Transparencia en España

Presidencia no se ha molestado en dar explicaciones al requerimiento del Consejo de Transparencia, que considera que esta información "contribuye indudablemente a conocer cómo se manejan los fondos públicos"

Resoluciones de noviembre de 2023 relativas a la AGE

Hay cosas que no pueden pasar. Y menos ahora, que se cumple 10 años desde la entrada en vigor de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y, por lo tanto, llevamos bastante tiempo aplicándola.
No es de recibo que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) inadmita una reclamación presentada el mismo día que finaliza el plazo de un mes que tiene la Administración para contestar una solicitud de acceso a la información pública.

Se ha actualizado la información relativa a las Resoluciones denegatorias de información pública correspondientes al 3er trimestre de 2023.

En esta página se recogen las resoluciones denegatorias y de concesión parcial de la información pública solicitada, previa disociación de los datos de carácter personal, basadas en las causas señaladas en el punto 1 del artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Recoge la siguiente información: el ministerio responsable, el asunto de la resolución, la fecha, la causa de denegación y el enlace a la resolución denegatoria, correspondientes al año actual. Son enlaces a documentos en formato PDF y se abren o descargan en ventana nueva.

Puede descargarse las resoluciones de todos los años pinchando en el enlace Descargar en formato ODS.

Fecha de la última actualización: 22 de noviembre de 2023. Resoluciones incluidas hasta 30 de septiembre de 2023.

El Gobierno declaró el informe "secreto" y de "carácter reservado" para no dar explicaciones en el Congreso de los Diputados. Ahora deberá entregar una copia, tanto de elaboración propias como los redactados por un tercero.

Nuevo aviso del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) al Ministerio de Hacienda y Función Pública por el rescate de las clínicas dentales Vivanta. Deberá entregar una copia de los informes, ya sean propios o elaborados por un tercero, referentes al expediente de solicitud del rescate de 40 millones de euros aprobado en junio de 2022, según la resolución consultada por La Información.

La actividad pública que realice el Colegio Notarial de Valencia está sujeta a la Ley de Transparencia de la Comunitat Valenciana, por lo que debe publicitar sus funciones y actividades públicas de forma activa y garantizar el acceso a la información de carácter público a ciudadanos y organizaciones.
Así lo establece la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en una sentencia hecha pública este viernes.
El asunto nació a partir de la reclamación que una asociación presentó ante el Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana en la que reclamaba que el Colegio Notarial de Valencia era una corporación de derecho público y por ello estaba obligada a cumplir la Ley autonómica de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana.

En octubre de 2020 un alto cargo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantuvo un encuentro con la asociación de presos etarras Etxerat. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, se reunió con ellos el 13 de octubre, pero nunca trascendió el contenido de la conversación. El Gobierno ha tratado de ocultarlo, pero el Consejo de Transparencia le ha instado a comunicar qué asuntos se comentaron en dicha reunión, según se manifiesta en una resolución a la que ha accedido Vozpópuli.

El partido solicitó las cuentas corrientes municipales y las facturas emitidas por Canal Gestión Lanzarote, con cargo al Ayuntamiento entre 2019 y 2022
El Comisionado de Transparencia ha requerido al Ayuntamiento de Tinajo que facilite varias informaciones que denegó al Grupo Socialista en la pasada legislatura. Una hace referencia a las cuentas corrientes municipales y otra a facturas emitidas por Canal Gestión Lanzarote con cargo al Ayuntamiento en 2019, 2020, 2021 y 2022, así como la relación de deuda de la corporación local con dicha entidad.

El Ministerio del Interior no cumple la resolución del Consejo de Transparencia que le insta a dar la instrucción que regula el uso de las pistolas taser de la Policía Nacional y la Guardia Civil
Interior no respondió en plazo legal y tras la resolución favorable a Maldita.es tampoco ha respondido al requerimiento del Consejo
Los Mossos d’Esquadra sí tienen publicado en su web este protocolo de uso de las pistolas eléctricas

El Consejo de Transparencia obliga a la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial a facilitar a la Coordinadora Ecoloxista d´Asturies información sobre las medidas adoptadas para evitar la propagación de especies invasoras.
El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictó el pasado 27 de junio resolución por la que, estimando la reclamación formulada por la Coordinadora Ecoloxista d´Asturies contra la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, obliga a este Organismo a poner a nuestra disposición, en el plazo máximo de 20 días hábiles, la documentación que habíamos solicitado en relación con las medidas adoptadas por el Gobierno del Principado para evitar la propagación de especies invasoras presentes en el mismo hábitat natural.

