Transparencia en España

Público revela cuánto cobran por programa 15 presentadores externos de Televisión Española tras conocerlo gracias a la ley de transparencia. Sin embargo, RTVE se salta al Consejo de Transparencia y oculta los sueldos de los presentadores que forman parte de la corporación, como Ana Blanco o Carlos Franganillo.
Sergio Sangiao
Los chefs Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera presentan 'MasterChef' desde 2019, cuando Eva González dejó el talent show culinario de RTVE para presentar 'La Voz' en Antena 3. Hasta entonces los tres formaban parte del jurado pero no conducían el programa. Ahora, cada uno de ellos cobra 10.000 euros por programa de las distintas versiones del talent que emite La 1.

Considera que los ciudadanos deben conocer también el número de personas que dona dinero cada año a formaciones políticas
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha ordenado al Ministerio de Hacienda atender la petición de información presentada por un particular al que deberá remitirle el desglose anual del número de personas que han pagado una cuota de afiliación a una formación política entre 2015 y 2021, lo que permitiría saber el número real de militantes con los que cuenta cada partido o coalición. Además, deberá hacerle entrega de datos sobre el número de personas que han hecho otro tipo de donaciones monetarias a entidades políticas.

día de hoy, existe una enorme opacidad acerca del precio real que pagan las administraciones por los medicamentos. Además, tampoco se conoce cuáles son las condiciones de financiación acordadas con los laboratorios. Sin embargo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha instado al Ministerio de Sanidad a hacer públicos los precios de los fármacos solicitados tras varias reclamaciones de la Fundación Ciudadana Civio.
Según varias resoluciones de diciembre de 2022 hechas públicas recientemente, el CTBG apremia a la cartera de Carolina Darias a hacer públicas las condiciones de financiación y precio en el ámbito del Sistema Nacional de Salud de los medicamentos Zolgensma, desarrollado por Novartis, y Yescarta, desarrollado por Gilead.

El ministerio de Cultura y Deporte derivó al solicitante al Portal de Transparencia, donde no aparece la información solicitada
Por Laura García
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha emitido una resolución en la que exige al Ministerio de Cultura y Deporte que remita la siguiente información sobre el ministro Miquel Iceta: los estudios superiores realizados y los puestos de trabajo que ha desempeñado en el ámbito privado. 
Así, este organismo ha dado la razón a quién solicitó detalles del currículum del ministro de Cultura y que el ministerio no detalló, tal y como se pedía.

Interior negó a Maldita.es el coste del dispositivo de seguridad solicitado vía ley de transparencia amparándose en un acuerdo del Consejo de Ministros de 1986 que declara secretos los planes de seguridad
El Consejo de Transparencia resolvió que el coste del dispositivo de la visita de Juan Carlos no estaba declarado secreto bajo ese acuerdo del 1986 y que el ministerio debía conceder la información porque es “de interés público”
El Gobierno se ha vuelto a negar a publicar los datos porque afecta a la seguridad y a la integridad física de los agentes, "incumpliendo" la ley de transparencia

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno frena ante el muro que supone la documentación clasificada, de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales. Y lo hace ante el Centro Nacional de Inteligencia y la actividad desplegada para detectar la presencia del programa espía Pegasus en teléfonos móviles de altos cargos.
Un vídeo grabado por una militar con cámara oculta lleva a la Armada a admitir que obliga a firmar un documento para rechazar vacunarse
A principios de mayo de 2022, Félix Bolaños reveló que una revisión de dispositivos había desvelado que los teléfonos móviles de Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska habían sido infectados con ese software, que había robado información de los teléfonos en torno a mayo-junio de 2021, en plena crisis con Marruecos.

