Transparencia en España

Una de las funciones esenciales del Estado de Derecho es la garantía de la tutela judicial de los derechos de los ciudadanos. (...)
Por ello, resulta sorprendente que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIP) se haya olvidado por completo de la tutela jurisdiccional. (...)

"Al gobierno de España de España le gusta presumir de haber promovido la Ley de Transparencia y Buen Gobierno hoy vigente.
Sin embargo, y pese al tiempo transcurrido (más de tres años; Soraya lo prometió para principios del 2015...), aún no se ha reglamentado esa ley. (...)"

En España hay una Ley de Transparencia desde 2013, pero en la práctica tenemos muchos problemas para acceder a información básica sobre cómo nuestros representantes toman las decisiones o gestionan nuestro dinero. Pedimos a los grupos parlamentarios que se comprometan con una reforma de la Ley de Transparencia que garantice el derecho de acceso a la información, y una regulación de los lobbies de acuerdo con los estándares internacionales.

El vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, ha intervenido en Bratislava junto a la Presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la Conferencia de Presidentes de Parlamentos de la Unión Europea donde ha defendido el modelo español y la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Imagen Causa de presión Polétika FLICKR LICENCIA CC BY 2.0

Pese a una cultura de secretismo sobre la actividad pública arraigada y a una ley de Transparencia de mínimos, nuestro país ocupa el puesto 77 de 111 en el ranking internacional de leyes de acceso a la información. 
Luisa Izuzquiza y Alba Gutiérrez forman parte del equipo de Access Info Europe en España.

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El Tribunal considera hay "dudas" en torno a la interpretación y aplicación de la Ley de Transparencia. Por ello, considera oportuno analizarlas y establecer jurisprudencia al respecto

" El artículo 14.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG) contempla como un límite del derecho de acceso “la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”. "

“Consecuencias legales y económicas de la Ley de Transparencia para empresas privadas que producen servicios públicos o que tienen contratos con el sector público”.

Informe elaborado por José Daniel Amoedo Barreiro.

Transparencia Internacional España.

El presente trabajo tiene por objeto analizar el régimen jurídico de los altos cargos desde la perspectiva del buen gobierno que, como se sabe, constituye una de las principales tendencias que actualmente alimentan el diseño interno de las instituciones públicas. Se detiene, particularmente, en la determinación del ámbito de aplicación subjetivo establecido en el artículo 25 de la Ley de transparencia y buen gobierno, así como al régimen sancionador en materia de conflictos de intereses regulado en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Antonio Descalzo González es Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid
El artículo se publicó en el número 44 de la Revista General de Derecho Administrativo (Iustel, enero 2017)

"Visto el éxito de la entrada "Especial opositores: acrónimo para aprender la L.E.Y.D.E.P.R.O.C.E.D.I.M.I.E.N.T.O. en 18 minutos", en forma de amables comentarios y de (también amables) sugerencias de "¿puedes hacer más?", hoy traemos el Acrónimo para aprender la L.E.Y.D.E.T.R.A.N.S.P.A.R.E.N.C.I.A. en 18 minutos. "

Dos años después de la puesta en marcha del Portal de Transparencia estatal y uno de que las comunidades autónomas siguiesen al Gobierno central con sus propios portales, la transparencia en la Administración pública sigue siendo más un objetivo a seguir que una meta conseguida, según reconoce la propia presidenta del Consejo de Transparencia.

Celebramos tres años de la aprobación de la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, dos años de su aplicación en la Administración General del Estado y un año de su entrada en vigor para comunidades autónomas y entidades locales

Madrid, 10 de diciembre de 2016 – Coincidiendo con el segundo aniversario de la entrada en vigor de Ley de Transparencia, catedráticos y profesores de universidad de toda España han hecho un llamamiento a las fuerzas políticas y poderes públicos a reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental en nuestro país, siguiendo lo establecido por la jurisprudencia internacional.

Carles San José i Amat es Jefe del Área de Inspección de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Profesor de la asignatura “Acceso a la documentación. Protección de datos” del Máster en Archivística y Gestión de Documentos (ESAGED-UAB).

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, ha presidido una reunión en la sede del organismo con responsables autonómicos y de la FEMP en materia de transparencia.

Entre los asuntos abordados en la reunión de hoy destacan la metodología única de evaluación de la Ley de transparencia, que aplicarán todas las Administraciones públicas de forma homogénea a partir de 2017, la incidencia de la aplicación de la Ley del procedimiento común de las Administraciones públicas y los certificados electrónicos, el criterio conjunto del Consejo de Transparencia y la Agencia Española de Protección de Datos para la elaboración de una agenda de transparencia para los cargos públicos y balance de los convenios con varias CCAA para que el Consejo tramite sus reclamaciones.

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 La Fundación ¿Hay Derecho? realizó con fecha 20 de abril de 2016, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al Ministerio la…

La necesidad de contar con Administraciones más transparentes y de poner cortafuegos a la corrupción forzó la aprobación de leyes que están pasando factura a los ayuntamientos, obligados a satisfacer con el mismo personal los informes requeridos por organismos superiores, como períodos de pago a proveedores o reparos y, a mayores, a someterse a procedimientos de licitación de obras o selección de personal que hacen más farragoso el trabajo de departamentos como los de urbanismo o contratación.

El Día Internacional del Derecho a Saber pone de manifiesto el papel crucial que tienen los ciudadanos a la hora de preguntar a los representantes públicos sobre su actividad

“La Ley de Transparencia española es insatisfactoria y un día habrá que reformarla. Se quedó corta, pero va en el buen camino”. Manuel Sánchez de Diego, profesor titular del Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, prefiere ver la botella medio llena en ensta entrevista realizada por Carlos Berbell para ConfiLegal.
Sánchez de Diego es uno de los organizadores del Congreso Internacional de Transparencia que se celebrará, entre el 28 y el 30 de septiembre próximos en la Complutense.

La Ley 19/2013 de Transparencia se aplica a todas las administraciones públicas y a todo el sector público estatal, así como a otras instituciones, como son la Casa de Su Majestad el Rey, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, los sindicatos y las organizaciones empresariales.

Actualmente, todas esas instituciones publican sus cuentas actualizadas en sus respectivas webs, excepto CC.OO. y UGT, según ha comprobado este periódico tras analizar más de sesenta portales de partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. Así sucede con la CEOE, el sindicato de funcionarios CSIF y la mayor federación de trabajadores autónomos ATA.

"Se ha dicho que esto era un concurso y no lo era" 

"Hemos pedido información de cómo se desarrolló todo".

Entrevista de John Müller en elespanol.com a la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que acaba de cumplir 20 meses de funcionamiento.

Oleiros se niega a habilitar el portal, obligatorio desde el pasado diciembre, y Oza-Cesures atribuye a problemas técnicos que su web mantenga inactivas todas las casillas de información

Este apunte es una síntesis del artículo “La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: ¿una vía de impugnación aplicable al acceso a la información ambiental?”, publicado en el número 52 de la Revista Catalana de Dret Públic

Lucía Casado Casado es Profesora titular de derecho administrativo y subdirectora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT). Universitat Rovira i Virgili

Publicado en Blog de la Revista catalana de dret públic con licencia CC BY 3.0 atribució

Cuando se aprobó la Ley de Transparencia española 19/2013, una de las críticas que se le hizo fue la ausencia de un sistema de sanciones para las entidades y sujetos de la ley que no cumplieran con la publicidad activa y el acceso a la información.