia. La CNMV impuso una multa de 9.030 euros al expresidente del Parlamento Europeo por el uso de información privilegiada cuando era consejero de Abengoa. El Gobierno ya negó el expediente cuando la oposición lo solicitó en el Congreso.

El organismo de transparencia instó a la Universidad a emprender sanciones contra su secretario general por dos infracciones muy graves al ocultar información 
La universidad ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya tanto la resolución de Transparencia como la petición de sanciones
La UAB abrió un expediente en febrero pasado a la catedrática Teresa Freixes por haber contratado a una empresa familiar

ENAIRE y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se opusieron a hacer pública la identidad del técnico redactor de una Nota Técnica, lo que la convertía en una “Nota anónima”. La decisión fue recurrida y anulada en 1ª instancia. La Audiencia Nacional acaba de desestimar la apelación de Enaire, por lo que la sentencia ya es firme.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en respuesta a la reclamación presentada por un ciudadano, resolvió a favor del derecho a acceder a los detalles del contrato celebrado entre la Corporación RTVE y una productora de televisión para la compra de películas.

No son buenos tiempos para la transparencia dentro de Radio Televisión Española. A pesar del cambio de dirección, con Rosa María Mateo como administradora provisional única, las prácticas en contra de la transparencia dentro de la radio y televisión públicas como ignorar las resoluciones del Consejo de Transparencia continúan.
A pesar de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) consideró, tras una petición de Maldita.es, que las actas del Consejo de Administración debían ser públicas, RTVE procedió a presentar el 14 de enero un recurso en el Juzgado Central Contencioso Administrativo nº4 contra el CTBG para intentar evitar cumplir su resolución y no hacerlas públicas.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, autoridad independiente de control en estas materias en la Comunidad, va a recurrir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Sevilla, que ampara al Ayuntamiento hispalense a no facilitar el listado de bienes inmuebles, tantos urbanos como rústicos, exentos del pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI).

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación que interpuso la Agencia Tributaria (AEAT) contra el fallo del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid, que avalaba la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Se gastaron 2,5 millones en campañas que beneficiaron especialmente a la radio de Jiménez Losantos, La Razón o Abc por encima de la audiencia que tienen
Una sentencia ha obligado a Fomento a revelar a eldiario.es el reparto de dinero público en anuncios que se hizo a los medios de comunicación, tras negarse varias veces
Fuentes de aquel equipo ministerial explican que el reparto lo hizo una agencia de medios, ya que el servicio de publicidad se saca a concurso
Otros siete ministerios del Gobierno pleitean para no revelar cuánto dinero adjudican a cada medio por anuncios institucionales
Por Raúl Sánchez

La Audiencia Nacional ha dictaminado que el Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene que publicar diversas informaciones relativas al convenio de doble imposición que España tiene con Luxemburgo.
En concreto, Hacienda tendrá que dar acceso a las cartas intercambiadas entre España y Luxemburgo en abril de 2000 y entre abril y mayo de 2015, según figura en la sentencia de la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional.
Estas cartas, que aparecen mencionadas en circulares de las autoridades fiscales luxemburguesas pero que en España no se han publicado, están relacionadas con el convenio suscrito entre ambos países para evitar la doble imposición en materia de impuestos.
Ante esta situación, un demandante reclamó al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno el acceso a esta información, que fue denegado, una decisión que recurrió, también sin éxito, por lo que interpuso un recurso contencioso administrativo.
El juzgado central de lo Contencioso Administrativo número 7 anuló la resolución del Consejo de la Transparencia y condenó al Ministerio de Hacienda a permitir el acceso a la información, pero ambas instituciones presentaron un recurso de apelación contra la sentencia.

La cantidad de pleitos contra otras entidades públicas ha terminado por obligar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) a buscar abogados privados para defenderse