Silencio administrativo. El ministerio de Presidencia, encabezado por Félix Bolaños, ha evitado revelar detalles de la mesa de diálogo entre el Gobierno y Esquerra Republicana tal como le requería una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a petición de una ciudadana. Así, se ha acabado el plazo de diez días hábiles que este órgano les dio a partir del 4 de noviembre de 2022 para facilitar información como los nombres de los integrantes actuales de esta mesa bilateral de diálogo, la relación de reuniones convocadas, realizadas o pendientes de realizar, los acuerdos adoptados en este foro y también "los informes, manifiestos o pronunciamientos políticos o jurídicos adoptados en esta mesa o al amparo de esta". Además, les requería remitirles una copia de la respuesta para asegurar el cumplimiento. Actualmente, el apartado de 'Cumplimiento' del portal de Transparencia indica que el caso estaba "en trámite" en la última actualización el 7 de noviembre, pocos días después de la resolución, y que a 18 de enero todavía no se ha actualizado. Si La Moncloa ignora finalmente la resolución, la ciudadana tiene dos meses para elevarlo a los juzgados contenciosos administrativos de Madrid.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 28/11/2022 (ECLI:ES:TS:2022:4434), ha declarado que la acción pública en materia urbanística NO constituye un régimen específico de acceso a la información que excluye la aplicación de la Ley de Transparencia, y que la falta de utilización de este cauce NO debe considerarse como el ejercicio abusivo de este derecho.
Los hechos fueron los siguientes: el propietario de un establecimiento turístico denunció ante el Ayuntamiento que otro establecimiento turístico estaba ejecutando obras sin licencia. Estando en tramitación el expediente de reposición de la legalidad urbanística, se solicitó al Ayuntamiento, al amparo de la Ley 19/2013, de transparencia, una copia de los expedientes de licencias o títulos habilitante de la actividad otorgados en los últimos seis años; petición que fue estimada por el Alcalde.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha obligado al Ayuntamiento de Algeciras a aportar información sobre la empresa pública Algesa que había sido solicitada previamente por representantes sindicales de la compañía y denegada por la mercantil. 
En concreto, la solicitud original a Algesa solicitaba tener acceso a datos como un listado completo de la flota de la compañía, entre la que se encuentran los autobuses urbanos además de los destinados a la limpieza viaria, así como matrículas y números de bastidor y los expedientes de la ITV de los últimos diez años.

La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos ha emitido un comunicado en el que indica que el Ayuntamiento de Huelva ha sido obligado a facilitar información sobre los cortes producidos en el Camino del Agua.

Por ello, un vecino pidió al consistorio que facilitara la licencia de obra para la colocación de una alambrada y una cancela eléctrica en el Camino del Agua, en la zona de La Rivera. Después de varios años de silencio administrativo ante la petición del ciudadano y de recordarlo en varias ocasiones, y de dar traslado de su queja al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, éste le ha dado un plazo de 10 días al Ayuntamiento para que facilite dicha información pública, mediante la siguiente resolución:

El órgano encargado de velar porque las instituciones públicas cumplan unos criterios básicos de transparencia ha acordado tramitar “procedimiento sancionador” a Mancomunidad por incumplimiento de la Ley de Transparencia.
La resolución emitida por el Consejo de Transparencia y Datos de Andalucía (CTPDA), ha sido a raíz de una denuncia de IU Podemos, que advirtió a dicho órgano del “incumplimiento flagrante” de la Ley por parte de Mancomunidad.
Esta situación no es nueva, puesto que en 2018 el CTPDA ya emitió una resolución exigiendo a Mancomunidad que publicase en el plazo de un mes la información requerida por IU. Además, desde IU Podemos aseguran que Mancomunidad no contesta a los escritos presentados pidiendo información.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha obligado al Ministerio del Interior a desvelar el coste del despliegue de seguridad durante la visita del Rey Emérito a Sanxenxo en mayo de 2022 tras estimar parcialmente una reclamación contra una resolución anterior del departamento que preside Fernando Grande-Marlaska negando esta información.
En la resolución, consultada por Europa Press, se insta a que en el plazo máximo de diez días hábiles el Ministerio del Interior remita a Transparencia y al reclamante la información requerida sobre la visita de Juan Carlos I, detallando los "gastos desglosados por partidas" sobre alojamiento, desplazamiento, comidas y dietas.