En 2013, el Tribunal Supremo condenó en costas judiciales a Access Info a pagar 3.000 euros tras preguntar cuáles son las medidas que España está tomando para luchar contra la corrupción
Por Alejandro Mata
El Gobierno ha interpuesto un recurso, ante los Juzgados centrales de lo Contencioso Administrativo, contra una resolución del Consejo de Transparencia, donde se le obligaba a publicar el cuestionario con el que autoevalúa ante la ONU sus medidas contra la corrupción.
Este cuestionario, además de otra información, fue solicitada por la organización pro-transparencia Acces Info. El Gobierno no publica estos documentos por “confidencialidad” y afirman que los publicaran más adelante, una vez se haya evaluado a España.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación presentada por un periodista de elDiario.es Andalucía que solicitó los presupuestos destinados a derivaciones
El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha estimado la reclamación presentada por un periodista de elDiario.es Andalucía para que se le facilite el presupuesto público destinado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la derivación de pacientes a la sanidad privada en dos intervalos de tiempo de 2021 y 2022. En una información del pasado mes de febrero, este periódico publicó el número de pacientes derivados a la privada pero, a diferencia de otras respuestas anteriores a solicitudes de información pública, el SAS había redirigido para informar de los presupuestos a la web de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos para ver la “rendición contable mensual” de cada departamento de la Junta. Dice el Consejo de Transparencia que el SAS tiene que “facilitar en la medida de lo posible la localización de la información, ya que se trata de conceptos que pueden resultar complejos”.

El Gobierno tendrá que hacer público el acuerdo del rescate financiero que concedió al grupo turístico Ávoris durante la pandemia de Covid-19.
Este acuerdo contiene los detalles y condiciones de esta ayuda, de 320 millones de euros, que sirvió para mantener a flote una de las principales empresas turísticas españolas.
El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid ha dictado una sentencia en la que desestima la demanda que el Ministerio de Hacienda y Función Pública interpuso para anular una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que declaraba el derecho de una empresa a acceder a esta información. El Gobierno ya ha recurrido la decisión judicial.

La relación de medios de comunicación receptores de publicidad institucional y las cantidades que ingresan cada uno confiere uno de los grandes misterios que los sucesivos Gobiernos centrales se niegan una y otra vez a desvelar.
Mucha más transparencia hay en otras administraciones, como los gobiernos regionales de Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León; o los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Todos ellos sí publican cada año la lista de medios agraciados con publicidad institucional y los ingresos que reciben por ello.

Presentadas según han sido:

Estimadas

Estimadas por motivos formales
Desestimadas

Inadmitidas

Retrotraer actuaciones

Variables

El Ejecutivo, que pagó 40 millones de euros para salvar al grupo dental, tiene diez días para facilitar los expedientes «confidenciales» que denegó al Congreso
Varapalo del Consejo de Transparencia al Gobierno de Pedro Sánchez. En una reciente resolución, el organismo ha desmontado todos los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para ocultar en varias ocasiones al Congreso de los Diputados unos informes cuyo contenido declaró «secreto» y de «carácter reservado». Hablamos de los expedientes que contienen los detalles del rescate de 40 millones de euros concedidos por el Gobierno y la SEPI al grupo de clínicas dentales Vivanta.

Transparencia exige a la Consejería que facilite el número de ginecólogos acogidos a este derecho porque todas las provincias, excepto Burgos, derivan los derivan a clínicas privadas sin justificar con datos si es necesario
Los hospitales de Miranda de Ebro y el Universitario de Burgos son los únicos centros públicos de Castilla y León donde se practican abortos. Y han empezado a hacerlo hace pocos años. En el resto de provincias, las mujeres siguen siendo derivadas a una clínica privada para interrumpir su embarazo, ya sea por motivos clínicos o por tratarse de una gestación no deseada. Sacyl mantiene que no puede asumir con recursos propios esta prestación porque el grueso de sus profesionales se han declarado objetores de conciencia para no practicar este procedimiento.

