Transparencia en España

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En el sistema normativo tradicional y actual de contratación pública, los únicos protagonistas son, por un lado, las Administraciones públicas y las restantes entidades que conforman el sector público y, por otro, los licitadores y adjudicatarios, es decir, aquellas personas físicas o jurídicas que deciden presentarse a un procedimiento de adjudicación de un contrato público.
Dicho en otras palabras, los ciudadanos que no se presentan a un contrato público, no pueden recurrir ninguna decisión, ya que carecen de legitimación, y ello, a pesar de que los contratos públicos consumen grandes cantidades de dinero público obtenido con los impuestos que pagan.

La Comisión Europea ha aprobado la propuesta de una nueva Directiva para proteger a todos aquellos denunciantes que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones de las leyes en los países de la Unión Europea. Estas medidas establecen unos canales protegidos de denunciasy prohíbe cualquier represalia contra quienes se atrevan a sacar a la luz irregularidades en empresas privadas y organismos públicos.
“La nueva Directiva va a suponer un paso muy importante para que los ciudadanos de cualquiera de los países de la UE se sientan legalmente protegidos para denunciar aquellos casos de corrupción o actividades delictivas que puedan conocer. Y en España hemos de pasar del concepto chivato, demasiado vigente en el pasado, al de denunciante, como ciudadano cumplidor de sus deberes éticos y sociales” ha manifestado Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia Internacional España.

La banca tiene por delante bastantes retos que afrontar. Desde el punto de vista de negocio el más importante es mejorar la rentabilidad. Desde el punto de vista de imagen, el más difícil de conseguir es regenerar su reputación. Pero para su devenir diario y funcionamiento tiene que ir adaptando la normativa europea a la española. Hace más de un par de años, el presidente de la patronal bancaria, AEB, José María Roldán, acuñó el término de que venía “un tsunami regulatorio”. El exgobernador del Banco de España Luis María Linde (que ha sido substituido por un hombre de la casa , Pablo Hernández de Cos), en una de sus últimas comparecencias, aludió a que uno de los principales retos de Hernández de Cos será que los bancos apliquen la nueva normativa.

(*) El presente texto es un fragmento, con algunas modificaciones para facilitar su lectura, del libro La aplicación del Reglamento (UE) de protección de datos a la Administración Pública: especial referencia a los entes locales, editado electrónicamente en abierto por el IVAP/HAEE (Oñati, 2018), en su página Web: http://www.ivap.euskadi.eus/r61-veds20me/es/s20aWar/novedadesJSP/s20ainicio.do?CgaIdioma=es. Puede consultarse, no obstante, el PDF del citado libro en el siguiente enlace: Aplicacioìn Reglamento(UE) DIG(3)

El ministro de Economía, Román Escolano, en el Senado, el martes. - EFE / JAVIER LIZÓN

El cliente deberá ser informado de los costes y gastos asociados al producto. La banca tendrá más difícil colocar pólizas ligadas al préstamo hipotecario
Más transparencia en la venta de seguros. El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de distribución de seguros y reaseguros privados, que traspone una directiva europea, con el objetivo de aumentar la protección de los asegurados mediante nuevas normas de conducta y el incremento de la transparencia en la venta de seguros.