Resoluciones de noviembre de 2022

Ordenadas según han sido:
Estimadas

Estimadas por motivos formales

Desestimadas

Inadmitidas

Archivadas

Suspendidas

El Ministerio de Hacienda debe revelar la “cuantía total recibida en concepto de productividad y gratificaciones extraordinarias durante el año 2019 por cada uno de los empleados públicos que presta (o ha prestado) servicio en el ministerio”.
También está obligado a informar de las “productividades y gratificaciones, con identificación individual de cada uno de los perceptores de puestos que se ocupen como personal eventual, así como personal titular de órganos directivos y personal de puestos de libre designación- N30, 29 y 28-, se debe dar en cómputo anual. Para el resto de trabajadores, puede proporcionarse la información sin identificar a los titulares de los datos, dando la cuantía global por niveles y también en cómputo anual”.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno había instado al Ministerio de Hacienda a facilitar toda esa información pública. El departamento de María Jesús Montero no quedó conforme, y recurrió por dos veces a los tribunales.
Confidencial Digital ha consultado una sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que desestima el recurso de la Abogacía del Estado, en representación de Hacienda, contra la sentencia que ya había dictado en octubre de 2021 el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 2, y que también confirmó la decisión de Transparencia.

La vicepresidenta segunda asegura que es imposible disociar los costes de mantenimiento de su inmueble, de 443 metros cuadrados, a diferencia de otros miembros del Ejecutivo que sí ofrecen la información
El Ministerio de Trabajo y Economía Social oculta los gastos derivados del mantenimiento y cuidado de la vivienda oficial en la que reside Yolanda Díaz, que cuenta con una superficie de 443 metros cuadrados. En una respuesta remitida a Transparencia, la cartera que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno afirma que es imposible disociar los costes señalados; una posición que difiere con las de otros miembros del Ejecutivo, que sí ofrecen cifras en este sentido, tal y como consta en las resoluciones consultadas por Vozpópuli.

La Comisión da Transparencia de Galicia, un órgano que depende de la Valedoría do Pobo, ha obligado al Concello de Vigo a dar acceso al PP a la documentación sobre planes de empleo que hasta ahora ocultaba el gobierno local. La resolución firmada por la valedora y presidenta de la Comisión da Transparencia deja claro que el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Alfonso Marnotes, tiene derecho a esa información. El concejal Abel Losada, entonces al cargo del área de Empleo, negó la solicitud alegando que era genérica —el PP había pedido acceso a varios años de expedientes— y que era demasiada información —según el gobierno local, más de 1.400 expedientes—. Pero la resolución constata que el hecho de que sea una cantidad voluminosa de información no quita derecho de acceso, como mucho puede llevar a ampliar el plazo. La comisión dice que son 18 expedientes y que de acuerdo con la normativa ya deberían estar digitalizados. El PP considera que los argumentos esgrimidos por Losada eran inverosímiles.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha notificado este martes al concejal socialista Fernando Silva su resolución con respecto a la reclamación interpuesta el pasado 13 de junio contra el Ayuntamiento de Algeciras, en nombre del grupo municipal socialista, por denegación de información pública. La resolución concede al Consistorio un plazo de 10 días para aportar la información requerida.
Además, en la resolución se insta a la entidad reclamada (el Ayuntamiento) “a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas”.