El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid ha obligado a la autoridad autonómica de Consumo a informar de que sancionó con solo 32.000 euros a la teleco por dar de alta a sus clientes en un antivirus no solicitado.
El Consejo de Transparencia ha obligado a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid a informar a FACUA-Consumidores en Acción de una multa impuesta a Vodafone por un fraude masivo denunciado por la asociación, por el que dio de alta unilateralmente a sus clientes en un antivirus. La sanción se redujo a 32.000 euros, pese a que al tipificar la infracción como muy grave Consumo podría haberla elevado hasta los 601.000 euros o cinco veces el importe del beneficio ilícito obtenido por la compañía.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha ordenado al Ayuntamiento de Algeciras que aporte información sobre 42 expedientes disciplinarios que habían sido solicitados previamente por un particular.
La solicitud original al Ayuntamiento solicitaba tener acceso a "los 42 últimos expedientes disciplinarios incoados" por el Consistorio a sus empleados públicos. Igualmente, reclamaba tener acceso a las copias de libros de actas de decretos y otras documentaciones donde se tratasen esos expedientes.

Entre 2018 y 2021 se registraron 30 expedientes administrativos y 51 denuncias por acoso sexual en la disciplina castrense; el último año del que hay datos se llegó al pico de casos investigados con 29 causas abiertas
Laura Galaup / Ana Ordaz
Únicamente nueve de los 30 procedimientos disciplinarios que se han incoado entre 2018 y 2021 por acoso sexual en las Fuerzas Armadas han concluido con una sanción. Sumando los datos de los últimos cuatro años, un tercio (33%) de los expedientes abiertos por este motivo terminó con una suspensión, el 54% fue sobreseído y el 13% se continúa tramitando. A nivel penal, la tendencia de las denuncias por acoso sexual en el Ejército es diferente. Casi la mitad de las demandas (45%) que se presentaron entre 2018 y 2021 continúan tramitándose, mientras el porcentaje de condenas y archivos se encuentra igualado al 27%.

El Ministerio de Defensa no ha facilitado esta información hasta que se ha pronunciado el Consejo de Transparencia estimando la reclamación realizada por esta redacción.

Sánchez se salta la resolución formal que le obliga a enseñar la misiva original y cómo se la filtró a El País
El Gobierno se ha saltado la ley y, en otra decisión que ahonda en la misteriosa relación de Pedro Sánchez con Mohamed VI, ha decidido incumplir las órdenes que le obligaban a entregar a El Debate la carta original supuestamente remitida a Rabat en la que anunciaba la cesión de la posición española en el Sáhara.
La resolución R-0779-2022/100-007320, firmada por el presidente del Consejo de Transparencia, José Luis Álvarez, imponía al Ministerio de Asuntos Exteriores la obligación de remitir a este periódico hasta tres documentos clave para reconstruir los pasos de Sánchez, que en un año pasó de recibir clandestinamente al líder del Frente Polisario, enemigo declarado de Rabat, a subordinarse a Mohamed VI en el protectorado español, con el extraño episodio del espionaje al móvil del presidente entre ambos.

El Consejo de Transparencia acepta la reclamación de un particular, que exigía conocer cuántas causas judiciales y expedientes disciplinarios se abrieron y cuántos archivaron en los últimos cinco años

Nuevo toque de atención al Gobierno sobre la opacidad en relación con los rescates del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, en manos de l a Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) le pide explicaciones por segunda vez sobr el apoyo financiero a Air Europa.
Fue a principios del año pasado cundo el organismo independiente reclamó al Ministerio de Hacienda y Función Pública que publicara los detalles de los contratos firmados con Air Europa, aunque éste recurrió ante la Audiencia Nacional para que no trascendiera la información. La autoridad encargada de promover la transparencia en las entidades públicas estimó la reclamación presentada por un ciudadano que intentaba acceder a la documentación desde mayo de 2021.

Variables: Resolución, Ministerio, Asunto, .Motivo

Ordenadas según han sido:

Estimadas

Estimadas por motivos formales

Estimadas: Retroacción

Desestimadas

Inadmitidas

Archivadas

Levantamiento de suspensión