Exige a Moncloa que desvele quién le acompañaba en el avión en el que se desplazó a la Conferencia de Presidentes de La Palma, le reprocha sus insistentes respuestas esquivas y le insiste en que revelar esos nombres no pone en peligro a nadie

Según la ministra, "esto es lo normal, no en este Gobierno, en los anteriores también"

El Consejo de Transparencia le exigió en septiembre publicar un informe sobre la subida del salario mínimo, de lo que Trabajo ha hecho oídos sordos
Alba Asenjo Domínguez

La semana pasada, se desató la polémica al conocerse que el Ministerio de Trabajo estaba negándose a publicar tres informes que había encargado sobre los efectos de la subida del salario mínimo. El Consejo de Transparencia le exigió que los hiciese públicos el pasado mes de septiembre, algo que el departamento de Díaz debía hacer en los diez días siguientes a la resolución, pero que no hizo.

El Comisionado de Transparencia de Castilla y León, cuyas funciones están atribuidas al Procurador del Común, resolvió para “obligar” al Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) a proporcionar copia de toda la documentación solicitada por los concejales del Partido Popular respecto a las obras del sector ‘Campo de Golf’, según un comunicado.
Los ‘populares’ denunciaron al alcalde de la localidad, el socialista Fernando de La Cal Bueno, ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y León. El motivo se remonta al 13 de diciembre de 2019, cuando registraron una petición para acceder a diversa información relacionada con la urbanización ‘Aldeamayor Golf’, y con los costes que supone para los vecinos y para el propio ayuntamiento la entidad de conservación, informa Ical.

El Consejo de Transparencia ha dictaminado que la excusa del Ministerio de Consumo no se sostiene legalmente y le pide que informe sobre cuánto cuesta la renta de este espacio en pleno centro de Madrid
Los Ministerios se multiplicaron como los panes y los peces con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Este crecimiento exponencial de departamentos ministeriales para hacer hueco a sus socios de Unidas Podemos ha tenido como consecuencia el incremento del gasto en personal y en espacio. Un Ministerio ocupa notablemente más que una dirección general. El Ministerio de Consumo, que en otros tiempos ocupaba una dirección general del Ministerio de Sanidad y sus oficinas se situaban en la sede de este en el Paseo del Prado, es el caso paradigmático. Alberto Garzón necesitaba más espacio para llevar a cabo sus funciones y alquiló una serie de oficinas en la calle Alcalá número 27, en pleno centro de Madrid. Consumo ha ocultado a la luz pública cuánto paga por el alquiler de este espacio premium alegando que afectaría a los intereses comerciales de la empresa arrendadora, así como por "motivos de seguridad".

La información que el Gobierno no ha querido dar sobre sanciones de Trabajo o el alquiler de Consumo
Analizamos las reclamaciones que ha estimado el Consejo de Transparencia en favor de la ciudadanía sobre ciertos temas tras la negativa del Gobierno a dar información o parte de ella
Por Laura García
En su último informe, el Consejo de Transparencia ha pedido al Gobierno que aporte información o parte de ella que, por distintos motivos, se ha negado a dar a los ciudadanos. Entre ellas se encuentran las sanciones interpuestas por la Inspección de Trabajo desde 2017 o el coste del alquiler de la sede del Ministerio de Consumo.

¿Te imaginas que se hacen públicas las faltas disciplinarias de los compañeros de trabajo? Esta semana, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que dirige José Luis Rodríguez Álvarez, ha publicado el histórico de resoluciones de septiembre. Sueldos Públicos se ha centrado en una muy curiosa sobre Corporación de Radio y Televisión Española (CRTVE) que se firmó el pasado 8 de septiembre, tan solo 18 días antes de la dimisión del que fuera su presidente desde finales de marzo de 2021, José Manuel Pérez Tornero. Desde entonces, ocupa el puesto de manera interina Elena Sánchez Cabellero y le ha caído un buen 'marrón'.

Resoluciones de septiembre de 2022 presentadas según han sido:
Estimadas

Estimadas por motivos formales

Desetimadas

Inadmitidas

Archivadas

Transparencia zanja que los «documentos formales» que se entregan en las reuniones de Moncloa sí pueden publicarse y limita el secreto absoluto exclusivamente a las «deliberaciones» e «informes orales»